El pasado 5 de agosto fueron publicadas en la Gaceta Oficial de Cuba la primera de las medidas anunciadas por el presidente Raúl Castro para profundizar en el control y organización del trabajo por cuenta propia en la Isla. Las opiniones más diversas han sido emitidas durante la última semana, en su mayoría centradas en […]
El pasado 5 de agosto fueron publicadas en la Gaceta Oficial de Cuba la primera de las medidas anunciadas por el presidente Raúl Castro para profundizar en el control y organización del trabajo por cuenta propia en la Isla. Las opiniones más diversas han sido emitidas durante la última semana, en su mayoría centradas en el hecho de que sí se trata de un retroceso, aunque los funcionarios que han ofrecido declaraciones y los medios estatales se empeñen en afirmar lo contrario.
Más allá de si los pasos van hacia adelante o hacia atrás, el impacto de la Resolución del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en las personas, especialmente entre los llamados cuentapropistas, ahondan la percepción de inseguridad con respecto al futuro, y el temor por las inversiones personales de tiempo, esfuerzo y dinero.
Ese sentimiento de incertidumbre se justifica además por la poca claridad en la información brindada. Pero también por el conocimiento de la poca fe que tienen numerosos funcionarios públicos en la aceptación del sector privado, y por la poca evidencia de voluntad política favorable al desarrollo de la pequeña y mediana empresa en Cuba de parte de las autoridades más allá de los discursos del presidente cubano.
Con las nuevas regulaciones se ha paralizado el otorgamiento de un grupo de licencias para el trabajo por cuenta propia y, entre otras modificaciones, se propone unificar un grupo de actividades similares y eliminar definitivamente otras.
Sobre este tema opina además el Dr. en Ciencias Económicas Omar Everleny, que abunda sobre el poco impacto económico de la citada Resolución, dado que «el ritmo de nuevos negocios aprobados se paralizó, pero estos no estaban dando resultados económicos en ese momento. Hablando como académico y con cierto rigor, lo que ha sucedido es que el estado detuvo las nuevas licencias, pero no cerró las actividades existentes, es decir no hay un impacto económico significativo», explica.
«Sí creo que el proceso debió seguir su ritmo de aprobación normal -continúa-, y en paralelo confeccionar, discutir y aprobar nuevas normas o procedimientos, con una fecha para implementarse posterior de uno o dos meses. Mientras que aquellas que estaban en curso, aprobarlas. Al cambiar las obligaciones, todas las entidades existentes o en formación deberán cumplirlas.
Esto no significa, a mi modo de ver, que ese proceso sea un asunto de años, si se trabaja con cordura y mesura a la vez. El mismo debería culminarse a finales de año, para su cumplimiento a partir de enero del 2018. Esto es solo a modo de ejemplo de lo que yo haría, pues no creo que sea necesario tanto tiempo para aprobar un documento de esta índole».
El especialista también coincide con nuestro sondeo de opiniones sobre el trasfondo político en este proceso: «Ha quedado evidenciado desde el último Congreso del Partido que el estado no permitirá la concentración de riqueza, aunque no quedó claro en términos reales cómo se mide esto, porque para saber que se está incurriendo en concentración o en enriquecimiento, la gente debe saber el límite al cual se puede llegar, y que esta cuestión no quede a nivel de decisiones subjetivas o de pareceres personales».
Por otra parte, insiste en la necesidad de «mirar a China y Vietnam, países que no le han dedicado tiempo a investigar a las personas que posean riquezas o las incremente, sino a cómo hacer para que toda la sociedad participe en el bienestar creciente, lo cual lleva al bienestar de la nación en general».
¿Qué opina sobre las actividades que fueron suspendidas temporalmente?
Eran las actividades que más resultados económicos estaban obteniendo, entre ellas las que tienen que ver con la alimentación y el alojamiento, y otras que llevaban insumos productivos. Como el estado tenía dificultad para proveer estos insumos de forma legal, prevalecía entonces el mercado negro. Y es lógico, si se aprueban actividades y no se crean mercados mayoristas de insumos, los productores buscan sus suministradores sin preocuparse de la legalidad de lo obtenido.
La economía es una ciencia donde todo se encadena. Si crece el número de turistas a Cuba, es lógico pensar que aumenten los beneficios de aquellas actividades que sirven a los mismos: paladares, almendrones, casas de renta, etc. Y se pudieran mencionar otros ejemplos.
Como he explicado también, el estado debe hacer una lista de actividades negativas, y no estar aprobando cada actividad y haciendo listas inmensas. En mi opinión se trata de dejar claro qué es lo que no se puede hacer, y dejar a la iniciativa de los emprendedores qué actividad les gustaría realizar, con pagos de impuestos en relación a los ingresos que se declaren.
Además, deberían crearse actividades donde se refleje el nivel educacional de la población cubana, para que un arquitecto que deja de trabajar en el sector estatal y se vaya a ser mesero en una cafetería o al exterior, no tenga que hacerlo. Es el caso también de contadores, abogados, ingenieros, etc».
¿Cómo cree que incide el tema de la temporalidad indefinida?
Aunque la Viceministra [primera de Trabajo y Seguridad Social, Marta Elena Feitó Cabrera] fue algo evasiva en su intervención inicial, en las posteriores declaraciones ha sido un poco más precisa al decir que no se habla de años. Creo que fue muy bien recibida por la población, además, las aclaraciones que hizo recientemente en varios programas un comentarista del Noticiero Nacional de la Televisión Cubana, en los que dijo esperar que las autoridades cubanas demoraran solo meses en hacer la documentación necesaria para recomenzar este proceso.
Si Cuba aspira a recibir cifras crecientes de turistas en los próximos años, llegar a más de 4 millones y medio de visitantes en 2017 y seguir así en el futuro, es necesario permitir nuevos negocios de alimentación, ya que la infraestructura estatal es débil en ese sentido y con una calidad muy distante de los negocios privados. Lo mismo para otras actividades como el alojamiento y el transporte.
Por demás, debemos acabar de eliminar los eufemismos y reconocer que una persona que contrata fuerza de trabajo no es un trabajador por cuenta propia, sino un microempresario o un empresario. Por ende, la actividad que dirige es una entidad jurídica y debe tener las mismas reglas de funcionamiento que una empresa de esas características en cualquier otra latitud.
Las pequeñas y medianas empresas ya han sido reconocidas en la conceptualización del modelo, entonces lo que queda es aceptar su funcionamiento.
Fuente: http://progresosemanal.us/20170810/aceptar-funcionamiento-la-pequena-mediana-empresa/