El Juzgado de Instrucción nº 3 de Madrid ha citado a declarar en condición de investigados (imputados) mañana, día 26 de mayo, a dos altos cargos en 2020, los doctores D. Carlos Mur y D. Francisco Javier Martinez Peromingo por un posible delito de denegación de asistencia sanitaria por trato discriminatorio recogido en el artículo 511 del Código Penal.
Esta citación se realiza tras la denuncia que las organizaciones ‘Marea de Residencias‘ y ‘7291 Verdad y Justicia‘ presentaron en octubre de 2024 en representación de familiares de 115 mayores fallecidos en residencias, y en la que además de los altos cargos ahora citados pedía se investigase el papel desempeñado por el Dr. Antonio Burgueño, que parece también acudirá como investigado, así como los geriatras de enlace de los hospitales públicos madrileños.
Conviene recordar que el Dr. Carlos Mur en los meses de marzo y abril de 2020 cuando la pandemia irrumpió brutalmente en nuestro país, era director General de Coordinación Sociosanitaria, fue quien firmó los protocolos que impidieron que los mayores fuesen trasladados a los hospitales para recibir la atención sanitaria que necesitaban y que no podían tenerla en las residencias, porque éstas no tenían prácticamente ningún medio y nunca fueron medicalizadas.
El Dr. Martínez Peromingo formaba parte del equipo sanitario de la Consejería, sustituyó en mayo de 2020 al Dr. Mur como Director General y como geriatra coordinaba el equipo de 22 geriatras de enlace que decidían siguiendo lo plasmado en esos protocolos qué residentes podían ser trasladados a un hospital; lo cierto es que en los meses de marzo y abril la aplicación de esos protocolos de exclusión tuvo como consecuencia que prácticamente no hubiese derivaciones a hospitales salvo para los mayores que tuviesen un seguro privado; en la elaboración de esos protocolos el Dr. Martínez Peromingo parece tuvo un papel preponderante.
El hecho incuestionable es que 7.291 residentes no recibieron la asistencia sanitaria que necesitaban, fueron abandonados a su suerte y fallecieron en condiciones sobrecogedoras, todo ello como consecuencia de la aplicación de esos protocolos de la vergüenza que en realidad suponían un tríaje a distancia y colectivo de exclusión, que no se basaban en criterios de la situación clínica individual de los residentes sino que discriminaban y excluían de las derivaciones a los hospitales por edad, discapacidad e incluso por no tener un seguro privado. Unos protocolos que como profesional de la medicina no puedo compartir y que considero éticamente inaceptables.
En mi opinión no caben excusas, en aquellas fechas y a pesar de la enorme virulencia de la pandemia no estábamos en una situación equiparable a una guerra como algunos intentaron transmitir, los centros sanitarios públicos y privados estaban intactos, los profesionales sanitarios y el conjunto de trabajadores del sector estaban operativos y estaban dispuestos como así lo demostraron a hacer todos los esfuerzos, había recursos privados que no se utilizaron y fueron las decisiones políticas tomadas por los responsables sanitarios del Gobierno de Díaz Ayuso las determinantes de lo ocurrido en las residencias de Mayores de la Comunidad de Madrid. Unas decisiones que en mi opinión fueron irresponsables y negligentes, cuyas trágicas consecuencias fueron los 7291 residentes fallecidos sin haber recibido la prestación de asistencia sanitaria a que tenían derecho.
Los familiares de los residentes fallecidos han presentado desde aquellas fechas un buen número de denuncias ante la Fiscalía que mayoritariamente fueron archivadas, en mi opinión de manera precipitada y sin investigar suficientemente los hechos que habían ocurrido y sin escuchar a los familiares; éstos no han cejado nunca en su lucha para que se investigue por parte de los tribunales lo ocurrido en aquellos trágicos meses de pandemia en las residencias de mayores de la Comunidad de Madrid y que en mi opinión se debieron a decisiones políticas del Gobierno presidido por la Sra. Ayuso y que reitero considero irresponsables y negligentes y que pudieron conllevar vulneración de derechos de los residentes fallecidos.
He manifestado también en anteriores columnas que lo ocurrido en las residencias de mayores en Madrid fue de tal gravedad que en un Estado de Derecho, como lo es España, no puede permitirse dejar de investigar en profundidad y hasta las últimas consecuencias lo que ocurrió.
Es absolutamente necesario investigar y determinar cuestiones importantes, y en consecuencia cabe preguntarse:
¿Dónde y por quién surgió la idea de elaborar esos protocolos?
¿A qué responsables políticos remitió el Dr. Mur los protocolos una vez redactados? ¿recibió por escrito o verbalmente el visto bueno para su aplicación, y de qué responsable político si ello se produjo?
¿Qué responsable político ordenó no derivar al hospital de campaña instalado en Ifema a los residentes que necesitaban asistencia sanitaria (sólo se derivaron 23)?
¿La aplicación de los protocolos y en consecuencia, la prohibición de las derivaciones a los hospitales fue tomada a nivel de la Dirección General que ostentaba el Dr. Carlos Mur sin recibir el visto bueno de un responsable de mayor rango?
¿Cuándo y por quién se decidió no medicalizar las residencias de mayores?
Lo cierto es que lo ocurrido en las residencias de mayores de Madrid significó entonces y sigue significando hoy el hecho más trágico en materia sanitaria ocurrido hasta ahora en nuestro país y la citación en calidad de investigados(imputados) de los doctores Mur y Martínez Peromingo abre un camino para que se conozca toda la verdad. En este punto conviene aclarar para evitar cualquier tergiversación, que la citación a estos altos cargos sanitarios durante la pandemia en condición de investigados la determina un juez, en este caso el del Juzgado de instrucción nº 3 de Madrid.
Como ciudadano que cree en el Estado de Derecho y por tanto en la Justicia, estoy seguro de que las denuncias que aún están activas o puedan reabrirse encontrarán jueces que sigan la senda iniciada por el juzgado de Instrucción nº 3 de Madrid.
Lo exige la dignidad vulnerada de los residentes fallecidos sin recibir la asistencia a qué tenían derecho, lo exige la lucha y el enorme sufrimiento de sus familiares y lo exige una ciudadanía que no está dispuesta a que los responsables de lo ocurrido no rindan cuentas ante la Justicia. Así sea.