Avanza uno de los más increíbles ataques a los bienes comunes del planeta y la humanidad: la privatización del aire. La principal herramienta para ello es un mecanismo llamado cínicamente REDD (reducción de emisiones por deforestación y/o degradación evitada de bosques), que está entre los puntos clave que promueve el gobierno mexicano en las negociaciones […]
Avanza uno de los más increíbles ataques a los bienes comunes del planeta y la humanidad: la privatización del aire. La principal herramienta para ello es un mecanismo llamado cínicamente REDD (reducción de emisiones por deforestación y/o degradación evitada de bosques), que está entre los puntos clave que promueve el gobierno mexicano en las negociaciones internacionales sobre el clima.
La propuesta de los programas REDD es que como la deforestación es un factor importante de la crisis climática, hay que compensar económicamente a quienes ya no lo hagan. Por ello se llama deforestación evitada: primero hay que deforestar para luego vender el dejar de hacerlo. Un típico escenario ganar-ganar, como dicen los empresarios y sus ONG amigas. Ganan los talamontes al deforestar y ganan por dejar de hacerlo. Quienes más se benefician de estos programas son los que más bosque y selva hayan destruido. Y que podrán seguir haciéndolo, ya que REDD acepta que dejando apenas 10 por ciento del área original se cuente como deforestación evitada.
Al programa original se le agregaron versiones llamadas REDD++, que incluyen pagos por acrecentar los inventarios de carbono y pagos por conservación y manejo sustentable del bosque. En el primer caso se trata de, además de deforestar, establecer en su lugar monocultivos de árboles, otra fuente de lucro adicional, con fuertes impactos ambientales y sobre las comunidades.
Lo más perverso de este mecanismo es lo que llaman conservación y manejo sustentable, porque apunta directamente a despojar a las comunidades indígenas y campesinas de sus derechos y territorios.
La propuesta de REDD es que como se paga, lo que se haga con el bosque y su capacidad de absorción de dióxido de carbono debe ser verificable, es decir, definido por agentes externos a las comunidades. Para éstas y los ejidos significa pagar caro a expertos para que les digan qué pueden o no hacer en sus propios bosques y territorios, y firmar voluntariamente (o engañados por instituciones gubernamentales y ONG que gestionan estos programas) la alienación de su manejo autónomo del territorio, para poder cobrar unos pesos por la supuesta capacidad de absorción de sus bosques. Esa capacidad la compran empresas altamente contaminantes y grandes emisores de gases de efecto invernadero, para seguir contaminando con la justificación (no probada científicamente, pero muy lucrativa) de que en otra parte del mundo habrá un bosque que absorberá sus emisiones. A su vez, esto entra en un mercado secundario de créditos de carbono donde la misma empresa puede revender a otros por un precio mayor, recuperar toda su inversión y además ganar dinero extra. El mayor volumen monetario de los mercados de carbono es la especulación secundaria, es decir, la venta y reventa de, literalmente, puro aire.
Este tipo de mercantilización y especulación ya existía antes de REDD, con el pago y comercio de servicios ambientales. Con REDD, se trata de consolidar globalmente una nueva forma de derechos de propiedad. No la propiedad directa del bosque, sino la de derechos de emisión de éstos, para comerciarlos en un mercado altamente especulativo.
Así, las empresas más criminales del planeta, además de devastar enormes zonas con sus actividades, calentar el planeta y maquillarse de verde con esta compra de créditos de carbono, reclamarán la propiedad de facto de los bosques, porque aunque las comunidades sigan teniendo sus títulos de propiedad, no podrán tocarlos ni decidir nada sobre ellos.
Un ejemplo reciente: el 7 de septiembre, la Red Indígena Ambiental y Amigos de la Tierra Internacional denunciaron que el proyecto REDD más grande hasta el momento, 100 mil hectáreas en Rimba Raya, Borneo, es financiado por la Shell, Gazprom y la Fundación Clinton. En realidad no es financiación, sino inversión, ya que Shell y Gazprom seguirán lucrando con sus actividades contaminantes (que producen más calentamiento global) y además ganarán millones de dólares con la venta de esos créditos de carbono en el mercado secundario. Reuters estimó que en ese proyecto se podrían captar más de 750 millones de dólares en 30 años.
Tom Goldtooth, de la Red Indígena Ambiental, declaró: Shell ya cometió genocidio del pueblo Ogoni, en Nigeria, y ecocidio de la cuenca del Níger. REDD hace posible que ésta y otras empresas sigan con la extracción de combustibles fósiles mientras continúan destruyendo el clima y a los pueblos indígenas. La mayoría de los bosques del mundo están en territorios nativos. Los proyectos tipo REDD han resultado en despojos de tierras, violaciones de derechos humanos, amenazas a la sobrevivencia de nuestras culturas, militarización, engaños y servidumbre.
En México, los que promueven este lucrativo negocio de las trasnacionales junto al gobierno, antes gestionaban contratos de biopiratería, luego metieron a comunidades a la venta de servicios ambientales y ahora, consecuentemente, promueven REDD++.
Por todo esto, la Vía Campesina, en su convocatoria a movilizarse frente a las negociaciones sobre el clima, que se realizarán en diciembre en Cancún, llama a denunciar y oponerse a los programas REDD y a los mercados de carbono, una demanda que también expresó claramente la Cumbre Mundial de los Pueblos sobre Cambio Climático, en Cochabamba.
Silvia Ribeiro es investigadora del Grupo ETC
Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2010/09/11/index.php?section=economia&article=028a1eco