¿En qué contexto se convocó la movilización popular del pasado 16 de junio? Se trataba de conmemorar los 28 años de la resistencia contra la ZAL.
No a l’ampliació del Port; La Punta al cor; Sota l’asfalt l’horta; No a la ZAL (proyecto de Zona de Actividades Logísticas del Puerto de Valencia). Son las consignas de las cuatro pancartas ubicadas por los movimientos sociales frente al Palau de la Generalitat, el 16 de junio, para rechazar el proyecto de infraestructura (más de 70 hectáreas junto al recinto portuario).
En la concentración participaron cerca de 500 personas, que reivindicaron la “reversión” de la ZAL, su “recuperación” como zona verde y la paralización “inmediata” de las obras. En el acto público intervinieron miembros de la Coordinadora Ciutat-Port, la asociación vecinal La Unificadora de La Punta (pedanía de huerta –en el sur de Valencia- que fue arrasada para implantar la ZAL); el colectivo Per L’Horta y Joventut pel Clima.
Antes de la cena popular en la plaza, la Jove Muixeranga de Valencia representó una torre humana de varias alturas, acompañada por la música del tabal y la dolçaina.
La jornada reivindicativa terminó con la proyección –en los muros del Palau de la Generalitat, sede del Gobierno Valenciano- de unas imágenes del documental A tornallom, de Enric Peris y Miguel Castro, estrenado en 2005.
El vídeo daba cuenta de la acción de las excavadoras, los desalojos policiales y la destrucción de alquerías, barracas, acequias y tierra productiva en la huerta de La Punta, durante los primeros años 2000; o de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para la protección de L’Horta de Valencia, que reunió más de 120.000 firmas en 2001. En A tornallom tiene una presencia destacada, además, la luchadora y vecina de La Punta Carmen González, fallecida en septiembre de 2020.
Otro audiovisual, realizado por la Comissió Ciutat-Port, anunciaba en las redes sociales la jornada contra la ZAL; “el desarrollo urbanístico de la zona logística se ejecutó de manera ilegal, como ya demostraron tres veces los tribunales”, recuerda en el corto la presidenta de la Associació La Unificadora de La Punta, Mireia Vidal (una sentencia del TSJCV de 2013; y otras dos del Tribunal Supremo, de 2009 y 2015).
Además “fueron desahuciadas 147 familias de la pedanía, muchas de ellas trabajaban en la huerta”, agrega la activista vecinal.
¿En qué contexto se convocó la movilización popular del pasado 16 de junio? Se trataba de conmemorar los 28 años de la resistencia contra la ZAL, en la que desempeñaron un rol central las mujeres de La Punta (en 1994 la Autoridad Portuaria de Valencia, el Ministerio de Fomento, con el Gobierno del PSOE; y la Generalitat Valenciana, controlada por el PSPV-PSOE, firmaron un convenio para el desarrollo de la macrozona logística mediante un Plan Especial).
Otro factor importante es la sentencia reciente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), del pasado 31 de marzo, que anulaba el Plan Especial de urbanización de la ZAL. De este modo, el TSJCV estimaba el recurso de la Asociación de Vecinos de La Punta La Unificadora contra el Plan Especial, aprobado por la Conselleria de Vertebración del Territorio en 2018.
Los movimientos sociales celebraron la sentencia del TSJCV como una “victoria ciudadana”; de hecho, “es el momento de paralizar la ZAL; cuesta lo mismo revertirla que continuar con la urbanización; tendría que crearse un espacio verde que conectara el cauce del (río) Túria con el Parc Natural de L’Albufera”, afirmó el portavoz de Per L’Horta, Josep Gavaldà.
Pero el proceso no ha concluido. La Generalitat ha interpuesto –a mediados de junio- un recurso ante el Tribunal Supremo contra la sentencia anulatoria del Plan Especial. Frente al recurso de la Generalitat, los movimientos sociales que organizaron el acto en la Plaza de Manises criticaron la “decisión política, no técnica” del ejecutivo autonómico; e instaron –en concreto al PSPV-PSOE- a abandonar la vía judicial y “desistir” de la ZAL”.
Se da la circunstancia que Compromís y Unidas Podemos –integrantes del tripartito progresista que gobierna en el País Valenciano- también rechazan el recurso ante el Tribunal Supremo, interpuesto por la Abogacía de la Generalitat y defendido por el tercer socio de la coalición, el PSPV-PSOE.
Por otra parte, en un comunicado del 15 de junio, la Asociación de Vecinos La Unificadora de La Punta criticó unas declaraciones de la vicealcaldesa de Valencia, Sandra Goméz, del PSPV-PSOE, en las que se abogaba por la compra a VPI Logística (empresa estatal encargada de desarrollar la ZAL) de los terrenos para el proyecto portuario; el objetivo del Ayuntamiento sería, según la dirigente socialista, “recalificarlos como parque urbano”.
El colectivo vecinal, que pidió la dimisión de Sandra Gómez, subrayó que no ha negociado, “ni siquiera ha sido llamado a negociar, nada que tenga que ver con los terrenos afectados por la sentencia (del TSJCV)”; asimismo, “es por completo incierto que la anulación del Plan Especial de la ZAL pueda llevar a los expropiados a tener que devolver las sumas que se les han pagado”.
¿A qué obedecen, en consecuencia, las palabras de la también concejal de Desarrollo y Renovación Urbana? “No sólo son incorrectas, sino que son tendenciosas y obedecen a un intento inaceptable de amedrentar a los afectados”, valora la asociación La Unificadora de La Punta.
Una perspectiva diferente a la de la vicealcaldesa es la de las organizaciones sociales. En la 33 edición de la Fira Alternativa de Valencia, celebrada entre el 10 y el 12 de junio, activistas de Per L’Horta repartieron un díptico con dos imágenes sobre la gran expansión del Puerto de Valencia, entre 1956 y 2022. El díptico incluía una cronología de la ZAL, que supuso la destrucción de 70 hectáreas de huerta en La Punta.
En 2002-2003, según la hoja informativa, “entraron las máquinas con apoyo policial y arrasaron la huerta en plena producción (…). Cerca de un centenar de vecinos/as que se negaron a vender fueron expropiados y expulsados. Junto a ellos, decenas de jóvenes okupan las casas expropiadas respaldando a los vecinos. Hubo heridos y detenidos en las cargas policiales”.
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