El 1 de agosto pasado, una nota publicada en el diario Granma informaba sobre la adopción de un grupo de medidas que formarían parte de un proceso de «perfeccionamiento» del ejercicio del trabajo por cuenta propia (privado) y las cooperativas. El antecedente inmediato había sido un párrafo en la nota que informaba de la reunión […]
El 1 de agosto pasado, una nota publicada en el diario Granma informaba sobre la adopción de un grupo de medidas que formarían parte de un proceso de «perfeccionamiento» del ejercicio del trabajo por cuenta propia (privado) y las cooperativas. El antecedente inmediato había sido un párrafo en la nota que informaba de la reunión del Consejo de Ministros a fines de junio, y lo expresado por el Presidente cubano en el discurso de clausura de la Sesión Ordinaria de la Asamblea Nacional en julio.
Desde aquellos mismos momentos, se generó una gran intranquilidad entre quienes están vinculados al sector, por razones obvias. La resolución del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social publicada en la Gaceta Oficial ese mismo día estableció que no se otorgarían nuevas licencias para un conjunto de actividades. Se informó además que esta suspensión tendría carácter temporal, y que el «perfeccionamiento» incluye cambios en las categorías autorizadas, en el ámbito tributario y financiero, y en las regulaciones específicas para algunas actividades, como la de transporte.
El ordenamiento y la regulación de la actividad económica son funciones inherentes al Estado, que se vale de una variedad de instrumentos para llevar a cabo esta responsabilidad. Sin embargo, cabe asumir que este ejercicio conlleva un balance en cuanto a beneficios y perjuicios, teniendo presente que estos exceden el ámbito puramente económico.
Para justificar la decisión se expuso un amplio abanico de razones entre las que se incluyen la evasión fiscal, utilización de materias primas de procedencia ilícita, «imprecisiones e insuficiencias en el control», y «deficiencias en la contratación económica para la prestación de servicios u oferta de productos entre personas jurídicas y personas naturales». En el mejor de los casos, los dos últimos no tienen absolutamente nada que ver con los trabajadores por cuenta propia (TCP), y son exclusiva responsabilidad de los órganos competentes, por cuyas carencias no deberían pagar otros.
Las dos primeras requieren un examen más profundo. La evasión fiscal existe, pero conviene ahondar en sus causas esenciales. Estudios de corte académico han indagado en este asunto y detectaron que es un fenómeno conectado a varias dinámicas de largo recorrido en nuestra sociedad. En este sentido, solo argumentos de tipo ideo-políticos justificarían el aumento de la carga fiscal, incluyendo imponer un impuesto por todos los trabajadores contratados. El fin no es, y no debería ser aumentar la recaudación por esta vía. Se conoce bien que el único mecanismo duradero para incrementar la recaudación tributaria es la ampliación de la base imponible, es decir, del número de contribuyentes y su actividad económica vinculada. Lo otro conduce a asfixia.
El «desvío» de recursos no puede ser vinculado exclusivamente a los trabajadores por cuenta propia. Como en casi todo el análisis económico, un examen de la oferta y la demanda ayuda a comprender mejor el fenómeno. Algunas actividades privadas se aprovisionan en el mercado negro, con productos de dudosa procedencia, y sí, constituyen parte de la demanda. Pero, ¿por qué? ¿Existe una preferencia innata en los ciudadanos cubanos por el mercado negro, o es un hábito adquirido?
La respuesta de un buen marxista sería que es adquirido, un reflejo del entorno en que viven y trabajan. A lo que sigue, ¿en qué sociedad adquirieron ese hábito? Pues en la nuestra, socialista, donde predomina la propiedad estatal. ¿Por qué lo hacen? Pues porque en la mayoría de los casos es la única fuente para adquirir esos bienes a un precio competitivo. El llevado y traído «mercado mayorista» no se hace realidad para este segmento.
Pero tampoco los TCP constituyen el único componente de la demanda en el mercado informal, ya que la mayoría de los hogares cubanos también participa del mismo, por eso existe, e incluso precede, al crecimiento del trabajo por cuenta propia. Me imagino que la solución para este segundo grupo es «cerrar» los hogares cubanos, o «prohibir» la constitución de otros nuevos. Se ha dicho que la debilidad de los controles (increíble, porque es uno de los países donde más se habla de control) contribuye a facilitar el delito. Puede existir algo de razón, pero les tengo una mala noticia. Cuando es más rentable evadir el «control» que «controlar», ni los medios más sofisticados podrán impedirlo. Y esto se relaciona con lo siguiente.
Lo más interesante es la oferta en el mercado negro. Existe y existirá por largo tiempo, en tanto los salarios en la mayor parte del sector público están por debajo del mínimo necesario para la reproducción de la fuerza de trabajo, que no es solo biológica (alimentos) sino también social; así han estado los salarios desde hace décadas, con una muy lenta e incompleta recuperación.
Este es el asunto que debe ser discutido si se quiere empezar a abordar seriamente estos temas. Lo demás es andarse por las ramas. En este sentido, es muy decepcionante que la referencia para determinar el ingreso «justo» en el trabajo privado, sean las compensaciones en el sector público. No es que aquellas sean muy elevadas (como norma), sino que estas últimas padecen de los problemas ya mencionados.
También es cierto que el desarrollo del trabajo privado ha dado cobertura a muchos empleos informales, que también responden a una lógica bastante clara. Mientras sea más rentable la informalidad que la formalización, un grupo importante se decantará por mantenerse en la primera condición.
El contexto en que se han anunciado estas medidas no puede ser más retador. La economía cubana atraviesa una recesión desde 2016, que forma parte de una larga trayectoria de bajo crecimiento, estancamiento, y retroceso en áreas claves como calidad y cobertura de la infraestructura física, los servicios públicos, y el progreso proporcional entre las diferentes regiones y grupos sociales.
La evaluación proporcionada por el gobierno para este primer semestre de 2017 no es muy alentadora. El entorno internacional se ha vuelto mucho más adverso. Venezuela atraviesa una crisis de enormes proporciones, la izquierda retrocede en varios países de América Latina, y el gobierno de Estados Unidos parece mucho menos cordial, y ya ha adoptado decisiones que van a afectar algunas de las principales industrias del país, incluido el turismo internacional. En un ejercicio de racionalidad estándar anclada en el interés nacional, se esperarían medidas tendientes a estimular la actividad productiva doméstica, y a continuar ampliando y diversificando las relaciones económicas externas.
Lo anunciado hasta el momento en relación al trabajo por cuenta propia (se esperan nuevas medidas) no puede clasificarse como parte de un esfuerzo de este tipo. Cuesta imaginar un motivo que justificaría detener el otorgamiento de nuevas licencias, independientemente de cualquier tipo de «perfeccionamiento».
En el imaginario popular cubano, ciertos vocablos han trastocado su semántica. Lamentablemente, «perfeccionar» se ha equiparado a «frenar», «enlentecer» o «aumentar el control»; y existen buenas razones para ello.
La parada es innecesaria e injustificable.
Se habla de que algunas actividades representan una competencia «incómoda» para el sector estatal, quizá el ejemplo más claro sean los alojamientos privados. Sería muy lamentable que esta desventaja «percibida» se salde con la imposición de barreras que afecten la competitividad de este segmento.
Se ha dicho que han sido afectadas «solo» 27 categorías, de las 201 actualmente aprobadas para el trabajo privado. Sin embargo, las que están incluidas constituyen las actividades más demandadas, y las que concentran la mayoría de las licencias ya otorgadas. Además, muchos nuevos aspirantes requerirían alquilar un espacio, lo que también ha sido interrumpido.
Adicionalmente, el efecto sicológico es devastador. Porque también existen antecedentes a lo que ocurre ahora. A inicios de la década de los 2000 tuvo lugar una suspensión que costó una década revertir. Y también en aquel momento fue acompañado por un incremento de los «controles». Esto justifica con creces la ansiedad actual.
El margen de rentabilidad de este segmento, donde se comprometen el patrimonio propio o de la familia y amigos, depende de la percepción de riesgo asociada al negocio. Acciones de este tipo contribuyen a elevarla, por lo que el comportamiento de los ya establecidos es previsible que se corra hacia una mayor cuota de rentismo. Es decir, tomar medidas para garantizar la recuperación pronta de la inversión ante la imprevisibilidad del futuro.
En cierto sentido, tanto el contenido como la forma de lo anunciado hasta ahora contradicen el contenido de la «Conceptualización», que establece claramente el reconocimiento de la propiedad privada y el trabajo por cuenta propia, junto al acceso en condiciones similares a los factores y recursos productivos por todas las formas de propiedad reconocidas. Estos procedimientos plantean serias dudas sobre la forma en que van a ser interpretadas estas disposiciones. Es casi imposible no percibir un sesgo en contra de este segmento. Uno se pregunta qué ocurriría si se aplicaran disposiciones equivalentes a las empresas estatales.
Este asunto ahora alcanza una nueva dimensión. Es difícil no estar al tanto de las razones que hacen al trabajo privado tan atractivo. No se trata de un pequeño grupo de personas. El TCP constituye más del 12% del total de ocupados, si se adicionan las cooperativas y los campesinos, esta proporción sobrepasa el 30%. Y estos titulares de negocios tienen familias, y también forman parte del pueblo cubano. No se puede continuar manteniendo que son un grupo exclusivo de privilegiados. El freno a su desarrollo va a impactar negativamente en las condiciones de vida de muchísimos hogares cubanos, sin proveer, además, una alternativa equivalente.
Lo que transpiran estos acontecimientos es aún más preocupante: incomodidad con la propiedad privada y con aquello que no esté bajo el «control» directo del Estado. Cuesta trabajo pensar cómo se podrá reconciliar esto con el objetivo de progreso y crecimiento económico equitativo que se ha incluido en la «Conceptualización». Un repaso mínimo de los últimos 27 años (casi tres décadas) nos dejan con un desempeño económico mediocre y un aumento de la desigualdad. Pareciera que esta es la peor combinación para una sociedad.