La admisión a trámite, por parte del Tribunal Supremo, de la querella contra el juez Garzón presentada por el grupo fascista Manos Limpias («dime de lo que presumes…«), supone otro alarmante síntoma de la débil salud democrática que padecemos. Como he oído decir, es tremendo que el primer imputado judicialmente en esta materia sea alguien […]
La admisión a trámite, por parte del Tribunal Supremo, de la querella contra el juez Garzón presentada por el grupo fascista Manos Limpias («dime de lo que presumes…«), supone otro alarmante síntoma de la débil salud democrática que padecemos. Como he oído decir, es tremendo que el primer imputado judicialmente en esta materia sea alguien que, más allá de sus devaneos estelares, y dudosas y contradictorias actuaciones, intentó abrir unas fosas con miles de cuerpos de demócratas asesinados, mientras que todavía no se ha llevado ante los tribunales a ninguno de los que llenaron esas fosas de cadáveres.
Todo este asunto no solamente deja a las claras que la sombra del «atado y bien atado» del dictador es muy alargada, hasta el punto que, después de más de treinta años de la teórica «transición democrática», todavía haya jueces, como los del Tribunal Supremo, que desarrollen su tarea en sintonía con la dictadura asesina. También, y es necesario señalarlo, deja en una patética desnudez a la llamada Ley de la Memoria Histórica, votada en el parlamento, entre otros, por partidos de izquierda (también teórica) como PSOE e IU en Octubre de 2007, y ratificada en el Senado en diciembre de aquel año.
Para intentar contentar a tirios y troyanos, los redactores, y los diputados y senadores que votaron aquella Ley, se olvidaron (se supone que a conciencia) entre otras cosas, de temas tan capitales como la anulación de las sentencias franquistas, permitiendo de ésa manera que todavía hoy sean considerados legalmente como delincuentes todos los demócratas juzgados, condenados y muchas veces asesinados, a través de procesos ignominiosos. De ahí que, hoy en día, muchas personas como Francisco Granado, Joaquín Delgado, Joan Peiró o Salvador Puig Antich sigan siendo «culpables», a los ojos de este llamado «Estado de Derecho».
De igual manera, a los responsables de ésa Ley de (des)Memoria Histórica parecen no molestarles la presencia pública del franquismo en nuestras calles, plazas y parques. También con voluntad de medias tintas, la Ley permite la no-desaparición de determinados símbolos fascistas. Incluso desde administraciones gobernadas por esa supuesta izquierda se conservan monumentos que constituyen auténticos insultos a la democracia. Parece claro que este sucedáneo legal no sirve ni como lavado de cara. Como ejemplos próximos baste citar la decisión del Ayuntamiento de Palma (centroizquierda, alcaldesa del PSOE) de conservar el monumento de la Feixina (dedicado a los «caídos» del crucero Baleares, barco desde el que se masacró a la población civil indefensa que huía en febrero de 1937 de la Málaga asediada por los facciosos, y hundido por la Armada republicana en marzo de 1938) o el monolito de la Plaza de la Porta de Santa Catalina, en memoria de «los Jinetes de Alcalá» (29 oficiales de caballería golpistas, que se encontraban arrestados en Illetes en julio del 36, y que colaboraron en el triunfo del golpe y en la represión en Mallorca).
Por si todo esto fuera poco, la mencionada Ley «de la Memoria» deja un enorme vacío respecto a las fosas comunes de asesinados por la dictadura, en la medida que no responsabiliza a las administraciones públicas de la localización, identificación y rehabilitación de las víctimas enterradas en ellas. Y de esos polvos, estos lodos. Dejar abandonados en esa tarea a los familiares y a las Asociaciones de Recuperación de la Memoria Histórica, aparte de ser un acto de cobardía política, permite a algunos jueces fascistas, desde privilegiados tribunales, seguir echando paladas de tierra sobre las fosas de las víctimas del franquismo.
Pep Juárez es secretario de Acción Sindical de CGT-Balears