El 12 de Marzo ha sido un día de manifestación, y en muchos casos huelga estudiantil en las escuelas y universidades de todo el Estado español, convocado desde el II Encuentro Estatal de Asambleas contra Bolonia de Valencia (Diciembre de 2008) y refrendado en las distintas Asambleas a nivel local, llegando a movilizar a 25.000 […]
El 12 de Marzo ha sido un día de manifestación, y en muchos casos huelga estudiantil en las escuelas y universidades de todo el Estado español, convocado desde el II Encuentro Estatal de Asambleas contra Bolonia de Valencia (Diciembre de 2008) y refrendado en las distintas Asambleas a nivel local, llegando a movilizar a 25.000 estudiantes en Barcelona y 15.000 en Madrid, en torno a 3000 en Zaragoza u Oviedo, 2000 en Valencia, 1500 en Murcia o León, más de 1000 en Salamanca, La Palma o Sevilla, centenares en otras ciudades como Granada, Cádiz, Jaén, Algeciras y así en más de 30 puntos, todo ello a pesar de las fechas de exámenes en institutos. La razón de dicha protesta no es otra que el rechazo ante la forma en que se viene implantando el Espacio Europeo de Educación Superior, más conocido como Proceso de Bolonia ó Estrategia Lisboa.
Sus directrices, reflejadas en el Informe Bricall, vienen delimitadas por la Organización Mundial del Comercio (OMC) y su Acuerdo General de Comercio de Servicios de 1995 (ACGS), cuyo objetivo declarado es «liberalizar el comercio de servicios» a escala mundial.
Pero el Proceso de Bolonia es sólo un conjunto de declaraciones que, de por sí, no obligan a nada. Son las leyes de cada Estado, elaboradas por distintos ministerios, aprobadas en los parlamentos y aplicadas por equipos de gobierno afines, las que garantizan que estas directrices puedan estar llevándose a cabo.
En el Estado español son la LOU y sus Reales Decretos, el último de los cuales (aprobado el 29 de Octubre de 2007 bajo el mandato de Zapatero) transforma todo el sistema de titulaciones universitarias en «enseñanzas de Grado, Máster y Doctorado conducentes a la obtención de los correspondientes títulos oficiales» (Artículo 3.1).
Esto no es más que la punta del iceberg de este asunto. Todos sabemos que el precio de un Máster tiende a distar, con mucho, del precio global de una Licenciatura o Diplomatura. A eso cabe añadir una particular subida del precio del Grado, una importante reducción del contenido específico y la posibilidad, a través del Máster, de introducir la paulatina participación del capital empresarial en la Universidad Pública. Estas leyes atribuyen competencias a la ANECA (organismo externo a la universidad, que se encarga de establecer los nuevos Grados y Post-Grados) para que evalúe la validez de cada título de Grado o Máster, así como al profesorado, conforme a sus propios criterios.
Pero según su propia declaración de intenciones, para la ANECA «La educación también adquiere gran relevancia como factor para atraer inversión. […] La OMC intenta ahora regular, además del comercio de bienes industriales, el comercio agrícola y de servicios… la liberalización de los servicios, posiblemente, va a ser bastante lenta. El capital humano, la educación y la investigación son factores fundamentales de competitividad y desarrollo. […] Avanzamos hacia una sociedad de la información y del conocimiento, por lo que la OMC tendría que afrontar el tema del libre comercio del conocimiento, que hoy es un recurso transnacional y es algo que afecta directamente a la organización del servicio público de la Educación Superior «. Ello empieza a cobrar sentido cuando reparamos en la composición social de dicho organismo, basada en personalidades del mundo empresarial, financiero, político y el mundo docente pero, eso sí, con participación, a través de acciones, en empresas privadas.
Para la OMC y para la ANECA, la educación no es más que «capital humano emprendedor» o un «comercio de servicios» que debe ser «liberalizado». También para Ana Botín, hermana del magnate financiero del Santander , presidenta del Banco Banesto y de la Fundación Conocimiento y Desarrollo , organismo que sirve de punto de encuentro entre la empresa y el mundo universitario , según declaraba en su última conferencia en Vigo «La universidad y la empresa en la sociedad del conocimiento. Un camino compartido», en Mayo de 2008.
Las distintas leyes de financiación autonómica, como la LAU, aprobada por la Junta de Manuel Chaves, coinciden en que «Las universidades deben asumir una mayor responsabilidad por su propia sostenibilidad financiera a largo plazo, sobre todo por lo que respecta a la investigación: Esto supone una diversificación proactiva de sus fuentes de financiación mediante la colaboración con empresas (también en forma de consorcios transfronterizos), fundaciones y otras fuentes privadas«.
La realidad de este Proceso de Bolonia es inseparable de la actual coyuntura política y económica. Se incluye en el paquete de medidas con que los distintos gobiernos, incluido el de Zapatero, están respondiendo a la deplorable situación económica en favor del alto empresario, reduciendo gasto público para emprender planes de rescate con los que subsidiar al sistema financiero y la empresa en crisis y atraer la inversión, a costa de privatizar los servicios públicos. Se retrasa así el desplome inevitable de la Bolsa, alimentando la especulación, pero no se evita que, mientras tanto, el empresario recurra al despido o supresión de personal y profesorado, la reducción en gastos de enseñanza, el recorte o supresión de titulaciones y el desmantelamiento a medio plazo de las infraestructuras.
El Plan Bolonia afecta al estudiante, mediante la privatización del sistema educativo, la sustitución de becas por préstamos, el recorte y encarecimiento de la enseñanza y la ingerencia del empresario en los planes de estudio, de la misma forma que la crisis afecta al mercado laboral facilitando el despido masivo (amparado por la Junta), la congelación de salarios, aumentando la carestía de la vida, la inaccesibilidad de la vivienda. Aspectos todos estos, que tarde o temprano afectarán a la juventud, profesional o trabajadora, que no contenta con no poder emanciparse hasta tarde y tener dificultad para pagar sus estudios, tendrá que hacer frente al desempleo, la precariedad, una pésima formación, la falta de préstamos o de salario con que afrontar el pago de hipotecas o alquiler, etc.
Este es el tipo de mercado laboral al que Bolonia quiere «adaptar» la Universidad. Lo cual tan sólo va en detrimento de la formación, pero no de la dificultad para seguir encontrando empleo (salvo para los antiguos Licenciados que no encuentren trabajo «en lo suyo»).
La realidad del trabajador, del profesional, del docente, del personal de administración y servicios… es inseparable de la realidad del estudiante medio y superior.
Un estudiante medio a cuya familia afecte la crisis, es un estudiante que, aún más, con Bolonia, difícilmente podrá acceder a unos estudios universitarios.
Un estudiante superior a cuya familia afecte la crisis, tendrá que buscar empleo, pero, con Bolonia, está obligado a asistir a clases, por lo que se verá obligado a abandonar o interrumpir sus estudios.
El estudiante de Grado es, según el Decreto, un estudiante «de una formación general, en una o varias disciplinas, orientada a la preparación para el ejercicio de actividades de carácter profesional» (un F.P. 3), es decir, deberá enfrentarse a la condición de mano de obra flexible, poco exigente y barata, y empleos de carácter precario.
El estudiante de Máster es, según el Decreto, un estudiante «de una formación avanzada, de carácter especializado o multidisciplinar, orientada a la especialización académica o profesional, o bien a promover la iniciación en tareas investigadoras». Lo que antes te daba una Licenciatura, Ingeniería o Diplomatura, lo suple uno o dos años de Máster pero, a un coste muy superior (27,5 € por crédito, en torno a 1800 euros por año), con sólo una beca por 25 a 40 estudiantes. El estudiante de Máster, es, o un suertudo, o alguien endeudado de por vida.
Debemos responder a todo ello de forma conjunta.
Los estudiantes llevamos por más de un año luchando solos contra Bolonia. Pero no hemos conseguido que se atienda a ni una sola de nuestras demandas, salvo por un aumento de becas. Tan sólo hemos logrado atrasar el proceso. Pero Bolonia no es más que la LOU, y los Reales Decretos. Derogados éstos, esta brutal transformación del Plan de Estudios no se estaría llevando a cabo.
Y la LOU es sólo una parte de la actual coyuntura política y económica. Si queremos paralizarla, hemos de unirnos a otros sectores en lucha, afectados por el Plan Bolonia y la situación general de la crisis. Hemos de unirnos a los profesores, a los becarios, al personal de administración y servicios, a los conductores de Tussam, a los mineros de Boliden, los despedidos en Plaspapel, los astilleros, los trabajadores de la metalurgia MP que han conseguido parar un despido masivo (un ERE) recientemente, al no firmarlo la Junta.
Derogar la LOU es competencia del gobierno. Un día de huelga de esos sectores causa más daño que un mes de huelga de los estudiantes. Pero el mes de huelga de los estudiantes es relativamente sencillo con el apoyo de estos sectores. Debemos buscar apoyos por fuera del estudiantado y la universidad, si es necesario asumiendo reivindicaciones conjuntas, preparando así el terreno para una huelga general indefinida en la enseñanza media y superior contra el gobierno, con una consigna clara: la derogación de la LOU y del Decreto.
Ésta puede ser coordinada a nivel estatal mediante el III Encuentro Estatal de Asambleas contra Bolonia en Burgos, y preparada a través de una Hoja de Ruta de movilizaciones conjuntas en todo el Estado, ampliamente discutida y difundida a nivel local en las Asambleas de Estudiantes de base y planteada a aquellos otros sectores a los que queremos llegar: profesores, PAS, y sectores de trabajadores actualmente en lucha. Porque es el futuro de la enseñanza lo que está en juego: es necesario una huelga general indefinida en la enseñanza media y superior, apoyada desde otros sectores sociales, para exigir la derogación de la LOU y sus Decretos.