Entre 390.000 y 470.000 personas -un tercio de ellas menores- estarían en situación administrativa irregular en el estado español.
Los criterios de acceso al permiso de residencia son, en el estado español, para las personas migrantes en situación oficialmente considerada irregular, “altamente restrictivos” y de “muy difícil cumplimiento”; además los procedimientos administrativos se caracterizan por la lentitud, la burocratización y el “elevado margen de discrecionalidad” en la concesión o renovación de autorizaciones. Esta realidad se traduce en una “espiral de vulnerabilidad”, desprotección y exclusión social.
Son motivos expuestos en la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para una regularización extraordinaria de personas extranjeras, promovida por #Regularización Ya (entre 390.000 y 470.000 -un tercio de ellas menores- estarían en situación administrativa irregular en el estado español).
La ILP plantea una modificación de la Disposición Transitoria Primera de la Ley de Extranjería (abril de 2000), de manera que el Gobierno de España tuviera que establecer –mediante Real Decreto y en un plazo de seis meses- un procedimiento para regularizar a los extranjeros que se hallen en el estado español antes del 1 de noviembre de 2021.
Entre el 19 y el 21 de febrero, la red #Regularización Ya –de colectivas migrantes y antirracistas autoorganizadas- convocó movilizaciones en 30 ciudades españolas, con el fin de dar a conocer la ILP, recoger 500.000 firmas de apoyo a la propuesta de regularización de los sin papeles, y que ésta sea debatida en el Congreso de los Diputados.
La comisión promotora está integrada por #Regularizacion Ya, Fundación para la Ciudadanía Global, Fundación Por Causa, REDES (agrupación de más de 50 entidades de cooperación al desarrollo); la ONG Alianza por la Solidaridad; y el partido Por un Mundo más Justo. Centenares de organizaciones sociales, de respaldo a personas migrantes, fundaciones, ONG de cooperación al desarrollo y congregaciones religiosas se han adherido a la ILP.
“La Campaña es un proceso político de reforzamiento de la autoorganización de personas migrantes y racializadas; hemos creado más de una decena de comités territoriales, tanto autonómicos como provinciales, para construir poder popular desde abajo, desde las organizaciones antirracistas”, destaca uno de los coordinadores estatales, Yeison García.
En una nota de prensa del 17 de febrero, el movimiento #Regularización Ya informó de los antecedentes de la actual campaña. Entre otros, el registro de una Proposición No de Ley (PNL) en el Congreso de los Diputados –en junio de 2020- por parte de Regularización Ya y la coordinadora Obrim Fronteres, con el fin de que el Gobierno de España iniciara un proceso de regularización. Más de 1.500 colectivos y personas migrantes y antirracistas, además de ocho formaciones políticas, se sumaron a la PNL, finalmente rechazada en el Congreso.
Otro paso significativo del movimiento por la regularización se produjo en junio de 2021, con la confluencia de diferentes organizaciones en la plataforma Esenciales.
En el acto por la ILP celebrado en Valencia, el 19 de febrero en la Plaza de la Virgen, participaron cerca de 300 personas. Además de la recolecta de firmas, tuvo lugar una lectura de poemas; música Rap; Capoeira (danza afro-brasileña), actividades lúdicas y el monólogo teatral de Valencia Acoge. El ritmo de la batukada acompañó en algún momento a los asistentes, que también reivindicaron –a voz en grito- “¡Regularización Ya!”.
Los activistas repartieron octavillas que resumían las razones de la Campaña por la regularización: el acceso a derechos por justicia social; el “aporte económico al Estado” –así como la “contribución digna”- que se ve impedida por la situación de irregularidad administrativa; la invisibilidad en la políticas públicas (“cerca de 500.000 personas no existimos para el Estado, y estamos fuera de la planificación de los servicios públicos”); y la importancia de las migraciones en la historia de España y de la humanidad.
Tal vez uno de los titulares pudiera hallarse a un costado de las mesas de recogida, en uno de los paneles: “El objetivo es escribir nuestra propia historia para construir una sociedad más justa”.
En la organización ha participado Mbaye, de 45 años y origen senegalés, que desde el año 2000 se halla en el estado español (en territorios como Canarias o Valencia, ciudad donde actualmente reside); unos minutos después de compartir su experiencia, lee un poema con el fondo sonoro de los bongos: “Hermano / déjame que te llame hermano / aunque yo sea tu criada,/ tu obrero, / tu esclavo,/ tu puta”.
Mbaye se gana la vida con la venta ambulante –cuadros de arena que él mismo compone y pulseras-, cerca de la catedral de Valencia; y sobrevive también gracias al apoyo de amigos, compañeros y profesores.
Estudia un grado de Educación Social en la universidad de Valencia (tercer curso); “A una de las profesoras la llamo ‘mi madre’”, relata y sonríe, pero Mbaye lamenta llevar más de dos años sin trabajar, aunque continúa buscando un puesto de trabajo.
Vive de alquiler en una vivienda compartida con tres personas, en el barrio popular de Orriols (periferia norte de Valencia). “Algunos de mis compañeros de piso llevan diez años sin papeles, yo sí estoy regularizado pero después de más de 15 años en España aún no he podido conseguir la nacionalidad”, explica.
El migrante senegalés ha tomado parte en la Campaña llevando impresos de la ILP a la universidad, para recabar firmas y apoyos. Por otra parte colabora en la Federación Unión Africana; en el área de sensibilización de Valencia Acoge y en la iniciativa de desarrollo comunitario Orriols Convive.
“Nos necesitan porque contribuimos a la economía española, por ejemplo pagamos el IVA y trabajamos en los empleos que nadie quiere; ¿por qué, entonces, les interesa que estemos invisibles y sin regularizar?”, se pregunta Malika, de 55 años y origen marroquí; añade, cerca de las mesas y los paneles, que España “es un país muy envejecido, mientras la gente que viene aquí es joven y con salud”.
Malika vive en Orriols con su hija de 16 años, nacida en Valencia; “la campaña es por una causa que me afecta directamente”, subraya esta ciudadana magrebí que colabora en la Asociación Intercultural de Profesionales del Hogar y de los Cuidados (AIPHYC), tal como identifica su mascarilla.
Ingresó en el estado español en 2000 por la Costa del Sol, con el visado de un mes, y desde el año 2008 reside en Valencia. Trabaja en los hogares, en la limpieza o como cuidadora, por ejemplo de personas vulnerables; se trata de empleos por horas, que en la mayoría de los casos requieren ciudadanos españoles y no firman un contrato laboral (en estas circunstancias la remuneración oscila entre los ocho y los 10 euros por hora); “desde junio hasta hoy estoy de baja laboral”, remata Malika.
No sólo se trata de testimonios y experiencias en primera persona. Entre las razones expuestas en la ILP, se destaca que la irregularidad supone una “falta de respeto a los derechos fundamentales” y la condena a la explotación laboral; pero también, en un contexto de economía sumergida, la regularización permitiría ampliar la recaudación de impuestos directos y la contribución de empleadores y empleados a la Seguridad Social.
La ILP sustenta este argumento en una estimación reciente de la Universidad Carlos III de Madrid: “La aportación neta media de los trabajadores regularizados se incrementaría por encima de los 3.250 euros por persona y año”.
La Iniciativa recuerda que, durante la crisis por la COVID-19, las personas migrantes sin papeles han trabajado en sectores “imprescindibles”, como los cuidados, los repartos a domicilio o la recolección de fruta y verdura; “con ello pagaron un altísimo precio en forma de contagios y muertes”, añade el texto de la propuesta.
Por otra parte, las regularizaciones extraordinarias no constituyen un mecanismo excepcional. Entre 1996 y 2008 se llevaron a término 43 programas de regularización en 17 estados miembros de la UE, argumenta la ILP; las más recientes, durante la crisis por el coronavirus, en Italia y Portugal. El documento hace referencia, asimismo, a seis procesos de regularización en el estado español durante el último periodo democrático.
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