Hace exactamente 17 años, el Congreso de los Diputados aprobaba la ley 13/2005 de 1 de julio “por la que se modifica el Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio”, popularmente conocida como ley de matrimonio homosexual. La ley se publicó en el Boletín Oficial del Estado el día 2 de julio y entró en vigor ese mismo día. Nueve días después tenía lugar la primera boda entre personas del mismo sexo.
Era una larga y profunda reivindicación de los colectivos LGTBI y de crecientes sectores de la sociedad española y un claro compromiso del programa electoral con el que se presentó Rodríguez Zapatero como candidato presidencial del PSOE en las elecciones generales de marzo del 2004. Compromiso que fue uno de los primeros que cumplió el nuevo gobierno, afrontando una avalancha de críticas políticas y movilizaciones sociales.
La tramitación parlamentaria fue conflictiva, duró mas de seis meses a pesar de la brevedad de su articulado y el texto inicialmente aprobado por el Congreso fue tumbado por el Senado, lo que requirió una segunda vuelta al Congreso, donde por fin fue aprobada con el voto en contra del PP (con la excepción de Celia Villalobos) y una parte de la derecha nacionalista catalana (UDC).
Por su parte diversas organizaciones sociales de carácter reaccionario, así como buena parte del episcopado español, secundaron y participaron en manifestaciones en la calle contrarias a la aprobación de la ley, la más importante celebrada en Madrid en la Plaza de Colon. Tras la aprobación de la ley hubo jueces y juezas que se negaron a aplicarla y otros que recurrieron al Tribunal Constitucional para no hacerlo.
Además, 50 diputados del PP presentaron recurso de inconstitucionalidad, que fue rechazado siete años más tarde por mayoría de miembros del Tribunal. A esas alturas el PP se había olvidado del tema, y en la primera legislatura de Mariano Rajoy, no solo no hicieron ningún ademan para cambiarla, sino que incluso la plana mayor del partido asistió en Vitoria a la boda de Javier Maroto, un político emergente del PP vasco, que había mantenido una actitud crítica con la posición de su partido. Años más tarde en actos del PP, incluidas las celebraciones de triunfos electorales en la sede de la calle Génova, todos hemos podido ver como se enarbolaban banderas del arcoíris LGTBI. Ojalá el PP rectificara en otras muchas cosas, como hizo con su cerrada oposición a la ley.
España fue el tercer estado que reconoció el matrimonio de personas del mismo sexo con igualdad de derechos, solo tras Bélgica y Holanda. Hoy 17 de los estados de la Unión Europea, 7 de Latinoamérica, Sudáfrica, Australia, Nueva Zelanda y Taiwán han seguido ese camino.
Desde la entrada en vigor de la ley, han tenido lugar cerca de 30.000 matrimonios y por tanto en torno a 60.000 personas han visto reconocidos la plenitud de sus derechos civiles y constitucionales, de los que antes estaban excluidos.
A su vez algunos activistas del ámbito LGTBI, cuestionaron este reconocimiento. Consideraron que era una vía para “domesticar o aburguesar” la libertad de vida de las personas homosexuales y que la institución del matrimonio era anacrónica y limitadora. Hubo, también, quienes defendían que tanto como el reconocimiento del matrimonio, había otras cuestiones muy relevantes o urgentes de discriminación, intolerancia o agresividad contra la población LGTBI.
Sin duda desde aquella primera legislatura de Rodríguez Zapatero, se han ido sucediendo medidas normativas o administrativas, así como indicaciones a las Fuerzas del Orden, para ir corrigiendo o suprimiendo actuaciones homófobas o discriminatorias.
El evidente avance de los derechos de las personas LGTBI en España es incuestionable, y no hay mas que ver la evolución de las celebraciones en nuestras calles del día del Orgullo, cada vez más cercanas a una gran fiesta ciudadana.
Pero como muy bien suele decir Nicolás Sartorius, los derechos no se consiguen para siempre y hay que luchar para que se mantengan vivos. Porque no solo siguen siendo una realidad las agresiones homófobas en las calles, la discriminación más o menos encubierta en las empresas o ámbitos sociales privados o el miedo a salir del armario, muy en especial en muchos pueblos y pequeñas y medianas ciudades de nuestro país.
Por ello, con razón hay activistas LGTBI que dicen que “no todo es Chueca”, ni mucho menos y que no podemos convertir ese y otros barrios de algunas grandes capitales en “jaulas de oro” o destino de turismo nacional o internacional.
Todo ello sin olvidar que la tercera fuerza parlamentaria de nuestro país, Vox, aunque en la campaña electoral de Andalucía lo ha intentado disimular, realizan propuestas atacando o cuestionando los derechos de las personas LGTBI, así como de sus organizaciones y actividades.
En todo caso, hay muchos motivos para celebrar el aniversario de la aprobación de la ley 13/2005 y yo personalmente tengo uno muy especial, cuando hace poco mas de cuatro años pude ver a uno de mis hijos casarse con todos los derechos con el hombre al que ama.
El camino abierto con esta ley, ha dado un nuevo paso adelante con la reciente aprobación por el Consejo de Ministros del “Proyecto de Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y garantía de los derechos LGTBI”, y es de temer que también levantará fuerte resistencia en sectores políticos, sociales y religiosos de nuestro país, pero que de nuevo nos colocaría en posiciones de vanguardia en el reconocimiento y respeto de los derechos civiles de toda la población.