La entrada en Estados Unidos y renuencia de sus autoridades a aplicar la ley al terrorista Luis Posada Carriles está trayendo consecuencias muy comprometedoras para Washington. El adalid mundial de la «guerra contra el terrorismo» quedará expuesto como el más grande promotor del terrorismo de Estado en la historia universal pese a los enormes recursos […]
La entrada en Estados Unidos y renuencia de sus autoridades a aplicar la ley al terrorista Luis Posada Carriles está trayendo consecuencias muy comprometedoras para Washington. El adalid mundial de la «guerra contra el terrorismo» quedará expuesto como el más grande promotor del terrorismo de Estado en la historia universal pese a los enormes recursos propagandísticos dedicados a fomentar la imagen contraria. La actitud complaciente de George W. ante Posada ha insertado de nuevo en el debate público algo que la maquinaria mediática alguna vez informó de manera inconexa y parcializada pero sepultó hace tiempo en el cajón del olvido: la transnacional del terror articulada por Washington para mantener y ampliar su hegemonía en el mundo. Hiroshima y Nagasaky no se borran de un plumazo.
Gran parte del componente latinoamericano y caribeño de este rompecabezas pudo ser armado con los relatos escuchados en el reciente Encuentro Internacional contra el Terrorismo, por la Verdad y la Justicia, celebrado en La Habana. Obviamente, se habría necesitado de bastante más de tres días para que todos los asistentes ofrecieran sus testimonios y opiniones, atando más cabos sueltos de esta historia escrita con sangre.
El derrocamiento del presidente Jacobo Arbenz y su estela genocida que segó cerca de doscientas mil vidas. La Operación Cóndor, montada por la CIA y las dictaduras militares de América del sur que llevó a la muerte a decenas de miles de activistas, sindicalistas, militantes revolucionarios e intelectuales de Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Brasil. El papel del gobierno de Estados Unidos en la autoría del golpe de Estado contra el gobierno de Salvador Allende, así como en el baño de sangre que le siguió. La guerra sucia contra los movimientos revolucionarios centroamericanos y la Nicaragua sandinista. Las invasiones yanquis a República Dominicana, Granada y Panamá. La contrarrevolución (anti)cubana de Miami como brazo ejecutor continental de represión, atentados terroristas y operaciones encubiertas de la CIA, que llegaron hasta el Congo y Vietnam.
Así, Posada Carriles, autor de la voladura de un avión civil cubano, ligado a la represión en Venezuela, El Salvador, Argentina y Guatemala y responsable de abastecer a la contra nicaragüense pudo ser visto no como individualidad sino como integrante de una legión internacional del terror entrenada, organizada y financiada por la CIA no sólo para actuar contra Cuba, sino donde Estados Unidos lo requiriera. Tirando los hilos tras Pinochet, Videla, Stroessner, Banzer y Figuereido fueron saltando a escena Ronald Reagan, George H. W. Bush(padre), Henry Kissinger y John D. Negroponte. En fin, los estrechísimos vínculos de la familia Bush con la mafia (anti)cubana, que alcanzan a los vástagos George W. y Jeb, el uno presidente de Estados Unidos y el otro gobernador del estado de Florida.
Es por eso que los reunidos en La Habana decidieron constituir un tribunal internacional civil para juzgar estos crímenes y acusar como máximos responsables de ellos a la ilustre nómina de personeros del imperio antes citada. Y es que los sistemas judiciales establecidos han demostrado su incapacidad para someter a proceso a los causantes de la eliminación física en nuestra región de casi toda una generación de luchadores sociales y revolucionarios. La prueba más reciente de ello es la farsa judicial escenificada en el caso de Posada Carriles, cuya detención fue llevada a cabo sólo después de casi dos meses de su entrada ilegal en Estados Unidos gracias a las vigorosas denuncias de Fidel Castro y a la solicitud de extradición presentada por Venezuela. Mientras tanto, y hasta que Posada compareció ante la prensa, las autoridades de ese país decían desconocer su paradero e incluso llegaron a negar que estuviera en su territorio. Ya detenido, sólo se le acusó de inmigrante ilegal y en la primera vista del juicio de migración celebrada en El Paso, Texas, ni siquiera se mencionó la solicitud venezolana de arresto provisional acorde al tratado de extradición vigente entre los dos países. Está en Washington una delegación de la Asamblea Nacional de Venezuela que entregará de nuevo a sus pares estadunidenses la solicitud de extradición, ahora contentiva de un voluminoso expediente, ya remitida por su cancillería al Departamento de Estado. El proceso de Posada parece tomar un sendero de dilaciones que, mientras más largo, más hundirá en el pantano a Bush, el cruzado.