El alto el fuego ha sido decretado por ETA sólo de forma muy puntual en sus más de 45 años de vida. Tanto en la época de las conversaciones de Argel (1989) como tras el Acuerdo de Lizarra-Garazi (1998), supuso la confirmación de una oportunidad. Esta de ahora se asienta en nuevas claves… y en […]
El alto el fuego ha sido decretado por ETA sólo de forma muy puntual en sus más de 45 años de vida. Tanto en la época de las conversaciones de Argel (1989) como tras el Acuerdo de Lizarra-Garazi (1998), supuso la confirmación de una oportunidad. Esta de ahora se asienta en nuevas claves… y en las dos experiencias.
Casi ocho años han pasado desde que ETA anunciara su último alto el fuego, en aquella ocasión con carácter indefinido y que acabaría prolongándose durante cerca de catorce meses. La iniciativa, hecha pública apenas unos días después de la Declaración de Lizarra-Garazi, suponía la confirmación de una nueva opción de solución al conflicto apoyada sobre esta base: el acuerdo de mínimos entre fuerzas políticas abertzales resumible en la frase «Euskal Herria tiene la palabra y la decisión» y la necesidad de que los estados español y francés la respetasen.
Aquella declaración entroncaba directamente con la Alternativa Democrática («dar la voz al pueblo») presentada por ETA en 1995 y que venía a fijar los pilares de una nueva etapa en la que la centralidad se le otorga a la cuestión del derecho a decidir de los vascos. El proceso de 1998 tenía, en consecuencia, unas características muy diferentes a las del anterior jalón en el intento de lograr la superación del conflicto armado: las conversaciones de Argel de 1989. En aquella ocasión, representantes del Estado español y de ETA se sentaron durante dos meses en una misma mesa para tratar de abrir una negociación en sentido clásico sobre diversas cuestiones. La tregua se mantuvo vigente durante tres meses.
DOS PROCESOS, DOS JALONES
Ninguno de los dos procesos referidos llegó al destino deseado, pero ambos han dejado su impronta de modo que la opción actual se puede entender como asentada sobre las enseñanzas de ambos momentos. Argel derrumbó el argumento establecido oficialmente de que gobiernos «democráticos» no dialogaban con organizaciones armadas de igual a igual. Arnaldo Otegi lo explica así en el libro-entrevista «Mañana, Euskal Herria» (GARA, 2005): «Frente a las lecturas derrotistas de quienes ven en aquel proceso un fracaso absoluto, hay que tener en cuenta que se consigue que el Estado español se siente con una organización armada en un país neutral para hablar de política. Esa es la gran conquista de Argel. El Estado español reconoce la interlocución de ETA y la legitima como agente político».
Este mismo camino hasta los interlocutores de la organización armada vasca ya fue recorrido incluso por el Gobierno de Aznar en 1999. Y el actual Ejecutivo de Rodríguez Zapatero preparó el terreno con la resolución del Congreso en la que se expresa el compromiso de dialogar también en un escenario que queda abierto tras la declaración hecha ahora por ETA.
En el caso de Lizarra, mucho más cercano en el tiempo, su influencia sobre el debate político actual es incuestionable y total. La reivindicación de los derechos de Euskal Herria está presente desde entonces en todos los discursos e iniciativas, incluido el preámbulo del intento de reforma estatutaria del Gobierno de Lakua. El derecho a decidir fue reivindicado en el Congreso por Juan José Ibarretxe ante José Luis Rodríguez Zapatero el 1 de febrero de 2005 en un debate sin precedentes en casi 70 años. Y hoy día son muy escasas las formaciones políticas y los agentes de todo tipo que niegan que a los vascos, en consecuencia con su condición de pueblo, les corresponda el derecho a decidir sobre sus asuntos.
Estas lecciones fueron recogidas por Batasuna en la propuesta de Anoeta, que abre una nueva opción de la que se hace eco ETA con esta declaración de alto el fuego. «Orain herria, orain bakea» plantea tanto la necesidad de una mesa de negociación ETA-Gobierno como la conformación de una mesa de diálogo político multilateral en la que se aborde y determine el modo en que ese derecho a decidir de los vascos se lleva a la práctica. La oportunidad de 2006, por tanto, resulta difícilmente entendible sin repasar las de 1989 y 1998, comenzando por esta última, la más reciente.
LAS CINCO REUNIONES DE 1989
Tras ensayar durante los años 80 todo tipo de iniciativas contra la disidencia vasca, desde los GAL hasta la dispersión carcelaria, el Estado vio la necesidad de sentarse en una mesa con ETA, que también en esta década había llevado la intensidad y frecuencia de sus acciones al máximo extremo de su historia. Tras algunos contactos desde 1986, iniciados por Txomin Iturbe antes de su fallecimiento, las conversaciones fueron confirmadas por el entonces portavoz del Gobierno español, Javier Solana, en agosto de 1987 y prosiguieron en 1988. No fue hasta 1989 cuando se conformó una mesa de diálogo oficial, facilitada por ETA con un alto el fuego de quince días promulgado el 8 de enero.
La llamada Mesa de Conversaciones tuvo su primera reunión el 25, dos días después de que ETA y el Gobierno de Felipe González acordaran una tregua «bilateral» de sesenta días. Hubo reuniones también los días 14 y 20 de febrero, y 14 y 22 de marzo. ETA llevó a aquella mesa la Alternativa KAS que había tomado cuerpo en los años 70 y quedó reformulada en cinco puntos en el año 1978. Las demandas que el Estado español debería reconocer eran amnistía total, legalización de todos los partidos, expulsión de Euskal Herria de las FOP, adopción de mejoras en las condiciones de vida y laborales de los trabajadores, y reconocimiento de la soberanía nacional, incluido el derecho a crear un Estado propio. Esta tabla reivindicativa fue esgrimida por ETA desde los años 70 como la condición para el cese de sus acciones, y en los meses previos a Argel se convirtió en epicentro del debate político. Como detalle y ejemplo quedan declaraciones como las del actual presidente navarro y entonces número dos de UPN, Miguel Sanz, admitiendo como «modulables» algunos de los puntos de KAS.
En aquella mesa se habló de política. Por un lado, se sentaron Eugenio Etxebeste «Antxon «, Belén González e Iñaki Arakama, los dos últimos presos hoy día; y, por otro, Rafael Vera y Juan Manuel Eguiagaray, enviados del Gobierno González. El escalón hacia la negociación no llegó a subirse, aunque tras la quinta y última reunión se anunció que así sería y se aceptaron nuevos interlocutores. Después de que expirara el plazo de tres meses de tregua sin nuevos movimientos del Gobierno y que ETA constatara que la parte española sólo trataba de ganar tiempo, declaró el 4 de abril que todos sus frentes armados quedaban reabiertos.
Comenzaba otro largo periodo de hostilidades abiertas y ningún proceso serio de diálogo entre ambas partes, ejemplificado en los nuevos atentados de ETA o en la inmediata expulsión a Santo Domingo de sus interlocutores en Argel. El tiempo confirmaría que el Gobierno español acudió con escaso convencimiento y voluntad a aquella mesa. Por ejemplo, confirmando que su enviado Rafael Vera tuvo responsabilidades en la guerra sucia de los GAL. Antes Madrid y París ya habían dado indicios poco fiabales; por ejemplo, apenas tres días después del primer alto el fuego del 8 de enero fue detenido Josu Urrutikoetxea. En una entrevista concedida a »Egin» un año después, la interlocución de ETA recalcaba que la ruptura de este proceso se debió «no a un problema semántico, sino de voluntad política». Recordaba que el Gobierno se negó a asumir cuestiones aceptadas por Vera y Eguiagaray «hasta tres veces» en esa mesa, como la expresión de la necesidad de una «solución política negociada». El Ejecutivo González no quiso… o no pudo.
En Euskal Herria también hubo actitudes que resultaron sospechosas. Apenas un año antes se había creado el Pacto de Ajuria Enea contra la izquierda abertzale. Y el 18 de marzo del 89, con el impulso del entonces lehendakari, José Antonio Ardanza, se realizó en Bilbo una manifestación destinada a intentar presionar a ETA, y en la que participó incluso Eguigaray, llegado de Argel. Significativo fue también el tirón de orejas propinado por Ardanza a los obispos de Donostia, Bilbo y Gasteiz, que habían publicado una pastoral titulada «Avanzar en el diálogo a favor de la paz» apenas dos días antes de la manifestación. Para Ardanza, el texto no era suficientemente duro con la organización. Desde aquel episodio, la disposición del PNV a facilitar un proceso de solución basado en conversaciones ETA-Gobierno ha estado en cuestión. E incluso el portavoz jeltzale, Iñigo Urkullu, se ha hecho eco de esta desconfianza en unas declaraciones recientes.
EL ALTO EL FUEGO MAS LARGO
Tuvo que pasar casi una década para que se intuyera una nueva opción de resolución al conflicto armado. Si el proceso de conversaciones de Argel tuvo un largo proceso de maduración, la Declaración de Lizarra-Garazi cuajó casi en secreto, de modo que su firma el 12 de setiembre de 1998 provocó una intensa emoción. Apenas cuatro días después, ETA anunciaba en un comunicado la suspensión de sus acciones armadas de forma indefinida. Finalmente, fueron más de catorce meses en los que se sentaron bases importantes para un nuevo país y en los que el Gobierno español, esta vez de un color distinto, volvió a sentarse con ETA.
En un contexto en el que apenas un año antes se había producido la muerte de Miguel Angel Blanco, uno de los atentados que mayor conmoción social ha producido en la historia de esta organización, y en que el Estado se había lanzado a una ofensiva contra los pilares de la construcción nacional, cerrando periódicos y alcanzando a todo tipo de organizaciones, la presentación del acuerdo de Lizarra supuso un aldabonazo. Los criterios centrales suponían un importante cambio. A los estados se les restringía el campo de acción, al fijarse que su intervención debería limitarse a respetar la palabra y la decisión de Euskal Herria. Y sobre este concepto se edificaba una alianza entre partidos, sindicatos y organizaciones abertzales que adoptaban notables compromisos en terrenos como el de la institucionalización.
Fruto de ellos fue la primera institución nacional vasca de la era moderna, Udalbiltza. También las celebraciones unitarias del Aberri Eguna, el acuerdo parlamentario suscrito entre PNV, EA y la izquierda abertzale en Gasteiz, la unidad de acción por los derechos de los presos (Batera) o la lograda en torno a la demanda de un Departamento Vasco en Lapurdi, Nafarroa Beherea o Zuberoa. Iniciativas que pusieron en marcha a Euskal Herria, con el alto el fuego de ETA como acicate añadido. Esos quince meses resultaron decisivos para apuntalar el concepto de que Euskal Herria es una nación a la que le corresponden unos derechos colectivos que deben ser respetados por los estados español y francés. Sin embargo, tras los primeros avances, la marcha de este tren puesto sobre los raíles se fue ralentizando. Posteriormente, cuando el proceso iba ya entrando en fase de crisis, se harían públicos los acuerdos secretos suscritos por ETA con PNV y EA en agosto, un mes antes de la Declaración de Lizarra, ratificada luego en Garazi. En ellos, la organización armada se comprometía a abrir un alto el fuego, y los partidos manifestaban su disposición a impulsar una superación efectiva de la división institucional de Euskal Herria y del sometimiento a los estados. Uno de los puntos detallaba el compromiso de PNV y EA de no alcanzar pactos con partidos como PSOE y PP. Todos estos documentos serían hechos públicos por ETA en mayo de 2000, casi medio año después del final de la suspensión de acciones armadas, con el objetivo declarado de hacer partícipe a la ciudadanía vasca de lo que había ocurrido entre bambalinas. Como en Argel, el parón experimentado y la percepción de que existía un incumplimiento de los acuerdos desde la otra parte hizo que ETA tomara la decisión de romper el alto el fuego. En enero de 2000 acababa en Madrid con la vida de un teniente del Ejército español, Pedro Antonio Blanco, y la división entre las formaciones abertzales se agudizaba de nuevo.
Los siguientes meses volvieron a resultar muy cruentos, con múltiples atentados y una ofensiva creciente por parte del Estado español, incluyendo prácticas nuevas como la ilegalización de Batasuna. En realidad, ni éste ni el francés habían detenido su agresión durante el periodo de vigencia de Lizarra. Como dato revelador quedó esta vez la detención de Belén González, interlocutora de ETA, poco después de la reunión mantenida por enviados de José María Aznar y representantes de la organización en un lugar no precisado, probablemente Zurich. En estos meses siguieron adelante también los sumarios del juez Garzón y apenas hubo modificaciones en la política carcelaria, más allá del traslado a la Península de los presos políticos vascos encerrados en las islas. En este periodo, como queda dicho, el Gobierno español volvió a entrevistarse con ETA, aunque fuera sólo una vez, y a hablar de política con ella según queda en evidencia en el acta de la sesión elaborado y difundido por esta organización. En vez de Vera y Eguiagaray, en la mesa estuvieron Ricardo Martí Fluxá, Francisco Javier Zarzalejos y Pedro Arriola. Anteriormente, el máximo mandatario del Gobierno del PP, José María Aznar, no sólo había autorizado públicamente estos contactos, sino que se había referido a la izquierda abertzale como «Movimiento de Liberación Nacional Vasco». Recientemente, en la Convención celebrada por el PP en Madrid, ha tratado de justificar esta posición aseverando que «sólo fuimos allí para ver si ETA se rendía «, una afirmación plenamente contradictoria con las lanzadas en la mesa por Martí Fluxá, Zarzalejos y Arriola.
El Gobierno español intentó en este contacto consolidar el escenario de alto el fuego de ETA, pese a que lo había recibido con el calificativo de «trampa», aunque en todo momento sus interlocutores se presentaron como plenamente conscientes de que el diseño de Lizarra les dejaba fuera de juego. Quizás por ello el Ejecutivo Aznar pareció acoger el fin del proceso incluso con cierto alivio. Los temores no sólo eran patrimonio estatal. En el seno del PNV se volvió a vivir con intensa preocupación el efecto de impulso que aquella tregua generaba para la izquierda abertzale, plenamente evidente en los catorce parlamentarios logrados por EH en Gasteiz en octubre de 1998. La influencia que pudo tener este miedo en la paralización paulatina de los avances pactados en Lizarra es una cuestión a discutir.
CONCLUSION
Con estos precedentes semifallidos, la decisión de ETA de abrir un nuevo alto el fuego contribuye a potenciar la oportunidad actual y a situarla al nivel de las de Argel y Lizarra. El dibujo de Anoeta parece refundir, además, las dos experiencias, recogiendo sus logros y tratando de superar los escollos que impidieron que cuajaran en su día. El camino quizás aparezca más despejado que nunca. A partir de hoy se podrá ver.