Traducido del inglés para Rebelión por J. M.
Dos resoluciones aprobadas por el Parlamento francés y el Congreso de los Estados Unidos la semana pasada tienen implicaciones preocupantes para los palestinos y sus aliados.
Fuerzas de seguridad israelíes toman posición para proteger a los visitantes judíos mientras visitan un sitio religioso judío en la ciudad cisjordana de Hebrón, el 3 de noviembre de 2018. (Wisam Hashlamoun / Flash90)
Una orden ejecutiva firmada por el presidente de los Estados Unidos Donald Trump, el miércoles, que permite efectivamente que el activismo palestino sea considerado discriminatorio hacia los judíos en virtud de la Ley de Derechos Civiles, alarmó a muchos observadores por su potencial para amenazar la libertad de expresión en Israel. Sin embargo, la orden es solo el último desarrollo legal de este mes que amenaza los derechos de los palestinos y sus aliados en el extranjero.
La Asamblea Nacional, la cámara baja del Parlamento de Francia, acordó el 3 de diciembre (por 154 votos contra 72) adoptar la definición de trabajo de antisemitismo presentada por la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA). Tres días después, la Cámara de Representantes de los EE.UU. aprobó el proyecto de ley HR 326 (226 votos a favor, 188 en contra, 2 presentes), que se compromete a promover la solución de dos estados y revivir los esfuerzos de paz dirigidos por los Estados Unidos en la región.
Las dos resoluciones, que a primera vista parecen no estar relacionadas, aparentemente tienen buenas intenciones. Con el fuerte aumento de los ataques antisemitas en Francia y en toda Europa, la Asamblea Nacional ha recurrido a la definición de IHRA para ayudar a institucionalizar su lucha contra el racismo hacia los judíos. En Washington, los representantes del Congreso esperaban compensar el respaldo abierto de la Administración de Trump a las políticas de colonos de Israel al volver a centrar lo que consideran una solución más justa para el conflicto.
Sin embargo, ambos proyectos de ley son motivo de grave preocupación. Desde su lanzamiento en 2016, la definición de IHRA ha sido muy criticada por incluir varias críticas a Israel como ejemplos de actos antisemitas (seis de sus 11 ejemplos se refieren explícitamente a Israel). La Asamblea Nacional incluso enfatizó en su resolución de que «criticar la existencia misma de Israel como un colectivo de ciudadanos judíos es equivalente al odio a la comunidad judía en su conjunto… Tales abusos hacen que cada vez más el antisionismo sea una de las formas contemporáneas de antisemitismo». Funcionarios israelíes, incluido el ministro de Asuntos Estratégicos Gilad Erdan y el jefe de Blue and White Benny Gantz, alabaron la decisión.
La resolución insiste en que esta posición no inhibe el derecho a criticar las políticas del Gobierno israelí, pero eso es precisamente lo que hace. Representa al Estado israelí y a la diáspora judía como una unidad homogénea, infiriendo que cualquier crítica a la primera debe ser vista ante todo con sospecha, si no con hostilidad. Considera al sionismo como el único marco legítimo para el ejercicio de la autodeterminación judía, sin tener en cuenta las opiniones divergentes de israelíes antisionistas y de los judíos no sionistas en todo el mundo. Y descarta el derecho de los palestinos, aquellos que son ciudadanos de Israel, para empezar a preguntarse por qué el Estado debería privilegiar a los ciudadanos judíos en lugar de garantizar la igualdad de derechos para todos.
La resolución HR326, mientras tanto, refleja el sesgo clásico incrustado en la política estadounidense hacia la región. Por ejemplo, uno de sus preámbulos afirma que «durante más de 20 años, los presidentes de los Estados Unidos de ambos partidos políticos y los primeros ministros israelíes han apoyado llegar a una solución de dos estados» (énfasis mío). El Congreso no solo ignoró deliberadamente que Netanyahu, el líder de Israel durante la última década, hizo todo lo posible para frustrar un Estado palestino, sino que ni siquiera se molestó en mencionar a la Autoridad Palestina, el único actor que realmente trabajó para que ese Estado sea reconocido -aunque de manera imprudente e inútil- como socio en el proyecto.
La representante Rashida Tlaib pronunció un discurso en la Cámara el 6 de diciembre de 2019. (Instantánea del video de C-SPAN publicado en la cuenta de Facebook de la representante Tlaib)
Por otra parte, a pesar de prestar atención a la autodeterminación palestina, la mitad de los preámbulos de la resolución se gastaron regurgitando el apoyo «inquebrantable» de los Estados Unidos a Israel (sin mencionar la palabra «ocupación» una sola vez). Una enmienda tardía al texto incluso reiteró los «compromisos irrefutables» de Estados Unidos con el Memorando de Entendimiento de 2016, firmado por el presidente Obama, que otorga a Israel 3.800 millones de dólares en fondos militares por año desde 2019 hasta 2028. La línea fue una respuesta clara al creciente debate dentro del partido demócrata en torno a condicionar los fondos a Israel: en lugar de cuestionar su complicidad en el statu quo, la Cámara afirmó que lo mantendrían.
Si bien estas resoluciones aún no tienen un peso político sustancial, sí tienen implicaciones muy preocupantes para el activismo de los derechos de los palestinos.
Primero, aseguran a Israel que sus aliados extranjeros no actuarán para evitar sus ambiciones anexionistas o su empeoramiento de la opresión de los palestinos, en todo caso protegerán firmemente la impunidad de Israel. La resolución francesa hace esto socavando la oposición a las políticas de Israel y descartando cualquier crítica a los fundamentos ideológicos de Israel, ya que está motivada por la malevolencia en lugar de los derechos humanos. La resolución estadounidense también ayuda a Israel al mantener a los legisladores ajenos a las realidades en el terreno, preservando el mito de que la solución de dos estados aún es viable y que los líderes israelíes están interesados en lograrla.
En segundo lugar, las resoluciones transmiten un mensaje escalofriante de que, en lo que respecta los Gobiernos francés y estadounidense, los palestinos no tienen derecho a la acción política como personas que luchan por la justicia y los derechos humanos. La primera resolución esencialmente etiqueta a los palestinos como inherentemente antisemitas por atreverse a reclamar por los daños devastadores que el sionismo les ha causado. La segunda resolución, que retrata descaradamente a Estados Unidos e Israel como socios en el mismo lado de la mesa de negociaciones, trata a los palestinos simplemente como la «otra» parte a tratar, en lugar de como una nación que merece libertad y respeto.
Tomadas en conjunto, las dos resoluciones ilustran la medida en que Israel está tratando de despojar a los palestinos de su humanidad a los ojos de los gobiernos extranjeros y lamentablemente esos gobiernos parecen felices de ampliar esta agenda en nombre de Israel. La nueva orden ejecutiva de Trump, la última en una creciente ola de medidas anti-BDS y antipalestinas en todo el mundo, presagia más de estos movimientos peligrosos por venir.
Y sin embargo, incluso ante estos terribles ataques, todavía hay resistencia. Una carta pública al Parlamento francés firmada por 129 académicos judíos e israelíes rechazó su asimilación de antisionismo con antisemitismo. La congresista Rashida Tlaib, unida al resto del «Escuadrón» en oposición a HR 326, pronunció un discurso conmovedor en la Cámara mientras vestía una keffiyah, la tradicional bufanda palestina. Una nueva plataforma política, «La libertad es el futuro», está reuniendo las voces palestinas en el período previo a las elecciones de 2020. Las presiones desde arriba pueden intensificarse, pero también lo está la lucha desde abajo.
Amjad Iraqi es editor y escritor en la revista +972. También es analista de políticas en Al-Shabaka y anteriormente fue coordinador de defensa en Adalah. Es ciudadano palestino de Israel, actualmente radicado en Haifa.
Fuente: https://www.972mag.com/palestinian-rights-zionism-antisemitism/
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