Traducción para Rebelión de Loles Oliván
Introducción
La atención mediática sobre las negociaciones en curso entre Israel y Hamas para la liberación del soldado capturado Gilad Shalit y el intercambio de prisioneros palestinos oculta la realidad histórica y contemporánea del encarcelamiento rutinario sin juicio, la detención ilegal, los abusos de derechos humanos y la aplicación discriminatoria de la ley por parte de Israel en el territorio palestino ocupado. Se estima que desde 1967 cerca de 700.000 palestinos han sido detenidos por Israel. Esta cifra representa casi el 40% de la población masculina de Cisjordania. En la actualidad hay alrededor de 11.000 prisioneros palestinos [1] en las cárceles israelíes y los datos indican que más de 850 no saben qué cargos existen contra ellos en tanto que otros 4.820 han sido retenidos sin juicio. Más del 90% de los presos son de Cisjordania y más del 30% están casados. Estas estadísticas hacen de los palestinos el pueblo más encarcelado del mundo [2]. La detención ilegal y sistemática de civiles es una herramienta común utilizada por las antiguas potencias coloniales, los regímenes autoritarios y, más recientemente, como parte de la «guerra contra el terrorismo». Israel arresta rutinariamente y detiene ilegalmente a hombres, mujeres y menores como parte de la infraestructura de la ocupación. A los presos y presas se les niegan los derechos humanos básicos como la ropa adecuada, alimentos y acceso a instalaciones sanitarias; sufren de tortura psicológica y física. De hecho, más del 85% de los detenidos palestinos han sido víctimas de tortura en los centros de detención y en las cárceles, y desde 2000 más de 6.000 menores han sido detenidos por el ejército israelí [3].
Detención administrativa
La detención administrativa es una herramienta común utilizada por Israel así como por otros regímenes coloniales, y representa una flagrante violación de los derechos humanos. Se estima que más de 750 de los 11.000 prisioneros palestinos están en detención administrativa y más de 100 son mujeres. Según la orden militar núm.1229, promulgada en 1988, la detención administrativa, o la prisión sin juicio, es legal en el territorio palestino ocupado; el ejército israelí puede retener a una persona durante 6 meses en prisión por motivos deliberadamente ambiguos tales como que «la seguridad de la zona o la seguridad pública requieren de la detención». Según cifras del Instituto de Investigación Aplicada de Jerusalén, el 22% de las personas sometidas a detención administrativa lo están por menos de 6 meses, 37% han permanecido entre 6 meses y un año, y el 8% entre 2 y 5 años. El período más largo que un individuo ha sido sometido a detención administrativa sin haber sido acusado posteriormente es de ocho años. Los detenidos son detenidos sin juicio y no se les explica el motivo de su detención. Además, ningún abogado defensor del detenido tiene acceso al examen de las pruebas practicadas para su detención lo que significa que es prácticamente imposible refutar las acusaciones y ejercer una defensa legítima. La mayoría de los detenidos administrativos están encarcelados en centros de detención en Israel lo que viola el derecho internacional humanitario (la Cuarta Convención de Ginebra) que establece que el internamiento fuera de un territorio ocupado está prohibido. Esta política también impide que la familia de la víctima pueda visitar al preso o presa. Se estima que más de 180 detenidos han muerto desde 1967 en custodia, a menudo por habérseles negado tratamiento médico y por los duros métodos de tortura.
La detención administrativa de menores
Los menores no están exentos de la política israelí de detención administrativa y de arrestos arbitrarios. Según la legislación internacional y la israelí, un menor se define como una persona menor de 18 años. En contradicción con esto, las leyes militares para el territorio palestino ocupado definen la mayoría de edad en los 16 años, es decir, los menores entre 16 y 18 años son tratados como adultos por la ley. Se estima que más de 330 menores se encuentran actualmente en cárceles israelíes, y más de 190 están clasificados como detenidos administrativos. El argumento más argüido para detener a menores es que arrojan piedras, sin embargo, cuesta entender cómo esto justifica una acción de detención administrativa. Las detenciones de los niños se llevan a cabo en sus casas, en los puestos de control y, a menudo en la calle y pueden incluir el vendaje de los ojos y la colocación de esposas al menor sin explicar la razón de la detención. En realidad, esto equivale a la práctica del secuestro de Estado. En muchos casos se niega a los niños el acceso a un abogado y con frecuencia son obligados a firmar confesiones en hebreo, un idioma que no entienden, que luego se utilizarán como prueba contra ellos.
El uso de un sistema de tribunales militares para juzgar a civiles significa que los detenidos se les niega un juicio justo, imparcial y transparente [4]. Niños de tan sólo 12 años han sido juzgados como adultos en virtud de este sistema de tribunales militares que se desarrolla en secreto, sin imparcialidad y que está en contradicción con el derecho internacional humanitario.
El uso de la tortura
El comité de NNUU contra la Tortura ha expresado su grave preocupación sobre las prácticas israelíes. Estas prácticas incluyen las denuncias del uso de la tortura, antes, durante y después de los interrogatorios; interrogar a los menores sin la presencia de un abogado y sin la presencia de miembros de la familia; detener y enjuiciar a 700 menores anualmente; y el uso de las confesiones forzadas para enjuiciar a los sospechosos. Más del 85% de los detenidos palestinos han sido sometidos a tortura, lo que incluye el abuso físico, el abuso psicológico, el aislamiento, el abuso sexual, la privación de sueño y la denegación de tratamiento médico.
La detención administrativa, la tortura y el traslado de los detenidos palestinos a las prisiones israelíes son ilegales con arreglo al derecho internacional. El artículo 5 de la Declaración de los Derechos Humanos consagra la ilegalidad de la tortura y el castigo. La Cuarta Convención de Ginebra prohíbe a Israel trasladar a los detenidos fuera del territorio palestino ocupado.
Ley y Orden
La detención administrativa se promulga de acuerdo con el principio de garantizar la seguridad del Estado. Como Israel no ha definido oficialmente el término vago de la política de la detención administrativa puede en realidad ser aplicada a cualquier delito por pequeño que sea. La detención administrativa ha sido utilizada históricamente por todas las potencias coloniales y por los regímenes autoritarios para aplastar la resistencia popular al régimen opresivo. Esta práctica utilizada por Israel en el territorio palestino ocupado no es diferente a los precedentes históricos y, como potencia ocupante reconocida internacionalmente, constituye una de las muchas estrategias para reprimir y controlar a la población palestina.
A la aplicación discriminatoria de la ley es también un aspecto señalado de la ocupación israelí. La detención administrativa se promulga para detener arbitrariamente a hombres, mujeres y niños sin pruebas. Los individuos son retenidos durante meses, si no años, sobre la base de la sospecha, las confesiones forzadas, la afiliación a partidos políticos, o por ser parientes de personas involucradas con determinados partidos políticos. La evidencia de que más de 700 personas, incluidos 300 menores, se encuentran detenidos en centros de detención israelíes, sin ninguna prueba de su detención lo refleja. Además, sólo 900 de los 11.000 presos palestinos [5], han sido efectivamente condenados. Esto refleja tanto una ineficiencia paralizante en el sistema de justicia como el trato discriminatorio y arbitrario que ese mismo sistema aplica a los palestinos.
En contraste, a un colono judío en territorio ocupado se le permite atacar, abusar, intentar -y de hecho, asesinar- a palestinos en presencia de soldados israelíes. Los vídeos, fotografías, y pruebas de testigos contra colonos concretos por su participación en ataques contra palestinos son muy numerosos sin embargo, el 90% de los casos contra los colonos no son investigados. Así pues, mientras un menor palestino que ha tirado una piedra ha de esperar que estará encerrado en un centro de detención israelí durante 6 meses; un colono judío que dispara tiros de ametralladora puede esperar la protección del ejército israelí.
La cuestión de la detención administrativa por tanto va mucho más allá de las negociaciones en curso para el intercambio de Gilad Shalit por prisioneros palestinos. También es importante recordar que Shalit es un soldado entrenado, armado por Israel y parte de una potencia ocupante. Esto no pretende justificar su captura sino ilustrar que mientras la comunidad internacional enfatiza la cuestión de un soldado capturado, hace caso omiso de la detención ilegal de miles de civiles, incluidos menores, que de ser culpables de un delito deberían ser juzgados en vez de ser detenidos arbitrariamente sin pruebas y sin posibilidad de recurrir sus derechos legales y humanos.
[1] Prisioneros Palestinos, http://www.miftah.org/Doc/
[2] Presos, Palestine Monitor factsheet , 17 de diciembre de 2008, http://www.palestinemonitor.
[3] Menores palestinos presos: el maltrato y la tortura sistemáticos institucionalizados por las autoridades israelíes: http://www.dci-pal.org/
[4] Sin juicio, la detención administrativa de los palestinos por Israel y la Ley de Internamiento de Combatientes Ilegítimos. http://www.btselem.org/
[5] Nota de prensa con motivo del Día de los Prisioneros Palestinos Más de 11.000 palestinos están todavía en prisión, de los cuales 5.671 han sido arrestados durante 2006 y 3.495 han sido arrestados durante el año 2005. http://www.pcbs.gov.ps/
Fuente: The Applied Research Institute – Jerusalem a través de Uruknet