Violentas manifestaciones y represión brutal

Mientras en la República Islámica de Irán se producen violentas manifestaciones callejeras que la prensa occidental cubre ampliamente, no se está prestando atención al Kurdistán iraquí, en situación de grave crisis política y económica.

Las protestas y disturbios callejeros en los que la multitud atacó las oficinas de los diversos partidos políticos de la región de Sulaymaniya no son nuevas en el Kurdistán iraquí. Incidentes similares, algunos más violentos que otros, han marcado la región en las últimas décadas. Este último episodio, sin embargo, se ha caracterizado por la celeridad con que las autoridades han desplegado a la policía y a las fuerzas de seguridad en las ciudades de las protestas y han clausurado una serie de medios de prensa acusándolos de fomentar la ira de los manifestantes, como los canales de televisión del grupo de prensa Nalia y la red contestataria NRT.

Las cancillerías occidentales no han protestado más que ligeramente ante las numerosas violaciones a la libertad de prensa y el arresto de destacados opositores de los principales partidos políticos, como Shaswar Abdulwahid Qadir, fundador de Nalia, detenido en el aeropuerto de Sulaymaniya por hombres uniformados y mantenido incomunicado durante varios días antes de ser puesto en libertad. Asimismo, los medios de comunicación próximos al Partido Democrático del Kurdistán (PDK) de Masud Barzani han etiquetado a los manifestantes y aquellos que simpatizan con ellos de «terroristas».

En palabras de Niyaz Abdulla, periodista iraquí y activista kurdo entrevistado en NRT, «todas las leyes aprobadas por el gobierno [Regional del Kurdistán] y todas sus instituciones son herramientas en manos de los partidos políticos en el poder». Cuando lo deseen, pueden aplicar la llamada «Ley de los partidos políticos» y su artículo 13.1 que les permite intervenir ante los medios privados y ante cualquiera que no esté de su parte. Es por ello que el Gobierno Regional del Kurdistán (GRK) puede apelar en cualquier momento a través de su Ministro de Cultura o del poder ejecutivo, a las fuerzas de seguridad y a cualquier otra institución política para servir a los intereses de un grupo o partido político en particular. Todo ello deriva de la mentalidad que emergió durante la guerra civil y que les hace creerse autorizados para perseguir a cualquiera que no esté de acuerdo con la forma en que ven las cosas».

Zona verde y zona amarilla

Lo que está claro es que casi todas las protestas se producen en la Zona verde [1] que está bajo control de la Unión Patriótica de Kurdistán (UPK) fundada por Yalal Talabani. Tras el sangriento conflicto con el PDK de la década de los noventa, se llegó a un acuerdo para separar el Kurdistán entre ambos movimientos rivales a fin de poner fin a su enfrentamiento. Desde entonces, los dos partidos han dado muestras de aplicar enfoques bien distintos al diálogo democrático: el PDK no tolera ninguna oposición significativa en su territorio [2], mientras que la UPK ha dejado un relativo espacio para el pluralismo y la expresión disidente.

Por lo tanto, la ausencia de protestas callejeras y de violencia en la Zona amarilla del PDK no refleja necesariamente la satisfacción de la población local, sujeta a las mismas restricciones que la región controlada por la UPK. «Desde el período de Sadam Husein, la gente de la región de Sulaymaniya ha sido reconocida por su valentía y espíritu de sacrificio. Nunca ha habido protestas en Erbil o en Dohuk. Las mentalidades allí son completamente diferentes. La gente no puede organizar una manifestación en Erbil porque sería automáticamente reprimida», dice Taha Betwayi, el padre de una de las víctimas de las protestas de Ranye [3]. Sin embargo, debe notarse que la diferencia entre las dos zonas no va más allá, en la medida en que ambas partes tienen el mismo cuerpo militar, equivalente a una milicia, al servicio de sus intereses particulares. En este sentido, la UPK y el PDK ocupan una posición de poder en la arena política kurda que otros partidos que no cuentan con activos militares intentan contrarrestar.

Razones para la ira

En la Zona verde, estudiantes, profesores, funcionarios y ciudadanos comunes llevan mucho tiempo expresando su malestar con la situación catastrófica de Kurdistán. Los funcionarios no han recibido sus sueldos desde hace tres meses, sueldos que se han recortados durante más de un año por la crisis económica del país. Considerando que la situación está empeorando constantemente, es difícil vislumbrar cómo las autoridades lograrán modificar la tendencia. El Gobierno Regional del Kurdistán afronta una deuda de más de veinte mil millones de dólares (16.600 millones de euros), su economía está quebrada, especialmente desde la pérdida de sus yacimientos petrolíferos en la provincia de Kirkuk. Y hay que decir que una gran parte de esos ingresos ya se habían agotado por la corrupción.

Las razones de los pobres resultados económicos del Kurdistán iraquí también son estructurales. Insuficientemente diversificada, la economía kurda padece una estrategia de especialización basada en el modelo de su industria petrolera en detrimento de otras actividades y de un sector público opaco y de difícil gestión. Ahora que los ingresos petroleros prácticamente han desaparecido se debe replantear todo un modelo económico. La ausencia de un sector financiero eficiente y, lo que es peor, la fuga de capitales e inversores deteriora la salud económica del país.

Las primeras víctimas de esta situación son las clases populares. Han contenido su exasperación hasta que comenzaron las manifestaciones el 18 de diciembre. Mientras que el gobierno vive de sus últimas reservas financieras, estimadas en 1.600 millones de euros, las negociaciones con Bagdad avanzan lentamente. De acuerdo con el marco de la Constitución que estipula que los salarios de los funcionarios públicos son una prerrogativa del poder central, Bagdad ha prometido destinar el presupuesto necesario pero ha exigido una auditoría de los empleados del servicio público en la región kurda para garantizar que no habrá abusos. Mientras tanto, la vida cotidiana de las clases populares sigue sin transformarse.

Enfrentes entre políticos kurdos

Massud Barzani dimitió rápidamente después de la monumental derrota del referéndum sobre la independencia que había promovido y fue substituido temporalmente por su sobrino, Nechirvan Barzani. Su partido todavía goza de ventaja como resultado de lo que equivalió a un golpe de estado del último presidente del Parlamento, Yusif Muhammad Qadir. Mientras tanto, las elecciones legislativas, originalmente programadas para el 1 de noviembre, se han aplazado sine die con el pretexto de que la crisis política resultante de la pérdida de Kirkuk y otros territorios en disputa ha hecho que sea imposible celebrarlas en una atmósfera adecuada. Qadir finalmente dimitió el 26 de diciembre de 2017, cinco días después de que varios ministros hubieran hecho lo mismo, en protesta por la brutal represión de los disturbios en todo el país.

Por otro lado, ni el PDK ni la UPK consideraron necesario retirarse del gobierno o reconsiderar la forma en que gestionaban el país. Si la UPK atraviesa una crisis sin precedentes, con el clan de los herederos de Yalal Talabani intentando arrebatar la dirección del partido a otros actores como Barham Salih o Kosrat Rasul Ali, el PDK está paralizado por un modus operandi cuasi tribal y basado en el nepotismo. Conscientes de las dificultades de reformar la UPK [4], varios dirigentes están a punto de abandonarla, como Barham Salih, que creó su propio partido en septiembre pasado e incluso está considerando una coalición con Gorran, el partido opositor al que pertenece el ex presidente del Parlamento. Sin embargo, nada de esto resolverá la crisis política hasta que se hayan celebrado elecciones regionales transparentes y se haya resuelto el espinoso problema de las milicias que trabajan para los partidos políticos.

Bagdad se beneficia del desorden

Mientras los dirigentes del Gobierno Regional del Kurdistán se aferran al poder, las autoridades iraquíes se aprovechan de su posición de fuerza para imponer restricciones cada vez más severas que quebrantan poco a poco el sueño kurdo de la independencia. Después de cerrar los aeropuertos internacionales de la región kurda hasta el próximo mes de marzo, impusieron un bloqueo terrestre con la asistencia de Turquía e Irán, bloqueo que se ha suavizado gradualmente y que ha acabado por completo el 2 de enero de 2018, tras la apertura los dos últimos cruces fronterizos iraníes. Además, la milicia Al Hashd al Sha’abi, cuya lealtad a Teherán sigue siendo ambigua, se ha aprovechado de la situación para alentar a las minorías chiíes en las zonas mixtas y controvertidas que anteriormente estaban bajo el control de las fuerzas kurdas. Los abusos cometidos contra las minorías kurdas o suníes en la región de Tuz Jurmatu son una reacción a la forma en que el Gobierno Regional del Kurdistán favoreció a los kurdos cuando dirigían la ciudad.

Las medidas punitivas tomadas por Bagdad tienen un impacto significativo en una economía regional ya devastada por la caída de los precios del petróleo y la guerra contra el Estado Islámico (EI). Desprovista de recursos, la dirección kurda está obligada a esperar el resultado de la auditoría de los funcionarios públicos y de los Peshmerga que Bagdad ha forzado contra las instituciones del Gobierno Regional. El gobierno central tampoco tiene escrúpulos en tratar de interferir en los asuntos internos kurdos instando a los partidos aliados del PDK a romper con el partido de Massud Barzani y hacerle perder su mayoría, lo que paradójicamente podría favorecer la democratización de la política en el Kurdistán iraquí.

Las elecciones parlamentarias iraquíes están fijadas para el 12 de mayo de 2018 pero aún no se sabe la fecha de las elecciones parlamentarias regionales en Kurdistán. El partido Gorran ha solicitado una auditoría del registro de votantes en la región después de que un informe identificara 900.000 nombres falsos en el registro electoral, el equivalente a 40 de los 111 escaños del parlamento regional, según indica un profesor de Derecho kurdo-iraquí. Mientras tanto, el gobierno regional está haciendo todo lo posible para no cumplir con una decisión del Tribunal de Justicia iraquí que exige que se reconozca como nulo e inválido el referéndum sobre la independencia, lo que sería la máxima humillación. Aunque el riesgo de que el gobierno central desmantele por completo el gobierno regional parece ahora algo remoto, Bagdad, no obstante, pretende frenar de una vez por todas futuras tentaciones separatistas. Queda por ver si las negociaciones actuales entre las diferentes partes darán como resultado la normalización de la situación, el regreso de los refugiados a sus regiones de origen, una representación genuina de las diversas poblaciones en toda su diversidad en las áreas en disputa y por último, pero no por ello menos importante, una verdadera democratización del proceso político tanto en el Kurdistán como en Iraq en su conjunto.

Notas:

1. Como resultado de la guerra civil kurda (1994-1998), existen dos administraciones de facto en Kurdistán: la Zona verde (provincia de Sulaymaniya) controlada por la UPK y la Zona amarilla (provincias de Erbil y Duhok) controlada por el PDK.

2. Un colectivo de abogados de Erbil pidió autorización para convocar una manifestación el mes pasado y la respuesta fue presionar al presidente del colectivo, y cortarle el subministro de agua y electricidad en su casa el día de su solicitud.

3. Su hijo y otro joven asesinado a su lado recibieron disparos de las fuerzas de seguridad desde una oficina de PDK en la zona.

4. El cuarto congreso que la UPK debía celebrar en enero de 2018 para reformar la estructura del partido se ha pospuesto sin fecha fija, como anunció Latif Cheij Omar, jefe de la oficina de la UPK de Sulaymaniya durante una entrevista.

Fuente: http://orientxxi.info/magazine/iraqi-kurdistan-in-a-political-and-economic-cul-de-sac,2205