Escenario 1, octubre de 2009: En prensa y en informativos aparecen imágenes de ciudadanos encausados en el sumario Pretoria. Principalmente, del ex alcalde de Santa Coloma, dirigente del PSC-PSOE, y de dos «altas personalidades» de Convergencia Democrática de Catalunya, antiguos colaboradores de peso -perdónesenos la polisemia y la broma fácil- del ex president Pujol. Aparecen […]
Escenario 1, octubre de 2009:
En prensa y en informativos aparecen imágenes de ciudadanos encausados en el sumario Pretoria. Principalmente, del ex alcalde de Santa Coloma, dirigente del PSC-PSOE, y de dos «altas personalidades» de Convergencia Democrática de Catalunya, antiguos colaboradores de peso -perdónesenos la polisemia y la broma fácil- del ex president Pujol. Aparecen todos ellos esposados al salir de la Audiencia Nacional [1].
El escándalo es mayúsculo. El rancio nacionalismo catalán, que también existe desde luego, pone sus manos en su alargada cintura y lanza improperios al cielo: España ataca de nuevo, qué se han creído, qué indelicadeza. La misma presidenta del Tribunal Superior de Catalunya, sin que nadie se lo pidiera, se deja filmar y fotografiar, señalando la inconveniencia de esas imágenes, todo ello en un momento en el que el prestigio de los grupos políticos de las clases dirigentes catalanes y afines, y de esos mismos grupos dominantes que siguen pensando que el país es su país, roza el cero absoluto escala Fahrenheit. Ni que decir tiene que el ex presidente Pujol, que en la política catalana sigue interviniendo ininterrumpidamente casi como un president honorario y desde luego intocable, realiza unas declaraciones a favor de los encausados convergentes. Son amigos y colegas suyos, las redes sociales juegan su papel: los avisos subliminares a quien corresponda nuevamente en el puesto de mando.
Efectos ciudadanos poliéticos: se desvía el centro del poliedro de corrupción, afinidades socio-convergentes- empresariales y la norma-guía del dinero fácil y rápido, y se focalizan las cámaras, una parte de los debates y la construcción de la opinión de la «opinión pública» en unas imágenes que ciertamente no son de recibo: ningún encausado o encausada, sea quien sea se sobreentiende, postulado básico de las libertades ciudadanas, merece ese atentado contra su dignidad. La presunción de inocencia y el, digamos, honor de las personas también rigen en este ámbito. Aceptémoslo.
Escenario 2, noviembre de 2009:
Tomo la información de Público [2]: varios de los detenidos en la «operación» contra Segi del martes 24 de noviembre, según informan «fuentes de la investigación», tenían en su poder copias de una ponencia sobre procedimientos polítcos de la izquierda abertzale que ETA ha puesto en circulación para contrarrestar, se dice, otro documento sobre la misma temática elaborado por miembros de Batasuna.
Los detenidos de Segi, se sigue informando, están considerados por los cuerpos policiales especializados del Estado como un grupo contrario a que ETA deje la lucha armada para alcanzar sus objetivos independentistas. Los detenidos tenían copias de un documento incautado por la policía en abril de 2008 a Ekaitz Sirvent titulado: «La organización de la Revolución juvenil en Euskal Herria». El fiscal ha pedido prisión para los 13 detenidos que el 26 de noviembre declararon ante -temblor, horror y pavor- el juez Fernando Grande-Marlaska.
Pues bien la información, una pequeña nota al final de una página llena de noticias sobre la izquierda abertzale, lleva incorporada la imagen de una detenida, esposada, a cara descubierta, fuertemente cogida por dos policías y con otro policía, con fusil o metralleta, al fondo.
La joven detenida de la fotografía, no es necesario decirlo, debería tener tantos derechos como cualquier otro encausado. Como los señores Alavedra, Prenafeta o Muñoz por ejemplo. No es necesario indicar que el agresivo trato policial en las formas no es el mismo pero, además de ello, parece que nadie quiere recordar las justificadas protestas contra imágenes similares en el caso del proceso Pretoria.
Si el señor Prenafeta, presunto delincuente, aparece esposado en un informativo, la sociedad bienpensante y dominante se moviliza enrabietada: «¡qué se han creído», «¡hasta aquí podríamos llegar!». Si una joven vasca, acusada de leer ponencias de organizaciones ilegales, de pertenecer a una organización ilegalizada y de ser partidaria, que no practicante, de la lucha armada, aparece fotografiada con imágenes aún más nítidas, menos distorsionadas, con luz natural, bien a las claras, aquí el silencio se impone. De lo que no toca hablar, de los que no toca hablar porque cuentan poco, no se habla y aquí la dignidad, los derechos humanos, la presunción de inocencia, cuentan menos que un ejemplar de los Manuscritos económico-filosóficos en el consejo de Administración de Repsol o entre los miembros de la FAES.
Será así, porque es así, pero todo ello tiene que ver poco, muy poco, con cualquier concepto consistente de democracia no demediada y de verdadero respeto a los derechos de todos los ciudadanas y ciudadanas de un país de países que parece seguir siendo un cortijo, duro, agreste, con poca espacio para respirar, de las familias y poderes de siempre.
[1] En Público de sábado 28 de noviembre de informa que el fiscal ha solicitado al juez ampliar los imputados en el caso. Entre ellos, figuran los nombres de las señoras de Alavedra y Prenafeta. Por lo demás, y el tema no es baladí, el ex alcalde colomense, por boca de su abogado Fermín Morales, ha señalado la legalidad de todos los expedientes urbanísticos aprobados durante su mandado, equiparando su gestión con la de su predecesora en el cargo, Manuela de Madre, actualmente vicepresidenta o similar del PSC, apuntando además que Luis García, el Luigi de la prensa y de los corrillos del ayuntamiento, el «cerebro» de la trama de corrupción, empezó a trabajar -perdónesenos la inexactitud- en el consistorio antes de que él, Bartomeu Muñoz, fuese nombrado alcalde de la ciudad, en febrero de 2008, en una sesión extraordinario y de todo boato que contó con la presencia del secretario general de PSC, el actual president de la Generalitat, el señor José Montilla.
[2] Pedro Águeda, «Los detenidos de Segi tenían la última ponencia de ETA», Público, 27 de noviembre de 2009, p. 22.
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