El reciente desplante de Benjamín Netanyahu al vicepresidente norteamericano le puede salir caro a Israel. Por el momento, ya ha abierto la mayor crisis entre ambos países en las últimas décadas. El anuncio de la construcción de 1.600 nuevas viviendas en el barrio ultraortodoxo de Ramat Shlomo, coincidiendo con la visita de Joseph Biden a […]
El reciente desplante de Benjamín Netanyahu al vicepresidente norteamericano le puede salir caro a Israel. Por el momento, ya ha abierto la mayor crisis entre ambos países en las últimas décadas. El anuncio de la construcción de 1.600 nuevas viviendas en el barrio ultraortodoxo de Ramat Shlomo, coincidiendo con la visita de Joseph Biden a Jerusalén, ha sido interpretado por la Administración de Obama como un movimiento deliberado para sabotear la reanudación del proceso de paz.
Como señalara recientemente el ex ministro israelí Yossi Sarid, «Netanyahu no sólo quiere ganar, también quiere humillar», algo que ha debido quedarle meridianamente claro a su ilustre huésped.
La afrenta no puede entenderse por completo sin hacer referencia al discurso del presidente Barack Obama en El Cairo en el que advirtió: «Estados Unidos no aceptará la legitimidad de los asentamientos israelíes. Dicha construcción viola los acuerdos anteriores y mina los esfuerzos para alcanzar la paz. Ha llegado el momento de que se detengan esos asentamientos». Desde entonces, el primer ministro israelí ha resistido numantinamente las presiones de la Casa Blanca para que congele la colonización. Tras un año de viajes a la región, el enviado norteamericano George Mitchell tan sólo ha conseguido arrancar una moratoria de la construcción por un periodo de nueve meses, que no afecta a las infraestructuras públicas (edificios educativos, religiosos, culturales y deportivos) ni tampoco a Jerusalén Este (que Israel se ha anexionado unilateralmente).
Después de los Acuerdos de Oslo, los distintos Gobiernos israelíes aceleraron su carrera contrarreloj para judaizar la parte árabe de la ciudad, iniciada tras la conquista de 1967. Poco después de la guerra de los Seis Días, Israel multiplicó casi por 20 (de 6,5 a 108,5 kilómetros cuadrados) la extensión de la municipalidad de Jerusalén y, en 1980, aprobó la Ley Básica que consideraba a dicha ciudad la «capital eterna e indivisible» del país. A pesar de que la resolución 478 del Consejo de Seguridad interpretó que dicha medida carecía de validez jurídica, lo cierto es que Israel se ha comportado desde entonces como si la parte oriental de la ciudad estuviese bajo su soberanía.
Es probable que Netanyahu piense repetir en Ramat Shlomo la misma jugada que puso en práctica en Har Homa. En 1997, poco después de formar su primer Gobierno, anunció la construcción del asentamiento de Har Homa, sobre la colina de Abu Gunaym previamente arrebatada a los palestinos. Hoy en día dicha colonia cuenta con una población de 25.000 colonos. Con dicho movimiento, eldirigente israelí consiguió desactivar el proceso de paz al provocar una nueva Intifada y, a un mismo tiempo, aislar un poco más a Jerusalén Este de su entorno árabe, al romper el contacto con Belén.
Con la inestimable ayuda de Ehud Olmert, entonces alcalde de la ciudad, Netanyahu aprobó una serie de medidas para separar físicamente a Jerusalén Este del resto de Cisjordania, entre ellas extender el Jerusalén Metropolitano hasta las proximidades de Ramala y Belén. A su vez, impidió la entrada en la ciudad a los palestinos de Cisjordania, en un intento de amputar a Jerusalén, centro de gravedad religioso, económico, político y cultural de Palestina, del resto de los Territorios Ocupados en 1967. Esta política prosigue hoy en día con la ampliación de los asentamientos, la construcción del muro y la desinversión de la municipalidad en unos barrios palestinos degradados donde sus habitantes sobreviven en unas condiciones deplorables. A pesar de albergar a un tercio de la población de la ciudad, tan sólo se invierte en la zona árabe una décima parte del presupuesto municipal.
Ahora el gran proyecto de Netanyahu, y del resto de sus socios de Gobierno (incluido el Partido Laborista), es ampliar el Jerusalén Metropolitano hacia el este para anexar la denominada zona E1, un territorio de 12 kilómetros cuadrados donde se erigirán 3.500 viviendas para 14.500 colonos, lo que conectará Jerusalén con el bloque de Maale Adumim y, mucho más importante, partirá en dos Cisjordania, dificultando aún más la aparición de un Estado palestino. Ante este proyecto, los cónsules europeos han lanzado la voz de alarma al considerar que «cuando esté completado, no solamente dividirá Cisjordania en dos, sino que al establecer la contigüidad entre el asentamiento colonial de Adumim y Jerusalén, será el paso final de la separación geográfica de Jerusalén Este del resto de Cisjordania».
Tradicionalmente, la Casa Blanca ha rehusado condenar esta política colonizadora en Jerusalén Este, de ahí la incredulidad de Netanyahu ante las críticas de Obama: «Durante los últimos 40 años, ningún Gobierno israelí ha limitado la construcción en los barrios de Jerusalén». En el pasado, Estados Unidos ha vetado en el Consejo de Seguridad todas aquellas resoluciones críticas con la colonización. George W. Bush fue más lejos que ninguno de sus predecesores al describir estas colonias como «nuevas realidades sobre el terreno», a pesar de que representan una flagrante violación del artículo 6 de la Cuarta Convención de Ginebra que advierte que «la Potencia ocupante no deportará o transferirá parte de su propia población a los territorios que ocupe».
Desde la ocupación de los territorios palestinos en 1967, todos los Gobiernos israelíes, independientemente de su signo, han apostado por la colonización con el objeto de anexar la mayor cantidad de tierra posible y, al mismo tiempo, entorpecer la creación de un Estado palestino o reducirlo a su mínima expresión. Tras la firma de la Declaración de Principios, Isaac Rabin, luego asesinado por un colono radical, se comprometió ante Bill Clinton a no construir nuevos asentamientos, pero se reservó la carta de ampliar los ya existentes para satisfacer su crecimiento natural.
La colonización no sólo viola el Derecho Internacional, sino que también vulnera el espíritu del Acuerdo de Oslo, que impide a las partes modificar la situación sobre el terreno, y contradice la Hoja de Ruta, que demanda la congelación de la colonización incluyendo el denominado crecimiento natural gracias al cual se han seguido ampliando los asentamientos.
Así, mientras la población judía de Israel tan sólo creció a un ritmo del 1,5% anual, en los asentamientos la tasa de crecimiento fue casi tres veces mayor y, en ocasiones, se disparó hasta el 73%, como en el caso de Har Homa.
Todas las formaciones sionistas dieron por buena la máxima de Ariel Sharon: «Toda colina que conquistemos será nuestra». Esta fórmula permitió que el número de colonos en los Territorios Ocupados pasase de los 216.900 de 1990 a los 500.000 de hoy en día. Este espectacular aumento no hubiera sido posible sin el consenso de la clase política israelí, pero tampoco sin la desidia de la comunidad internacional, que permaneció impasible ante la sistemática vulneración del Derecho Internacional.
Ante el reciente desplante de Israel a EE UU es pertinente preguntarse si estaremos ante el principio del fin de dicha colonización. La respuesta dependerá de hasta dónde esté dispuesta a presionar la Administración de Obama a su díscolo aliado. En cuanto a la Unión Europea, ni está ni se la espera.
Ignacio Álvarez-Ossorio es profesor de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad de Alicante.
Fuente: http://www.mundoarabe.org/netanyahu_versus_obama.htm