Sobre las zonas rurales menos pobladas se cierne una avalancha de macroproyectos eólicos y fotovoltaicos. Sus habitantes no quieren cargar con el peso de la transición energética y se están organizando contrarreloj para hacerle frente. Denuncian el expolio y la industrialización de sus tierras para beneficio de las zonas urbanas en un nuevo conflicto entre el campo y la ciudad que se prevé duradero.
En Enciso saben bien lo que es industrializar una zona rural. Este pueblo de 170 habitantes del entorno del Valle del Cidacos (La Rioja) cuenta con una mole de 104 metros de altura a escasos 200 metros del casco urbano: la presa homónima, con su correspondiente pantano, aún en llenado en pruebas. Quizá por eso el pueblo se ha levantado rápidamente en armas contra la nueva industrialización que se les viene encima.
La noticia llegó de pronto y con poco tiempo de reacción. “Un chaval del pueblo tiene la rara afición de leer el Boletín Oficial del Estado y se dio cuenta de que esto iba a venir aquí”. Angélica García, portavoz de la Plataforma por el Desarrollo Sostenible del Alto Cidacos, cuenta así los inicios de una revuelta que en su localidad comenzó en marzo pero que se está dando en multitud de comarcas por todo el Estado desde hace años, multiplicada ahora al calor de los fondos Next Generation para la recuperación europea. Historias diferentes pero con denominador común: la llegada de macroproyectos eólicos o fotovoltaicos a zonas con poca población y donde el suelo es barato. La España vaciada convertida en central eléctrica para uso de la urbe en una transición energética que no deja ni energía ni apenas riqueza allá donde se instalan molinos y placas. O así lo defienden quienes se muestran contrarios a esta invasión de acero.
El calvario de Enciso se llama Los Cruzados. Así se denomina el clúster eólico —la unión de varios parques para crear un macroproyecto— que pretende llevar a cabo Green Capital Power, filial de Capital Energy, la compañía de Jesús Martín Buezas, exyerno del presidente del Grupo ACS, Florentino Pérez, y cuya familia fundó la empresa de autobuses La Sepulvedana. Son 23 aerogeneradores, con una potencia total de 68,75 megavatios (MW). “Bichos con el aspa en vertical de 200 metros”, agrega García. Aunque estos no vienen solos.
Como portavoz de la Plataforma a favor de los Paisajes de Teruel, Javier Oquendo sabe de lo que habla. El 14 de octubre contó en la Comisión de Transición Ecológica del Senado lo que estos proyectos suponen para un territorio. “Cada parque lleva asociados montones de kilómetros de líneas eléctricas, cada una con sus torres de apoyo”, explica a El Salto. En el caso del clúster Maestrazgo, promovido por la empresa Forestalia en el sureste turolense, “para 161 molinos hay 507 torres de alta tensión, torres que van de los 44 a los 56 metros de altura, lo que no es un impacto menor”. La enumeración prosigue: “180 y pico kilómetros de líneas eléctricas, 300 kilómetros de caminos, más diez subestaciones, que la más pequeña ocupa una hectárea y las más grande 15…”. Una transformación del territorio en toda regla.
Si se abre el foco, a pocos kilómetros del Maestrazgo aparecen nuevos macroparques, y las cifras se multiplican exponencialmente: Clúster Begues, con cuatro parques eólicos, uno fotovoltaico y siete subestaciones de transformación; Clúster Ejulve, con cuatro empresas proyectando ocho parques eólicos con 650 MW en torno a este municipio turolense; Clúster Matarraña, con 87 aerogeneradores, 504 MW de potencia y cuatro parques repartidos en 16 municipios de las provincias de Tarragona, Teruel y Zaragoza. Todos con sus subestaciones y sus kilómetros de líneas y vías asociadas. Solo en Teruel se cuentan 104 parques eólicos “presentados, en tramitación o que sabemos que se van a presentar”, expone Oquendo. A eso hay que sumarle 54 fotovoltaicos que, como señala este experto, “no son palabras menores ya que su ocupación del territorio es más importante aún que los eólicos”.
De hecho, Teruel Existe denunciaba en septiembre que solo los proyectos eólicos planteados podrían llegar a ocupar el 10% de la provincia. Si bien el experto apunta que la cifra es real si se suman todas las poligonales —las delimitaciones de los proyectos que obtienen las empresas adjudicatarias—, la ocupación efectiva sería muy inferior, con lo que tacha la afirmación de exagerada. Sin embargo, también añade que al obtener una empresa la adjudiación de una poligonal, esta puede ampliar en el futuro la central con más paneles o aerogeneradores. Sea hoy o mañana, el territorio queda hipotecado.
Peligro económico
De vuelta al Alto Cidacos, en la frontera riojana con Soria, la situación es similar. El macroproyecto que afecta a Enciso está rodeado por otros tantos. Hacia el norte, los valle de Ocón y Jubera, —que ya cuentan con instalaciones eólicas construidas— suman nuevos planteamientos energéticos, razón por la cual nacía en marzo la Plataforma por el progreso sostenible de las tierras orientales de La Rioja. “La línea de evacuación rompe La Rioja en dos”, explica Angélica García, que relata cómo los diferentes parques trasladan la energía a través de esta. “Y no es solo la línea eléctrica, sino la eliminación de vegetación bajo y a los lados, como un cortafuegos gigante con torres en medio que atraviesa además zonas de yacimientos paleontológicos de icnitas de dinosaurio”.
Es uno de los recursos que los habitantes de la zona temen que se vean afectados. El Gobierno de La Rioja planteó a la Unesco la creación del Geoparque de La Rioja para promover la dinamización económica de la zona y la conservación de la Reserva de la Biosfera de los valles del Leza, Jubera, Cidacos y Alhama, que cuenta con 170 yacimientos y 11.000 huellas de dinosaurio. Asimismo, en Enciso, una de las subestaciones eléctricas planteadas se encuentra a cien metros de uno de los atractivos turísticos del área: el Hayedo de Poyales.
“Aquí la actividad económica se basa en la ganadería y el turismo, y las dos partes salen perdiendo”, explica la portavoz. “Para hacer esto hay que deforestar y quitar muchas hectáreas de pasto, con lo que igual dos ganaderos tienen que desaparecer”. En una localidad con en torno a 120 habitantes permanentes, una docena de ellos ganaderos —la mitad de ellos menores de 30 años—, no es una cifra menor. Y respecto al turismo, “en un pueblo donde ya tenemos una presa de cien metros de alto, ver el hayedo y el monte de referencia con tres o cuatro molinos, pues esa parte de turismo natural ya me dirás”, continúa.
En Valjunquera, uno de los pueblos afectados por el Clúster Matarraña, en el este turolense, la historia se repite, por lo que se ha creado la plataforma Valjunquera por los Paisajes. “Nosotros tenemos un aerogenerador encima de un yacimiento íbero”, cuenta Víctor Olarte, uno de los integrantes de la misma.
“Mi pareja y yo somos profesores de secundaria, no teníamos ni idea de megavatios, y de la noche a la mañana te tienes que volver un experto poniéndote en contacto con media España para que te asesore”. De la noche a la mañana porque este activista denuncia que hay dos elementos clave en esta historia: la desinformación y la rapidez. “Desinformación porque no sabes en ningún momento las características de esos proyectos, y cuando llega la presentación llega también la aprobación rápida para que no dé tiempo a la gente a hacerse la idea y evitar cualquier tipo de movimiento. Proyectos de gigavatios que son imposibles de afrontar y valorar; alegaciones en un mes… Ponte y alega. Esa es su estrategia”.
Luis Bolonio, portavoz de la Alianza Energía y Territorio (Aliente), una plataforma que, bajo el lema “renovables sí, pero no así”, aglutina a 182 plataformas contrarias a la instalación de macroproyectos con los actuales términos, corrobora la tesis de Olarte. “Nuestra primera reivindicación es que haya una ordenación del territorio y una participación ciudadana”. Denuncia que ambas se han obviado, especialmente esta última. “Estás en tu territorio y te enteras de que vienen un montón de megaproyectos, que tienes 30 días para hacer alegaciones, 30 para presentar un recurso de alzada y otros tres más para presentar un contencioso-administrativo, con el gasto de dinero y de tiempo que supone. En este momento hay miles de ciudadanos sin dormir alegando y gastando el dinero que no tienen en abogados para luchar contra esto”.
Territorios de sacrificio
Desde Aliente denuncian que se están creando unos “territorios de sacrificio” que además coinciden con las zonas más vulnerables de la España vaciada, “o la España poco poblada, como nos gusta más, porque aquí hay población con los mismos derechos que el resto”, expone Bolonio. El hecho de que sea precisamente en estos territorios tiene un porqué. “Lo que buscan los promotores, además del recurso eólico, son lugares con una mínima resistencia, y eso lo consiguen donde hay poca población, vieja y pobre”, especifica Sergi Saladié, geógrafo que ha estudiado durante dos décadas los casos de la introducción de renovables en las comarcas catalanas de Terra Alta —colindante al Matarraña turolense— y Priorat. En la primera ya ha ocurrido lo que se le viene encima a los territorios vecinos, si bien la segunda se salvó: “Terra Alta y Priorat tienen características similares. Son comarcas envejecidas, con poca población, etcétera. Sin embargo, con un número similar de proyectos sobre la mesa, en Terra Alta los pusieron todos, y en Priorat, ninguno”. A día de hoy, Terra Alta es la comarca con más concentración eólica de Catalunya.
Es un lugar al que mirar. Con 148 molinos y 300 MW de potencia tras 20 años de renovables, los datos no cuadran con el mensaje de eléctricas, administraciones y promotoras. “Estas centrales no han aportado lo que se dijo en su día que aportarían: puestos de trabajo, riqueza para la zona y parar la sangría demográfica”, indica Saladié. Sus investigaciones señalan que, en Catalunya, el 80% de los municipios eólicos ha perdido población, un porcentaje que se amplía al 90% en el País Valencià. Sí llegan fondos, pero su peso es muy discutible para este investigador. “Del total de facturación que hace una central eólica, lo que revierte al municipio es solo un 3,4%”, afirma, siempre con datos relativos a Catalunya. En municipios pequeños puede llegar a ser una cifra importante, un incremento medio del 15% del presupuesto anual, según datos de Saladié. “Algunos pueden llegar casi a duplicar presupuesto, pero hablamos de presupuestos pequeños, casos de tener 100.000 euros que pasan a 200.000, lo que no llega como para emprender políticas activas para revertir la despoblación”.
¿Cómo se paró la invasión en el Priorat? “Básicamente, por desgaste del enemigo”. El geógrafo explica que, mientras en Terra Alta no había un proyecto endógeno de hacia dónde transitar económica y socialmente, en el Priorat sí lo hubo, con la consiguiente unión de todos los sectores: “Querían desarrollarse a partir del vino, del turismo y de un ritmo de vida tranquilo, y en ese modelo no cabía uno macroindustrial”. Por el contrario, “en Terra Alta no hubo esa cohesión”. Así, en el Priorat se utilizó toda una batería de instrumentos: “Manifestaciones, concentraciones tanto a nivel local como de Catalunya, la vía de las alegaciones, de los contencioso-administrativos, de las denuncias, de las presiones políticas, reuniones… Consiguieron desgastar tanto a los promotores que al final desistieron”.
Burbuja de las renovables
Un hecho claro es que, con el modelo actual, la energía producida no queda en el territorio. Por ello desde Aliente hablan de colonialismo energético. Como denuncia Luis Bolonio, “las zonas donde menos energía se consume se sacrifican para producir la energía que necesitan otros territorios urbanos e industriales”. Por ello abogan por una reestructuración de los planes de expansión de las renovables, incidiendo en una democratización de la energía.
Además, denuncian que el pastel se lo está quedando el oligopolio eléctrico. Las tres eléctricas históricas —Iberdrola, Enel Green Power (Endesa) y Naturgy—, junto con EDP y Acciona, controlan el 60% de la potencia eólica en España. Con una capacidad instalada total de 27.982 MW, Ibedrola es la mayor operadora con 6.269 MW, a los que hay que sumar 1.429 de solar. Enel, por su parte, opera 2.602 MW de eólica y 874.30 de solar, mientras que Naturgy tiene 1.700 MW de eólica y 259 de solar.
A la fiesta se han sumado el capital especulador y nuevos actores. Aunque el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima dicta que España debe contar con 89 GW de renovables en 2030, “entre los instalados, los que tienen acceso o permiso de acceso, más los que están esperando suman 200 GW”, denuncia Bolonio en lo que califica como “momento especulativo tremendo” y un “sobredimensionamiento brutal” de la red, con el contexto de los planes energéticos europeos de fondo.
Por supuesto, tampoco faltan los fondos de inversión. Blackrock, el mayor del mundo, entró en el accionariado de Forestalia, una empresa que, al igual que Green Capital Energy, se ha especializado en desarrollar proyectos y conseguir los permisos para ejecutarlos, para luego revenderlos a las grandes eléctricas o a fondos de inversión. Es lo que ya se conoce como burbuja de las renovables, que podría acabar con parques construidos que sean abandonados el día en que no resulten rentables. “Hay fondos de Singapur, de Malasia, chinos… —enumera Oquendo— pero estos no se plantean acciones a 30 años, sino a cinco o a siete. Cuando pasen esos siete años de rentabilidad, si esta no es buena el fondo desaparecerá. ¿Y qué ocurrirá con el parque? Esa es la gran duda”.
Al cóctel se le añade la problemática de las subestaciones eléctricas necesarias para distribuir la energía. “Estos nudos los controlan los grandes actores, mayoritariamente Iberdrola, Endesa y Naturgy”, denuncia el portavoz de Aliente. Bolonio incide en la opacidad de esa información ante un problema que es clave en todo este embrollo. “Si tú o yo queremos poner una fotovoltaica y preguntamos a Iberdrola te dicen lo que les da la gana”, explica, incidiendo en que, aunque un real decreto modificó la normativa en 2020, las concesiones por las que las grandes empresas controlan esas infraestructuras clave no se han tocado.
Democratizar la energía
La democratización de la generación de energía es algo posible y que ya ha ocurrido en Alemania. “Impulsaron un modelo de transición hace 20 años que pivotaba sobre comunidades locales —explica el geógrafo catalán— y, aunque Merkel los últimos diez años ha ralentizado ese proceso, según la Agencia Alemana de la Energía el 53,5% de todas las renovables está en manos de comunidades locales”.
Para conseguir algo así toca legislar en ese sentido. “El Estado tiene que sacar leyes que favorezcan el autoconsumo y la generación distribuida, y en ese momento la gente empezará a poner placas y se podrán en marcha comunidades energéticas que producirán energía de proximidad que dejará beneficios en los pueblos o en los sitios donde se produzca y no a las grandes compañías”, defiende el portavoz de la Plataforma a favor de los paisajes de Teruel. Habla de cambiar radicalmente la fisionomía del mercado de la energía y de democratizar la generación de electricidad: “Hacer un parque de medio megavatio tiene el mismo papeleo que uno de 50. La ley está hecha para las grandes empresas”.
Mientras, de forma unitaria, como ocurrió el 17 de octubre en Madrid en la manifestación convocada por Aliente, o en cada pueblo y comarca cada semana, los afectados por estos macroproyectos continúan su lucha de David contra Goliat. No sin victorias. En el Matarraña consiguieron celebrar consultas populares en varias localidades de la comarca sobre el clúster que se les viene encima. En Valdeltorno, el 90,8% de los participantes votó en contra, y el 70,43% de los valjunquenses rechazó el macroproyecto.