Traducido para Rebelión por Paco Muñoz de Bustillo.
Un experto independiente de la Organización de las Naciones Unidas ha solicitado hoy a la Asamblea General, así como a la sociedad civil, que emprenda acciones contra las compañías israelíes e internacionales que están sacando partido de los asentamientos israelíes en territorios palestinos ocupados.
«Mi principal recomendación es que se someta a un boicot a las empresas subrayadas en el informe -así como muchas otras que se benefician de los asentamientos israelíes- hasta que su actuación sea respetuosa con los derechos humanos y las prácticas del derecho humanitario internacional», ha declarado en un comunicado de prensa Richard Falk, Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados, en la presentación de un informe ante la Asamblea General.
Al subrayar las actividades de compañías como Caterpillar Incorporated de EE.UU, Veolia Environment de Francia, G4S de Reino Unido, el Grupo Dexia de Bélgica, Ahava de Israel, el Grupo Volvo de Suecia, el Holding Riwal de Países Bajos, Elbit Systems de Israel, Hewlett Packard de EE.UU., Mehadrin de Israel, Motorola de EE.UU., Assa Abloy de Suecia y Cemex de México, el Relator Especial señaló que existe una gran variedad de empresas israelíes e internacionales que participan en el establecimiento y mantenimiento de los asentamientos israelíes.
«Todos los asentamientos israelíes en Cisjordania, incluyendo Jerusalén Oriental, se han establecido en flagrante violación de la legislación internacional», afirmó el Sr. Falk.
«Y, sin embargo, dichos asentamientos controlan hoy en día más del 40% de Cisjordania y entre 500.000 y 600.000 ciudadanos israelíes viven en territorio palestino», añadió. «Solo en los últimos doce meses se han incorporado más de 15.000 nuevos colonos».
Solicitó a la Asamblea General el desarrollo de normas y leyes internacionales relacionadas con el mundo empresarial y los derechos humanos en línea con del Pacto Global (Global Compact) y los Diez Principios de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos.
«Los principios esbozados en el Pacto Global están claros», afirmó el Sr. Falk. «Las empresas deberían apoyar y respetar los derechos humanos internacionales y asegurarse de no ser cómplices del incumplimiento de los mismos».
El Pacto Global es una iniciativa política dirigida a las empresas comprometidas a aplicar estrategias y actuaciones respetuosas con diez principios universalmente aceptados en las áreas de derechos humanos, trabajo, medio ambiente y lucha contra la corrupción. Los Diez Principios de aplicación del Pacto Global, respaldados por el Consejo de Derechos Humanos, ofrecen una normativa global para prevenir y abordar el riesgo de efectos adversos que las actividades empresariales pudieran tener sobre los derechos humanos universales.
El Sr. Falk también señaló los consejos desarrollados por el Comité Internacional de la Cruz Roja, que contemplan la posibilidad de exigir responsabilidades criminales a aquellas empresas o individuos presuntamente implicados en violaciones del derecho universal cometidas en una situación de conflicto armado.
«En resumen, las empresas no deberían infringir las disposiciones del derecho internacional humanitario, ni deberían ser cómplices de cualquier violación de éstas. En caso de que lo hagan, deberían estar obligadas a asumir la responsabilidad penal y civil. Esta responsabilidad debería extenderse a las personas empleadas en dichas empresas», declaró el Relator Especial en la presentación de su informe.
El Sr. Falk también informó de que había escrito a todas las compañías mencionadas en el informe y que algunas de ellas habían respondido de forma positiva.
«Resulta alentador saber que Assa Abloy ha trasladado su fábrica de Mul-T-Locks de Cisjordania a Israel y que el Grupo Dexia, el G4S y Cemex están buscando la manera de que sus operaciones sean fieles a los compromisos contraídos al adherirse al Pacto Global de la ONU», añadió.
Los expertos independientes o relatores especiales son nombrados por el Consejo de Derechos Humanos con sede en Ginebra con el fin de examinar la situación de un país o un tema específico de derechos humanos y emitir un informe posteriormente. Los puestos son honoríficos, los expertos no forman parte del personal de la ONU y no son remunerados por su trabajo.
Fuente: http://www.un.org/ga/61/news/news.asp?NewsID=43376&Cr=palestin&Cr1