«Al contrario que en el caso de los republicanos, para los golpistas la represión constituyó la base de su acción desde el mismo 17 de julio; conscientes de que eran minoría decidieron imponerse por el terror mediante un calculado plan de exterminio efectuado pueblo a pueblo y ciudad a ciudad, que se extendió durante nueve […]
«Al contrario que en el caso de los republicanos, para los golpistas la represión constituyó la base de su acción desde el mismo 17 de julio; conscientes de que eran minoría decidieron imponerse por el terror mediante un calculado plan de exterminio efectuado pueblo a pueblo y ciudad a ciudad, que se extendió durante nueve años (1939-1945)», escribió hace más de una década el historiador Francisco Espinosa Maestre (Villafranca de los Barros, Badajoz, 1954). Se define como un historiador crítico, que tiene entre sus referentes a Josep Fontana, E.P. Thompson y los franceses de la Escuela historiográfica de los Annales. Francisco Espinosa es autor de La justicia de Queipo: violencia selectiva y terror fascista en la II División en 1936 (2000); La primavera del Frente Popular. Los campesinos de Badajoz y el origen de la guerra civil (2007) y Lucha de historias, lucha de memorias. España, 2002-2015 (2015), entre otros libros.
En el informe sobre la represión franquista que redactó en 2008, el historiador distinguía tres etapas: la primera (17 de julio de 1936-febrero de 1937), caracterizada como de «represión salvaje» con los llamados «bandos de guerra»; la segunda fase, entre marzo de 1937 y los primeros meses de 1945, fue la de los «consejos de guerra sumarísimos de urgencia» (tal vez se pueda percibir una disminución en el ritmo de la represión a partir de 1943, matiza Espinosa Maestre); y, en tercer lugar, la «gran oleada represiva» de finales de los años 40 y los años 50, en la que fueron eliminados decenas de guerrilleros y sus bases de apoyo. La entrevista a Francisco Espinosa tiene lugar antes de que imparta una conferencia en el Centre Cultural La Nau de la Universitat de València.
-La conferencia en el Fórum de Debats de la Universitat de València aborda la represión como «gran secreto» del franquismo. ¿Por qué la consideras un «secreto» y una «cuestión pendiente»?
Porque todavía seguimos sin saber la dimensión real que tuvo. Hay una documentación oculta que a estas alturas no se ha permitido que veamos. Así, en los archivos militares hay miles de documentos que están cerrados a la investigación; la documentación eclesiástica es otro fondo al que tampoco hemos podido acceder, al igual que parte de la documentación judicial o de la guardia civil y la policía.
-¿Qué recomendarías, además de paciencia, a los jóvenes investigadores?
Espero que en algún momento, que no sé cuándo será, se tome la decisión de abrir esos archivos. Pero será otra generación la que los estudie, y no -por razones de edad- quienes empezamos a finales de los 70 y principios de los 80. A ellos les tocará afrontar ese reto, cuando se tenga acceso a los archivos y los documentos; los que hayan quedado después de la quema y la destrucción que hayan llevado a cabo, que es algo que también han hecho, y es posible que aún se destruyan más.
-Pero la investigación avanza. Un reciente libro del periodista Carlos Hernández de Miguel, Los campos de concentración de Franco. Sometimiento, torturas y muerte tras las alambradas (Ediciones B, 2019) documenta la existencia de 296 campos de concentración franquistas…
Parece ser que la primera investigación realizada, la del historiador Javier Rodrigo, fue incompleta. El libro que mencionas ha ampliado los campos en un tercio, ya que se conocía la existencia de aproximadamente 200 (En el artículo «Internamiento y trabajo forzoso: los campos de concentración de Franco», publicado en 2006 en la revista Hispania Nova, Javier Rodrigo apunta que en España hubo «más de 180 campos -104 de ellos estables- donde a los prisioneros de guerra se les internaba, reeducaba, torturaba, aniquilaba ideológicamente y preparaba para formar parte de la enorme legión de esclavos que construyeron y reconstruyeron infraestructuras estatales, como parte del castigo que debían pagar a la ‘verdadera’ España». Nota del entrevistador).
-En el libro Violencia roja y azul: España, 1936-1950 (Crítica, 2010), del que fuiste coordinador, cifras en al menos 130.199 las víctimas de la represión franquista, pero en alguna ocasión has alertado de la «obsesión por las cifras» («el franquismo siempre tuvo claro que el debate sobre la represión nunca debía salir del ámbito numérico», afirmas). ¿Por qué razón?
Entrar en una batalla cifras son ganas de perder el tiempo, se entra en un marasmo. Creo que es una discusión que no tiene sentido alguno. Lo único que nos sirve en la investigación y la reflexión es trabajar con nombres y apellidos; es esto lo que soporta todo aquello que podamos afirmar. Por ejemplo, en la ciudad de Badajoz sí podemos decir que fueron 1.400 las víctimas, pero habría que añadir que se trata de una documentación incompleta, que procede en general de los registros civiles y en estos no estaba inscrita ni la mitad de las personas que tendrían que figurar; estamos, por tanto, a la espera de tener acceso a los archivos militares que nos permitan contar con más información.
-Entre 2005 y 2010, fuiste coordinador científico del proyecto Todos los Nombres, iniciativa que promueven la CGT de Andalucía y la asociación Nuestra Memoria (Actualmente hay registradas 98.760 personas, 826 microbiografías y 1.436 documentos).
Hicimos en este caso una base de datos, de los represaliados por el franquismo en Andalucía, Extremadura y el norte de África. Introduje las investigaciones que había realizado sobre Badajoz y Huelva, después fueron añadiéndose otras muchas de gente que había hecho investigaciones locales y provinciales.
-En 2003 publicaste La columna de la muerte. El avance del ejército franquista de Sevilla a Badajoz. Llevas años investigando y escribiendo sin ejercer como docente en la universidad y, por otra parte, al margen de las grandes tribunas mediáticas. ¿Con qué problemas te has encontrado?
Te ves obligado a llevar otra ruta. Y no sólo respecto a los contenidos. Hay temas sobre los que la universidad no ha querido investigar hasta muy tarde. Cuando terminé la carrera, quise hacer la tesina e investigar sobre el golpe militar y la represión en Sevilla. En la universidad me dijeron que no había perspectiva suficiente, que tenía que pasar todavía más tiempo. Era en torno al año 80. No había vías abiertas para hacer estudios de estas características y, por tanto, tenías que hacerlos fuera. Incluso si se hacían estos trabajos tardíamente -en los años 90- también había unos límites. El cambio empezó, parcialmente, en los años 90 del siglo pasado. Pero ocurrió que todo se mezcló después con la oleada «revisionista», dentro de la universidad también ha habido investigadores que han seguido la ruta del «revisionismo».
-En el artículo «La memoria de la represión y la lucha por su reconocimiento» (revista Hispania Nova, 2006), escribiste: «La primera gran división que se produce tras el golpe militar del 18 de julio es la que separa a la España donde triunfa la sublevación de la España donde fracasa. Dicho de otra forma: en media España no hubo guerra civil alguna sino sólo golpe militar y represión». ¿Destacarías algún ejemplo de represión especialmente silenciado?
Yo creo que en todas las provincias, por ejemplo en las que yo he estudiado -Huelva, Badajoz o Sevilla-, hay episodios locales, provinciales y nacionales que llamarían la atención; pequeñas historias que pueden sacarse pueblo a pueblo, ciudad a ciudad, y que darían un buen campo para la difusión. Encontramos muchos casos en Huelva, en Cádiz también hay algunos ejemplos muy interesantes y en Sevilla ni te cuento…
-Por otra parte, ¿a qué obedece tu polémica con el catedrático de Historia Social y del Pensamiento Político, Santos Juliá, colaborador del diario El País desde 1980? ¿Y con otros escritores?
Lo que hubo, en el caso de Santos Juliá, creo que fue simplemente soberbia por su parte. Mi escrito fue una crítica ante la actitud despreciativa que tenía respecto a las investigaciones de la represión. Como él tenía púlpitos y su opinión se difundía ampliamente, creí conveniente responderle. Y marcarlo también a él como una persona contradictoria. Esto no le debió gustar nada, a pesar de que lo único que utilicé fueron datos objetivos. La respuesta fue la de una persona prepotente; no respondió a las cuestiones que se plantearon (las críticas de Francisco Espinosa Maestre están expuestas en el artículo «De saturaciones y olvidos. Reflexiones en torno a un pasado que no puede pasar», publicado en 2007 en la revista Hispania Nova. Nota del entrevistador). En cuanto a los escritores Javier Cercas, Andrés Trapiello y Antonio Muñoz Molina, se trata simplemente de que uno está ya cansado de que, dada la trascendencia que tienen por lo mediáticos que son y el apoyo que reciben de grupos potentes como PRISA, vayan de historiadores. Y uno se harta. No se conforman con ser novelistas. En el caso de Cercas, la cuestión viene de una novela que hizo –El monarca de las sombras (2017)– y en la que quería «salvar» a su tío abuelo, que era un fascista cualquiera.
-Fuiste autor, en 2008, del «informe sobre la represión», unido a la causa abierta por el juez Garzón sobre los crímenes del franquismo. Hay historiadores que, por el contrario, consideran que la llamada «memoria histórica» implica una politización de la historia y, además, enlodarla en polémicas poco rigurosas. ¿Estás de acuerdo?
Es la actitud que ha tenido la academia y la universidad ante el reto que les supuso el boom de la memoria. Algunos lo han dicho claramente: la memoria fue una losa que se les vino encima; de hecho, les obligaba a salirse de su «sitio», de la fortaleza que son las universidades, para tener que entrar en el ámbito público. Y entrar, además, en un terreno que a la mayoría no les apetecía. El caso es que, para cualquiera que sepa un poco de Historia, la memoria es un recurso más de la Historia. Hay terrenos en los que la historia no entra -porque no existe documentación de todo- y sin embargo los testimonios orales resultan muy válidos e interesantes. Sin ellos, no tendríamos la información. Así ocurre en todo lo referente a prisiones, torturas o violaciones, hechos que sucedieron en aquella época de manera frecuente y no los encuentras reflejado en los documentos.
-¿Son compatibles el rigor científico y el compromiso del historiador a la hora de investigar?
Me parece simplemente que la historia debe ser rigurosa y objetiva, pero no imparcial. Todos tenemos ideología.
-Se habla de la excepcionalidad española en cuanto a la pervivencia de la dictadura y sus consecuencias; ¿se idealiza, en ese caso, la ruptura de Italia y Alemania -después de 1945- con el fascismo y el nazismo?
La singularidad de España viene ya marcada por el modelo de Transición, por una dictadura que duró 40 años y porque tenemos una derecha que no ha roto y continúa unida ideológicamente al franquismo; por otro lado, tenemos un centro izquierda, que sería el PSOE, que no va más allá de 1978. Ninguno de los dos partidos tiene interés en reivindicar la II República o los valores que quedan de lo que representó la República.
-Una de las polémicas (políticas) recientes es la decisión del gobierno del PSOE de exhumar, del Valle de los Caídos, los restos del dictador. ¿Eres partidario de esta medida? ¿Y respecto a las 34.000 personas allí enterradas?
Creo que los restos de Franco habría que sacarlos, no deberían estar en el Valle de los Caídos. Y en cuanto a los restos de todos los demás, sacarlos también del «mamotreto» aquel y darles una sepultura digna, como a cualquier otra persona. Respecto al Valle de los Caídos, es tal el dinero que cuesta mantenerlo anualmente -y con las temperaturas que hay en aquel roquedal- que lo más lógico me parece abandonarlo a su suerte. ¿Convertirlo en un lugar para la memoria de las víctimas? No le veo sentido alguno a esa propuesta, creo que no podrá ser nunca un «lugar de memoria» de nada. Aquello es, por lo visto, un caos total, los huesos están fuera y las cajas rotas, la gente que lo ha visto pinta un panorama terrible… Por tanto, los restos que se puedan sacar e identificar, que se identifiquen, y los que se puedan entregar a los familiares, que se proceda; y al resto, que se les pueda dar una sepultura digna en algún otro sitio.
-Algunos investigadores apuntan que 20.000 presos políticos participaron en las obras de construcción del Valle. ¿Cómo has observado el litigio respecto a la exhumación del dictador?
El hecho de que sea la familia de Franco la que esté provocando el retraso en la resolución, adoptada por el Congreso de los Diputados, de sacar a Franco del Valle de Cuelgamuros ya me parece una anomalía total. Que además el Tribunal Supremo suspenda la exhumación porque pudiera haber consecuencias para los recurrentes y para el interés público, creo que es una cosa rara e impropia de un país democrático.
-Por último, el auto del Tribunal Supremo que decidió la suspensión cautelar de la exhumación consideró a Franco jefe del Estado desde octubre de 1936, cuando esa fecha ejercía Manuel Azaña como presidente de la República. ¿Se trata de un error?
Me parece simplemente que los jueces que han escrito ese auto son de ideología franquista. Ellos y mucha gente más, que se sienten dentro de la onda franquista, consideran que Franco era el jefe de Estado el 1 de octubre de 1936.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.