Los acuerdos del 13 de septiembre de 1993 firmados por el Estado de Israel y el líder de la Organización de Liberación de Palestina (OLP) pretendían establecer una solución duradera al “conflicto” y permitir la creación de un Estado palestino, reivindicación histórica del movimiento de liberación nacional. En última instancia, los acuerdos previeron la transferencia gradual de los territorios de Cisjordania bajo el control de una autoridad palestina nuevamente creada.
Esta transferencia se realizaría mediante una distribución de los territorios de Cisjordania en tres zonas: zonas A, B y C durante un período de transición de cinco años. Esta división respaldaba una solicitud israelí de gestión diferenciada de estas áreas. De hecho, los territorios de la zona A (18% de la superficie total de los territorios) son esencialmente las grandes ciudades palestinas (excepto Hebrón), donde se concentra la mayor parte de la población, y están bajo control civil y militar palestino. La zona B, aproximadamente una cuarta parte del territorio, incluye aldeas palestinas y está bajo control civil palestino y militar israelí. El resto, el 60% del territorio (Área C), es la única franja de tierra no fragmentada y está enteramente bajo control israelí. Incluye los asentamientos israelíes establecidos en Cisjordania, en Gaza (desmanteladas desde 2005) y en Jerusalén-Este, que se encuentra bajo control militar israelí.
No hay autonomía real para palestinos y palestinas
Casi treinta años después, la situación en estas zonas temporales ha cambiado poco mientras el número de asentamientos (en la zona C) se ha disparado: casi 14.000 colonos se instalan en promedio cada año en los territorios ocupados. Hay 460.000 colonos en 2021, frente a los 110.000 en el momento de los Acuerdos de Oslo[1]. Estos nunca han sido un contrato entre dos partes iguales. Es un acuerdo impuesto por un ocupante a otro con poco peso en la negociación. Además, los textos eran vagos, ambiguos y favorables a Israel. Por ejemplo, no preveían detener la colonización de tierras que, no obstante, deberían ser devueltas a las y los palestinos. Por lo tanto, Israel continuó desarrollando los asentamientos después de la firma de los acuerdos[2].
Incluso si se hubieran cumplido según lo planeado, los Acuerdos de Oslo creaban de hecho una Palestina con el 10% de su territorio histórico dividido entre Gaza y Cisjordania con un “Estado” bajo tutela permanente sin ninguna autonomía real para los y las palestinos. El pueblo palestino habría seguido dividido entre los y las de Cisjordania, las y los de 1948 y por supuesto los refugiados y refugiadas.
Reorganización del sistema de ocupación
Por tanto, el proceso de Oslo no habría permitido lograr la satisfacción de los derechos nacionales de los palestinos y las palestinas. De hecho, la dirección palestina se vio propuesta por el ocupante y estructuralmente integrada en la arquitectura de la ocupación. Desde el principio, estos acuerdos y este “proceso de paz” han servido de apoyo a una reorganización del sistema de ocupación de los territorios palestinos, largamente anticipada por parte de la clase dominante israelí.
“La arquitectura de Oslo permite en realidad a las autoridades israelíes resolver la paradoja a la que se enfrentan desde la guerra de junio de 1967, al final de la cual el Estado de Israel ocupó toda Palestina teóricamente dividida en 1947-1948. […] Por lo tanto, el éxito militar crea una dificultad política: Israel ahora alberga dentro de sí a los palestinos y palestinas de Cisjordania y de Gaza, que se suman a los y las palestinos de 1948. La pretensión del Estado de Israel de ser simultáneamente un “Estado judío” y por lo tanto, un “Estado democrático” está seriamente amenazada”[3].
Es desde este ángulo como se debe entender la estrategia israelí y la dinámica que está detrás de las “zonas”: renunciar a la soberanía sobre las zonas palestinas más densamente pobladas y al mismo tiempo conservar el control sobre el Valle del Jordán, las orillas del Mar Muerto y Jerusalén, cuyos límites municipales se ampliarán. El trazado de los asentamientos, el trazado de las carreteras reservadas a los colonos y la fragmentación de Cisjordania son una aplicación concreta de esta orientación. Por lo tanto, éste no es un compromiso histórico por parte de Israel. Los Acuerdos de Oslo son una adaptación del proyecto sionista a las realidades sobre el terreno: la Intifada de 1987 expuso a la luz pública la situación que enfrentaban los palestinos y palestinas en los territorios ocupados, contribuyendo así a deslegitimar el Estado de Israel y amenazando con desestabilizar el Medio Oriente.
No aceptación del Estado palestino por parte de Israel
Los acuerdos que siguieron a la Declaración de Oslo dieron como resultado los Acuerdos de París de abril de 1994, que definieron las relaciones económicas entre áreas “bajo control” palestino y el Estado de Israel. De hecho, la economía palestina está bajo control israelí: limitando las importaciones, fijando el importe de los impuestos, etc. En 1995, los Acuerdos de Taba, también llamados Oslo II, establecieron las condiciones para la transferencia de las zonas ocupadas a los palestinos (zonas A y B) bajo la condición última de que la nueva institución palestina garantice la seguridad del ocupante, es decir, reprima la resistencia palestina a la ocupación. Desde la Declaración de Oslo hasta hoy, las múltiples “negociaciones” o planes de “paz” que siguieron –Camp David en 2000, el Cuarteto en 2002, Annapolis en 2007- han chocado todos con la voluntad israelí, con el pretexto securitario, de no aceptar la existencia de un Estado palestino independiente sobre una parte de las tierras de la Palestina histórica.
Además de coincidir con los puntos de vista del Estado israelí, Oslo ha situado la colonización israelí de los palestinos en el marco de un conflicto simétrico entre Estados antagónicos. El más mínimo acto de violencia tiene su “simetría” de un lado sin medir la flagrante disparidad de víctimas, destrucción, etc. Oslo ha permitido desarrollar una retórica de existencia temporal permanente, porque la otra parte –las y los palestinos– no participaban en el juego de acuerdos que les eran desfavorables. Se ha utilizado el más mínimo pretexto para reprimir más duramente y colonizar aún más en nombre del “proceso de paz”. Las limitaciones impuestas por Oslo a Israel siempre han dependido de una situación que debía ser evaluada por el propio Israel, en particular en lo que respecta a la seguridad.
Esta simetría del conflicto –inexistente desde el punto de vista de la influencia política y militar– ha sido utilizada por Israel para garantizarse una neutralidad benévola tanto política como mediática.
Israel, Estado de apartheid
Desde hace una decena años, ningún actor serio ha vuelto a hablar sobre el proceso de paz ni ha presentado la hoja de ruta resultante de los Acuerdos de Oslo. Desde este punto de vista, se trata más bien de una inversión total: la comunidad internacional sigue alimentando la mascarada de la simetría entre dos campos mientras el Estado de Israel se radicaliza cada vez más.
En 2018, el Parlamento israelí aprobó una nueva ley fundamental, titulada “Israel como Estado-nación del pueblo judío”, cuyo artículo 1 especifica: “El ejercicio del derecho a la autodeterminación nacional en el Estado de Israel está reservado al pueblo judío”, derecho por tanto negado a los palestinos; otro artículo afirma que “el Estado considera el desarrollo de los asentamientos judíos como un objetivo nacional y actuará con miras a alentar y promover sus iniciativas y su fortalecimiento”, lo que significa el derecho a confiscar tierras que pertenecen a los palestinos y palestinas. Este texto viene sobre todo a normalizar una práctica que desde hace decenios hace de Israel un Estado de apartheid. En 2021, la organización israelí B’Tselem concluía en la existencia de “un régimen de supremacía judía entre el río Jordán y el Mediterráneo”. Le seguirán dos importantes organizaciones no gubernamentales (ONG) internacionales: Human Rights Watch y Amnistía Internacional”[4].
Sin embargo, a pesar del apoyo de facto de Estados Unidos y Europa, la imagen de Israel está cada vez más dañada: la feroz resistencia de los palestinos y palestinas ha permitido que su situación siga debatiéndose a nivel internacional y que se lleven a cabo acciones periódicas a nivel de las Naciones Unidas y otros grupos de trabajo vinculados a la organización de la ONU, a pesar del veto sistemático estadounidense.
A través de la campaña de solidaridad BDS (Boicot, Desinversión, Sanciones) impulsada por la sociedad civil palestina, la imagen de normalidad de Israel está siendo socavada y, aunque sean pocas, las victorias simbólicas del boicot y de la desinversión han dado sus frutos y han suscitado un debate sobre la lucha de los palestinos y palestinas y la injusticia que experimentan a diario en la Palestina ocupada. La fascistización de la sociedad israelí y la resistencia que despierta en la sociedad civil israelí no deben enmascarar el alcance de la colonización y el destino de los y las palestinos bajo ocupación.
Treinta años después, las esperanzas suscitadas por los Acuerdos de Oslo se han visto desmentidas. Muestran el camino de lo que no se debe hacer. No puede haber un “proceso de paz” bajo ocupación y colonización.
Traducción: viento sur
Notas