La discusión sobre financiación autonómica, tras la Conferencia de Presidentes, se ha puesto en marcha institucionalmente, pero no han dejado de hacerse debates académicos y políticos sobre esa financiación. La cuestión clave es que las Comunidades Autónomas (CCAA) tienen competencias y gestionan partes muy importantes de la vida social, educación, sanidad, dependencia… y múltiples asuntos […]
La discusión sobre financiación autonómica, tras la Conferencia de Presidentes, se ha puesto en marcha institucionalmente, pero no han dejado de hacerse debates académicos y políticos sobre esa financiación.
La cuestión clave es que las Comunidades Autónomas (CCAA) tienen competencias y gestionan partes muy importantes de la vida social, educación, sanidad, dependencia… y múltiples asuntos más. Y para eso necesitan ingresos.
Durante años, la mayor parte de esos recursos eran transferencias de ingresos estatales. Ese sistema no es intrínsecamente malo, aunque se le acusa de falta de corresponsabilidad, de concitar la reclamación permanente al Estado de más ingresos y no priorizar la eficiencia del gasto o racionalizar los recursos públicos. Pero tiene la ventaja de que no hay distorsión en el logro de los recursos y, con las mismas normas fiscales, hay mejor coordinación e información y cruce de datos que deben evitar la elusión y el fraude fiscal.
En todo caso, y hablando del régimen fiscal común, esta situación varía desde 1996 cuando Aznar y Pujol acuerdan que las CCAA tengan capacidad normativa en los impuestos cedidos como el de sucesiones o patrimonio y el 15 % del IRPF, además de mantener las transferencias.
Hecha la ley con relevantes defectos, empiezan las distorsiones. Aún habiendo protocolos de intercambio de información, éste no es ágil y se añade además la competitividad fiscal, al variar las Comunidades Autónomas tipos y bonificaciones.
Movido por un espíritu social-liberal con la falacia de que ‘bajar impuestos es de izquierdas’, el PSOE de Rodríguez Zapatero, en el amanecer de la crisis, dicta la bonificación total, 100 %, del Impuesto sobre el Patrimonio y compensa a las CCAA con una aportación presupuestaria del Estado.
El Impuesto sobre el Patrimonio es un tributo que grava el conjunto de los bienes, la capacidad económica diferenciada de la renta. Igual que el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), como su nombre indica, grava la renta. El Impuesto sobre el Patrimonio y el IRPF no son incompatibles; son complementarios, gravando el primero directamente el capital.
El déficit público, la caída de la recaudación, el aumento de la desigualdad y otros factores precipitaron que se suprimiera la bonificación y la compensación presupuestaria en plena agonía del gobierno de Rodríguez Zapatero. El Gobierno de Rajoy ratificó la medida del gobierno anterior y se prorroga su vigencia anualmente.
Eso ha provocado que las Comunidades Autónomas, incluidas las forales, reanudasen la gestión del impuesto. ¿Todas? No, Madrid mantuvo la bonificación al 100% y La Rioja al 50%. Esto provoca un cambio de residencia de personas pudientes de nuestro país que, residiendo realmente en cualquier lugar del Estado, establecen formalmente su residencia jurídica en Madrid y en algunos casos en La Rioja.
Esta última se quejaba con razón de malas prácticas fiscales de las Haciendas Forales del País Vasco y Navarra, pero ahora hace lo mismo que antes denunciaba. Esa competencia fiscal provoca un resultado menor que una suma cero. El cambio formal de domicilios origina menos recaudación de todas las Comunidades Autónomas y una carrera a la baja en la normativa de ese impuesto.
En 2007, cuando este impuesto estaba vigente en toda España, se recaudaron 2.412 millones de euros, cifra que en 2014, con las modificaciones normativas introducidas por las CC.AA, se convirtieron en 967 millones en el territorio común, 48 en Navarra y 152 en el País Vasco. En total, 1.167 millones de euros, que no están mal, pero no ocultan la pérdida de 660 millones bonificados por la Comunidad de Madrid y 12 millones por La Rioja en beneficio de los contribuyentes con mayor riqueza. Estos millones no ingresados afectan a la capacidad de ofrecer servicios públicos y reducir listas de espera de sanidad o dependencia, que afectan a mayor o menor esperanza de vida.
El sistema fiscal español es insuficiente, falto de equidad y cada vez más regresivo. En la última legislatura funcional se aumentaron los tipos del IVA globalmente, y se doblaron los de algunos productos al cambiar sus tipos de súper reducidos o reducidos a un tramo superior. Sin olvidar la dualidad de escala en los tipos de gravamen del IRPF, el impuesto progresivo por excelencia, con una escala progresiva de tipos de gravamen sobre las rentas de trabajo y otra escala de tipos para las rentas del capital muy inferiores a las del trabajo y un tope máximo de aplicación.
¿Los madrileños quieren competir fiscalmente o solo es beneficio para menos del 1% de la población?
Los valores de suficiencia, equidad y progresividad, fijados en la Constitución, que muchos defienden de palabra, quedan heridos con la política fiscal madrileña. La Conferencia de Presidentes ha hablado de mejorar las prestaciones sociales, reducir el déficit, que los ingresos públicos sean más equitativos y se mejore la progresividad del sistema. Que haya o no un Impuesto sobre el Patrimonio en Madrid y La Rioja marca la frontera verdadera entre palabras y hechos.
Fuente: http://www.elsalmoncontracorriente.es/?Una-fiscalidad-especial-para-el-1