[El 20 de mayo de 2018, Kenan Malik escribía en The Guardian: «Cuando en setiembre de 2017 dí una conferencia en Estambul, […] hablé del populismo y de la inmigración. En la sala había estudiantes de todas las tendencias políticas: partidarios del partido en el poder (AKP-Justicia y Desarrollo), críticos, liberales y social-demócratas, nacionalistas turcos, […]
[El 20 de mayo de 2018, Kenan Malik escribía en The Guardian: «Cuando en setiembre de 2017 dí una conferencia en Estambul, […] hablé del populismo y de la inmigración. En la sala había estudiantes de todas las tendencias políticas: partidarios del partido en el poder (AKP-Justicia y Desarrollo), críticos, liberales y social-demócratas, nacionalistas turcos, kurdos y armenios. Tenían puntos de vista profundamente divergentes, pero todos estaban comprometidos en un diálogo abierto.
El seminario fue organizado por la Escuela Europea de Política, una idea de Osman Kavala. Kavala es una de las figuras intelectuales y culturales más importantes en Turquía. Dos meses después del encuentro de Estambul fue detenido.
Ayer (mayo de 2018) habría llegado a los 200 días de detención. Todavía no se ha formulada ninguna acusación. En cualquier caso, la prensa e incluso el parlamento han insinuado que es un enemigo de Turquía, que tiene relaciones con grupos terroristas y que estuvo implicado en el intento de golpe de Estado de 2016. Estas insinuaciones son absurdas. Son también un mal augurio. Erdogan terminó la visita de Estado al Reino Unido [entrevista con Theresa May sobre Europa y la situación militar en la frontera siria] calificando a los periodistas presos como «terroristas».
Osman Kavala ha jugado un papel de primer orden en la defensa de los derechos y de las libertades de todos y todas en Turquía, incluyendo a kurdos y armenios, y en reunir personas de diferentes puntos de vista políticos para discutir sobre sus diferencias en el debate civil. Ha financiado una serie de proyectos destinados a asentar la confianza entre Turquía y Armenia. Es presidente de Anadolu Kültür, una organización de promoción del pluralismo cultural en Turquía, cuyo objetivo es «construir puentes entre los diferentes grupos étnicos, religiosos y regionales compartiendo la cultura y las artes».
En setiembre de 2017, fuimos a cenar con amigos a su restaurante preferido de pescado en Estambul. Todos estaban preocupados por el deterioro de la situación política en el país, pero Kavala no estaba inquieto por él mismo. «Dudo que se interesen por mí», dijo.
Kavala es un hombre de red y un conciliador, no un polemista o un personaje de confrontación; alguien que reúne discretamente a gente para discutir y debatir y ve en este proceso las premisas de una sociedad mejor. Su detención es una señal de que el Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, tras haber purgado al ejército, vaciado el aparato judicial, desmantelada la función pública y depurado el mundo universitario, desvía ahora su atención hacia la sociedad civil; una señal de que estimular el diálogo abierto será considerado en adelante como una amenaza.
El miedo y la autocensura son como el humo. Penetra por todas partes y se espesa cada vez mas. Hasta que ya no podemos respirar.
«El grado de represión en Turquía desde que Erdogan impuso el estado de excepción tras el fracaso del golpe de Estado de julio de 2016 ha sido extraordinario. Se estima en más de 150.000 las personas despedidas, de las cuales cerca de 6.000 universitarios y unos 4.500 jueces y procuradores. Hasta 137.000 personas han sido detenidas. Unos 200 medios de comunicación han sido cerrados y 100.000 páginas web bloqueadas. Casi una tercera parte de los periodistas presos en el mundo se encuentran en Turquía.»
Lo escribía Kenan Malik, unos meses después de la publicación del artículo de Ahmet Imsel, de diciembre de 2017, que reproducimos a continuación. Esta tendencia no ha hecho sino reforzarse durante el segundo semestre de 2018. Y se va a acentuar en 2019, porque el régimen del AKP entra en una nueva fase de guerra frente a los kurdos en Turquía y sobre todo en Siria donde los YPG (Unidades de Protección del Pueblo), la rama armada del PYD (Partido de la Unión Democrática), reivindican y luchan por «la autodeterminación del Kurdistan sirio». El PYD está políticamente vinculado al PKK cuyo principal líder político, Abdullah Öcalan, está preso desde 1999 -tras haber sido secuestrado gracias a diversos servicios secretos que colaboraron con los turcos- y condenado a prisión perpetua en la isla de Imrali donde se ha construido una auténtica fortaleza.
Además, el régimen de Recep Tayyip Erdogan debe asegurar su hegemonía electoral en las municipales de marzo de 2019 y negociar «su aventura militar» en Siria tanto con Putin y los enviados de Trump (Mike Pompeo, entre otros) como con el staff de la OTAN. En cuanto a los países de la UE -que financian la «vigilancia de la inmovilidad de centenares de miles de refugiados sirios» hiper-explotados como mano de obra barata- cultivan el silencio, ya que Turquía sigue siendo un elemento clave del más que precario dispositivo de «estabilización» regional y un mercado para la industria de armas alemana y francesa. En cuanto a los YPG y al PYD, cogidos en tenaza, hay una gran presión para negociar una autonomía relativa con un Bachar el-Assad renacido de sus cenizas. Hay precedentes históricos que avalan esta posibilidad, ya iniciada en forma de relaciones previas, lo que no hará más que tensar las relaciones con la diáspora siria y lo que queda de las fuerzas surgidas del levantamiento de 2011. Lo que se ha traducido ya en diversas ciudades de Siria controladas parcialmente por la rama armada del PYD en sus relaciones con las «comunidades árabes». Redacción de A l’Encontre)]
El fallido putsch de julio de 2016 proporcionó al poder turco la ocasión para un gigantesco contra-golpe de Estado. ¿Conseguirá el régimen de Tayyip Erdogan, que quiere meter en cintura a amplios sectores de la sociedad civil, ganar su guerra cultural contra la universidad?
Turquía vive desde hace más de un año bajo un régimen de estado de excepción. El golpe de Estado militar del 15 de julio de 2016 fracasó, probablemente por las filtraciones provenientes del campo de los golpistas o de otras fuentes. La noche del 15 al 16 de julio, hubo algunos choques sangrientos entre los golpistas y las fuerzas leales al gobierno, bombardeos y manifestaciones pro-gubernamentales que costaron en total la vida a 249 personas. El golpe fracasó, probablemente por la retirada a última hora de una parte de los oficiales de esta funesta iniciativa. Tras el aplastamiento del intento golpista, el poder puso rápidamente en marcha un contra-golpe de Estado. Este régimen de excepción continúa castigando sin descanso desde hace más de un año y seguramente se mantendrá en vigor hasta las elecciones presidenciales y legislativas previstas para finales de 2019.
Aunque el rumbo autoritario del Jefe del Estado y de su partido (el AKP, Partido de la Justicia y del Desarrollo, del que Tayyip Erdogan volvió a ser presidente en mayo de 2017), en el poder desde hace 15 años, se ha acelerado tras el intento de putsch, es continuidad del característico autoritarismo de la República de Turquía. También viene facilitado por el carácter autoritario de las instituciones legadas por los autores del golpe de Estado de 1980 y por las profundas inclinaciones autoritarias, xenófobas y violentas de algunas partes de la sociedad turca contemporánea. El poder total de Tayyip Erdogan se ha consolidado estos últimos años porque las políticas autoritarias y conservadoras del gobierno respondían a aspiraciones similares en la sociedad. El autoritarismo reinante en Turquía no es sólo populista, sino también en parte popular y se sitúa en una guerra cultural que perdura desde hace más de un siglo. Hoy día, este autoritarismo islámico-nacionalista intenta reproducir su hegemonía alimentando un odio a las élites y a los intelectuales, en particular de los universitarios, periodistas, escritores y artistas laicos, occidentalistas, demócratas o simplemente de izquierda.
Un estado de excepción para aplastar a la oposición y a la sociedad civil
El estado de excepción decretado cuatro días después del intento de golpe de Estado permitió al poder suspender el estado de derecho y las libertades fundamentales mucho más allá de lo que podía estar justificado por la necesidad de reprimir a los golpistas y a sus apoyos. Como dijo el propio Presidente de la República algunas horas después del fracaso de este intento para derribarlo, el golpe de Estado se transformó en «una gracia de Dios» para el partido en el poder y en particular para él. Desde su elección como Presidente de la República en agosto de 2014, Tayyip Erdogan manifestó su voluntad de instaurar un régimen hiper-presidencialista, pero no encontró una adhesión entusiasta a su proyecto en la sociedad, ni siquiera en las filas de su propio partido. Con el estado de excepción, ha conseguido la proeza de organizar un referéndum para modificar la constitución en este sentido y ha podido arrancar una muy débil mayoría de «sí» para un «sistema de gobierno de la Presidencia de la República», según la expresión inventada para la ocasión.
Las irregularidades detectadas durante el escrutinio de las papeletas de voto la noche del referéndum arrojan un velo de sombre sobre el resultado, pero Tayyip Erdogan es ya Jefe de Estado, jefe del partido mayoritario, y dispone de todos los poderes para nombrar a los miembros de la alta jerarquía judicial. El principio de separación de poderes ha desaparecido de facto antes incluso de entrar en vigor las disposiciones del régimen hiper-presidencialista en 2019. Para quien concentra en sus manos todos los poderes, el principio de su separación no sería más que un instrumento de «la oligarquía burocrática» destinado a dificultar las acciones de quienes han sido elegidos al servicio del pueblo. En el discurso de Tayyip Erdogan y de sus partidarios en los medios de comunicación, se encuentran casi todos los temas de los populismos contemporáneos, sobre todo la afirmación de la relación directa entre el Jefe elegido y su pueblo, el primero encarnando al segundo, y la asimilación de todas las instituciones intermedias como obstáculos opuestos a la aplicación directa de la «voluntad del pueblo».
El estado de excepción ha permitido al Jefe del Estado realizar una depuración masiva y general de la función pública, continuar una amplia política represiva contra la sociedad civil prohibiendo asociaciones, fundaciones, periódicos, emisoras de radio y televisión, y amordazar a la oposición haciendo encarcelar a diputados (12 en octubre de 2017), alcaldes electos (más de 80), periodistas (más de 150), abogados (algo menos de 500) y militantes de derechos humanos. Quince meses después del abortado golpe de Estado, el balance de la represión es alucinante: 123.000 funcionarios despedidos, unas 90.000 personas arrestadas, de la cuales 47.000 siguen presas, 17 universidades y más de 1.000 escuelas y cursos preparatorios cerrados, más de 1.000 asociaciones y fundaciones disueltas, etc. La depuración afecta también a periódicos, revistas, cadenas de televisión y radios, casas editoras, empresas comerciales. El patrimonio de las personas jurídicas prohibidas o disueltas ha sido confiscado en beneficio del Tesoro Público y de la Dirección de Fundaciones, o transferido a un organismo público especializado en la liquidación de las empresas en dificultades. El poder justifica esta represión masiva a diestro y siniestro en nombre de la necesidad de luchar contra el «terror». Esta palabra engloba hoy día las acciones de organizaciones que recurren efectivamente a la violencia extrema, pero también las manifestaciones totalmente pacíficas que contestan las políticas gubernamentales o muestran desconfianza hacia el Jefe del Estado. Todas las personas y organizaciones atacadas por esta violencia depuradora son acusadas de ser miembros de una organización terrorista armada o de trabajar en relación con dicha organización.
Tres grupos se han visto afectados por este amplio movimiento de purgas, despidos y cárcel. El más numeroso comprende a las personas perseguidas como miembros o simpatizantes de «la organización terrorista de Fethullah (FETÖ)», es decir de la hermandad Gülen. No sólo los golpistas, sino todos los que han trabajado en universidades, escuelas, periódicos, televisiones, fundaciones pertenecientes a las redes de esta poderosa y secreta hermandad, aliado cercano del AKP hasta 2012, son acusados de complicidad con esta organización terrorista. Este grupo constituye la mayor parte de las personas expulsadas de la administración y/o encarceladas después del 16 de julio de 2016. El segundo grupo está compuesto por militantes y electos de los movimientos políticos kurdos. Los diputados electos del partido HDP (Partido Democrático de los Pueblos), que dispone del tercer grupo parlamentario, son criticados por su supuesta relación con el PKK, organización comprometida en la lucha armada y clasificada como organización terrorista por Turquía, y también por la Unión Europea y Estados Unidos. El gobierno ha despojado de su mandato a los alcaldes elegidos de las tres cuartas partes de los 102 municipios dirigidos por el partido pro-kurdo, y ha nombrado en su lugar administradores, casi todos ellos subprefectos. La mayor parte de los alcaldes desposeídos están encarcelados, como también los electos de los consejos municipales, de los consejos generales y dirigentes locales de este partido. En este grupo hay también un importante número de periodistas y de asalariados de los órganos de prensa pro-kurdos, abogados y estudiantes cercanos al HDP.
Por último, el tercer grupo lo forman enseñantes, periodistas, sindicalistas o activistas pertenecientes a organizaciones no gubernamentales. Todos ellos están acusados de ser miembros de una organización terrorista armada o de hacer su apología. En algunos casos, se les reprocha incluso difundir propaganda de «varias organizaciones terroristas» 1/. Basta con denunciar la violencia de las fuerzas del orden, las detenciones abusivas, las violaciones de derechos humanos, las acciones ilícitas de responsables políticos, para ser acusado de difundir propaganda de las organizaciones terroristas. Miembros del sindicato de enseñantes Egitim-Sen, periodistas que trabajan en diarios de oposición como Cumhuriyet, Birgün, Evrensel, Özgür Gündem, responsables de organizaciones humanitarias como Amnesty International, Helsinki Citizen Assembly y otras, están encarcelados por el mismo motivo: «tener relación con una organización terrorista aún sin ser miembro de ella». Un número importante de universitarios se encuentran en este último grupo por su pertenencia sindical o por sus posiciones públicas críticas contra las graves violaciones de derechos humanos cometidos por fuerzas del orden turcas.
El estado de excepción permite al poder suspender las reglas del estado de derecho. Así, las personas en situación de detención provisional sufren difíciles condiciones de encarcelación y el acceso de sus abogados a los procedimientos instructores está indebidamente restringido. Apoyándose en una interpretación abusiva del concepto de estado de excepción, el gobierno despide a los funcionarios indeseables por decreto, sin proceso, sin motivo público y sin posibilidad de recurrir. En este contexto, 374 universitarios de los 1.128 firmantes de la petición «¡No seremos cómplices de este crimen!», lanzado en enero de 2016, han sido expulsados de su puesto desde setiembre de 2016 y se les ha retenido su pasaporte. Bajo el estado de excepción, estas decisiones administrativas no pueden ser recurridas ante el tribunal administrativo. Los procesos individuales de los firmantes de esta petición comenzaron desde diciembre de 2017 ante varios tribunales penales, bajo el cargo de «propaganda a favor de una organización terrorista».
De la autonomía limitada de las universidades a su sumisión total
Aprovechando esta posibilidad de despedir sin restricciones en la administración pública y de reestructurar las instituciones por decreto-ley, el gobierno ha emprendido una remodelación de fondo del Estado y en primer lugar de la enseñanza superior. Una de las disposiciones adoptadas por el gobierno dentro del estado de excepción ha sido cerrar definitivamente la puerta a la elección de los rectores, y reafirmar su nombramiento directo por el Jefe de Estado.
Este sistema de nombramiento fue instaurado por la junta militar en 1982 para despolitizar las universidades. A comienzos de los años 1990, gracias a la movilización del mundo universitario, se había introducido el voto de los enseñantes-investigadores para preseleccionar a los candidatos a rectores. Este sistema dejaba sin embargo un amplio poder discrecional al presidente de la República, libre de nombrar a la persona de su gusto de la lista de preclasificación. A pesar de la permanente movilización de los universitarios y las múltiples promesas de los partidos de oposición antes de su llegada al poder, en las últimas tres décadas nunca se llegó a implantar un verdadero sistema de elección de rectores y decanos. De igual manera, nunca fue abolido el Consejo de Enseñanza Superior, creado por la junta militar en 1982 para poner a las universidades bajo la tutela de un organismo cuyos miembros son nombrados por el presidente de la República, habiéndose olvidado todos los partidos políticos, una vez llegados al poder, de su promesa de conceder la autonomía a las universidades. Hay que recordar también que el poderoso Consejo Nacional de Seguridad, que tenía la condición de un gobierno restringido en paridad con la jerarquía militar hasta mediados de los años 2000, se había opuesto sistemáticamente a aumentar la autonomía de las universidades, con el pretexto del riesgo de que se desarrollasen «influencias reaccionarias islamistas, separatistas y terroristas». El autoritarismo está muy arraigado en las instituciones turcas, incluidas las universidades, y su permanencia desde hace más de un siglo en Turquía explica también la facilidad con la que el poder conservador-nacionalista actual llega a imponer medidas exageradamente autoritarias sin encontrar dificultades ni resistencias masivas.
El autoritarismo del AKP se aceleró claramente tras los acontecimientos de Gezi de junio de 2013 2/ que suscitaron una inquietud real en la cumbre del Estado. Una protesta dirigida contra un proyecto de construcción de un hotel y de un centro comercial en el parque Gezi, junto a la plaza Taksim en Estambul, se transformó durante varias semanas en un movimiento general de protesta contra el rumbo autoritario y conservador del poder, que se extendió a todos los departamentos de Turquía, a excepción uno solo, Bayburt. En algunos departamentos de Anatolia central, este tipo de manifestación era un estreno en la historia social local. Esta difusión de la contestación a los rincones más perdidos de Turquía, con una participación preponderante de jóvenes, se explica en gran medida por la política de los sucesivos gobiernos AKP desde mediados de los años 2000, pretendiendo crear al menos una universidad por departamento 3/. Tras las protestas de Gezi, el gobierno sintió la necesidad de corregir los vicios del mundo universitario, y Tayyip Erdogan, Primer Ministro en esa época, comenzó a multiplicar los procesos contra centenares de estudiantes y de enseñantes por sus mensajes en las redes sociales, que consideraba injuriosos o difamatorios.
La ruptura, patente en diciembre de 2013, de la estrecha colaboración del gobierno AKP con la comunidad Gülen, tuvo también consecuencias en la política universitaria. Durante una década, los gobiernos AKP habían utilizado a los bien formados cuadros de la comunidad Gülen para tomar el control de las universidades y reprimir, sobre todo en las universidades de provincias, a los enseñantes que mostraban su simpatía por partidos de izquierda o estaban comprometidos en los sindicatos de oposición. En gran número de universidades de provincia, con el apoyo de la dirección del Consejo de Enseñanza Superior, enseñantes-investigadores apoyados por la comunidad Gülen habían tomado el control de los establecimientos desde mediados de los años 2000. El mismo proceso había permitido a la comunidad Gülen controlar el Centro de Investigación Científica de Turquía (TÜBITAK), apartar a los investigadores considerados no leales, demasiado laicos o de izquierda, y redirigir la financiación de los equipos de investigación hacia proyectos nacionalistas-conservadores. La ruptura de esta estrecha colaboración desde 2012-2013 abrió la vía, en los centros de enseñanza superior y de investigación, a la sustitución de algunos investigadores por miembros próximos de otras hermandades rivales y por personas próximas al partido de extrema derecha nacionalista MHP (Partido del Movimiento Nacionalista). Tras el 15 de julio de 2016 se transformó en una verdadera caza de brujas.
El AKP perdió la mayoría parlamentaria en las elecciones de junio de 2015. Pero el Presidente de la República pudo maniobrar para impedir la formación de un gobierno de coalición y provocar elecciones anticipadas, que tuvieron lugar en noviembre del mismo año, en un contexto de violencia y de represión agudizadas. La declaración «¡No seremos cómplices de este crimen!», firmado por 1128 universitarios y hecha pública el 11 de enero de 2016, protestaba contra este clima de violencia y sobre todo contra la sangrienta represión desencadenada en las provincias del Este contra los intentos de insurrección urbana atribuidos al PKK. La petición tuvo una respuesta verbal muy violenta por parte del gobierno y los medios de comunicación pro-gubernamentales. Sus firmantes fueron directamente atacados por el Presidente de la República, que les acusó de ser «traidores a la nación», «actores de un terror académico», y les calificó de «intelectuales de pacotilla». En solidaridad con sus colegas atacados, otros 1.000 universitarios firmaron la petición. Se abrió una investigación contra los firmantes por propaganda terrorista. Varios universitarios fueron arrestados, cuatro de ellos detenidos durante algunas semanas, y siguió una oleada de suspensiones y despidos a iniciativa de varios rectores. Las disposiciones excepcionales del estado de excepción decretado tras el intento de golpe de Estado de julio de 2016 aceleraron este movimiento de purga. Según datos de la asociación de Académicos por la Paz, que estaba en el origen de esta petición, 380 firmantes fueron destituidos por decreto-ley y 76 despedidos por los rectores; 25 firmantes tuvieron que dimitir y otros 21 obligados a jubilarse. Además, se abrieron expedientes disciplinarios contra 550 universitarios. En octubre de 2017, varios tribunales penales de Estambul enviaron convocatorias individuales de comparecencia por «crimen de propaganda terrorista» a un primer grupo de firmantes. Queriendo evitar la publicidad de un proceso que alcanzaría a más de mil personas, el poder parece haber optado por perseguir individualmente a cada firmante de la petición.
La reislamización del espacio público y de la enseñanza
Ya antes de las grandes purgas del contragolpe de Estado, el gobierno AKP había comenzado a reprimir las actividades de la comunidad Gülen, sobre todo las escuelas, cursos preparatorios y universidades pertenecientes a las redes controladas por esta hermandad. El 9 de junio de 2016, el Consejo de Enseñanza Superior había disuelto el consejo de administración de la fundación a la que pertenece la universidad-faro de la hermandad, la universidad Fatih, y había nombrado administradores judiciales. Tras el golpe de Estado fallido del 15 de julio, dentro de las medidas del estado de excepción, se cerraron 15 universidades pertenecientes a fundaciones de la hermandad y 2.800 enseñantes perdieron su empleo. Los estudiantes de estas universidades (65.000 en total) fueron matriculados de oficio en otros centros. Las purgas, iniciadas el 1 de setiembre de 2016, habían afectado en otoño de 2017 a 5.247 enseñantes-investigadores en 117 universidades. Becarios de investigación, profesores titulares y personal administrativo, en total 8.400 personas que trabajaban en las universidades, han perdido su empleo por decreto-ley, por la no-renovación de su contrato o por el cierre de su centro. Además, la situación de los 15.000 doctorandos-becarios de investigación se ha vuelto precaria 4/. En fin, por un decreto-ley promulgado el 25 de julio de 2017, el gobierno ha prohibido a los universitarios de Estambul, Ankara e Izmir cuya destitución había sido anulada por la comisión de recursos, reintegrarse a su puesto de origen o ejercer en los otros centros universitarios de estas tres ciudades. Al igual que con todos los funcionarios destituidos, por simple decisión administrativa se les ha retirado el pasaporte a los enseñantes despedidos y congelados sus derechos sociales. La anotación del motivo de su despido en su ficha de la seguridad social hace imposible su reclutamiento en la función pública, y muy difícil en el sector privado.
En noviembre de 2017, en víspera de la apertura de los procesos contra los firmantes de la petición por la paz, un diputado del partido en el poder subía la puja abierta por su jefe, declarando en el parlamento que «en ningún país se contentarían con encarcelar al universitario, al político, al periodista que ha firmado semejante petición, no se les reconocería ni el derecho a la vida».
La inmensa mayoría de las víctimas de estas depuraciones son sospechosos de estar relacionados con la hermandad Gülen y una parte de ellos han sido encarcelados bajo la acusación de «participación en el intento de golpe de Estado y pertenencia a la organización terrorista FETÖ». Un segundo conjunto de personas alcanzadas por estas depuraciones lo forman universitarios que el rector de su universidad desea alejar por razones políticas, sindicales, e incluso personales. En fin, un tercer grupo comprende a los universitarios firmantes de la citada petición de los Académicos por la Paz. En algunas universidades, el número de enseñantes despedidos representa más del 10% del personal. Como todos los funcionarios expulsados de la función pública o suspendidos, mientras esté en vigor el estado de excepción, los enseñantes depurados no tienen derecho a recurrir al tribunal administrativo para cuestionar estas decisiones. El Tribunal Constitucional turco así como el Tribunal Europeo de derechos humanos se niegan a aceptar su caso mientras la comisión de recursos ad hoc no se haya pronunciado. Once meses después de su creación, en noviembre de 2017, esta comisión no ha hecho público todavía ningún veredicto.
El gobierno aprovecha también el estado de excepción para acelerar su política conservadora en la enseñanza. La extensión del proyecto de reislamización del espacio público y de la enseñanza se ha traducido en primer lugar, desde 2012, en la imposición de lugares de oración en todos los centros universitarios a demanda (muchas veces teledirigida) de los estudiantes. Ha seguido con la multiplicación de actividades culturales de carácter religioso en la universidad. El gobierno se dedica mucho más abiertamente en adelante a la remodelación islámico-nacionalista de la enseñanza secundaria y superior. Esta recuperación conservadora se ha acompañado de la represión de todas las manifestaciones de simpatía o de apoyo al partido pro-kurdo HDP y el abandono progresivo de las actividades dirigidas a la integración en la Unión Europea dentro de los centros de enseñanza superior. Este hecho no es completamente nuevo. Las detenciones masivas contra el movimiento político kurdo en 2011 habían afectado también a universitarios y bachilleres. Se habían tramitado procesos contra estudiantes y enseñantes con el pretexto de su participación en las manifestaciones de Gezi. En su prolongación, las medidas represivas implantadas dentro del estado de excepción han destruido totalmente lo que quedaba en Turquía de las libertades académicas.
Esta represión masiva contra el mundo universitario forma parte de la política de represión a diestro y siniestro de periodistas, militantes de derechos humanos, electos, sindicalistas, abogados. Ha sido organizada por el poder político, pero aplicada por los dirigentes universitarios, a veces mucho más allá que los deseos del poder. La simbiosis entre el autoritarismo de un régimen que va tomando cada vez más un aspecto autocrático, y el autoritarismo «por abajo» que practican las instituciones desde hace décadas, explica la facilidad con la que el poder ha logrado continuar su política de depuración, sobre todo en el mundo universitario. Las prácticas autoritarias tradicionales han creado un terreno favorable para el dominio de lo arbitrario, que se extiende de manera difusa en cuanto la arbitrariedad del poder lo autoriza o le proporciona el pretexto. La represión que se abate sobre el mundo universitario está organizado en gran parte por dirigentes universitarios próximos al poder, aunque también por quienes actúan por miedo o por oportunismo. Además no son sólo los enseñantes quienes sufren esta represión, sino, mucho más, los estudiantes. A finales de 2016, según datos del Ministerio de Justicia -aunque estos datos parecen presentar incoherencias 5/-, 36.033 alumnos y estudiantes universitarios detenidos o condenados estaban encarcelados en Turquía, el 18 % del total de presos 6/.
Conclusión
Turquía vive desde hace más de un siglo una guerra cultural permanente entre modernizadores occidentalistas y conservadores islamistas, aunque ambos campos comparten en buena medida la misma ideología nacionalista y los mismos reflejos autoritarios. Uno de los principales retos de esta guerra es el control de la enseñanza en particular, y del mundo cultural en general. La rápida urbanización de la sociedad turca en el último cuarto del siglo XX ha generado nuevos conflictos sociales, pero también ha creado un terreno más favorable para la expresión de las aspiraciones democráticas. La lucha por la hegemonía cultural se ha exacerbado.
Habiendo tomado el control total del Estado tras 15 años de poder gubernamental sin compartir, el equipo dirigente del AKP expresa y alimenta hoy un resentimiento rencoroso hacia los intelectuales, artistas, periodistas, estudiantes, y las figuras de la sociedad civil comprometidas en la defensa de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. En su autoritaria huida hacia adelante, la coalición de islamistas y nacionalistas radicales la emprende contra todos aquellos que reivindican una solución pacífica del conflicto kurdo, denuncian las prácticas asimilables a un terror de Estado y expresan su deseo de ver a Turquía reencontrar la senda de la democratización para construir una sociedad pluricultural, respetuosa de las diferencias de cada cual, sobre la base de la igualdad ciudadana. El Presidente de la República, que es el jefe de orquesta de esta política de rechazo, afirmaba el 28 de mayo de 2017 en Estambul que en Turquía «gentes, grupos extraños a la cultura y a la historia de su país y de su nación, continúan ocupando posiciones de influencia en distintos ámbitos, en el derecho, en las ciencias y las tecnologías, en los medios de comunicación y en el cine, a pesar de 14 años de poder ininterrumpido [delAKP]». Se puede escuchar en estas palabras la rabia alimentada por un sentimiento de fracaso. La represión que asola hoy en Turquía no es sólo un nuevo episodio de la Kulturkampf realizada por el poder bajo la forma de un intento de depuración cultural islámico-nacionalista. Muestra también el patente fracaso del AKP en su lucha por la hegemonía intelectual.
Notas
1/ Tras el mortífero atentado de la estación de Ankara en octubre de 2015, Tayyip Erdogan atribuyó la responsabilidad del ataque a varias organizaciones terroristas e inventó el concepto de «cocktail de terror». Las detenciones que tuvieron lugar después mostraron que los organizadores de este atentado suicida eran todos miembros de la organización Estado Islámico.
2/ Ver Vincent Duclert, Occupy Gezi, un récit de résistance à Istanbul, Demopolis, 2014.
3/ En 2015 había en Turquía 193 universidades públicas o privadas, contra 70 en 2003.
4/ Cumhuriyet, 11 agosto 2017.
5/ Según la Asociación de la Sociedad Civil sobre el Sistema Carcelario (CISST), hay una gran diferencia entre los datos proporcionados por el Ministerio y el informe anual del mismo Ministerio sobre el número de alumnos y estudiantes universitarios encarcelados. A la espera de que se aclare esta confusión, la asociación aconseja evitar sacar conclusiones precipitadas.
6/ En mayo de 2013, no había más que 2 277 alumnos y estudiantes universitarios en las prisiones turcas, según el recuento del Ministerio de Justicia. Estas cifras no incluyen los 33.000 detenidos y condenados inscritos en cursos por correspondencia en esa misma fecha, Birgün, 11 setiembre 2017.