No se trata en rigor de un fenómeno natural sino del fenómeno más asolador que haya generado la mano del hombre sobre la espina dorsal de los pueblos latinoamericanos. Desde las montañas mexicanas hasta el extremo sur de nuestra Tierra del Fuego la nueva fiebre del oro y de algunos otros metales codiciados por la […]
No se trata en rigor de un fenómeno natural sino del fenómeno más asolador que haya generado la mano del hombre sobre la espina dorsal de los pueblos latinoamericanos. Desde las montañas mexicanas hasta el extremo sur de nuestra Tierra del Fuego la nueva fiebre del oro y de algunos otros metales codiciados por la proverbial voracidad del hemisferio norte está sembrando la destrucción de los territorios y de los pueblos que los habitan.
Un verdadero tsunami aceptado, tolerado y hasta incentivado por los gobiernos de todos los países andinos y centroamericanos. Basta leer, aunque fuere someramente las leyes de promoción minera para descubrir en ellas la más absoluta indiferencia por los predecibles estragos ecológicos y económicos que desde hace ya más de una década vienen desencadenando y advertir que ningún beneficio les ha sido retaceado a los inversores mineros en detrimento y perjuicio de los habitantes locales.
Ecología y economía está íntimamente emparentadas y no por casualidad. Ambas palabras proceden del griego oikos (casa) es decir que se refieren a la idea de que este planeta que habitamos es el hogar que debemos cuidar y compartir y en consecuencia se trata de conocer (logos) y de administrar (nemein) un patrimonio que hemos heredado de las generaciones precedentes y que debemos preservar para las generaciones futuras.
Sin embargo nada parece más lejos de una realidad que, trascendiendo el cómplice silencio de los medios, logramos percibir a través de las informaciones que sorteando las vallas de la información tradicional nos llegan cotidianamente a través de internet. Una breve reseña nos permitirá avalar esta afirmación:
Si bien en México la minería tiene una larga historia puesto que las riquezas del subsuelo mexicano fueron uno de los motivos de la conquista en el siglo XVI y la industria minera ha sido también señalada como una de las causas del estallido de la Revolución mexicana en 1910 hoy en día más de 1,500 empresas canadienses tienen una presencia en México y otras 3,100 están dando pasos para realizar en breve su primera transacción en el país.
Los informes de la actual industria minera exigen el debilitamiento de los derechos laborales y el amordazamiento de los movimientos sociales como requisitos para que prosperen sus proyectos mineros tanto en México como en otros lugares. La «estabilidad política» que reclaman las empresas en su mayoría canadienses no es la estabilidad social sino que se trata del control con mano dura de los movimientos sociales, de la militarización del campo y del desplazamiento de las comunidades locales como se vienen dando en aquel país para permitir la implementación y la protección de las inversiones corporativas.
En Guatemala los depredadores que enfrentan los pueblos mayas de los departamentos de Huehuetenango, Quetzaltenango, El Quiché, San Marcos, Sololá y Totonicapán son las mismas trasnacionales de la minería a cielo abierto que, con métodos similares, actúan en toda la región centroamericana, pretendiendo extraer oro y plata mediante el método de demoler montañas con explosivos, dejando sin agua a las comarcas, contaminando el suelo, el agua y el aire con el letal cianuro para retirarse luego dejando tras de sí solo desolación y ruinas.
En El Salvador el Ministerio de Economía, extendió 28 licencias de exploración a varias empresas extranjeras, entre éstas las canadienses Pacific Rim y Martinique Minerals, que están buscando oro y plata en la zona norte del país. Sin embargo algunos políticos han hecho escuchar su voz para evitar que esos proyectos prosperen argumentando que la estrechez territorial, la densidad poblacional y la cercanía de los recursos hídricos, son factores que hacen inviable la minería metálica en el país sugiriendo incluso a las comunidades afectadas no vender sus terrenos a la compañías mineras.
En Panamá se denuncian las graves consecuencias ecológicas, sociales, laborales y culturales dejadas en el país por los proyectos de minería que responden a los intereses de lucro de las empresas transnacionales y distorsionan las verdaderas actividades productivas y económicas de las comunidades indígenas. Prueba de ello son la contaminación del río San Félix, de la fauna y la flora, con azufre, cianuro y ácido sulfúrico, además del riesgo para las actividades ganaderas y agrícolas de la región, de la pérdida del uso de enormes cantidades de territorio, como resultado de los depósitos de materiales y tierra extraídos de las minas; dándole carácter nacional a la contaminación sobre una parte importante del territorio, debido a la envergadura de las explotaciones y al reducido tamaño del país.
Según el economista William Hughes, «por muy ‘sana’ y ‘limpia’ que sea la tecnología usada, las implicaciones sobre el medio ambiente de este tipo de proyectos, son dramáticas, y decir lo contrario es simplemente un engaño».
Hace muy poco tiempo, el pasado julio en Colombia un Encuentro Nacional Agrominero Interétnico (campesinos, afrocolombianos, indígenas y trabajadores sindicalizados de la minería), procedentes del Sur de Bolívar, Catatumbo (Norte de Santander), Cauca, Nariño, Risaralda, Caldas y Antioquia, se manifestó igualmente en contra de «la legislación minera que el Estado ha venido desarrollando desde 1996, creada bajo la asesoría de abogados y organizaciones al servicio de las transnacionales» denunciando al mismo tiempo que «estas políticas gubernamentales, plantean una negación al libre desarrollo, equilibrado y sostenible, en donde la libre disposición de nuestros recursos naturales, es entregada a intereses foráneos».
En Ecuador las actividades de las transnacionales mineras y de las hidroeléctricas privadas están causando una aguda conflictividad social. Amenazan la vida y el ambiente, desplazan comunidades, se apropian de extensos territorios, de las aguas, de la biodiversidad y desequilibran la seguridad y soberanía alimentaría de las poblaciones afectadas.
La explotación minera a gran escala produce un impacto directo en el suelo, flora, fauna y agua. En la fase de prospección y exploración, se abren caminos, se derriban bosques primarios, intervienen maquinarias utilizando combustibles contaminantes. En la explotación se utilizan químicos como el cianuro o el mercurio para separar el oro de otros minerales de la naturaleza, que directamente se depositan en los cursos fluviales y en las napas subterráneas.
En el Perú, tal vez junto a Bolivia el país de mayor tradición minera del continente, su región central se halla tremendamente contaminada: las subcuencas de los ríos San José- Anticona, San Juan, Yauli, Huayhuay, laguna de Huascacocha, lago de Junín de los Reyes o Chinchaycocha; cuenca del río Mantaro, zona agrícola del Valle del Mantaro, etc., especialmente por los relaves, botaderos de desmontes, sedimentos, rebase de las canchas de relaves, agua ácida de las minas, aguas servidas, dispersión de los contaminantes secos por el aire y otros tóxicos, que eliminan sin ningún tratamiento al aire, suelo y a los recursos hídricos, las 17 compañías mineras y la refinería de la Oroya en funciones y las 67 mineras abandonadas.
En la Oroya, por ejemplo, no solo se detectan en la población niveles de plomo en sangre superiores a los admitidos sino que los ríos como el Mantaro son cloacas de las compañías mineras; se trata de un río muerto en un 100% y profundamente contaminado, especialmente por metales pesados: 4 veces más de los permitido en cobre y cadmio, en plomo 13 veces más, en hierro más de 30 veces llegando en ciertas épocas del año a más de 160 veces más de lo permitido Con este agua tremendamente contaminada se está irrigando la zona agrícola del Valle, aunque investigadores noruegos y canadienses recomendaron no hacerlo sin previo tratamiento, para no contaminar los alimentos que allí se producen y ni depredar el suelo.
Chile no solo tiene sus propios problemas locales sino que comparte con nuestro país uno de los más ambiciosos y destructivos proyectos del continente. El denominado Pascua-Lama montado sobre los glaciares y las altas cumbres andinas gracias al incalificable Tratado sobre Integración y Complementación Minera, firmado en el año 2000 por los entonces presidentes de Chile y Argentina «destinado a facilitar el desarrollo de diversas actividades en el ámbito económico y, entre ellas, el estímulo a las inversiones recíprocas y a la complementación y coordinación para el desarrollo del sector minero» y a «asegurar el aprovechamiento conjunto de los recursos mineros que se encuentren en las zonas fronterizas de los territorios de ambas Partes, propiciando especialmente, la constitución de empresas entre nacionales y sociedades de ambos países y la facilitación del tránsito de los equipamientos, servicios mineros y personal adecuado a través de la frontera común» y que ha desencadenado un atractivo negocio para las transnacionales mineras que allí operan sin limitaciones de ninguna de las partes y que constituyen la peor amenaza a los sistemas socioeconómico-ecológicos cordilleranos.
Afortunadamente son muchas las voces y las comunidades que vienen reclamando con elogiable tenacidad la suspensión de las actividades mineras y aunque sus logros son aún pequeños es de esperar que adquieran fuerza suficiente como para contrarrestar la invasiva intromisión de intereses no solo ajenos, sino diametralmente opuestos a los de su propia existencia.
Detallar las numerosas iniciativas populares argentinas existentes contra los emprendimientos mineros sería demasiado extenso pero bien merecen ser sujeto de algún futuro análisis. Mencionaré para concluir que desde hace algún tiempo están proliferando las organizaciones en defensa del Medio Ambiente y contra las Mineras en varios sectores de la sociedad latinoamericana, tales como Acción Ecológica – Ecuador; Centro de Ecología y Pueblos Andinos CEPA, Oruro – Bolivia ; Confederación de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería, CONACAMI Perú; Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales OLCA – Chile; CENSAT – Agua Viva, Colombia, los Movimientos NO A LA MINA, en nuestro país, entre muchas otras.
Y finalmente mencionaré que críticos análisis científicos (especialmente eco-química, en ecosistemas biogeográfícos, hidrológicos y geoquímicos) demuestran enfáticamente que el proceso de cianuro para la extracción de oro no puede ser aceptado, por los irreversibles daños que ocasiona al ecosistema. Considerando la economía, la conservación del agua, y la protección de la naturaleza, las minas de oro usando cianuro a cielo abierto no están autorizadas por las leyes de Alemania y de la Comunidad Económica Europea.
* Susana Merino es editora de El Grano de Arena de ATTAC Internacional