España y la Autoridad Palestina acaban de firmar, el 25 de junio, un nuevo Marco de Asociación País, España con Palestina, para el periodo 2020-2024. Lo hicieron la ministra de Asuntos Exteriores de España, Arancha González y el ministro de Exteriores de la Autoridad Palestina, Riad Al Malki.
Contemporáneamente, hubo una visita virtual a los Territorios Palestinos de la secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Ángeles Moreno, durante los días 22 al 26 de junio, donde estuvo conociendo la realidad de la cooperación española, la situación de los refugiados y la gravedad de la ocupación israelí en los territorios palestinos.
El Marco País recoge las directrices de la cooperación española con la Autoridad Palestina y se le destina un importe de 100 millones de euros.
Parecería, en vísperas de las amenazas israelíes de anexión de un tercio del territorio de Cisjordania, bendecido por las autoridades estadounidenses, que esa aportación material, los 100 millones de euros, es un buen gesto de la política española y acorde a la oposición al plan israelí. En el propio documento Marco de Asociación se insiste en la perseverancia de la cooperación española por lograr un Estado Palestino soberano, independiente, sostenible económicamente y respetuoso con los derechos humanos.
Estoy seguro que otros acuerdos de cooperación de otros estados europeos y la propia UE dicen lo mismo.
Pero, a partir de ahí, la literatura de las 54 páginas en su versión inglesa se pierde en denominar a lo que está ocurriendo en Palestina, ‘conflicto’, elude, aunque lo nombra, el significado de ‘ocupación’ y quién es el responsable de la misma, la potencia israelí. Desgrana muchos indicadores que valen para cualquier país no desarrollado y objetivos a alcanzar,… si no existiera la potencia ocupante, Israel, que puede hacer y deshacer a su antojo. Sí, hemos escrito a su antojo, a su arbitrariedad. No porque haya habido un tsunami en Gaza y permanezcan miles de edificios destruidos. Los agricultores palestinos con un agua limitada y cara –con respecto a los colonos que ocupan sus tierras- no pueden acceder al mercado de Jerusalén para vender sus productos, ni los gazatíes vender las naranjas o flores a Europa. Pero, el documento habla del objetivo de incrementar sus ventas al exterior, sin contar con el mercado israelí, pero no menciona que ni siquiera esos agricultores pueden vender en la tierra palestina de las fronteras de 1967,…
Este plan, siguiendo otros anteriores, se supone que es un instrumento para apoyar el proceso de paz en Oriente Medio. Derivan de los Acuerdos de Oslo, la creación de la Autoridad Palestina y el supuesto de que Israel iba a dejar de ser la potencia ocupante, se iba a resolver la situación del colectivo de refugiados más numeroso del mundo, los refugiados palestinos y que los recursos naturales palestinos, el agua o el gas que se encuentra enfrente de la costa de la palestina Gaza socorrería la economía palestina. Se podría admitir, aunque la sinceridad de los dirigentes sionistas no ha sido nunca la de un socio, que los acuerdos iniciales estaban insertados en el compromiso de lograr una “solución justa y pacífica al conflicto conforme al Derecho Internacional, así como con la creación de un Estado Palestino soberano e independiente, con unas fronteras reconocidas, que conviva en paz y seguridad junto a Israel, conforme a las Resoluciones de las Naciones Unidas,…”
Hasta ahí la literatura.
La cuestión es si el Plan(es) es coherente con la realidad y con la voluntad política expresada.
La potencia ocupante, con y sin los acuerdos de Oslo, ha construido viviendas para sus colonos, desplazando su población a los Territorios Ocupados. Desde 2015, año de comienzo del anterior Marco País hasta hoy, el ejército israelí ha destruido 3.475 estructuras habitacionales en los Territorios Ocupados, con 4.762 personas desplazadas, según datos aportados por la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA). La expropiación de tierras, el amurallado de poblaciones palestinas, algunas con solo permiso de entrada o salida al albur del destacamento militar, esquilmar el agua y judeizar Jerusalén,… se ha hecho todos estos años a la vista de cualquier observador, incluyendo los del Gobierno español como rebelan los informes de su consulado en Jerusalén.
Entonces, ¿hacemos un sexto Plan de Asociación como si nada? ¿Y después un séptimo con lo que quede de una coordinadora de bantustanes palestinos? Podemos constatar que “el crecimiento de la economía palestina está totalmente condicionado a la falta de soberanía sobre el territorio y sus recursos naturales y es altamente dependiente de la ayuda internacional” sin reflejar que esto ocurre debido a la voluntad de la potencia ocupante y –como hace nuestro gobierno y los otros gobiernos europeos- no querer sacar la consecuencia de que si no se hace nada para impedir la arbitrariedad de la potencia ocupante nunca habrá oportunidad para una vida digna para los palestinos. Así, España, junto con los restantes países europeos, en la víspera de una anexión israelí, el 17 de junio, se abstuvo (y otros países europeos en contra) de poner algún tipo de sanción a Israel en la última votación en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (https://www.un.org/unispal/wp-content/uploads/2020/06/AHRC42L36REV1.pdf).
Los 100 millones de euros que se da a los palestinos, ¿es el precio de no querer ser coherentes, eludir que hay una ocupación, que ésta se realiza por la potencia israelí y que somos cómplices de la misma porque dejamos hacer y no nos enfrentamos a la misma?
La ocupación existe, se profundiza, se participa en ella, como hace la empresa española ferroviaria CAF que se lucra al servicio de la potencia ocupante israelí haciendo un tranvia entre colonias sionistas y que RENFE no la inhabilita para sus concursos. Se apoya cuando se deja que los productos y servicios de las colonias se puedan vender en nuestro país, como los productos de cosméticos Ahava o las botellas de agua Edén; se fomenta cuando Booking, TridAdvisor, Expedia, eDreams, y las 112 empresas numeradas por las Naciones Unidas pueden ofertar en nuestro país (y en los demás) sus productos; somos cómplices cuando compramos productos probados en las matanzas de palestinos como los drones israelíes o se comparten maniobras militares; y colaboradores con la misma cuando tenemos unas relaciones preferentes con la potencia ocupante, haga lo que haga.
Son bienvenidos esos 100 millones. Serían más bienvenidos si se tomasen medidas concretas, que supusieran un coste para la potencia ocupante, que supusieran una condicionalidad para parar su arbitrariedad y se respetase el derecho internacional. Lo otro, dar 100 millones sin más, es pretender lavar la complicidad y regalar impunidad. El gobierno engaña y nosotros, sin pedir cuentas, dejamos creer que somos engañados, cuando sólo compartimos el cinismo y pagamos 100 millones de mentiras.
*Santiago González Vallejo es economista y cofundador del Comité de Solidaridad con la Causa Árabe.
Publicado originalmente en Rumbo a Gaza