El Gobierno valenciano está a punto de perpetrar un nuevo atentado a la sanidad pública. La tropelía ha sido denunciada por el Colegio de Enfermería de la Comunidad Valenciana (CECOVA) quien ha manifestado su disconformidad con un sospechoso plan puesto en marcha por las consejerías de Sanidad y Educación para impartir educación para la salud […]
El Gobierno valenciano está a punto de perpetrar un nuevo atentado a la sanidad pública. La tropelía ha sido denunciada por el Colegio de Enfermería de la Comunidad Valenciana (CECOVA) quien ha manifestado su disconformidad con un sospechoso plan puesto en marcha por las consejerías de Sanidad y Educación para impartir educación para la salud en las escuelas. Las señales de alarma se han activado al conocerse la intención del Gobierno valenciano de dejar de lado a los profesionales de la enfermería y organizar la campaña a través de voluntarios de la tercera edad, con el patrocinio de una multinacional farmacéutica.
Prevenir las anorexias, reducir la obesidad infantil, inculcar hábitos alimenticios saludables, evitar el tabaquismo, el alcoholismo y las toxicomanías, afrontar la sexualidad, luchar contra los embarazos en la adolescencia y el sida, sortear la afición compulsiva a los videojuegos o el messenger, explicar los riesgos de la vigorexia y del piercing… son algunos de los temas que deberían formar parte de cualquier plan realista de educación para la salud. La campaña que, con el título de Tenemos mucho en común, el Gobierno valenciano va a encargar a voluntarios de la tercera edad, deberá abordarlos necesariamente. La entidad de los temas hace impensable que, por mucha que sea la buena voluntad que le echen los voluntarios, puedan ser tratados con solvencia por personas distintas a los profesionales de la sanidad. No es pues corporativismo que el CECOVA exija que sean los profesionales de la enfermería quienes pongan en marcha este tipo de iniciativas. No.
Es puro sentido común, además de un axioma consagrado por la OMS y las leyes básicas de sanidad de cualquier país desarrollado. El despropósito del Gobierno valenciano es más que evidente si pensamos en cómo se informan los niños y adolescentes de estos asuntos. Casi siempre a través de sus iguales, o de los que son apenas unos años mayores que ellos, siendo difícil que los compartan con la generación anterior de los padres. Con todo el respeto por mi parte a las personas mayores, mucho me temo que confiándole a un ciudadano de la tercera edad que les hable de estos temas a los jóvenes, se corre seriamente el riesgo de provocar un efecto de rechazo y que acaben diciendo que son «rollos de viejos». Valorar a las personas mayores no es confiarles misiones imposibles. Pero ¿por qué los consellers Vicente Rambla y Alejandro Font de Mora han sido capaces de perpetrar un proyecto tan desatinado? Posiblemente responda a varios síntomas. Uno es una concepción ideológica que confunde caridad y derechos. Otro es el agotamiento financiero de una sanidad valenciana, jibarizada por los dispendios realizados por los gobiernos de Eduardo Zaplana y Francisco Camps en los llamados proyectos emblemáticos. Una sanidad que además sufre la creciente sangría de las privatizaciones: Hospital de la Ribera, resonancias de Eresa y de Beanaca, que también gestiona el hospital de Benidorm y ahora acapara la atención oncológica de toda la Marina Baixa. El pasado domingo las familias de los enfermos mentales y los profesionales de la psiquiatría se vieron abocados a manifestarse en la calle, para denunciar la falta de atención de la Generalitat.
Cuando se llega a una situación así de absurda es porque tenemos una sanidad de auténticos locos, que genera proyectos descabellados.