El desarrollo del Plan Bolonia tal y como se implementa está conduciendo a agravar los niveles de precariedad que afectan a la Universidad Pública. Sin duda, este proceso de degradación no sucede inadvertidamente sino que, si se analiza la situación en conjunto, se observa que es clave para impulsar, a su vez, la mercantilización y […]
El desarrollo del Plan Bolonia tal y como se implementa está conduciendo a agravar los niveles de precariedad que afectan a la Universidad Pública. Sin duda, este proceso de degradación no sucede inadvertidamente sino que, si se analiza la situación en conjunto, se observa que es clave para impulsar, a su vez, la mercantilización y la privatización de esta institución. Estos dos aspectos los analizaremos en las dos próximas entregas de este trabajo.
La Precarización de la Universitaria Pública
«El proceso de reforma ha sido realizado sobre la base de una indigencia normativa inaudita. No hay ninguna directiva, ni reglamento comunitario, ni resolución del parlamento europeo a la que remitirse. La LOU delega el desarrollo normativo del plan de Bolonia en un Real Decreto que es el nivel legislativo más alto alcanzado. Esta indigencia normativa comporta un gravísimo déficit democrático» (1).
Nuestro No razonado a Bolonia- Manifiesto de un grupo de profesores y profesoras de la Universidad de Jaén.
A la cabeza de la precariedad en la Universidad está, paradójicamente, la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA). Esta agencia burocratizada y sin control gubernamental evalúa al profesorado con unos procesos nada transparentes, deficitarios y arbitrarios que están dejando a muchos y muchas indefensas y desprotegidas en su carrera docente e investigadora. Además, la evaluación de las titulaciones está adoleciendo del mismo proceso.
La ANECA ilustra perfectamente como, en la puesta en marcha del Plan Bolonia, «se utilizan palabras sonoras, la garantía de calidad, para lo que es poco más que un control del ajuste de la universidad a los nuevos modelos. Basta salir de nuestras fronteras para ver cómo otras instituciones se muestran mucho más sensibles que las nuestras a esta situación sin precedente histórico. Por ejemplo, el informe 2006-2007 sobre Bolonia del Comité de Educación del Parlamento Británico señalaba la importancia de mantener la autonomía y flexibilidad de las instituciones universitarias y de permanecer en guardia contra los decisiones burocráticas «de arriba abajo». Las duras críticas que se están vertiendo desde ámbitos universitarios hacia la QAA (Quality Assurance Agency), el organismo británico fundado en 1997 y equivalente a la ANECA española, contrastan con nuestra propia falta de capacidad crítica. Sirva como ejemplo de estas críticas el excelente artículo de los profesores Bruce Charlton y Peter Andras (2) sobre el mal uso que se está haciendo de los sistemas de garantía de calidad en la universidad británica» (3).
EL PSOE recogía en su programa electoral de 2004 que la ANECA pasaría a ser una entidad pública (una agencia estatal directamente dependiente del Ministerio de Educación) y, a finales del 2009, aún no ha cumplido su promesa.
También la precarización ha afectado a la participación democrática en la Universidad. Si una de las modificaciones positivas de la contestada Ley Orgánica de Universidades (LOU) del PP era la apertura de la elección a rector a toda la comunidad universitaria, la reforma de la LOU del PSOE (la conocida como LOMLOU) dejó abierta la posibilidad de la vuelta a elección directa por el Claustro Universitario. Algunas universidades, como las de Sevilla o Santiago de Compostela, dieron este paso atrás. «Antes de la llegada de la LOU, cuando era el Claustro el que escogía al rector, esta decisión pasaba completamente desapercibida para todo el mundo. Había un debate dentro del Claustro el día que se escogía al nuevo representante de la Universidade, pero no había una discusión previa que trascendiese más allá de ese organismo. Cuando se produjo el cambio de sistema, los candidatos, que eran más de dos, bajaban a la arena y había posibilidades de establecer contacto con ellos, de conocer sus planes de gobierno, sus propuestas. Se llegaron a organizar debates abiertos a los que todo el mundo podía asistir. Había más transparencia y supuso un diálogo enriquecedor..» (4).
En la línea de mermar el funcionamiento democrático de la Universidad, disminuyendo la participación democrática en la elección directa de cargos, el Rectorado de la Universidad de Sevilla (US) no respetó la decisión de la Junta de Facultad de Biología de auto-imponerse una moratoria activa de un año a la entrada en vigor del nuevo plan de estudios del Grado en Biología (el resultado de la votación en la Junta de Centro fue de 28 votos a favor de la moratoria, incluyendo a PDI y a todos los y las estudiantes, 8 en contra solo de PDI y 1 abstención). Anteriormente a la Junta de Facultad, la Asamblea de Alumnos de Biología se había posicionado claramente a favor de la moratoria (226 votos a favor, 14 en contra y 19 abstenciones). También la moratoria activa a la entrada de los Grados fue aprobada en Mayo de 2009, por el CADUS (los representantes de los y las estudiantes) (5) y por un 56% de los votos de los miembros de la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad de Sevilla (ADIUS), que agrupa a PDI de todos los centros de esta universidad. Más democráticos que el rector de la Universidad de Sevilla se mostraron en este caso los rectores de las Universidades Complutense de Madrid y de Barcelona que sí respetaron las moratorias decididas en sus centros.
«Personalmente, estoy del todo de acuerdo en esa reforma, pero pienso que hasta ahora se han ocultado sus consecuencias últimas. La reforma de las licenciaturas para ajustarlas al esquema de Bolonia significa la disminución total del número de horas de clase en el grado y, por consiguiente, la disminución del profesorado, de su cualificación académica y de su retribución global. Nadie se atreve a decir esto, pero -al menos tal como veo yo las cosas- de lo que se trata es de igualar por abajo las enseñanzas de grado de las universidades europeas de forma que lleguen a tener unos contenidos y un nivel similar -realmente bajo- a los estudios norteamericanos conducentes al grado» (6).
Jaime Nubiola, Vicerrector de Extensión Universitaria y Relaciones Internacionales de la Universidad de Navarra (2004-2007)
El proceso de diseño de los nuevos planes de estudio de Grado ha sido, en general, lamentable. El reparto de créditos entre departamentos ha primado sobre los criterios de calidad docentes y formativos (7). «Quien analice cómo se están elaborando los nuevos títulos de grados llegará a la conclusión de que los peores vicios del corporativismo, la endogamia y las prácticas sectarias se han visto considerablemente reforzadas con el actual proceso. Baste con saber, por ejemplo, que aunque la reforma afirme que la interdisciplinariedad ha de ser uno de sus objetivos, los nuevos títulos de grado van a suponer un retroceso en este sentido en las distintas licenciaturas» (8).
Por otro lado, la implantación de los grados con una reducción de los estudios necesarios para el ejercicio profesional ha provocado un empobrecimiento de la formación y la diversidad del plan de estudios, y un énfasis en los aspectos instrumentales y prácticos, algo muy distinto a la necesaria combinación entre teoría reflexiva, métodos y técnicas para conducir adecuadamente la práctica profesional (9). Los grados son una versión reducida y descafeinada de las antiguas Licenciaturas. Lo que ha venido en llamarse la «McDonaldización» de la universidad europea, un término acuñado por el sociólogo George Ritzer.
Además, con los nuevos planes de estudios y la división de las Licenciaturas en Grados y Maestrías se ha producido una caída muy fuerte de la optatividad y la diversidad en los estudios. Antes los estudiantes podían optar por un número bastante elevado de asignaturas optativas que ahora desaparecen en el Grado, y la maestría es específica sobre un tema determinado. De esta manera los y las estudiantes salen con una formación mucho más básica y, si hacen una maestría, muy especializada. Esta pérdida de una formación diversa puede, paradójicamente, disminuir su «empleabilidad», un término muy utilizado por los pro-Bolonia. Para compensar esta pérdida de estudios optativos, los y las estudiantes se ven obligados a recurrir a, por ejemplo, cursos de formación permanente, si es que les queda tiempo y tienen dinero para pagar más matrículas.
Además, los centros y departamentos han contado, en no pocas ocasiones, con muy poco tiempo para el diseño de los nuevos planes. Estas deficiencias en el proceso se dejan sentir en los nuevos planes de estudio de Grado que imitan excesivamente a los anteriores sin corregir, o incluso agravando, sus deficiencias. Por ejemplo, los ‘nuevos’ planes de estudio arrastran anacronías como que se le de un papel privilegiado a los estudios de religión en los Grado de Magisterio en virtud de los acuerdos en la Transición con la Santa Sede.
«Los planes de estudio los diseñan las universidades, pero esto debe hacerse atendiendo las peticiones del sector empresarial» (10).
Adelaida de la Calle, Presidenta del Consejo de Rectores de las Universidades Andaluzas.
La precarización ha afectado también de lleno a la carrera docente que se ha convertido en una carrera de obstáculos (definida en la LOU del PP y el PSOE, y en el futuro Estatuto del PDI del PSOE). Para superar los hitos de la carrera docente, los profesores e investigadores se ven obligados a compaginar la docencia con una labor investigadora de calidad internacional lo que no en pocos casos les obliga a trabajar fuera del horario laboral e, incluso, en fines de semana y vacaciones. Además, el espíritu de competencia agresiva que se aplica desde arriba conlleva dinámicas muy dañinas entre compañeros de departamento que ven a sus colegas fundamentalmente como competidores. Contrariamente de los que algunos piensan, esta competencia fraticida es muy negativa, aumentando, por ejemplo, los casos de acoso moral en el trabajo (mobbing), las bajas por estrés, ansiedad y depresión, y favoreciendo el alejamiento del trabajo como escape a una tensión insoportable. Además, esta competitividad dificulta las dinámicas de trabajo en grupo entre profesionales cercanos lo que afecta negativamente la eficacia de los procesos de enseñanza e investigación.
«Inicialmente, los gobiernos del PP pasaron olímpicamente del tema: hasta 2003 no aparecieron los primeros proyectos y decretos al respecto. Poco después, el PSOE ganaba las elecciones y desde entonces se han sucedido hasta tres ministras al frente de los asuntos universitarios (a las que hay que añadir el reciente nuevo ministro). En todos estos años, la información ha sido más bien escasa, el análisis y el debate en el seno de la sociedad española y de la comunidad universitaria han brillado por su ausencia y las propuestas y decisiones que se han ido tomando han sido bastante erráticas, hasta llegar al real decreto de 30 de octubre de 2007 sobre la nueva «ordenación de las enseñanzas universitarias», que está marcando de forma definitiva el proceso de adaptación de las universidades españolas al EEES. Ese R. D., que es la «interpretación» de Bolonia que ha hecho el Gobierno español, así como otros decretos y normativas que se han sucedido, establece algunas opciones que, cuando menos, es discutible que contribuyan a una mayor convergencia con «Europa» y a la imprescindible reforma que necesitan nuestras universidades».
Bolonia, en clave de desacuerdos (11) – Octavio Monserrat Zapater, Decano de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Oviedo.
A la carrera profesional de obstáculos y la presión que sufre el profesorado hay que sumar su burocratización obligada. Así, a las labores docentes e investigadoras se suma la dedicación a labores administrativas por parte del PDI que aumenta más aún de la mano de la burocratización que arrastra la «evaluación de la calidad». En vez de aumentar la plantilla de PAS, el PDI se ve obligado a desarrollar cada día más labores administrativas. Además, la supuesta reforma del método docente se apoya fundamentalmente en una burocratización del mismo que conlleva el rellenar cada vez más formularios de dudosa utilidad, lo que también recae sobre las plantillas de PDI.
La precarización en las plantillas de PDI también está afectando a despidos directos y es cuestión de tiempo que llegue al PAS dado el ratio fijo entre los números de PDI y PAS.
Por ejemplo, en la Universidad de León se ha puesto en marcha un ajuste de plantilla mediante la reducción del número de profesores asociados cuya carga lectiva ha pasado a los Profesores Titulares de Escuelas Universitarias (TEUS). Esto ha mermado claramente las posibilidades de dedicación a la investigación de los TEUS, justamente ahora que están dedicados a sacarse el título de doctor para pasar a Profesores Titulares de Universidad (12). Este ajuste de plantilla supuso un Expediente de Regulación de Empleo en cubierto que dejó en la calle a 100 profesores y que el rectorado justificó por el recorte de fondos por parte de la Junta de Castilla y León (13). Este ajuste ha sido posible porque la LOU, en su Artículo 9 que establece el régimen de dedicación del profesorado universitario a tiempo completo lo hace en 8 horas lectivas semanales y 6 de tutorías, excepto para los profesores TEUS con 12 horas lectivas semanales y 6 de tutorías. En general, las universidades habían equiparado la dedicación de todas las figuras, pero ahora la Universidad de León ha aprovechado la desigualdad que estipulaba la LOU. Al mismo tiempo, en esta universidad se está aumentando la carga docente de todo el PDI, rebajando el número de créditos que contabilizan los cursos de doctorado o el Plan de Acción Tutorial. En esta misma línea ha actuado la Universidad de Málaga que ha aumentado la dedicación de sus docentes tras la entrada de los Grados.
También la Universidad de Zaragoza ha impulsado la precarización de la docencia a través de un Plan de Incentivación de la Jubilación Voluntaria del Profesorado de los Cuerpos Docentes Universitarios en el que se permite que los profesores «jubilados» puedan seguir dando hasta un tercio de su carga docente sin tan siquiera un seguimiento mínimo de estas actividades por parte del Departamento al que pertenezcan y sin garantía de que se cubra la plaza del «jubilado».
Otro ejemplo de precarización universitaria que afecta de lleno a las plantillas de PDI es el que la dedicación del profesorado a los nuevos máster en la Universidad de Sevilla, entre otras. Cuando las maestrías no son oficiales, la dedicación del profesorado no cuenta como dedicación docente recogida en los Planes de Organización Docente (POD). Y la dedicación a maestrías oficiales solo cuenta en el POD como si fueran cursos de doctorado cuando también sustituyen al quinto año de la carrera. Esto conlleva que si los docentes quieren dedicarse a estos másteres deben prolongar su jornada laboral o dedicar menos tiempo al resto de la docencia y/o la investigación. Esta situación favorece claramente al PDI funcionario y discrimina al contratado que sufre una mayor presión para investigar y, habitualmente, tiene los peores horarios docentes.
El cambio en metodología docente impulsado, teóricamente, en el proceso de Bolonia da más peso a la evaluación continua del alumnado. Sin embargo, no se le reconoce al profesorado el mayor esfuerzo que debe desarrollar, por ejemplo, en la preparación de clases, la corrección de trabajos, seminarios y ejercicios. Solo se incluyen en el Plan de Organización Docente las actividades presenciales del alumnado con el profesorado. Obviamente, esta falta de reconocimiento hace que muchos y muchas docentes no lleguen a cambiar su método docente al no sentirse apoyados, reconocidos y sufrir una gran presión en su labor investigadora que priorizan respecto a la «carga docente».
Por otro lado, muchas universidades sufren una gran precariedad de medios humanos y materiales. Una de las mayores y más descaradas mentiras que ha salido de las bocas de los equipos rectorales de muchas universidades es que con Bolonia se iba a mejorar la docencia porque los grupos de estudiantes iban a ser más pequeños, lo que iba a permitir un seguimiento más individualizado por parte del profesorado y un mayor grado de evaluación continua. Sin embargo, tras este discurso demagógico nos encontramos en muchos centros y muchas universidades que esto no es posible porque no hay aulas y/o profesorado suficientes. En esta situación de precariedad de medios humanos y materiales, el tan cacareado cambio metodológico de Bolonia queda a expensas de un mayor sacrificio del profesorado en su labor docente y, a veces, ni siquiera este sacrificio lo permite. Por poner un ejemplo reciente, muchas de las aulas del primer curso de los nuevos Grados en la Universidad de Sevilla en el curso 2009-10 están repletas de estudiantes (muchas veces más de cien), imposibilitando el realizar un seguimiento continuo del estudiante aceptable. El extremo se dio en la nueva Facultad de Derecho donde al inicio del curso se cortaron algunas clases por falta de asientos en las aulas (14).
Esta falta de medios está dejando a muchos jóvenes sin estudiar lo que realmente quieren en las universidades públicas. Este fue el caso, por ejemplo, de los 4.000 estudiantes que se presentaron a selectividad en la Comunitat Valenciana cuando la mayoría de las carreras ya no tenían plazas disponibles (15). A nadie se le escapa que se trata de una situación ideal para la proliferación de universidades privadas que completen o se hagan dueñas, directamente, de la oferta formativa (aspecto que analizaremos en las siguientes entregas de este trabajo).
Además, la puesta en marcha del Plan Bolonia está precarizando a los estudiantes que finalizan sus estudios, al crear egresados de primera y segunda fila. La puesta en marcha de un modelo de estudios universitarios con dos ciclos (el Grado y las maestrías) conlleva la generación de egresados y egresadas de primera y segunda fila, reflejando, según las palabras de Isidoro Moreno, Catedrático de Antropología en la Universidad de Sevilla, «un objetivo de sumisión de la estructura y funcionamiento de la Universidad a las demandas del mercado. La enseñanza universitaria queda fracturada; y la dualización de ciclos responde a la nueva dualización de los mercados de trabajo: el grado -más corto que las actuales licenciaturas – tiene como objetivo producir el tipo de profesional que interesa hoy a las empresas: con conocimientos muy generales, sobre todo instrumentales, y con habilidades y actitudes que encajen en la flexibilización, polivalencia y competitividad de los empleos» (16).
En el fondo de toda esta precariedad está un déficit claro en las inversiones en Educación, y más en concreto en Educación Superior. El conjunto de las administraciones españolas invertía en 2006 en Educación un 4,3% del PIB, solo una décima más que en 2005, y lejos del 5,2% de la OCDE y la UE-19. El Estado español, la octava potencia económica del mundo, dedica sólo el 1,1% de su PIB a la Educación Superior, cuando la media de la Unión Europea es el 1,8% (¡y el 2,6% en Estados Unidos!). El gasto por estudiante universitario es un tercio inferior a la media de la Unión Europea; mientras que en centros como el de Oxford se invierte por cada estudiante 29.000 euros, en los centros españoles el coste oscila entre 3.000 y 10.000 euros. El Estado español dedica el 0,08% de su PIB a becas universitarias, mientras que la media de los países de la OCDE es del 0,25%; a becas se dedica el 8,2% del gasto público español en Educación Superior, mientras que la media de la OCDE es del 10,4%. La situación de falta de financiación es aún más sangrante en territorios como Andalucía.
Y en vez de intentar acabar con esta pobre financiación los gobiernos central y autonómicos están poniendo en marcha las reformas boloñesas a «coste cero» o, incluso, recortando las inversiones. Por ejemplo, el Principado de Asturias ha anunciado que no hará frente a la deuda de la Universidad de Oviedo (17) y las comunidades de Madrid y Valencia han recortado sus presupuestos para Universidad.
Esta falta de inversiones está siendo denunciada, incluso, por los equipos rectorales que ponen en marcha las reformas boloñesas (18). Sin embargo, el gobierno de ZP responde a la crisis en los presupuestos de 2010 disminuyendo en cerca de un 15% el presupuesto de investigación.
Además, la financiación universitaria ha comenzado a basarse en modelos desquiciados. Las comunidades autónomas han puesto en marcha en los últimos años diferentes modelos de financiación de la Universidad basados en parámetros mercantilistas y que en algunos casos, directamente, carecen de sentido (19). Por ejemplo, reciben más dinero aquellas universidades con un mayor número de egresados que encuentren trabajo, lo que pone a las universidades a la merced de un mercado laboral salvaje, ineficiente y no planificado.
Otro de los parámetros utilizados es el número de aprobados respecto a matriculados (20), sin tener en cuenta que mucho/as estudiantes no se presentan a los exámenes ni acuden, siquiera, a las clases.
En las próximas dos entregas de este trabajo analizaremos cómo se está produciendo, ahora, la mercantilización y la privatización de la Universidad Pública.
Jesús Castillo, profesor de la Universidad de Sevilla, miembro de la Plataforma por una Universidad Pública, Democrática y de Calidad, STOP BOLONIA, del grupo anticapitalista En lucha y del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) en la Universidad de Sevilla (SAT-US).
Fuente: http://www.enlucha.org/?q=
Notas:
1. http://www.kaosenlared.net/
2. http://www.staff.ncl.ac.uk/
3. http://www.
4. http://firgoa.usc.es/drupal/
5. http://www.diariodesevilla.es/
6. http://www.unav.es/noticias/
7. http://www.elpais.com/
8. http://www.kaosenlared.net/
9. Isidoro Moreno. Diario de Sevilla, 6 de octubre de 2003.
10. El Pais, Andalucia, 8 de abril de 2008.
11. http://www.lne.es/secciones/
12. http://www.diariodeleon.es/
13. http://www.elmundo.es/elmundo/
14. http://www.diariodesevilla.es/
15. http://www.levante-emv.com/
16. http://www.kaosenlared.net/
17. http://www.lavozdeasturias.es/
18. http://www.elpais.com/
19. http://firgoa.usc.es/drupal/
20. http://www.lavanguardia.es/