Traducido para Rebelión por Beatriz Morales Bastos
Palestinos interrogados por el GSS: «la decisión del Tribunal Supremo israelí sobre la tortura generó nuevos métodos de tortura». Respuesta del GSS: trabajamos dentro de la ley .
El pasado mes de octubre el Servicio de Seguridad General (GSS en sus siglas en inglés) experimentó un raro momento de alivio. Amad Kawasmeh, jefe del ala militar de Hamas en Hebrón, había quedado atrapado, medio desnudo, bajo las ruinas de su casa y se le apodó «el terrorista en paños menores». Hamas sufrió un importante golpe. Después de la detención y el interrogatorio de Kawasmeh 400 activistas fueron arrestados, y entre ellos había bombas suicidas, suministradores de armas, miembros de células y apoyos. Kawasmeh afirma ahora que fue duramente torturado durante su interrogatorio, bajo lo que el GSS llama «investigación militar». Según el Comité Público contra la Tortura en Israel (PCATI, en sus siglas en inglés), el nuevo término burla de manera creativa las directivas contra antiguos métodos de interrogatorio y disimula un moderno y bien desarrollado sistema de tortura. Se supone que las reglas del juego habían cambiado en septiembre de 1999, un año antes de que estallara la segunda Intifada, cuando el Tribunal Supremo prohibió, con ciertas reservas, el uso de la violencia en los interrogatorios de sospechosos de terrorismo. La histórica decisión aprobada siguiendo una petición del PCATI establecía que ninguna persona podía ser golpeada, ser mantenida de pie o sentada en una silla pequeña con los ojos vendados, las manos atadas a la espalda y el cuerpo inclinado hacia delante, ni podía ser obligada a ponerse en cuclillas en la llamada «postura de la rana», tener las manos o los pies atados ni ser privada de sueño más tiempo del necesario para el interrogatorio. El Tribunal Supremo permitió el uso de una defensa de responsabilidad criminal solo en casos de «bombas de relojería». Según un funcionario de seguridad, desde la decisión del Tribunal Supremo [2] el GSS opera de acuerdo con la ley y bajo total supervisión de la oficina del fiscal del Estado y del fiscal general: es un cuerpo legal, que interroga dentro de la ley. Los interrogadores tienen que ocuparse de las investigación más difíciles para evitar la muerte de muchas personas y de cada ataque que se logra llevar a cabo se han evitado al menos diez. Según esta fuente, no hay luces de colores que indican los cinturones de explosivos, los coches bomba, los laboratorios de armas y de explosivos. Los investigadores del GSS, que interrogan a los terroristas, son las balizas que nos protegen.
Un cuadro diferente aparece en el caso de las reclamaciones de los interrogados. Según éstas, desde la normativa del Tribunal Supremo, los interrogadores han perfeccionado sus métodos o adoptado otros nuevos. El uso de nueva terminología permite al investigador permanecer dentro de la ley. Al principio del interrogatorio el interrogado es informado de que él es una «bomba de relojería» y que, por consiguiente, puede ser sometido a un «interrogatorio militar». Según las declaraciones de los interrogados, el «interrogatorio militar» incluye: «Postura de la rana», vieja y familiar: el interrogado tiene los pies y las manos atados detrás y se sienta sobre los dedos de los pies hasta caer; es levantado mientras lo golpean y entonces se vuelve a empezar. En el pasado llevaba la cabeza cubierta con una bolsa, pero según la normativa del Tribunal Supremo [ahora] se deja descubierta.
La renovada «curva del plátano»: el interrogado se sienta en una silla sin respaldo. Tiene las manos y los pies atados detrás. Un investigador se sienta detrás de él y le dobla hacia atrás la espada en un ángulo de 45 grados durante espacios de tiempo de más de media hora. Otro investigador se sienta enfrente con sus piernas entre las del interrogado y le golpea en el vientre cuanto sea necesario. En el pasado sólo había un investigador, que bajaba su espalda hasta el suelo. Los investigadores del GSS prefieren llamarlo el nuevo plátano «espalda doblada».
La nueva «posición del caballo»: el interrogado está de pie al lado de una pared con los brazos y piernas atados detrás. Sólo su cabeza toca la pared; dobla las rodillas hasta caer, se le levanta al tiempo que es golpeado, y vuelta a empezar.
El nuevo «dobles esposas»: los brazos del interrogado están esposados con dos pares de esposas, uno en las muñecas y otro en medio de la articulación. Las esposas aprietan duramente los huesos y cuando los dedos se hinchan con la presión de la sangre, el investigador los aprieta vigorosamente. Hasta la resolución del Tribunal Supremo sólo se usaba un par de esposas en las muñecas.
En la mayoría de las reclamaciones recibidas hasta la fecha por el PCATI los interrogados denunciaban que también habían sufrido el «medio Shabach» en el que la silla pequeña es reemplazada por una silla normal y la cabeza está destapada. También se mencionan bofetadas y golpes, amenazas y maldiciones, privación de sueño, exposición a calor o frío extremos, tener las manos y pies esposados durante largos periodos de tiempo, aislamiento y denegación del acceso a un abogado durante periodos ilimitados..
Hannah Friedman, Directora Ejecutiva del PACATI afirma que bajo la cobertura del «interrogatorio militar» ha tomado forma un mecanismo de tortura institucionalizado, que mina la necesidad real de neutralizar las «bombas de relojería». «No es un asunto de un interrogador individual que emprende «acciones ad hoc en respuesta a un acontecimiento», como lo define el Tribunal Supremo, o de «improvisación ante acontecimientos inesperados», sino de interrogadores que buscan y reciben por adelantado la aprobación de sus superiores de manera organizada, y que emplean una y otra vez métodos de tortura; algunos de ellos como la «curva del plátano» requieren la cooperación de varios interrogadores».
Según Friedman, «los logros de la resolución del Tribunal Supremo, que se suponía iban a acabar con la tortura y el abuso, y limitarlos a aquellos incidente aislados de «bombas de relojería», se han quedado reducidos a poca cosa. El Tribunal Supremo ha fallado porque no prohíbe categóricamente la tortura y el abuso, y porque deja el juicio en manos de los interrogadores en el caso de las «bombas de relojería». En este aspecto, el Tribunal Supremo, la oficina del fiscal del Estado y el fiscal general se han transformado de ser defensores y guardianes de la ley a ser guardianes de las puertas de las sala de tortura del GSS» .
El GSS y el ministerio de Justicia insisten en que los interrogatorios se llevan a cabo bajo estricta supervisión, que el escaso número de reclamaciones demuestra los grandes progresos hechos por la organización desde la resolución del Tribunal Supremo sobre la tortura, especialmente durante los difíciles años de la Intifada. El fiscal Dudi Zacharia, ayudante principal del fiscal del Estado, es responsable del examen legal de los informes presentados al «funcionario encargado de investigar las reclamaciones de los interrogados», y es quien decide si acusar a los interrogadores del GSS por abuso de fuerza. Zacharia: «Tengo la certeza de que en el pasado y durante la actual Intifada se produjeron ataques no se fueron evitados porque el GSS no utilizó la violencia. Una vez un interrogado estaba en un interrogatorio normal del GSS y casualmente se le informó de un ataque en el que habían muerto israelíes. Sólo entonces dijo: `éste es mi ataque´ y reveló detalles a los interrogadores».
El terrorista está en ropa interior
El GSS buscó durante cuatro años a Am´ad Kawasmeh, 31 años, de Hebrón, sospechoso de haber asesinado a muchos israelíes. Estuvo detenido en Israel entre 1994 y 1999 después de haber preparado explosivos para Hamas. Cinco años después de que fuera puesto en libertad volvió al ala militar de Hamas en Hebrón. En noviembre reclutó a un suicida y lo envió a Nablús a recoger un cinturón de bombas, pero el suicida fue arrestado por el GSS cuando volvía a Hebrón. Kawasmeh participó en la planificación de muchos ataques, entre otros, ataques contra soldados del ejército israelí en Hebrón. En 2003, después del arresto de la mayoría de los activistas veteranos de Hamas en Hebrón fue nombrado comandante militar de la organización en la ciudad.
En junio de 2004, Kawasmeh envió a un suicida a Cafit, en el barrio de la colonia alemana en Jerusalén. Se evitó el ataque pero Kawasmeh continuó [actuando]. El 31 de agostó envió a dos suicidas que se subieron a los autobuses 6 y 12 en Beersheba y se volaron. Murieron dieciséis israelíes en el doble ataque, incluyendo un niño de tres años. Docenas de ellos resultaron heridos, entre ellos varios estudiantes que iban a comprar material escolar para el nuevo año escolar. Kawasmeh fue arrestado siguiendo informes recibidos por el GSS que señalaban su guarida -un lugar secreto preparado para él en la casa de un pariente al sur de Hebrón. Fue considerado «bomba de relojería», detenido en aislamiento durante 44 días durante los cuales denunció haber sido torturado y que se le había impedido ver a su abogado.
En su declaración al PCATI, recogida por el fiscal André Rosenthal, Kawasmeh describe que después de la detención se le había notificado que estaba en «interrogatorio militar». Denuncia que sus interrogadores le obligaron a sentarse en la postura de la rana, lo esposaron doblemente y que le apretaron los dedos («Tenía los dedos hinchados de sangre, me los apretaban hasta que chillaba de dolor. Al mismo tiempo otros dos investigadores me sujetaban por los hombros, me golpearon y me gritaron en los oídos»). Según la declaración fue torturado en las posiciones «curva del plátano» y «del caballo» («Me daban bofetadas por sorpresa en la cara, la nariz y los oídos. Me sangraba la nariz y me goteaba un líquido caliente de los oídos»). Denuncia que los investigadores solo acabaron el «interrogatorio militar» después de tomarle declaración la primera semana, pero cada vez que se negaba a cooperar lo amenazaban con reanudar las torturas. La reclamación de Kawasmeh llegó al PCATI el 18 de enero de este año. En una carta enviada al fiscal general, Friedman expresaba su indignación por el hecho de que la declaración de Kawasmeh, aparentemente obtenida de forma violenta e ilegal, fuera a ser empleada en su contra en el tribunal, y por la aparente utilización de métodos contrarios a derecho israelí e internacional. Friedman pidió que el fiscal general investigara la manera cómo había sido interrogado Kawasmeh, y que en caso de que se reconociera que sus interrogadores y sus superiores eran culpables, fueran condenados.
En respuesta al fiscal André Rosenthal, el fiscal Aner Hellman, ayudante principal del fiscal del Estado, declaró que «el GSS me informa de que a la luz de las circunstancias conocidas hoy, no hubo intención de ejercer la fuerza física contra su cliente en su interrogatorio ininterrumpido».
El terrorista bajo el fregadero
Una sorpresa esperaba a las fuerzas de seguridad que fueron a detener a Amin Shkirat, de 30 años, de Suahara Sharkiya. Shkirat, buscado durante dos años y medio, fue encontrado en un escondite construido bajo el fregadero de la cocina de la casa de sus padres en Belén. Shkirat, que en el pasado fue activista de la Jihad Islámica, es acusado, junto con su hermano Jamil, su primo Bahajat y otros parientes, de planear y llevar a cabo el asesinato de los dos guardias de seguridad israelíes Samer Afen y Ilia Rieger en el río Kidrónen en noviembre de 2003, para tratar de evitar la construcción del muro de separación cerca de su casa. Él fue quién les quitó las armas a los guardias después de que los mataran. Shkirat fue arrestado el pasado mes de noviembre y transferido al Complejo Ruso de Jerusalén para ser interrogado. EL GSS también arrestó a sus padres, que ya han sido puestos en libertad, y a sus dos hermanos.
Después de un intenso interrogatorio Shrikay fue llevado al Hospital Sha´arei Tsedek para ser tratado. Su informe médico muestra que sufría dolores en la espalda en el lado izquierdo, mala circulación y pinchazos en las manos debidos a que las esposas estaban excesivamente apretadas, un ataque de diabetes debido al trauma que había sufrido e infección de oídos, debido al líquido limpiador que afirmaba que se le había echado en éstos (en la declaración afirmó: «Me echaron un liquido limpiador en los oídos y a causa de ello necesito medicación»).
En una declaración jurada Shkirat denuncia que sus interrogadores le obligaron a permanecer de pie al lado de una pared en la «posición del caballo» y con las manos apretadas por las esposas. Afirma que se quedó inconsciente durante los interrogatorios («Me ponían debajo de la ducha hasta que volvía en mí») y que fue obligado a escuchar que su mujer embarazada había abortado cuando los interrogadores trataron de sacarle información por medio de torturas. Según Shrikt esta información era falsa y su función era asustarlo. Según él, se le dijo que la liberación de sus padres y hermanos de la detención ilegal dependía de su confesión. Acabó confesando solamente a causa de las torturas que sufrió, «y después de despertarme quise retractarme de estas declaraciones, puesto que yo no había cometido estos delitos; lo dije sólo para que dejaran de torturarme.»
Como reacción a estas dos declaraciones y a otras reclamaciones similares un alto funcionario afirma que quienes denuncian interrogatorios duros y torturas son los mismos asesinos que vienen a atarnos a los israelíes y vuelve a insistir en que el GSS sólo los interroga siguiendo la normativa del Tribunal Supremo y la ley. No se debe olvidar, explica, que no son una banda de jóvenes decididos a cometer un crimen, sino interrogados cegados por la ideología en una guerra total entre dos pueblos. Según sus palabras, hay terroristas inteligentes cuya táctica es mantener al GSS ocupado con tantas reclamaciones y clarificaciones con la finalidad de amedrentarlo. Tienen mecanismos de inspección y de seguridad, aprenden con la experiencia y tienen excelentes instructores: los servicios de inteligencia de los iraníes y de Hezbollah . Afirma que los terroristas palestinos tienen la capacidad del servicio de inteligencia de un Estado y que el GSS está luchando en una cruel guerra mental parte de la cual son las reclamaciones acerca de los métodos de los interrogatorios.
Se considera que quienes denuncian las torturas, añade este funcionario, son los miembros más importantes de la jerarquía terrorista. Cuando siguiendo sus declaraciones en los interrogatorios, el GSS logra capturar a sus compañeros de organización, los laboratorios de explosivos, los cinturones explosivos y a los suicidas en tránsito, tienen que explicar por qué lo han hecho y entonces denuncian que han sido torturados.
Bombas de relojería
Hasta la fecha el PCATI ha recibido 17 reclamaciones de interrogados que denuncian haber sufrido el «interrogatorio militar» o que han sido amenazados con él. A pesar del hecho de que están involucrados diferentes investigadores y diferentes centros de detención del GSS repartidos por todo el país, en todos los casos se describen los mismos métodos de tortura, lo que aparentemente indica una práctica bien conocida y organizada. En una carta dirigida al fiscal general, Friedman concluye que la serie de reclamaciones sobre los «interrogatorios militares» suscita la significativa sospecha de que existen directrices en el GSS de llevar a cabo violentos interrogatorios con determinados interrogados y que parece que la decisión de realizar estos interrogatorios es tomada por más de una persona una vez que ha empezado el interrogatorio. En otras palabras, no se trata de acciones espontáneas de un investigador ante un peligro inmediato que pueden eximirle de la responsabilidad criminal según las normas del Tribunal Supremo sino de una política de torturas calculada y planificada de antemano, y amparada por las lagunas jurídicas dejadas por el Tribunal Supremo.
El alto funcionario de seguridad afirma que desde que el Tribunal Supremo lo prohibió directa o indirectamente no existe semejante procedimiento. La misma fuente tiene dificultades para explicar cómo puede ser que a pesar de que no existe un procedimiento establecido, los demandantes -que no tienen contactos personales y operan bajo los auspicios de organizaciones terroristas que no tienen contactos entre ellas, y que son interrogados en diferentes centros de detención por todo el país y por diferentes investigadores- describen los mismos métodos de tortura que denuncian haber sufrido durante los «interrogatorios militares». En sus palabras no hay intención alguna de cuestionar los métodos antes mencionados.
El único método que mencionó fue el Shabach (atar al interrogado a una silla pequeña), que dice que se fue abandonado poco tiempo después de que saliera la normativa del Tribunal Supremo que ordenaba inequívocamente que se eliminaran las sillas pequeñas de los lugares de interrogatorio del país. Desde entonces, afirma, interrogados e investigadores se sientan exactamente en las mismas sillas a la misma altura. Dice que las denuncias sobre la existencia de estas sillas pequeñas son falsas y que algunas de ellas fueron iniciadas por el propio PCATI. No niega que los interrogados están atados a las sillas pero afirma que eso no se hace para torturarlos sino por la seguridad de los investigadores y a veces del propio interrogado, para evitar que se autolesione.
Friedman pide que el proceso de investigación de las reclamaciones se saque de la Unidad de Control de la Reclamaciones de los Interrogados (CICU, en sus siglas en ingles), dirigido por un funcionario del GSS, y se ponga en manos de un cuerpo imparcial e independiente. Por otra parte, el alto funcionario de seguridad considera que el CICU es una prueba de que el GSS opera bajo estricta supervisión y control, y que obedece estricta y rigurosamente la ley en los interrogatorios. Afirma que el CICU es un cuerpo independiente, el único autorizado en el país para determinar si el GSS viola las leyes o no. Como prueba, a pesar de que examina cientos de reclamaciones al año, el CICU no ha encontrado ni un caso desde que la normativa del Tribunal Supremo requirió una investigación sobre un interrogador acusado de violar la ley.
Por lo que se refiere al argumento de que un agente del GSS puede dañar la credibilidad de la inspección, el funcionario responde que es un argumento deleznable. Afirma que el CICU responde ante el fiscal general y el fiscal del Estado, y que sólo está sujeto a ellos. En la misma línea añade que cualquiera comprueba que el GSS debe tener dominio del árabe y estar familiarizado con la organización para comprender la terminología utilizada por los interrogados e investigadores del GSS. En este caso, los antecedentes del GSS son una ventaja.
El ojo se salió por error
En casos individuales, el GSS admitió de manera indirecta que se habían utilizado nuevas posiciones de tortura. En abril de 2002 fue arrestado Husam Badran del campo de refugiados de Iscar en Nablus. Badran era el jefe de organización de Hamas en la ciudad, trabajaba como maestro y regentaba un periódico que había publicado artículos en apoyo a Hamas. Está acusado de ser miembro de Hamas, de ayudar a la transferencia de fondos desde Jordania para utilizarlos en cuestiones organizativas, en la formación de activistas militares, en el transporte de cinturones de explosivos para los suicidas y de la ejecución del ataque al autobús 6 en Haifa en diciembre de 2001 en el que murieron 15 personas. Su juicio no ha terminado todavía.
Badran fue calificado de «bomba de relojería» y torturado durante su interrogatorio, incluyendo el método de la «curva del plátano». En un raro documento al que tuvo acceso el PCATI, el jefe de la brigada de investigación de Samaría, cuyo apodo es «Oz» escribe: «Debido a la urgencia de recibir información para frustrar un ataque masivo que, según nuestros servicios de inteligencia iba a tener lugar inmediatamente, el 6 de mayo de 2002 entre las 10:45 AM y 6:45 PM, se llevaron a cabo las siguientes acciones en el interrogatorio: tres bofetadas y tres inclinaciones (la nueva «curva del plátano». SM): la primera de ellas duró diez minutes, la segunda 30 minutos y la tercera, 22.
Majdi Half de Bir Nabala afirma que se quedó ciego de un ojo a consecuencia de las torturas que sufrió. Half, un importante activista de Fatah, fue acusado de recoger fondos y de reclutar miembros para Fatah, de vender armas a organizaciones palestinas y hacer falsos documentos de identidad. Fue condenado a 15 años de cárcel que está cumpliendo en la prisión de Nafcha. En una declaración entregada al fiscal Luna Barakat denuncia que durante dos semanas fue interrogado en la postura Shabach, en una silla pequeña , mientras que le golpeaban en el vientre y en la cara. «A consecuencia de los golpes en la cara mi ojo izquierdo resultó herido. Sangraba profusamente, pero el investigador siguió pegándome y amenazándome con hacerme confesar. Le dije que me dolía el ojo y me contestó: «No importa. Te sacaremos el otro también». El ojo se hinchó. Los interrogadores sacaron una foto del ojos para asustar a los demás interrogados. Tres meses después fui trasladado a la prisión Megidoo y enviado al hospital en Afula. Allí me examinó un especialista y me dijo que necesitaba una operación urgente. No me operaron y me quedé ciego».
Finalmente en julio de 2004 llegó la respuesta del Estado al Comité contra la Tortura. Malchiel Balas, vice-fiscal general escribe: «…en el examen quedó claro que durante el interrogatorio el dedo del investigador entró en el ojo del demandante, aparentemente por error y no intencionadamente. A este respecto se debe decir que en el informe médico que usted adjunta se había diagnosticado una catarata en el ojo del demandante. Respecto a la reclamación de que estuvo sentado en una silla pequeña, en el examen del CICU el demandante declaró que estuvo sentado en una silla normal. Como ya se le ha aclarado, el GSS ya no utiliza sillas pequeñas. En estas circunstancias no veo motivo alguno para ulteriores investigaciones».
El funcionario de seguridad añade que el Estado de Israel actúa generosamente en la recepción de las reclamaciones de los interrogados, casi hasta el punto de autoborrarse. Encuentra extraño que el Estado permita que el enemigo reclame como un ciudadano israelí, pero se consuela sabiendo que los investigadores del GSS, la vanguardia de la guerra contra el terrorismo, sigue evitando de manera completamente legal que el pueblo de Israel encuentre la muerte cada semana.
Los ataques que no se evitan
Se supone que el fiscal Dudi Zacharia de la oficina del fiscal del Estado examina los aspectos legales del trabajo del CICU. Como opuesto al propio interventor, un empleado del GSS, Zacharia puede ser entrevistado y nos proporciona aquí una rara visión de las consideraciones del sistema y los castigos respecto a los interrogatorios. «No puedo mencionar los métodos de interrogatorio discutidos aquí por ser secretos», afirma Zacharia. «Solo puedo hablar de casos de «bombas de relojería». Se debe hacer todo lo posible para evitar la violencia, pero si hay que elegir entre el empleo de violencia y la ejecución de un ataque en el que 15 personas van a se asesinadas, el deber moral del investigador es evitar el ataque. Si no saca la información del interrogado, peca contra el versículo: «No te levantarás sobre la sangre de tu amigo».
«En el discurso público referente a la normativa del Tribunal Supremo sobre la tortura, cuyo resultado y lógica yo apoyo completamente, es necesario que el público sepa esto. Es importante que nosotros, como sociedad, sepamos que la normativa tiene un precio y el Tribunal Supremo lo sabe, éste es el precio que debe pagar la democracia. EL Tribunal Supremo se vio confrontado a una realidad posible en la que, por desgracia, se habían planificado cientos de ataques suicidas contra ciudadanos del Estado de Israel. EL GSS es responsable de la seguridad de estos ciudadanos y así puede que haya situaciones en las que un investigador tiene que hacer la dura y difícil elección entre utilizar la violencia contra un interrogado y permitir que se lleve a cabo un ataque en el que mueren docenas de israelíes. El mismo Tribunal permitió al fiscal general decidir no acusar al investigador.
Pero no permitió un procedimiento organizado como el «interrogatorio militar», que se repite a sí mismo en cada reclamación.
«En cada uno de los últimos tres años ha habido miles de interrogatorios en el GSS y se han planeado cientos de ataques suicidas. Muchos de ellos fueron llevados a cabo. Si, no obstante, solo hubiera cien reclamaciones en las que se argumentara que se había usado la violencia contra el interrogado, entones habríamos hecho un largo camino. La normativa del Tribunal Supremo hizo una importante contribución al cambio cultural en el GSS y esto se advierte en los interrogatorios. El Tribunal Supremo no tiene un interés especial ni permite el uso de la violencia, sino al contrario. Si llega a ser evidente que un investigador ha utilizado la violencia sin respetar los estrictos criterios de riesgo inmediato y seguro para la vida humana, y la información podría haber sido obtenida de otra manera, no tendrá da derecho a la defensa necesaria y será juzgado por la ley criminal».
«En un periodo de continuo terror el deber del fiscal general es, por una parte, evitar fenómenos como los señalados por la Comisión Landau o las situaciones que precedieron la normativa del Tribunal Supremo sobre la tortura y, por otra parte, permitir al GSS frustrar atentados y salvar vidas. Dentro de este marco, el GSS tiene un manual que las organizaciones terroristas distribuyen a sus activistas y que los prepara para los interrogatorios del GSS» .
Parte de la tesis doctoral del fiscal Zacharia trata sobre la normativa del Tribunal Supremo sobre la tortura. Zacharia, que entonces no sabía que iba a encargarse del CICU, en su artículo se refiere entre otras cosas a la «separación acústica entre el establecimiento de seguridad y la oficina del fiscal general». Escribe «la realidad muestra que existe estrecha interacción y cooperación entre el GSS y la oficina del fiscal del Estado, que procede de intereses comunes, de relaciones interpersonales y de la interdependencia institucional entre ambas instituciones».
El CICU es miembro del GSS, entonces, ¿cómo asegura que el GSS se supervisa a sí mismo convenientemente?
«Cuando asumí el cargo hace tres meses, era escéptico. El CICU tiene ventajas, pero también inconvenientes. La gran ventaja, en contraposición al sistema anterior, es que el CICU recibe los informes cuando están frescos, ya que el investigador informa a su superior. No hay situaciones de bloqueo. Nos reunimos semanalmente y me informa de todo lo que surge en los interrogatorios, y yo decido si el asunto justifica seguir investigando o no».
Sin embargo, es un hombre del GSS.
«No digo que sea perfecto. Por otra parte, está bajo nuestra estricta supervisión. Su subordinación al GSS es sólo administrativa. Se sienta aquí y ellos tienen que alimentarlo. Esto significa que visita los distintos centros de detención y tiene allí una secretaria. Pero nadie le dice lo que tiene que hacer. Es un funcionario de alto rango, equivalente a un brigadier general. Su juicio es independiente del GSS y puede investigar a quien quiera. Nadie en el GSS tiene acceso a sus inspecciones, incluyendo el jefe del GSS. Se graban todas sus conversaciones con los interrogados y yo recibo las transcripciones. Si me da la impresión de que el interrogado no cooperó, sé que tenemos un problema.».
«Los investigadores del GSS no tiene derecho a permanecer en silencio en los exámenes del CICU y no pueden buscar asesoría legal; de hacerlo sus casos son enviados a la policía. Lo tengo «fácil». Evalúo el interrogatorio después y veo qué se ha evitado, de manera que me siento mejor que ellos cuando se evita un desastre. Afortunadamente no tengo que ocuparme de todo lo que hace el investigador durante el interrogatorio. Por un aparte, cómo explica a las familias que han perdido seres queridos por qué no se evitó un ataque y, por otra, cómo me explica a mí por qué se usó violencia ilegal. La principal ventaja que tengo sobre un examinador externo es que yo recibo un informe semanal detallando todos los acontecimientos inusuales ocurridos durante los interrogatorios. Al año se investiga a decenas de examinadores sin que haya una sola queja. Unas pocas veces el Comité Contra la Tortura me envía una queja, y yo le digo que ya lo hemos examinado».
EL COMITÉ SE DEBE EXAMINAR A SÍ MISMO
GSS: Los interrogatorios frustran inmediatas actividades terroristas y salvan vidas
Esta respuesta fue enviada desde el despacho del director del GSS: «Los interrogatorios a terroristas los lleva a cabo el GSS siguiendo la normativa del Tribunal Supremo (HCJ 5100/99, Comité Público Contra la Tortura y otros) y están sujetos a los parámetros legales definidos por esta normativa. Los seis interrogados mencionados en la encuesta (que sufrieron «interrogatorio militar»- SM) fueron interrogados como sospechosos de una actividad extremadamente terrorista. Cada uno de ellos fue calificado de «bomba de relojería» y el objetivo de su interrogatorio era tanto frustrar un ataque terrorista inminente como acabar con las redes terroristas en las que trabajan. El frustrar estas actividades evita graves atentados terroristas y salva vidas. Es difícil calcular el significado de frustrar un ataque en términos de salvar vidas y de evitar daños a civiles inocentes». Fueron archivadas las acusaciones en los tribunales contra todos aquéllos que se mencionaron aquí, acusándolos de haber cometido graves actos terroristas. Si son declarados culpables, es esperable que sean condenados a largos años de prisión. El examen de las reclamaciones de los interrogados se hace bajo lo auspicios del ministerio de Justicia, bajo la supervisión de fiscal de Estado y del fiscal general. Dado que los procedimientos legales contra los antes mencionados todavía no han terminado, se asume que las reclamaciones de los interrogados (si las hay) se examinarán en sus juicios».
«Sería conveniente que el Comité Contra la Tortura, que es responsable de presentar las reclamaciones, se examinara a sí mismo dados los numerosos casos habidos en el pasado en los que reclamó, supuestamente en nombre de los interrogados, cuando un examen hecho a estos últimos demostró que no hacían reclamación alguna».
Martes, 19 de abril de 2005
——————————————————————————–
Notas
[1] Traducción [al inglés] del original en hebreo encargada por el Comité Público Contra la Tortura (PCATI)- Cualquier discrepancia es responsabilidad del PCATI. El autor y la publicación tienen todos los privilegios del copyright.
[2] Nota del traductor [al inglés] En hebreo se refiere a la referencia del GSS a la decisión como la «decisión de permiso». PCATI se refiere a ello como la decisión de tortura. Esto refleja dos análisis diferentes de la decisión.