En los ya lejanos tiempos de la transición-transacción, el PSOE jugó en varios teatros. Uno de ellos, muy olvidado sin duda en su trayectoria, fue el de hacerse pasar por partido republicano. Algunos de sus representantes (Gregorio Peces Barba, Alfonso Guerra, si no he acuñado mal esta moneda secundaria) aparentaron defender la causa republicana en […]
En los ya lejanos tiempos de la transición-transacción, el PSOE jugó en varios teatros. Uno de ellos, muy olvidado sin duda en su trayectoria, fue el de hacerse pasar por partido republicano. Algunos de sus representantes (Gregorio Peces Barba, Alfonso Guerra, si no he acuñado mal esta moneda secundaria) aparentaron defender la causa republicana en la Comisión constitucional e incluso llegaron a abstenerse en alguna votación parlamentaria en la que se tramitaba el artículo referente a la forma de Estado.
Actuaron bien, tenían tablas. Durante algunos años, la opinión pública, una parte de ella cuanto menos, identificó la defensa del republicanismo y la tradición republicana española con el partido de Pablo Iglesias, con los cien años de honradez, con el rejuvenecido partido de González-Guerra, mientras que el PCE aparecía ante la ciudadanía, por supuesto realismo político, como el partido defensor de la «Monarquía democrática».
El disparate cometido por el PCE y sus partidos afines fue histórico. Sin exagerar y sin olvidar las duras circunstancias. En algunas concentraciones y mítines de aquellos años, quienes perseguían a militantes comunistas que, pletóricos de razones temperadas y sentimientos, exhibían nobles banderas y símbolos republicanos no eran la policía neofranquista, sino otros militantes comunistas que responsablemente, se afirmaba, seguían los dictados taxativos de la dirección del partido de la lucha antifranquista y republicana.
Vivir para que la rabia, como quería Alberti, transite por venas y arterias.
El PSOE sacó tajada electoral de su obscena actuación republicana. Baste recordar las elecciones de octubre de 1982 y su éxito inconmensurable. Después, como en tantas otras cosas, si te he visto no me acuerdo. También aquí el olvido anduvo a sus anchas. No hay en estos 25 años ni una sola acción política real de la que se tenga noticia, más allá de la constitución de fundaciones de orientación republicana y algunas declaraciones puntuales para jalear los oídos de los simpatizantes, que empujan en dirección republicana. Los pocos activistas del PSOE que intervienen en coordinadoras republicanas ponen siempre -siempre es siempre- el acento en la necesidad de pedagogía, de recordar la historia reciente, como si la acción republicana se redujera a un instituto de estudios que tuviese como tema esencial la política y cultura durante la II República Española. Desde luego, la III República, en su opinión, es pura ensoñación de mentes izquierdistas extraviadas.
Así lo piensan, así han actuado y así actúan.
El pasado martes tuvimos ocasión de comprobarlo una vez más [1]. ERC, por boca de Joan Tardà (¡cómo se nota su militancia antifranquista!), con el apoyo de IU e ICV, pidió transparencia en las cuentas del Jefe del Estado. ¿Es mucho pedir? Saber -simplemente saber- en qué se gasta el Jefe del Estado el dinero que le viene asignado por el Parlamento, que no es un sueldo, como en el caso, pongamos, del presidente del gobierno o de la presidenta del Tribunal Constitucional, sino una sustanciosa partida presupuestaria que ronda los 9 millones de euros (NUEVE, han leído bien, 1.500 millones de las antiguas pesetas).
PP y PSOE probaron una vez más que, en asuntos esenciales, forman un dueto excelente, sin oposición ni estridencias. El PP es, pido perdón por la metáfora, el poli malo y el PSOE cuida algo más las formas. Juan Manuel Albendea, del PP, dijo en su intervención que las propuestas surgían del odio deleznable que ERC alberga contra la institución mejor valorada por la ciudadanía y que los independentistas catalanes, en el fondo, pretenden cambiar la Constitución a través de los presupuestos. El representante del PSOE, José Vázquez, señaló, orgulloso de haberse conocido, que la Constitución de 1978, que ha sido modificada cuando les pareció oportuno, defiende el derecho del rey a disponer a su antojo del dinero otorgado y de la imposibilidad por ley que se pueda fiscalizar su ejecución. En síntesis: nos gustaría, sería adecuado, pero nada podemos hacer. A otra cosa, que hoy es martes y hay partido de fútbol.
¿Es así realmente? Es así. La partida presupuestaria que la Casa Real recibe del parlamento, de la máxima -dicen- representación democrática de los ciudadanos, no debe rendir cuentas a nadie. La realeza puede hace de su capa un sayo e invertir, por ejemplo, en industrias armamentistas, en matanzas de animales, llamadas cacerías, o incluso en desinteresadas ayudas al Opus Dei y grupos ultracatólicos afines.
Admitiendo a título meramente provisional el disparate que, desde luego, cuesta mucho de aceptar -y sobre todo cuesta mucho de pensar democráticamente que nada puede hacerse, por mucho que la Constitución ampare tal desaguisado, lo cual indica a todas luces la forma en que se elaboró la Constitución y el poder del espadón y la vigilancia de la Monarquía-, nada dice que el uso de ese presupuesto, como apunta Ignacio Escolar en su columna, deba ser secreto. El Parlamento, constitucionalmente, no puede marcar las partidas de ese gasto, pero nadie ha podido apuntar que no sea posible pedir información parlamentaria sobre la forma en que es efectivamente utilizado.
Con el apoyo de IU e ICV, ERC pidió, pues, que el gasto del presupuesto de la realeza esté a disposición del parlamento, así como el patrimonio de la Casa. Nada más, sólo eso. La apisonadora monárquica de marca PP-PSOE, terrenal y pragmática sin parangón, se encargó de que la moción no prosperase. ¿Es esa la forma en que el PSOE cree cuidar una tradición republicana de la que se hizo teatralmente máximo representante años atrás?
Mientras se producía la votación, o algunas horas antes, dirigentes políticos del PSC-PSOE, incluido su secretario general y president de la Generalitat catalana, hablaban a raíz del caso Bartomeu-Prenafeta-Alavedra de la necesidad de regenerar éticamente la esfera política catalana y de un contrato de transparencia democrática entre las instituciones y la ciudadanía. Sin sonrojarse, con cara de circunstancias.
Todo ello, insisto, en el mismo momento en que no se era capaz de ni aprobar parlamentariamente, y se votaba con el partido del neofranquismo, no ya la revisión de la partida ni la abyecta libertad de usar ese dinero público como a la realeza le venga en gana, sino incluso tampoco que se pueda exigir dar cuenta de ese uso. ¿Es consistente hablar entones de transparencia democrática? ¿Es una broma a la ciudadanía? ¿Dónde está la gracia de esa estupidez?
Volver a empezar. Ésa fue la conclusión de György Lukács en aquellas inolvidables conversaciones de 1966 [2]. Manuel Sacristán tomó el guante años después. La consigna-programa no ha perdido actualidad.
Notas:
[1] Véase Ignacio Escolar, «¿En qué gasta el dinero público el rey?», http://www.escolar.net/MT/archives/2009/11/%C2%BFen-que-gasta-el-dinero-publico-el-rey.html.
[2] Fueron editadas por Alianza editorial de bolsillo en 1969. Pueden verse ahora en el apartado «Els arbres de Fahrenheit», en la página de Espai Marx.
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