Cuando a principios del 2008 el Relator Especial de la ONU para los Derechos Humanos, Richard Falk, afirmaba que el asedio que sufría la población civil de Gaza desde el 2007 era un grave e ilegal castigo colectivo y un «preludio del genocidio», la comunidad internacional no les prestó ninguna atención. Sus predicciones son hoy […]
Cuando a principios del 2008 el Relator Especial de la ONU para los Derechos Humanos, Richard Falk, afirmaba que el asedio que sufría la población civil de Gaza desde el 2007 era un grave e ilegal castigo colectivo y un «preludio del genocidio», la comunidad internacional no les prestó ninguna atención. Sus predicciones son hoy una triste, dramática y vergonzosa realidad, por más que la mayoría de los medios de comunicación intenten maquillarla, que en el momento de escribir estas líneas arroja un balance de más de 780 muertos y 3300 heridos, cifras que van aumentando cada hora que pasa en lo que se ha convertido en la Guernika palestina.
Cuando Miguel D’Escoto, presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el pasado 24 de noviembre recomendaba que » …se debiera considerar el apoyo a las nuevas generaciones de la sociedad civil que llaman a una campaña similar, no violenta, de boicot, desinversión y sanciones que presionen a Israel para que ponga fin a sus violaciones,» nuestros líderes y gobernantes del mundo democrático hicieron oídos sordos y, por activa o por pasiva, respaldaron las políticas israelíes premiando las reiteradas violaciones de los sucesivos gobiernos israelíes de acuerdos, convenciones y resoluciones de la ONU en materia de derechos humanos y leyes humanitarias, con ampliaciones y mejoras de sus relaciones diplomáticas, económicas, militares, culturales y académicas . Todo ello a pesar de las conclusiones de muchos informes de diferentes organismos de la ONU y de varias instituciones civiles e independientes que constatan los incumplimientos y las violaciones de la legalidad por parte israelí. En el caso de la Unión Europea, en contra de lo expresado por su propio parlamento.
Los poco más de 360 kilómetros cuadrados de la Franja de Gaza, donde habitan más de un millón y medio de personas, convirtiéndola en una de las partes del mundo más densamente pobladas, son desde 1967 un territorio ocupado por Israel, condición que no ha cambiado tras la «desconexión unilateral» de Sharon llevada a efecto en agosto de 2005. La IV Convención de Ginebra, de la que Israel es signatario, ampara y protege a la población palestina y obliga al ocupante a responsabilidades derivadas de la misma. Ninguna de las Altas Partes Contratantes de la Convención ha tomado medida alguna, incluyendo las previstas en la propia Convención para hacer que Israel cumpla con tales obligaciones.
Una acción más decidida, firme y resuelta de la comunidad internacional, más allá de las consabidas declaraciones retóricas de condena, hubiera podido evitar estas matanzas y todo este sufrimiento humano. Esa acción no es un acto de volunatriedad, es una obligación que el concierto de naciones tiene bajo la legalidad internacional vigente.
El ataque a Gaza que ha sido preparado con al menos 6 meses de antelación, es fruto de consideraciones políticas (traspaso de poder en Washington, que la nueva administración estadounidense se encuentre con un escenario determinado, elecciones israelíes, etc.) y constituye una fase más de un plan ideado para hacer imposible cualquier acuerdo que permita el establecimiento de un estado palestino viable, favoreciendo de paso las tensiones interpalestinas. Hoy se favorece a Fatah en detrimento de Hamas, como en su día se favoreció a Hamas en contra de la OLP; una estrategia que parece no tener fin hasta arrebatarles a los palestinos el último palmo de tierra. A menudo se olvida como es la vida bajo una ocupación militar feroz que ya dura 41 años, lo que tristemente la convierte en la más larga de la historia contemporánea.
Los inaceptables crímenes de guerra, las graves, reiteradas e insultantes violaciones del Derecho Internacional por parte del gobierno israelí deben ser perseguidas sin demora. Los ciudadanos hemos de insistir una vez más ante nuestros gobernantes y exigirles que cumplan y hagan cumplir de forma eficaz lo previsto en las leyes y disposiciones internacionales. Para ello, debemos movilizarnos activamente. Nuestro silencio no puede ser cómplice. Aquí no vale pasarse la pelota y decir que le corresponde a la instancia superior. La colaboración con Israel de las diferentes administraciones, locales, autonómicas, nacionales y europeas, debe suspenderse en los ámbitos comerciales, culturales, académicos etc., hasta que este no se avenga a respetar el ordenamiento internacional, particularmente en materia de derechos humanos y a cumplir sus obligaciones con la IV Convención de Ginebra, la Opinión Consultiva de la Corte Internacional de Justicia, con la Carta y las Resoluciones de las Naciones Unidas y con los Convenios y Tratados Internacionales. Los particulares y las instituciones deben participar activamente en estas medidas de presión proque esta atroz impunidad debe finalizar inmediatamente. No es de recibo que al mismo tiempo que se emiten comunicados de condena y llamamientos al alto el fuego, estemos firmando contratos de compraventa incluso de armas.
Buena parte de la paz y del progreso del área euro-mediterránea depende de la paz en Palestina, es por tanto nuestra paz y nuestro progreso. Hoy es absolutamente necesario que la UE adopte una postura diferente de la de los EE.UU. y haga que su influencia económica se corresponda con su acción política y diplomática que debe ejercer sin dilación y sin complejos de forma efectiva.