Traducido del inglés para Rebelión por Sinfo Fernández
Con el pretendido objetivo de evitar que se produzcan infiltraciones, esta semana entrará en vigor una nueva orden del ejército israelí que posibilitará la deportación de decenas de miles de palestinos desde Cisjordania, permitiéndole también presentar acusaciones que pueden acarrear sentencias de cárcel de hasta siete años.
Cuando la orden entre en vigor, decenas de miles de palestinos se convertirán automáticamente en delincuentes criminales que serán probablemente severamente castigados.
Teniendo en cuenta las actuaciones de las autoridades encargadas de la seguridad a lo largo de la última década, es muy posible que los primeros palestinos contra quienes se utilicen las nuevas normas sean aquellos cuyos documentos de identificación lleven como domicilio la Franja de Gaza -gente nacida en Gaza con sus niños nacidos en Cisjordania- o contra aquellos que hayan nacido en Cisjordania o en el extranjero que, por diversas razones, hayan perdido su estatuto de residencia. También es probable que se utilicen contra las esposas de palestinos nacidas en el extranjero.
Hasta ahora, los tribunales civiles israelíes han impedido de vez en cuando la expulsión de esos tres grupos de Cisjordania. Sin embargo, la nueva orden les coloca bajo la jurisdicción única de los tribunales militares israelíes.
La nueva orden define como infiltrado a cualquier persona que entre ilegalmente en Cisjordania, así como a «cualquier persona que esté presente en la zona y no tenga un permiso legal». La orden lleva al extremo la definición original de infiltrado de 1969, por la que el término sólo se aplicaba originalmente a los que permanecieran ilegalmente en Israel después de haber pasado por países entonces clasificados como estados enemigos: Jordania, Egipto, Líbano y Siria.
El lenguaje de la orden es a la vez general y ambiguo, y estipula que el término infiltrado se aplicará también a los residentes palestinos en Jerusalén, a los ciudadanos de países con los que Israel tiene lazos de amistad (como los EEUU) y a ciudadanos israelíes, ya sean árabes o judíos. Todo esto dependerá de la valoración de los comandantes de las Fuerzas Armadas israelíes sobre el terreno.
El Centro Hamoked para la Defensa de los Individuos fue la primera organización por los derechos humanos en hacer advertencias contra la orden, que se firmó hace seis meses por el entonces comandante de las fuerzas armadas en las áreas de Judea y Samaria, Gadi Shamni.
Hace dos semanas, la directora de Hamoked, Dalia Kerstein, envió al Mando Central de las fuerzas terrestres, Avi Mizrahi, una petición para que aplazara la orden, teniendo en cuenta «los inmensos y graves cambios que iba a imponer en los derechos humanos de gran número de personas».
Según las disposiciones, «se presume que una persona es un infiltrado si está presente en un área sin un documento o permiso que atestigüe su presencia legal en la zona sin una justificación razonable». Tal documentación, se dice, debe haber sido «emitida por el comandante de las fuerzas armadas en las áreas de Judea y Samaria o de alguien que actúe en su nombre».
Sin embargo, las instrucciones no son nada claras sobre si los permisos se refieren a los que están actualmente en vigor o también se refieren a los nuevos permisos que los comandantes militares deban dictar en el futuro. Las disposiciones tampoco son claras en cuanto al estatuto de los que tienen documentos de residencia de Cisjordania, e ignora la existencia de la Autoridad Palestina y los acuerdos que Israel firmó con ella y con la OLP.
La orden estipula que si un comandante descubre que un infiltrado ha entrado recientemente en un área determinada, «puede ordenar su deportación antes de que transcurran 72 horas desde el momento en que se le entrega por escrito la orden de deportación, con la condición de que el infiltrado sea deportado al país o zona desde donde se infiltró».
La orden permite también procedimientos penales contra sospechosos de infiltración que pueden acarrear sentencias de hasta siete años de cárcel. Los individuos que puedan probar que entraron legalmente en Cisjordania pero que no tenían permiso para permanecer allí, serán también juzgados pudiéndoseles condenar a sentencias máximas de tres años. (Según la actual ley israelí, los residentes ilegales reciben por lo general sentencias de un año).
La nueva disposición permite también que el comandante del ejército en la zona requiera que el infiltrado se pague el coste de su propia detención, custodia o expulsión, hasta un total de 7.500 nuevos shekels [alrededor de 1.500 €].
El temor de que los palestinos con domicilio en Gaza sean los primeros en ser perseguidos por esta orden se basa en las medidas que Israel ha adoptado en los últimos años para restringir su derecho a vivir, a trabajar, a estudiar e incluso a visitar Cisjordania. Esas medidas violan los Acuerdos de Oslo.
Desde 2007, según una decisión del comandante en Cisjordania que no se apoyaba en la legislación militar, los palestinos con dirección en Gaza deben solicitar un permiso para permanecer en Cisjordania. Desde el año 2000 se les viene definiendo como visitantes ilegales si tienen dirección en Gaza, como si fueran ciudadanos de un estado extranjero. A muchos de ellos se les deportó a Gaza, incluidos los nacidos en Cisjordania.
En la actualidad, los palestinos necesitan permisos especiales para entrar en zonas cercanas al muro de separación, aunque sus hogares se encuentren allí, y hace ya tiempo que se les está expulsando del Valle del Jordán sin necesidad de autorización especial alguna. Hasta 2009, los jerosolimitanos orientales necesitaban permiso para entrar en el Área A, territorio, en teoría, bajo control de la Autoridad Palestina.
Otro grupo que se teme va a resultar especialmente dañado por las nuevas normas son los palestinos que se trasladaron a Cisjordania siguiendo la normativa de la reunificación familiar, que Israel dejó de autorizar hace ya varios años.
En 2007, a base de un cierto número de peticiones de Hamoked y como gesto de buena voluntad hacia el Presidente palestino Mahmoud Abbas, decenas de miles de personas recibieron tarjetas de residencia palestina. La AP distribuía las tarjetas, pero Israel tenía el control exclusivo de quién podía recibirlas. Sin embargo, miles de palestinos permanecieron clasificados como «visitantes ilegales», incluidos muchos que no son ciudadanos de ningún otro país.
La nueva orden es el último paso dado por el gobierno israelí en años recientes para exigir permisos que limitan la libertad de movimiento y residencia anteriormente concedidos mediante las tarjetas de identificación palestinas. Las nuevas regulaciones son especialmente radicales, permitiendo medidas penales y la expulsión masiva de los palestinos de sus hogares.
La oficina del portavoz del ejército dijo en respuesta: «Las enmiendas a la orden para impedir las infiltraciones, firmadas por el Mando Central de las fuerzas del ejército de tierra, se emitieron como parte de una serie de manifiestos, órdenes y nombramientos en Judea y Samaria, en lengua hebrea y árabe, como se requiere, y se expondrán en las oficinas de la Administración Civil y en los despachos de los abogados de los tribunales militares de Judea y Samaria. El ejército israelí está preparado para cumplir la orden, que no se aplicará a los israelíes sino a los visitantes ilegales en Judea y Samaria».