Apenas unas horas después de que fuera votada la controvertida enmienda constitucional en Turquía que otorgará amplios poderes al futuro presidente del país, las garantías democráticas comenzaron a sufrir un grave deterioro. Durante la campaña, tanto la oposición como las delegaciones de observadores internacionales del Consejo de Europa y de la Organización para la Seguridad […]
Apenas unas horas después de que fuera votada la controvertida enmienda constitucional en Turquía que otorgará amplios poderes al futuro presidente del país, las garantías democráticas comenzaron a sufrir un grave deterioro. Durante la campaña, tanto la oposición como las delegaciones de observadores internacionales del Consejo de Europa y de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) denunciaron actos intimidatorios, parcialidad en los medios de comunicación y fuertes restricciones para realizar actos públicos a los partidarios del No, contrarios al gobierno.
Tras la consulta, los temores a que se llevara a cabo un fraude en el resultado se confirmaron cuando el Consejo Superior Electoral (YSK) decidió, poco antes de que se cerraran los centros de votación, aceptar como válidas papeletas que no contaban con el sello preceptivo oficial, tal como recoge la Ley electoral en Turquía. Oficialmente los resultados de la consulta dieron una estrecha victoria a la reforma propuesta desde el gobierno, con el 51,4 por ciento de los votos, frente a quienes se oponían al modelo presidencialista, que obtuvieron el 48,6 por ciento de los sufragios.
La diferencia de votos fue de un millón 380 mil, sin embargo la misión de la OSCE consideró que el conteo de papeletas fraudulentas podría alcanzar una cifra superior a 2,5 millones, y las críticas sobre la jornada fueron especialmente graves al asegurar que ‘se llevó a cabo en un ambiente político en el que se restringieron las libertades fundamentales esenciales para un proceso genuinamente democrático’.
La petición de una investigación imparcial sobre los resultados fue respondida tanto por el presidente del país, Recep Tayyip Erdogan, como por algunos ministros del gobierno con duras descalificaciones y comentarios contra los observadores internacionales por no actuar con imparcialidad y adoptar una posición política en sus resultados. Ankara pasó por alto que ambas delegaciones fueron invitadas para desarrollar su tarea con libertad y que sus conclusiones se limitaron a transmitir únicamente cuestiones relacionadas con la votación.
Por su parte, un día después de la consulta el YSK zanjó las denuncias de fraude con una negativa a cualquier tipo de acción adicional, a pesar de que su decisión de validar las papeletas sin sellar es ilegal a la luz de los artículos 98 y 101 de la Ley electoral, que dictaminan claramente sobre esa cuestión.
La gravedad de su sentencia viene determinada por el hecho de que, a pesar de ser una violación flagrante de la norma, no puede ser recurrida ante ningún tribunal superior, ni siquiera ante la Corte Constitucional, y también de que la mayoría de los integrantes del YSK fueron designados por el partido de gobierno.
Las manifestaciones y acciones de protesta, llevadas a cabo en días sucesivos en numerosas ciudades del país, fueron respondidas por las autoridades con una ola de detenciones contra políticos, líderes sociales y comunicadores por desacato a las instituciones o, como en el caso del editor del portal de noticias Sendika, por ‘incitar al odio, la enemistad e insultar a funcionarios públicos’.
También con prohibiciones de derechos y libertades básicas como ocurrió en la ciudad de Antep, en el sureste del país, donde la Oficina del Gobernador canceló durante un mes cualquier tipo de declaración pública, marcha, distribución de folletos, campañas de firmas y actividad política o social.
Otro ejemplo del rápido deterioro de las garantías democráticas en el país se dio esta semana con el caso del documentalista italiano y activista de derechos humanos Gabriele del Grande, que inició una huelga de hambre el 19 de abril para denunciar su encarcelamiento. Del Grande fue detenido diez días antes en la provincia suroriental de Hatay, fronteriza con Siria, mientras realizaba entrevistas a refugiados y exiliados sirios para un libro en el que está trabajando.
Las autoridades alegaron la comisión de una falta administrativa, al carecer de la acreditación especial exigida a los periodistas en algunas zonas de Turquía, por lo que fue enviado a un centro de internamiento de extranjeros como paso previo a su deportación, que normalmente se suele realizar en 48 horas. Sin embargo, el activista fue trasladado a un segundo centro al otro extremo del país, en la provincia de Mugla, y confinado en aislamiento sin permitírsele tener acceso a un abogado o ningún tipo de contacto con las autoridades consulares de su país o con sus familiares.
Medidas que por sí solas ya suponen una violación de la propia legislación turca, incluso bajo el estado de emergencia que rige en el país, pero con el agravante de que el límite máximo legal que un detenido puede permanecer sin asistencia legal es de cinco días.
Cuando al cumplirse el décimo día de encarcelamiento el vicecónsul italiano en Ankara y un abogado turco trataron de visitar a Del Grande las autoridades negaron tal posibilidad, aunque como denunció la cancillería italiana se trata de una vulneración flagrante de la Convención de Viena al impedir que reciba asistencia legal y consular con regularidad.
Los abusos contra los periodistas, nacionales y extranjeros, se dispararon tras el fallido golpe de Estado del 15 de julio de 2016, agravadas por la ausencia de garantías procesales en el marco de las leyes de excepción promulgadas en el país.
Con la aprobación de la reforma constitucional, un futuro más arbitrario y despótico aparece en el horizonte, y el propio Erdogan se aseguró de recordarlo hace unos días cuando en referencia al encarcelamiento del corresponsal del diario alemán Die Welt, el periodista turco-alemán Deniz Yücel, aseguró que no será liberado mientras él siguiera siendo presidente. Se le olvidó decir que son los tribunales, hasta el momento, quienes deben dilucidar sobre la inocencia o la culpabilidad de los acusados.