En la mesa de la política española, parece que cada vez más jugadores posan sus cartas para entrar en la partida. Algunos oficiales jubilados del ejército osaban a dar recomendaciones políticas por carta al jefe del Estado hace unos días, mientras otros fardaban, en un chat privado, de querer «fusilar a 26 millones de hijos de puta». Esta semana, la partida se iniciaba en el Tribunal Supremo, tribunal que volverá a juzgar el caso Bateragune después de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos declarara que aquel juicio fue imparcial y de que las personas encausadas cumplieran condena. Entre ellas, se encuentra el actual dirigente de EH-Bildu, Arnaldo Otegi, formación que recientemente votó a favor de los presupuestos del Gobierno. Mientras, en el Congreso, la Mesa (con votos de PSOE, PP y Vox) sigue evitando cualquier debate que incumba al rey Juan Carlos I, cuando el debate sobre la monarquía está abierto en canal en la sociedad española.
En este contexto, recibe en el Congreso a cuartopoder la diputada de la CUP Mireia Vehí (Vilafan, Girona, 1985). Faltan algo menos de dos meses para que se celebren elecciones en Catalunya si la pandemia lo permite, y la CUP ha anunciado que su cabeza de lista será la exalcaldesa de Badalona, Dolors Sabater. Además, hace poco más de un año que la izquierda independentista y anticapitalista catalana llegaba a la Carrera de San Jerónimo, tras conseguir dos escaños en las generales de noviembre de 2019. Del balance de este año, de la compleja situación política actual y de cómo llegan nuevos comicios catalanes reflexiona en esta entrevista la parlamentaria catalana.
-Llevan aproximadamente un año en el Congreso. ¿Qué ha aportado la presencia de la CUP a la política estatal española?
-Cuando nos planteamos venir, lo hacíamos condicionados por el papel que estaban realizando aquí EC y JxCat. Pensamos que ERC tiene una actitud muy conciliadora con el Gobierno y que JxCat, a pesar del discurso exaltado, en la práctica son igual de conciliadores. Al llegar, nos dimos cuenta de que la CUP, además de hablar para los catalanes, hacemos un papel muy difícil y muy necesario: abrir debates por la izquierda. Esto lo vemos en el tema de la deuda. En el debate de presupuestos solo habló de la deuda la derecha y fuimos la única fuerza política que abrió el debate de la deuda por la izquierda.
De igual manera, cuando se trata de interpelar a la extrema derecha, ya que el Gobierno la usa como comodín y cuando las cosas van mal sacan a Vox para señalar que esa es la alternativa, pensamos que estamos haciendo un papel. Confrontamos con la extrema derecha de una manera profunda, tiramos del arco parlamentario hacia la izquierda y esto es positivo para nuestro pueblo y, también, para la democratización del Estado español. Tiene que haber altavoces para la gente de la izquierda radical en el Congreso, porque el discurso de que no hay alternativa siempre nos lleva a la derecha.
-¿Y qué ha aportado para la causa independentista que la CUP haya dado el paso de estar en el Congreso?
-Se materializa y visibiliza la diversidad que hay en el independentismo. Además, se aprovecha un altavoz al que los medios le dan más importancia que al Parlament de Catalunya. De alguna manera, hemos exportado el conflicto de Catalunya a Madrid, pues si no hay solución para Catalunya se dificulta la gobernabilidad en Madrid.
Pienso que es positivo que el independentismo tenga nuestra voz y se escuche, en momentos de negociación sobre la sedición o no, sobre los indultos… A veces suena a chantaje, parece que el Gobierno español nos trata a las catalanas y catalanes como si fuéramos niños, como si nos dijeran que esto del independentismo ya ha pasado… Pienso que es importante que una fuerza como la nuestra planteé claramente que la solución a la represión es la amnistía, en la clave nacional es el referéndum y a la crisis económica es reforzar lo público y la gestión democrática de algunos sectores de la economía, como las farmacéuticas. Abrimos otra puerta, se trata de abrir todas las puertas que se puedan para conseguir que el Estado español se vea forzado a poner mecanismos democráticos encima de la mesa.
-Presentan conjuntamente, junto a ERC y JxCat, una Ley de Amnistía. ¿Cuál es el objetivo de traer esta ley al Congreso de los Diputados?
-Se trae al Congreso porque aquí está la competencia de las leyes orgánicas. Se trae porque pensamos que es el marco político que permite que las cosas se solucionen políticamente. Y esto lo dijo Pedro Sánchez en la investidura: acabó la judicialización de la política y vamos a volver a la política para resolver los conflictos. La amnistía es el marco que permite hacer política con libertad para el independentismo, porque afecta a las casi 3.000 personas represaliadas en Catalunya por temas variopintos, pero todos vinculados a formar parte del movimiento independentista. Hay muchos casos de orden público, vía Ley Mordaza o Código Penal. La sedición se incluye también en esta bestia negra del orden público, luego está la gente en la cárcel, en el exilio… La amnistía permite abordar la situación de toda esta gente y volver a punto cero para hacer política. Si hay que hacer política, se tiene que poder hacer política con libertad.
Cuando en Euskal Herria estaba activa ETA, en Madrid se decía que con armas y muertos no se podía negociar. En Catalunya no ha habido nunca un atisbo de violencia vinculada a estas prácticas y, sin embargo, no se puede negociar con libertad. Hay que hacer política desde la libertad, y no puede ser que el Gobierno español se escude en la Constitución para la negación sistemática de los derechos.
-¿Por qué amnistía y no reformar el delito de sedición en el Código Penal o los indultos, cuestiones que baraja el Gobierno?
-Los indultos son soluciones individuales, si se dan podrán solucionar rápidamente situaciones individuales. Sin embargo, no son una solución política colectiva, la amnistía aborda el problema de la persecución política del independentismo. Además, a la reforma del delito de sedición y del Código Penal, la propuesta de los comunes y de Unidas Podemos, nosotros le vemos un problema. Reformar el Código Penal español desde una perspectiva transformadora siempre está bien, está dentro de lo deseable, pero pensamos que la sedición es un tipo de delito que reformándolo no se soluciona nada, lo que hay que hacer es derogarlo. Es un delito que se incorpora en el S.XIX en el Código Penal vinculado al ejército y la monarquía para la contención de las turbas, se continúa utilizando en el franquismo para penalizar las huelgas obreras, cuando llega la Transición se transforma pero continúa y llega hasta nuestros días como piedra angular de la represión política. Por lo tanto, lo que hay que hacer es derogar el delito de sedición.
Nosotros hemos presentado una proposición de ley en la que proponemos derogar el delito de sedición, la ley mordaza y la reforma del Código Penal del 2015. Lo hacemos todo junto porque entendemos que son las piedras angulares de la batalla del orden público y de la persecución política del Estado español que tantas veces se ha amonestado desde las instituciones europeas de protección de los derechos humanos. Y es que la ley mordaza atenta, por ejemplo, contra el derecho de manifestación o de reunión, el delito de sedición es anacrónico y la mayoría de los códigos penales europeos no lo tienen… Por tanto, queremos la amnistía. A diferencia del indulto, que es derecho de gracia, nosotros queremos derecho parlamentario. A diferencia de la reforma de la sedición, la amnistía permite abordar los casos de toda la gente represaliada.
-¿Con qué apoyos esperan contar para sacar adelante esta ley de amnistía?
-Somos conscientes de que la aritmética parlamentaria no permite la aprobación de la ley de amnistía. El PSOE ya ha salido a decir que no la va a aprobar. Nosotros contamos con los apoyos de la Declaración de la Llotja de Mar, independentistas. Seguramente, otras fuerzas políticas como Compromís o Más País le pueden dar apoyo. Unidas Podemos se va a ver en una situación compleja, queremos que se sumen a la amnistía.
A pesar de que es muy posible que parlamentariamente no salga adelante, seguimos tramitando el texto legal porque es una forma de plantear un elemento que se tiene que dar para continuar con la solución política. Cuanto más pronto haya un texto, más fácil será la tramitación de esto, porque hemos de llegar ahí. En segundo lugar, es una forma de dirigirnos a la comunidad internacional. Si el Estado español no piensa poner las urnas en un referéndum y no para de perseguir a la gente y encarcelarla por hacer un referéndum o cantar canciones contra la monarquía como Valtonyc, la comunidad internacional tendrá que intervenir. Esto también es una dialéctica a los organismos de derechos humanos para explicar que la causa independentista catalana no es un tema nacionalista y de derechas, como muchas veces se entienden desde Europa, sino que es una causa que democratiza al Estado español, pues le obliga a poner urnas y a dejar de perseguir políticos.
Nosotros se lo decimos siempre al PSOE. Cuando Vox critica a las mujeres y las leyes contra la violencia machista, el PSOE, con mucho criterio político responde con más feminismo, ¿por qué cuando la extrema derecha critica y pretende perseguir al independentismo el PSOE no responde con más derechos democráticos? ¿Por qué no pone las urnas? En la batalla con la extrema derecha, o se responde con más derechos o siempre se pierde la batalla.
-Hay otro debate abierto, la renovación del CGPJ. ¿Aspiran a participar en él? ¿Qué valoración hace del poder judicial, dos días después del anuncio del Supremo de volver a juzgar a Otegi?
-Lo que está pasando con el CGPJ es extravagante, es una situación de golpismo judicial. Así lo han nombrado algunos portavoces, el otro día Jaume Asens hablaba de esto. Lo de la judicatura española y el CGPJ es arcaico, además, no puede ser que una serie de gente de extrema derecha esté marcando así la línea de la judicatura, pues esta es jerárquica y lo que se decide en el CGPJ influye hasta en el último juzgado de primera instancia. Por lo tanto, pensamos que es imprescindible renovarlo.
También pensamos que esta idea de cambiar a las personas y no modificar el trasfondo tiene un recorrido limitado, y la judicatura española no ha roto con una determinada cultura jurídica autoritaria. En la Transición se hizo una Constitución democrática, pero la interpretación de esta Constitución se hace a través de una judicatura que es muy de derechas. Prueba de ello es el tema de la vivienda, la Constitución defiende el derecho a la vivienda, su artículo es progresista y transformador, pero se juzga a la gente por parar desahucios mientras que quien no cumple la Constitución es el Gobierno de turno.
Por lo tanto, hay que hacer una reforma mucho más profunda de la judicatura. No puede ser que los jueces sean gente que solo pueden ser ricos. Requiere tantos años de estudio que solo pueden llegar a ser jueces o fiscales personas con mucho dinero. No puede ser que sea gente que vive al margen del resto de la sociedad, al dedicar tantísimo tiempo al estudio, es gente que no interacciona. No puede ser que los mecanismos de entrada a la judicatura sean estos. No puede ser que la ciudadanía no tenga ninguna capacidad de valorar, validar o intervenir. Esto lleva pasando muchas décadas en el Estado español, el juicio del procés ha sido la guinda de todo esto. Además, lo del juicio a Otegi es política de la venganza. Es lo mismo que hacen con los presos del procés tumbando el tercer grado, ¿qué necesidad hay? Política de la venganza.
Es la línea más conservadora del aparato del Estado español con capacidad de generar ley. No es lo mismo el Estado que el Gobierno, es cierto. Por eso es una ilusión o ingenuo pretender explicar que el Gobierno va a hacer políticas transformadoras sin hacer, previamente, reformas profundas en el CGPJ, monarquía y demás. O hay una ruptura y un cambio trascendental o no hay forma.
-Otras instituciones protagonistas de estos días son la monarquía y el ejército. ¿Cómo ve al régimen del 78, ahora que parece que esa expresión no se usa tanto?
-Veo al régimen del 78 en pleno estado de salud, mucho mejor de lo que la gente con aspiraciones democráticas querría. La monarquía se puede permitir que el rey emérito se fugue de la justicia, se puede permitir portadas y portadas de casos de corrupción del señor Juan Carlos de Borbón y que aquí no pase nada. Está habiendo una batalla por el relato de la Transición, porque este ya no nos sirve. El 15M trató de cuestionarlo y como vía ha llegado a su fin, pues Podemos ha llegado al Gobierno. Esta línea de cuestionar al régimen ha llegado a su fin. Otra línea era el independentismo, aquí estamos, pero con el peligro de que se cierre el círculo con el papel que está teniendo ERC y comunes tratando de ajustar la gobernabilidad del Estado. Al aplacar las dos líneas de cuestionamiento del régimen implica que el régimen no está en cuestionamiento.
A esto juega Vox. Vox es un producto de la situación de crisis que tenemos con un objetivo muy claro: anclar a la derecha al máximo esta crisis de legitimidad, que la crisis de régimen se cierre por la derecha. Además, con un escenario mundial de auge de las extremas derechas. El aparato del Estado español es difícil que entre en crisis cuando no solo es la monarquía o la judicatura, también está el Ibex-35.Por eso, nosotros continuamos manteniendo la tesis del independentismo democrático, insurreccionalista o movimentista de mucha gente en la calle cuestionando. Vemos que es la única forma que queda de cuestionamiento al régimen.
La respuesta del PSOE nos da la razón, trata de apuntalar todas las paredes. Lo que está haciendo el PSOE con la monarquía es ridículo hasta para su gente. Cuando salió la encuesta sobre la monarquía que sacasteis diferentes medios alternativos, se vio cómo para la gente del PSOE la monarquía es una institución cuestionable. Nosotros lo dijimos en la investidura, a Emilio Botín antes de morir le preocupaban dos cosas, el 15M o Podemos y el independentismo, una está cerrada y la otra esperemos que la podamos mantener abierta, no por un fetiche de la inestabilidad política, sino porque es la única vía efectiva de democratizar esto.
-Hace unos días una mayoría amplia del Congreso votaba a favor de los presupuestos del Gobierno, una mayoría en la que no está la CUP. ¿No es esa mayoría amplia, con soberanistas de distintos territorios del Estado, un buen lugar para hacer política para la CUP?
-Sí, pero es que nosotros hacemos política desde una perspectiva de izquierda radical que es necesaria. Esto lo digo porque los presupuestos están bien, aumentan gastos y demás, pero están bien para una situación normal. Nosotros creemos que la crisis económica es brutal y que la situación en Catalunya es muy excepcional y que el Gobierno no ha tenido ningún gesto que veamos como transformador. En términos económicos, no vemos una política de vivienda clara, no se han parado los desahucios, no hay ninguna apuesta por una farmacéutica pública, no se habla de que los bancos devuelvan el rescate bancario… Lo que se ha hecho es aumentar la deuda, ir a Europa a pedir dinero. En vez de pedir dinero a los ricos vía impuestos, se lo pedimos a Europa, lo que nos va a traer recortes.
Desde una perspectiva de izquierdas y transformadora vemos que estos presupuestos tienen posibilidad de hacer cosas pero son pan para hoy y hambre para mañana. Entendemos que posiciones políticas como EH-Bildu o ERC los aprueben porque tienen hipótesis distintas. EH-Bildu tiene un camino mucho más vinculado a querer la gobernabilidad para Euskal Herria y vinculado con los presos y la represión. Por su parte, ERC quiere tener un papel para ser la pieza angular del nuevo Govern catalán, que creemos que nos va a llevar junto a comunes y PSC a cerrar el ciclo independentista. Pensamos que apuntalar la gobernabilidad de un Gobierno que, en vez de pedir dinero a los ricos, nos endeuda, que no se atreve a sacar del mercado cosas como los medicamentos y que no ha hecho ningún gesto claro para con Catalunya no es positivo.
-Sobre las catalanas de febrero. ¿En qué contexto llegan? ¿Qué se vota? ¿Qué decide en ellas?
-Desde el 1-O y desde que empieza la represión dura las cosas no han sido fáciles para el independentismo. Ha habido mucha represión y poca unidad estratégica. Tenemos 3.000 personas represaliadas y la gente sigue entrando en la cárcel. Tenemos una situación muy poco normalizada, hacía décadas que no se veía en nuestra casa de represión y persecución política. Además, la covid-19 lo ha cambiado todo también en Catalunya. La situación de pobreza y desigualdad es increíble.
Nuestra idea es la del triple embate. La ofensiva neoliberal y recentralizadora es tal que hay que responder con todas. Si en 2015 se hablaba de la triple crisis, económica, social y territorial, miramos atrás y decimos que esto no solo no se ha resuelto sino que se ha agravado en estos años. Por ello, nuestro embate económico pasa por sacar del mercado y traer a lo público determinados sectores, como una farmacéutica pública, hay que tener un control democrático de ciertos sectores.
Hay que escuchar lo que la covid-19 nos ha enseñado desde una perspectiva ecofeminista, somos frágiles, no somos invencibles. O estamos juntos y las comunidades son fuertes o la gente se muere. Todo tiene límites, también el territorio y las relaciones. Por ello, nuestro segundo embate es el ecofeminista. Hay que hacer políticas ecologistas, pero no para que Iberdrola se lleve el dinero de las subvenciones.
El tercer embate es el nacional, el referéndum, un 80% de la población de nuestro país quiere un referéndum. Hay millones de personas pidiendo votar para saber en qué país quieren vivir, basta de cultura política jurídica y política arcaica y casposa, vamos a hablar de que queremos decidir. Estos son nuestros tres embates. Pensamos que la CUP tiene que ser el elemento central de la izquierda soberanista en nuestro país y que marque la hegemonía de los próximos años.
-Tiene pinta de que durante la precampaña y campaña se hablará sobre todo de los pactos postelectorales y para formar Govern. ¿Volverá la CUP a investir a la derecha nacionalista?
-La CUP tiene varias cosas claras en este sentido. La primera, que un tripartito con la voluntad de que el independentismo deje de ser una cosa viva en las calles e instituciones no le va bien a nuestro país. Lo único que salva un tripartito es la gobernabilidad allí y aquí. De momento, eso quiere decir que no se amplíen derechos, que no se paren desahucios, que no se regulen los alquileres, que se continúe con la monarquía… Sé que a veces desde el Estado cuesta ver que para nosotros es más transformador una cuestión independentista plural, aunque haya un sector que sea conservador, que gobernar con el PSOE. Es más transformador porque por mucha parte conservadora que tenga el independentismo, este ni tiene estado ni debe nada al régimen del 78 y el PSOE, sí.
¿Quiere esto decir que vamos a investir a un president de JxCat? No. Esto quiere decir que tenemos muy claro que necesitamos un referéndum, compromisos claros en materia económica y ecologista. ¿Es esto imposible con la derecha catalana? No lo sé. Allí se han regulado los alquileres y aquí todavía no. En Catalunya, la legislatura del 2015, que era diputada, hicimos muchísimas leyes sociales, contra el cambio climático, para garantizar la vivienda, de memoria histórica… Todas se tumbaron en el Tribunal Constitucional.
¿Esto quiere decir que la derecha catalana es mejor que las derechas españolas? No. Esto quiere decir que el independentismo ha hecho virar a nuestro país a la izquierda y que es más transformadora la situación en Catalunya que la que hay, ahora mismo, aquí. De hecho, decimos que si pudiéramos hacer un referéndum y configurar un estado, no sería el mejor Estado del mundo, pero las condiciones transformadoras serían mayores que las del 78. Mientras, aquí el PSOE apuntala para que nada cambie con respecto al 78, aunque Podemos haga esfuerzos infinitos. Ahí tenemos la oportunidad de construir algo alternativo y no tan anclado al régimen.
Esto, de cara a los pactos de gobernabilidad, dependerá de cómo salen los números. Sabemos que hay una parte de ERC que quiere un tripartito y otra que no. Sabemos que hay un PSC que querría el tripartito, pero que otra no se puede permitir ir con quien tiene presos políticos en la cárcel. A los comunes les interesa gobernar la Generalitat, pero no les interesa una situación de agitación política… Nosotras vamos a hacer una campaña bonita, llevamos tiempo trabajando en pequeñito y para dentro, estamos en una situación de fuerza y tenemos una candidatura abierta y transformadora. Vamos a ver qué se saca y cómo. Los pactos los determinará el qué y no el quién. Y de hacer esto la CUP tiene avales.