«Llevo esperando a mi marido 21 años, y los israelíes esperan a su soldado desde hace cuatro días. Que no se angustien tanto: sobrevivirán». La irónica filosofía que emplea Sanaa Herez, de 42 años, para relativizar la captura del uniformado Gilad Shalit ha sido, dice, la clave de su supervivencia. Durante más de dos décadas, […]
«Llevo esperando a mi marido 21 años, y los israelíes esperan a su soldado desde hace cuatro días. Que no se angustien tanto: sobrevivirán». La irónica filosofía que emplea Sanaa Herez, de 42 años, para relativizar la captura del uniformado Gilad Shalit ha sido, dice, la clave de su supervivencia. Durante más de dos décadas, esta palestina de Gaza ha educado y criado a cinco hijos y 12 nietos en ausencia de su marido, Nafis Ahmed Nares, condenado a cadena perpetua en 1986 por un tribunal israelí, acusado de la muerte de dos soldados cuando combatía contra la ocupación en Gaza.
En 21 años Sanaa se ha cansado de las promesas internacionales y locales sobre una eventual liberación y de unas negociaciones con Israel «que no dan resultados. Desde los Acuerdos de Oslo no sólo no se ha liberado a ninguno de nuestros presos: se ha seguido arrestando a hombres, mujeres y niños. ¿Por qué la vida de un soldado israelí capturado conmueve al mundo y 10.000 palestinos capturados le son indiferentes?».
Como ella, la mayoría de los familiares de los 9.400 presos distribuidos en 28 penales y centros de detención israelíes -según datos del Ministerio de Asuntos de los Detenidos- aplaude la captura del militar a manos de las milicias pese a las trágicas consecuencias que puede conllevar, en especial los allegados de los 1.000 reos de la Franja. Los brazos armados de Hamas y los Comités Populares de Resistencia, responsables de la acción, exigen la liberación de las 120 mujeres y de los 330 menores de 18 años detenidos por Israel -siempre según datos oficiales- antes de ofrecer ninguna información acerca del uniformado, algo considerado por los allegados a los presos como «una reclamación humanitaria. Todos estos años de ocupación y negociaciones vanas nos han empujado a esta situación», explica Samir Ibrahim al Biss.
Si el Gobierno israelí cediera y liberase a mujeres y niños, la familia de Samir promete celebrar una gran fiesta para acoger a su hija Wafa, de 22 años, arrestada en 2005 cuando pretendía inmolarse en el cruce militar de Erez, entre Israel y Gaza. «Militaba en las Brigadas de Al Aqsa y desde que era una niña hablaba de ser mártir, pero nunca imaginamos que fuera en serio», recuerda su madre, Salma Jalil, rodeada de otras siete hijas en su domicilio de Yabalia. «Fue detenida por los israelíes y condenada a 12 años. No nos dejan verla, hablar con ella o enviarle dinero, ropa o cartas».
Desde entonces, la familia de Wafa participa en las protestas de familiares de detenidos que cada lunes se celebran frente a la sede de Cruz Roja en Gaza. «La cuestión de los prisioneros está olvidada. Llevamos esperando mucho tiempo una oportunidad como ésta, y pedimos desde hace mucho que se capturen militares israelíes para presionar», continúa Salma. «Si pudiera, yo también haría prisioneros entre los soldados», añade.
Su postura no es compartida por Rafic al Hamduna, director de la Asociación de Prisioneros y ex Detenidos Palestinos de Gaza, quien pasó 10 años en prisiones israelíes por militar en Al Fatah. «Con Israel es como vivir en la jungla: sólo vale la ley del más fuerte. No comparto con Hamas la estrategia de tomar prisioneros, pero 10 años de negociaciones no han conseguido ningún avance en la cuestión de los presos». «En cualquier país invadido, una vez que las tropas de ocupación se retiran los prisioneros son liberados», estima Sanaa. «¿Dónde está el respeto por los Derechos Humanos, de la democracia de Oriente Próximo?», se interroga con sorna. Desde hace cuatro años, las autoridades israelíes no le permiten visitar a su marido «por cuestiones de seguridad». «Nafis fue arrestado por combatir contra los invasores, para mí siempre será un preso político. Y dado que los israelíes no están dispuestos a liberar a nadie, no hay más remedio que capturarles y negociar». El responsable de la Asociación de Prisioneros también se considera un ex preso político. «Es una de las luchas de nuestra asociación, lograr que los palestinos reciban el tratamiento de prisioneros de guerra según la Convención de Ginebra», afirma Al Hamduna. Los familiares se sienten tan abandonados que consideran la inminente ofensiva israelí, los bombardeos y la destrucción como un mal menor.
Para los palestinos, la falta de agua, luz y las bombas no son algo nuevo», prosigue Salma Jalil. «Resistiremos incluso si las cosas van a peor. Si no hay agua, nos beberemos el mar, pero quien a hierro mata a hierro muere», añade su marido. En la ciudad sureña de Jan Yunis -la más castigada hasta ahora por la operación israelí- la familia de Hasan Abú Ramadan no se pone de acuerdo sobre la conveniencia de lograr la liberación de un puñado de presos a cambio de un castigo colectivo. «Eso pone en riesgo a la población: cuando usamos la violencia sólo recibimos más violencia», explica Zainab, la esposa del preso. Abú Ramadan fue arrestado por primera vez con 17 años, acusado de tirar piedras. Quince años después volvió a ser detenido, esta vez bajo la acusación de transportar armas. Aún no ha recibido una sentencia firme como centenares de prisioneros en prisión preventiva. «Es nuestro derecho capturar israelíes hasta que nos devuelvan a los nuestros», clama Raad, primo de Abú Ramadan, precisamente cuando un avión israelí rompe la barrera del sonido provocando una explosión sónica que hace temblar la endeble vivienda. «¿Lo ves?», se queja Zainab. «Es lo que pasa cuando usamos la fuerza».