La salud sexual y reproductiva se resiente en el Estado español. Una casi inexistente educación sexual en el currículo escolar, el desmantelamiento de los centros de planificación familiar, la falta de financiación pública de los anticonceptivos, el difícil acceso a la anticoncepción de emergencia y el estancamiento jurídico del derecho al aborto dan prueba de […]
La salud sexual y reproductiva se resiente en el Estado español. Una casi inexistente educación sexual en el currículo escolar, el desmantelamiento de los centros de planificación familiar, la falta de financiación pública de los anticonceptivos, el difícil acceso a la anticoncepción de emergencia y el estancamiento jurídico del derecho al aborto dan prueba de ello.
Desde el movimiento feminista llevamos más de 23 años denunciando la actual normativa legal del aborto, porque no garantiza el derecho de las mujeres a decidir, tampoco garantiza su seguridad jurídica ni la de las y los profesionales y supone en realidad la privatización de una prestación sanitaria reconocida en la Ley General de Sanidad. La normalización del aborto como prestación sanitaria en la red pública es una deuda pendiente de nuestra sociedad con todas las mujeres. En esta valoración general es justo el reconocimiento a la actitud de algunas y algunos profesionales que han tratado de dar buena atención aún dentro del limitado marco legislativo.
Los abortos en nuestro país se hacen en las clínicas privadas en un 97,5% de los casos, lo que tiene que ver con que la sanidad pública da la espalda a esta necesidad de las mujeres con la extensión ilimitada de la objeción de conciencia, con las trabas en el acceso a la información y valoración de las mujeres que solicitan el aborto, en algunos casos la aprobación de comités bioéticos, etc. Todo esto unido a las interpretaciones subjetivas que permite la ley, impide la exigencia de algo tan básico como es el derecho de las mujeres a decidir si no desean seguir adelante con un embarazo. Se da la paradoja de que como la sanidad pública ‘escurre el bulto’, puede ser necesario desplazarse más de 300 kilómetros aunque seas vecina de un enorme hospital.
Pero el análisis de la situación del aborto pasa por incluir las políticas públicas en materia de prevención, particularmente en materia de educación sexual y de acceso a los anticonceptivos, ya que la responsabilidad de buena parte de los embarazos no deseados tiene que ver con el fracaso de las políticas públicas preventivas. En educación sexual podemos concluir que el panorama en general es desolador, el actual modelo educativo no garantiza una educación sexual integral que depende en su mayoría de la formación y voluntad del profesorado.
Por otro lado, la privatización de la mayoría de los métodos anticonceptivos y la más que limitada atención a la salud sexual y reproductiva se manifiestan de forma especial en colectivos con mayores dificultades, como son las mujeres jóvenes y las mujeres inmigrantes. Hay quien asegura que todavía estamos viviendo de los resultados de las acciones preventivas realizadas en los años ’80, porque sus beneficios perduran aún después de haber finalizado, pero muchas de estas iniciativas desaparecieron hace casi dos décadas.
El principal problema que presenta la actual regulación es la consideración del aborto como un delito excepto en tres supuestos, con límite de plazos y requerimientos diferentes: por violación denunciada (12 semanas máximo), presunción de malformaciones fetales (22 semanas) y por grave riesgo para la salud física o psíquica de la mujer, sin determinación de plazo. En la práctica, esta situación significa que son los jueces los que pueden decidir si la causa que una mujer alega se ajusta o no a alguno de los tres supuestos, lo que depende de un dictamen médico, y que existe la exposición a una denuncia de las organizaciones ‘antielección’.
Un retrato somero de las mujeres que abortaron en el año 2006 es el que sigue: en su mayoría solteras, la mitad de ellas sin hijos, el 39% menor de 25 años. Casi el 70% era la primera vez que abortaba y más de la mitad no habían acudido previamente a un servicio de planificación familiar. Poco más de la mitad obtuvo información en un centro sanitario, mientras que casi la otra mitad lo hizo por otras vías. Lo hacen mayoritariamente en cuanto comprueban que están embarazadas (menos de ocho semanas en el 62% de los casos y el 87% antes de las 13 semanas), y eso a pesar de las trabas que existen en el acceso a la atención. El supuesto al que se acogieron fue el de su salud, que se justificó por imperativo legal con un informe de psiquiatría, en la mayoría de los casos de una clínica privada. Es importante la incidencia del aborto en mujeres jóvenes y en mujeres inmigrantes, los más vulnerables.
Concepción Muñoz Jiménez, del colectivo Mujeres Feministas de Huesca, perteneciente a la Coordinadora Estatal.