Con motivo del 20 aniversario de la dispersión, los presos políticos han llamado a la sociedad vasca a seguir movilizándose para acabar con esa medida, mientras instan a los estados a «sacar la política penitenciaria de parámetros de enfrentamiento y tomar la vía del sentido común». El Colectivo de Presos Políticos Vascos (EPPK) ha remitido […]
Con motivo del 20 aniversario de la dispersión, los presos políticos han llamado a la sociedad vasca a seguir movilizándose para acabar con esa medida, mientras instan a los estados a «sacar la política penitenciaria de parámetros de enfrentamiento y tomar la vía del sentido común».
El Colectivo de Presos Políticos Vascos (EPPK) ha remitido un extenso comunicado a GARA en el que repasa lo que han significado los 20 años transcurridos desde la puesta en marcha de la dispersión. Una medida que considera «fracasada» políticamente pero que ha provocado «consecuencias criminales y tiene unos responsables, con nombre y apellidos», entre los que sitúa, además de a «la derecha fascista y la seudo-izquierda», a los dirigentes del PNV.
Se trata, según denuncia, de los mismos responsables políticos «que nos quieren dar lecciones éticas y morales, de democracia y libertad. Pero hay 37 muertes, entre presos y allegados, por las que nadie ha sido encausado ni condenado. Y son muertes planificadas, no se trata de casualidades; hay una clara voluntad para ello, y también una decisión política». Les advierte que «ya llegará la hora de pedir cuentas, porque la impunidad no es ilimitada».
Ante esa realidad de sufrimiento y de conculcación de derechos, los prisioneros hacen un doble llamamiento a la sociedad vasca y a los gobiernos español y francés. A la primera se dirigen para emplazarle a «redoblar esfuerzos» para acabar con la dispersión y eliminar sus consecuencias, mientras que a los segundos les reclaman que «saquen la política penitenciaria de los parámetros del enfrentamiento, den sus pasos en la dirección democrática y cierren el Guantánamo franco-español».
Pero no sólo eso: «Que se dejen de seguir tocando las puertas de las prisiones y ofrecer beneficios penitenciarios que persiguen el arrepentimiento. Si quieren algo de los presos, que acudan a los portavoces e interlocutores del Colectivo».
«Ha fracasado«
EPPK, por su parte, se compromete a «responder con el compromiso para con la libertad de Euskal Herria, con dignidad. Tal como reafirmamos en el comunicado de febrero de 2008, ya saben cómo han de afrontar la cuestión de los presos: siendo como somos consecuencia del conflicto, deben hacer frente a sus raíces». Mientras tanto, según recalca, «no permitiremos que nos usen en perjuicio de la lucha de liberación».
El Colectivo, integrado actualmente por más de 700 personas, se ve inmerso «de lleno» en la actual coyuntura de negación y represión que achaca a los estados español y francés, pero echa la vista atrás para incidir en que no se trata de una situación nueva. «Son ya muchos años de alejamiento, dispersión y aislamiento. 20 años intentando destruir el Colectivo, en un esfuerzo miserable de que el preso se rompiera y cediera».
«¡Lo que no hemos visto, conocido y sufrido en todos estos años, tanto en nuestra propia carne como en la de nuestros familiares y amigos!», expresa en el comunicado, en el que se resalta que esa política penitenciaria iniciada en 1989 supone «un castigo añadido, tanto para el preso como para su entorno. Es una pena que no ha dictado ningún tribunal pero que los dirigentes españoles y franceses siguen ejecutando».
Pese a ello, los presos aseguran que la dispersión, «al igual que la política de arrepentimiento aplicada en los 80», ha fracasado en su objetivo porque le han hecho frente con su lucha diaria. «No han logrado condicionar el movimiento de liberación nacional a costa de nuestra opresión. Por muchos años que hayan pasado, mantenemos los compromisos políticos que nos llevaron a prisión», sentencian.
La cadena perpetua «de facto»
EPPK considera que la muestra más evidente del fracaso de la dispersión es el hecho de que ahora hayan puesto en marcha nuevas iniciativas de castigo, entre las que destaca la cadena perpetua de facto. «Todo preso, en todos los ordenamientos internacionales, en cualquier lugar, tiene derecho a la libertad, aunque haya sido condenado de por vida. España niega ese derecho. Ni redenciones, ni condicional; encarcelamiento por 40 ó 30 años y, además, cuando nos liberen, otros 20 bajo control judicial. Al parecer, la obsesión represiva no tiene límite».
Los últimos movimientos en materia penitenciaria le llevan a sospechar que los estados «pretenden colocar la persecución contra los presos vascos en primera línea de la estrategia represiva». Ante ello, les vuelve a indicar que será un intento baldío porque «no estamos mirándonos a nosotros mismos. Nuestra lucha es la lucha de Euskal Herria. Conseguiremos el marco democrático para nuestro país, y nosotros seremos parte activa en ese proceso».