Traducido del inglés para Rebelión por Germán Leyens
Mientras un informe de un think-tank israelí ha sido ampliamente condenado [1] por propugnar que el gobierno israelí utilice sus servicios de inteligencia para atacar y sabotear a defensores no violentos de los derechos humanos, vale la pena estudiar en detalle el informe ya que está repleto de admisiones de características ilegítimas del gobierno israelí que trata desesperadamente de proteger.
El informe: «Creando un cortafuegos político contra la deslegitimación de Israel», es el producto de un año de trabajo de un grupo de investigadores del Instituto Reut basado en Tel Aviv [2] e incluye contribuciones de más de 100 individuos en Israel, el Reino Unido, y EE.UU. Aunque el gobierno israelí no ordenó el informe, funcionarios de Reut hicieron una presentación en PowerPoint: «El desafío de deslegitimación para la seguridad nacional de Israel» al gabinete israelí en febrero de 2010 y a una amplia conferencia de funcionarios gubernamentales israelíes en marzo de 2010.
El informe describe la «nueva amenaza estratégica» creada por la «deslegitimación fundamental» del gobierno israelí por los activistas por los derechos humanos.
Pero el informe también:
- Valida dos de las tres demandas de la campaña de BDS, Boicot, Desinversión y Sanciones: por la terminación de la ocupación y por la igualdad de derechos de todos los ciudadanos árabes palestinos de Israel.
- Admite la preocupación de que Israel se convertirá en un Estado paria si no termina con la ocupación y asegura la igualdad de derechos
- Afirma que «un compromiso serio y consistente para terminar la ocupación» y «con la igualdad y la integración de sus ciudadanos árabes» es esencial para combatir la deslegitimación.
- A pesar de los puntos mencionados, afirma que la demanda de derechos iguales conlleva «la eliminación de Israel,» y por ello, la provisión real de derechos humanos es incompatible con la continuación de la existencia del gobierno israelí.
- Admite que el gobierno israelí necesita la capacidad de seguir lanzando unilateralmente «duros» ataques militares.
- Admite que la crisis de deslegitimación «inhabilita»
la libertad del gobierno israelí de lanzar tales ataques militares.
- Admite la importancia crucial de que el gobierno israelí supere esa crisis para restaurar su libertad desenfrenada de actuar con medios militares.
- Admite que en el pasado el gobierno israelí tuvo éxito en el uso de acciones de paz para obtener la legitimidad que necesitaba para su próxima guerra.
- Admite que las ampliamente publicitadas retiradas del Líbano en el año 2000 y de Gaza en 2005 no fueron efectivas para lograr la legitimidad para su ataque contra el Líbano en el año 2006 o su más reciente ataque masivo contra Gaza.
- Admite que el fracaso de esas acciones de paz en el intento de lograr legitimidad para el ataque contra Gaza tuvo consecuencias que aceleraron la deslegitimación. Admite que «después de la Operación Plomo Fundido», la intensa crítica al gobierno «fue expresada en el informe Goldstone y en acciones legales contra oficiales de IDF [ejército israelí] y políticos israelíes.» Admite que las acciones legales restringieron la libertad de viajar de militares y dirigentes políticos de Israel «debido a la aplicación de la jurisdicción legal universal».
- Admite que «el mundo judío se está distanciando más de Israel» y que «la crítica a Israel prevalece más dentro del mundo judío que en el pasado».
- Admite que «demasiados pocos en nuestro pueblo… son capaces de responder efectivamente a las afirmaciones palestinas o a campañas que buscan la deslegitimación de la base moral para Israel».
- Admite que los así llamados «deslegitimadores» son una red suelta de activistas no violentos que «tienen efecto por sobre su peso».
A pesar de la bien merecida condena que el informe ha recibido por su propuesta de atacar a defensores de los derechos humanos, las admisiones contenidas en el informe, tomadas en su conjunto, lo convierten en un valioso recurso: mediante esas admisiones el Instituto Reut presenta al gobierno israelí como esencialmente un Estado delincuente que tiene que «revisar» sus métodos para mantener su capacidad de seguir siéndolo. Pero los métodos desesperados que recomienda el Instituto Reut corren el riesgo de acelerar su decadencia en legitimidad, como sucedió cuando guardias fronterizos israelíes negaron a Noam Chomsky el ingreso a Cisjordania el 16 de mayo de 2010. [3]
La creciente represión de los activistas y de las organizaciones por los derechos humanos
Identificando a los activistas por los derechos humanos en ciertas ciudades como catalizadores que crean sus problemas de legitimidad, el informe Reut recomienda que el gobierno israelí utilice sus servicios de inteligencia para reprimir a los activistas por los derechos humanos en Londres, Toronto, Madrid, y en el Área de la Bahía de San Francisco. Si es implementada, esa política extendería la represión de grupos no violentos por los derechos humanos que el gobierno israelí realiza dentro de Israel y en los Territorios Palestinos Ocupados (TPO) a gente y grupos en países que están más allá del control nominal del gobierno israelí.
En una reciente entrevista el corresponsal de Haaretz Gideon Levy describió los esfuerzos «sistemáticos» del gobierno israelí por reprimir las actividades de activistas por los derechos humanos en Israel y los TPO.
«En el último año hemos visto verdaderas grietas en el sistema democrático de Israel. [Las autoridades han estado] tratando de impedir que los manifestantes lleguen a Bilín [una aldea de Cisjordania, escena de frecuentes protestas contra el muro de Israel
]. Pero también existe un proceso de deslegitimación de todo tipo de grupos y [organizaciones no gubernamentales] y para silenciar realmente numerosas voces. Es sistemático -no es algo ocasional. Las cosas se vuelven mucho más difíciles. Lo hicieron con «Rompiendo el Silencio» [un grupo de soldados críticos de la Ocupación] de un modo muy feo pero muy efectivo. Actualmente «Rompiendo el Silencio» apenas puede elevar su voz. E hicieron lo mismo con muchas otras organizaciones, incluido el Movimiento Internacional de Solidaridad, que son descritas en Israel como enemigas.»
El 5 de abril de 2010, el New York Times publicó un artículo de Isabel Kershner, «Grupos israelíes por los derechos se consideran como sitiados», que confirmó el informe de Levy y demostró que las preocupaciones del Instituto Reut sobre la deslegitimación fueron bien recibidas al nivel más alto del gobierno israelí. En su artículo, Kershner describió el «entorno cada vez más hostil» en el que diversas destacadas organizaciones israelíes por los derechos humanos se ven obligadas a operar. Además, Kershner informó que el primer ministro Benjamin Netanyahu había identificado «la deslegitimación de Israel en el extranjero» como «una importante amenaza estratégica». Refiriéndose a grupos internacionales por los derechos que han criticado a Israel, como ser Human Rights Watch, Kershner cita a un alto asistente de Netanyahu quien dijo que el gobierno israelí iba «a dedicar tiempo y personal al combate contra esos grupos». En concordancia con esa declaración, una nueva propuesta de ley dentro de la Knéset [parlamento] israelí silenciaría el trabajo de las ONG por los derechos humanos basadas en Israel, involucradas en esfuerzos por procesar a responsables israelíes por «violaciones del Derecho Humanitario Internacional, o crímenes de guerra».
Por lo tanto, al nivel más alto, el gobierno israelí reconoció la amenaza estratégica planteada por la pérdida en la legitimidad del gobierno israelí y, en concordancia con el Informe Reut, declaró que ha comenzado la guerra por la legitimidad contra críticos de los derechos humanos en el interior y en el ámbito internacional.
Identificación de los «deslegitimadores» de Israel
En concordancia con la estrategia tradicional de dividir y gobernar, el informe Reut distingue entre aquellos que sólo «critican» las políticas israelíes y los que «deslegitiman» al Estado, invitando a la represión contra los «deslegitimadores» mientras propugna la relación con «críticos» menos severos. Según el informe, los deslegitimadores incluyen a los que: (1) señalan en particular al gobierno israelí por no cumplir con el derecho internacional y tratan de responsabilizar a sus dirigentes políticos y militares bajo la jurisdicción universal; (2) califican los recientes ataques militares israelíes contra palestinos y países vecinos de crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad, o agresión; (3) describen los asentamientos israelíes en los territorios ocupados como «ilegales e inmorales»; (4) exigen el fin de la discriminación contra palestinos dentro de las fronteras de Israel de 1967; (5) critican el bloqueo israelí de Gaza como castigo colectivo ilegal; (6) califican al gobierno israelí de «Estado paria, de apartheid»; (7) se niegan a aceptar el «derecho a existir» de Israel» [4] o el derecho del pueblo judío a la autodeterminación; o (8) piden una solución de un solo Estado al conflicto israelí-palestino.
Según el informe Reut, esos «deslegitimadores» también incluyen a los partidarios de la campaña de BDS. El movimiento BDS fue inspirado por el movimiento por los derechos civiles de EE.UU. el boicot de la uva de los Trabajadores Agrícolas Unidos, y las campañas de boicot, desinversión y sanciones contra el apartheid sudafricano. Se había estado reforzando fuera de Israel y los Territorios Ocupados durante varios años y fue revigorizado en 2005 cuando cientos de organizaciones no gubernamentales palestinas llamaron a los activistas a concentrar sus esfuerzos en tres objetivos concretos: (1) terminar con la ocupación y colonización por Israel de tierras adquiridas por la fuerza en 1967 y desmantelar el muro; (2) igualdad de derechos para todos los ciudadanos árabes palestinos de Israel; y (3) permitir el retorno de refugiados palestinos a sus casas y aldeas dentro de Israel y de los TPO. Esas demandas fueron elegidas, en parte, porque cada una de ellas se apoya íntegramente en instrumentos legales internacionales y en normas legales consuetudinarias vinculantes para el gobierno israelí.
Mientras la división de la oposición es crucial para la estrategia propuesta por el Instituto Reut, la estrategia tendría un efecto contraproducente si los trabajadores por los derechos humanos bajo ataque son capaces de mantener la unidad y se rechazaran las tácticas ilegítimas con campañas de amplia base para defender a cualesquiera trabajadores por los derechos humanos que se encuentren bajo ataque.
La pérdida de legitimidad de Israel: Costes estratégicos para Israel
El informe deja en claro que el restablecimiento de la reputación global y de la legitimidad de Israel no es sólo un asunto de orgullo israelí, sino también una necesidad estratégica. El informe Reut declara:
«En los últimos años, Israel ha sido objeto de críticas cada vez más duras en todo el mundo, lo que lleva a una erosión de su imagen internacional, y demanda un precio estratégico tangible. (pár. 1)»
El informe detalla los amplios costes políticos y militares sufridos por el gobierno israelí como resultado del progreso que los «deslegitimadores»
- Capacidad de hacer la guerra
El informe señala que la crisis de deslegitimidad «inhabilita la opción unilateral de Israel al limitar el uso de la fuerza militar.» (pár. 106). Por lo tanto, el informe admite su preocupación de que por haber «llegado a representar violencia, agresión, desdeño por los derechos humanos, etc.» (pár. 120) la capacidad del gobierno israelí de actuar por su propia cuenta para lanzar más ataques contra países vecinos y más bombardeos de civiles que viven bajo la ocupación es limitada por la pérdida de legitimidad del gobierno israelí.
Mientras esto constituye una fuente de profunda preocupación para el Instituto Reut, si es así, es ciertamente una fuente de cauteloso alivio para otros.
- Debilitamiento de la capacidad de utilizar acciones de paz a fin de buscar la legitimidad para futuras guerras.
En conexión con su discusión del mantenimiento de la opción «unilateral» para ataques militares, el informe incluye sorprendentes admisiones sobre las decisiones de Israel de retirar sus fuerzas militares del Líbano y de Gaza. Según el informe, el gobierno israelí utilizó sus retiradas del Líbano y de Gaza para obtener legitimidad para futuras «reacciones militares duras.» El informe dice
«Las retiradas unilaterales de Israel del Líbano (mayo de 2000) y de Gaza (agosto de 2005) reflejan una lógica de que, ante la ausencia de un socio para un proceso político, Israel podría retirarse unilateralmente a una frontera internacional reconocida, y asegurar así la legitimidad internacional para reacciones militares duras en caso de futuras provocaciones a través de la frontera. Se esperaba que la combinación de fuerza militar y de legitimidad internacional creara una disuasión efectiva.» (pár. 106)
Como tal, el informe admite que el gobierno utilizó acciones de paz para «obtener [la] legitimidad internacional» necesaria para dar al gobierno mayor latitud para involucrarse en operaciones militares duras. Pero el informe señala que esta estrategia fue sólo «parcialmente exitosa» durante la Operación Plomo Fundido, cuando fuerzas militares israelíes atacaron duramente a la población civil en Gaza y provocaron una intensa crítica internacional.
- Discriminación y segregación dentro de Israel
Según el informe, la crisis de legitimidad podría «contravenir la discreción soberana israelí e internacionalizar el tema de los ciudadanos árabes de Israel.» (pár. 106). Por lo tanto, el informe admite que la crisis permite la participación internacional en la discriminación sistemática por el gobierno contra las poblaciones no judías dentro de Israel.
Organizaciones por los derechos humanos, dentro y fuera de Israel, han criticado la falta de igualdad de derechos en Israel, incluyendo la segregación y discriminación tanto de jure como de facto contra los ciudadanos árabes de Israel en el lugar de trabajo, en las escuelas, y en toda la sociedad israelí. En un documento sobre la legitimidad, es notable que el informe Reut no mencione los numerosos instrumentos legales internacionales que especifican que la provisión de igualdad de derechos es obligatoria para la legitimidad, incluyendo la Carta de la ONU, la Resolución 181 de la Asamblea General de la ONU, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
El informe identifica como deslegitimadores a los que piden igualdad de derechos y a los que respetan el derecho de los refugiados palestinos a retornar a sus casas dentro de las fronteras de Israel de 1967. Según el informe, esas demandas conllevan «la eliminación de Israel»:
«Los deslegitimadores presentan un conjunto de demandas a Israel que en su conjunto equivalen a la eliminación de Israel o al rechazo del derecho de los judíos a la autodeterminación. Por ejemplo, piden ‘el retorno de refugiados palestinos individuales a sus casas’ o ‘derechos plenos e iguales para la minoría árabe en Israel’. (pár. 102)»
Junto a la igualdad de derechos, el derecho de los refugiados al retorno es uno de los artículos más fundamentales del derecho internacional, apoyado por la Cuarta Convención de Ginebra, las Regulaciones de La Haya de 1908, la Resolución 181 de la Asamblea General de la ONU, la Resolución 242 del Consejo de Seguridad de la ONU, y el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos. [5]
Al afirmar que el respeto a los derechos palestinos, sea como refugiados o como ciudadanos israelíes, llevaría a la «eliminación» del Estado israelí, el Instituto Reut da su sello de aprobación al punto de vista de que los apuntalamientos del gobierno israelí son incompatibles con derechos humanos universalmente aceptados, codificados en instrumentos básicos del derecho internacional. Por lo tanto, sin proponérselo, el Instituto Reut presta su voz autoritativa a los defensores de los derechos humanos que condenan la forma discriminatoria israelí de gobierno como fuera de la ley y por lo tanto ilegítima.
- La ocupación
Al discutir la ocupación, el informe señala que el gobierno israelí enfrenta un «problema» que amenaza su seguridad nacional:
«Todo territorio del que se retire Israel será utilizado como plataforma para actividades militares hostiles en su contra. Esta amenaza aumentará si el Estado palestino controla su propio espacio aéreo y fronteras. Según esta lógica, Israel debe retener el control en Cisjordania, y potencialmente renovar su control sobre Gaza.» (pár. 108)
Sin embargo, el informe también reconoce la fuerza de ciertos argumentos prácticos a favor de la terminación de la ocupación:
«La lógica política de Israel: Irse -Si Israel no termina su control sobre la población palestina en Cisjordania o vuelve a ocupar Gaza, las tendencias demográficas erosionarán la legitimidad fundamental de Israel, y terminarán por convertirlo en un Estado paria. Como tal, Israel debe terminar urgentemente su control de Cisjordania.» (pár. 108)
No obstante, el informe menciona separadamente el «valor fundacional» del sionismo de «soberanía, propiedad, o control del País de Israel, que representa la cuna de la civilización hebrea». (pár. 76). El objetivo fundacional sionista de obtener, mantener, y expandir el control sobre la tierra palestina puede servir mejor para explicar la renuencia a retirarse del territorio ocupado que el pretexto sobre a la seguridad nacional.
También es notable que un informe que se concentra en la legitimidad omita la mención de los numerosos instrumentos legales y decisiones que hacen que la ocupación israelí de territorio palestino y sirio sea ilegal e ilegítima: la continua ocupación coloca al gobierno israelí en violación de la resolución 242 del Consejo de Seguridad de la ONU, de la resolución 2625 de la Asamblea General, del artículo 2, sección 4 de la Carta de la ONU, del Dictamen de 2004 de la Corte Internacional de Justicia, y del voto 157 contra 7 de la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2006 en apoyo a los derechos del pueblo palestino a la autodeterminación y a un Estado independiente, y que subrayó la necesidad de que el gobierno israelí se retire del territorio palestino que ha ocupado desde 1967. Además, la introducción y mantenimiento de colonos en territorio ocupado palestino y sirio coloca al gobierno israelí en violación de la Cuarta Convención de Ginebra y de la Resolución 465 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. También el «asesinato selectivo» de civiles, la tortura o tratamiento inhumano de prisioneros, el cautiverio ilegal de civiles, y la amplia destrucción y apropiación de propiedad no justificada por necesidad militar y realizada ilegal y desenfrenadamente en Gaza y Cisjordania, coloca al gobierno israelí en una grave violación de la Cuarta Convención de Ginebra.
Pero incluso el argumento práctico contra la ocupación suministrado en el informe valida el punto de vista de que la continua ocupación, más que los esfuerzos de los «deslegitimadores», es cada vez más responsable por la pérdida de legitimidad del gobierno israelí y de que se convierta en un Estado paria.
- La Campaña de BDS
El informe señala los efectos negativos que la campaña de BDS ha tenido sobre la imagen internacional de Israel: «Aunque las implicaciones económicas tangibles de la campaña de BDS han sido limitadas, la tendencia general de su daño ha sido la estigmatización de Israel como Estado paria». (pár. 106) Al mismo tiempo y sorprendentemente, el informe admite que dos de las tres demandas de la campaña de BDS son legítimas. Los autores del informe merecen crédito, si no por reconocer la justicia de esas demandas, por lo menos por reconocer su importancia para la legitimidad:
«El conflicto israelí-palestino suministra la fuerza principal para la deslegitimación fundamental de Israel. Obviamente, el compromiso serio y consecuente de Israel con la terminación de la ‘ocupación’ es crítico para combatir la deslegitimación y el que no se exhiba un compromiso semejante echa leña al fuego.» (pár. 48)
«Evidentemente, también en este caso el compromiso creíble de Israel con la igualdad y la integración de sus ciudadanos árabes es vital para combatir la deslegitimación, mientras el que no se muestre un compromiso semejante creará un terreno fértil para su cultivo.» (pár. 48)
Sin embargo, el Instituto Reut no propugna de lleno el cambio de políticas para lograr realmente la legitimidad en esas dos áreas. El propósito expreso es simplemente combatir la deslegitimación. Algo menos que un cambio real en la política israelí es indicado por la insistencia del informe en que derechos plenos e iguales para los palestinos conlleva «la eliminación de Israel». El informe parece sugerir que el gobierno israelí puede resolver su crisis de legitimidad mediante la simple exhibición de un compromiso hacia la terminación de la ocupación y el suministro de igualdad de derechos, pero que puede detenerse antes de realizar realmente esos objetivos.
A pesar de esas limitaciones, las admisiones en el informe de que el gobierno israelí no cumple con los estándares legales sobre la igualdad de derechos y el fin de la ocupación validan la posición de las organizaciones y defensores de los derechos humanos.
Fuentes reales de la crisis de legitimidad: Operación Plomo Fundido
Durante la Operación Plomo Fundido del 27 de diciembre de 2008 al 18 de enero de 2009, aviones barcos, artillería y soldados terrestres invasores israelíes atacaron a civiles, viviendas civiles, e infraestructura civil palestina, incluyendo hospitales, escuelas e instalaciones de la ONU. Medios noticiosos mostraron dramáticos bombardeos con fósforo blanco. Evidencia reunida por investigadores de organizaciones por los derechos humanos como Amnistía Internacional, Human Rights Watch, Barra Nacional de Abogados, y Médicos por los Derechos Humanos de Israel, presentaron evidencia convincente de que las fuerzas israelíes atacaron intencionalmente a civiles.
Como resultado de la crítica mundial, generalmente inesperada, del gobierno israelí durante y después de la operación, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas lanzó una misión independiente bajo el juez Richard Goldstone para investigar violaciones del derecho internacional cometidas por autoridades civiles y militares en Israel y Gaza. Evidencia sustancial reunida por su misión de la ONU demostró que los dirigentes políticos y militares de Israel no distinguieron intencionalmente entre objetivos militares y civiles, utilizaron una fuerza desproporcionada, y atacaron a civiles violando el derecho internacional. El informe resultante, conocido como Informe Goldstone concluyó que:
«Mientras el gobierno israelí ha tratado de presentar sus operaciones como si fueran esencialmente una reacción ante ataques de cohetes en ejercicio de su derecho de autodefensa, [6] la Misión considera que el plan fue dirigido, por lo menos en parte, contra un objetivo diferente: el pueblo de Gaza en su conjunto.» (Goldstone, pár. 1883)
En lugar de analizar si los actos del gobierno israelí podrían haber sido ilegales y por lo tanto podrían haber contribuido a su crisis de legitimidad, el Informe Reut recomienda soluciones para impedir, controlar, y limitar las críticas atacando a los activistas por los derechos humanos que las expresan. Al realizar una defensa semejante, el Informe Reut reconoce implícitamente la imposibilidad de refutar la acusación de que los dirigentes israelíes dirigieron sus fuerzas para actuar fuera de la ley. En su lugar, el Instituto Reut trata de conservar de manera escalofriante a los responsables del gobierno israelí la libertad de actuar en lo militar sin restricciones en los ataques contra poblaciones civiles.
Comparación con el apartheid en Sudáfrica
Para los autores del informe, los intentos de los activistas de presentar paralelos entre las acciones del gobierno israelí y Sudáfrica del apartheid son particularmente inquietantes. En este sentido, el informe discute «el fundamento ideológico de la comparación de Israel y Sudáfrica del apartheid»:
«Los deslegitimadores de Israel afirman que ambos casos involucran a una minoría extranjera -en ambos casos blanca, rica y poderosa- que tomó el control de tierras que pertenecían a poblaciones indígenas locales, las desposeyeron de su propiedad, y las explotaron como mano de obra con el empleo de una fuerza brutal. En los últimos años, la Red de Deslegitimación ha tenido un éxito significativo en la estigmatización de Israel como un Estado de apartheid utilizando una terminología relacionada y medios similares para conducir una campaña global en su contra.» (pár. 96)
Por lo tanto, el Instituto Reut articula claramente el caso para la comparación. Pero el informe no intenta distinguir la conducta del gobierno israelí de la del de Sudáfrica del apartheid. Al contrario, historiadores israelíes, -incluido Benny Morris, en Righteous Victims, e Ilan Pappe, en The Ethnic Cleansing of Palestine-, confirman la violenta limpieza étnica y desposeimiento de la población indígena.
Al destacar la seriedad de la situación para el gobierno israelí, el informe apunta a Sudáfrica y la URSS, países con poderosas fuerzas militares convencionales e inconvencionales, que fueron «derribados por la deslegitimación,» (pár. 19, 82 y 120).
Sin embargo, el informe Reut omite la mención del hecho irónico de que aunque el sistema de apartheid fue «derribado», Sudáfrica siguió existiendo y que ha recuperado plenamente su legitimidad después del apartheid. Se podría concluir de ese hecho que los que participaron en el movimiento mundial para terminar con el apartheid sudafricano hicieron realmente mucho por legitimar a Sudáfrica mientras que los que apoyaron el régimen del apartheid racista fueron en realidad los verdaderos «deslegitimadores».
Pensando en el modelo sudafricano, se podría argumentar que son partidarios del gobierno israelí como el Instituto Reut los que son sus principales deslegitimadores, mientras que los activistas por los derechos humanos quienes responsabilizan a los dirigentes políticos y militares de Israel de asegurar que el gobierno israelí se ajuste sólidamente al derecho internacional son los verdaderos legitimadores.
Recomendaciones que probablemente erosionarán aún más la legitimidad de Israel
Las recomendaciones del informe contribuirán probablemente aún más a la erosión de la legitimidad de Israel. Es poco probable que los llamados a «atacar», «sabotear», «crear un ‘precio’ por atacar a Israel», y montar «una contraofensiva» contra defensores no violentos de los derechos humanos (pár. 124) detengan efectivamente la crítica o que refuercen la legitimidad internacional de Israel, y exponen a más severas críticas al gobierno israelí y a aquellos de sus partidarios que acepten el llamado a implementar tácticas semejantes.
Como lo demostraron los activistas por los derechos civiles y contra la guerra de EE.UU. en los años sesenta, es probable que la recomendación del Instituto Reut de «atacar» y «sabotear» a los que se pronuncian por los derechos humanos sea contraproducente. Aunque los gobiernos estatales y federales utilizaron tácticas similares en los años sesenta y comienzos de los setenta para contrarrestar a los movimientos por los derechos civiles y contra la Guerra de Vietnam, los activistas pudieron responder con movimientos ampliamente apoyados por la libertad de expresión y campañas masivas de defensa. Como después de los tiroteos por la Guardia Nacional en Kent State y en Jackson State en 1970, esas campañas de masas fueron frecuentemente efectivas, no sólo para contrarrestar tácticas gubernamentales antidemocráticas sino también para lograr aún más apoyo para las demandas subyacentes de los activistas.
Sin embargo, como lo demostró el ejemplo sudafricano, hay una solución aún más directa para la crisis de legitimidad que la presentada por el informe. Es decir que el gobierno israelí gane legitimidad cumpliendo con los requerimientos de la ley. Siguiendo esta actitud, el gobierno israelí ganará en legitimidad yendo más allá de la recomendación del informe Reut, poniendo realmente fin a la ocupación y asegurando la igualdad de derechos para todos los que viven bajo el control del gobierno israelí, así como implementando el derecho de los refugiados palestinos a retornar a sus casas y aldeas y respetando las limitaciones del derecho internacional contra el lanzamiento de ataques militares.
Mientras tanto, los trabajadores por los derechos humanos que han criticado enérgicamente al gobierno israelí podrán alegrarse de que el Instituto Reut haya dado su aprobación a muchas de sus críticas, incluso si también llama al gobierno israelí a emprender una acción ilícita en su contra.
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James Marc Leas es un abogado judío especialista en Parente que es copresidente del Subcomité Palestina Libre de la Barra Nacional de Abogados (NLG, por sus siglas en inglés). Participó en la delegación del NLG a Gaza en febrero de 2009.
El autor desea agradecer a Noura Erakat por sus valiosas contribuciones editoriales, pero la responsabilidad por el contenido es exclusiva del autor.
Notas.
[1] Vea «Protecting Israel’s Lawlessness with Spying and Smear Campaign,» de Naomi Klein; «Reut Institute Maps Israel’s Intelligence War Against Enemies,» de Richard Silverstein; «Israel’s new strategy: ‘sabotage’ and ‘attack’ the global justice movement,» de Ali Abunimah y su publicación de la versión original no censurada del Informe Reut; «Israel’s losing battle against the new world power,» de Cecilie Surasky y «Think tank tells Israeli government to declare war on peace groups,» también de Cecilie Surasky.
[2] «Reut es un equipo político no partidario sin fines de lucro que suministra sus servicios gratuitamente sólo al gobierno de Israel… Son descritos como ‘muy influyentes y altamente respetados’ por Ido Aharoni, portavoz de la ministra de exteriores israelí Tzipi Livni, quien señaló que virtualmente todo ministerio clave en el gobierno ha utilizado los servicios de Reut.» http://en.wikipedia.org/wiki/
[3] Ilustrativo de los riesgos es el hecho de que más de 140 medios noticiosos publicaron la historia sobre la decisión del 16 de mayo de 2010 del gobierno israelí de negar el ingreso al país al profesor del MIT Noam Chomsky para una conferencia programa en la Universidad Bir Zeit en Ramala. Un editorial en el periódico israelí Haaretz señaló que «Israel parece un matón que ha sido insultado por un intelecto superior y que ahora trata de combatirlo, arrestarlo y expulsarlo.» Un artículo en New York Times, de Ethan Bronner el 17 de mayo de 2010 citó un artículo en el periódico israelí Yediot Aharonot por el comentarista legal
Boaz Okun: «Si se juntan, [la exclusión de Chomsky y otros desatinos recientes] pueden marcar el fin de Israel como Estado respetuoso de la ley y amante de la libertad, o por lo menos colocar un gran signo de interrogación sobre esta noción». Un artículo en Boston Globe describió un correo electrónico de Chomsky al Globe: «Chomsky dijo que cree que se le escogió por su crítica contra Israel, así como por sus planes de hablar en una universidad palestina. ‘Estaban realizando una acción de un tipo del que nunca he oído antes, excepto en Estados totalitarios’, dijo.» Como lo describió el grupo israelí por la paz
Gush Shalom en su anuncio semanal en Haaretz del 21 de mayo de 2010, «Los que impidieron que Noam Chomsky entrara al país – ayudaron y alentaron la campaña mundial para boicotear las universidades israelíes». Con los amplios informes sobre el propio boicot académico del gobierno israelí contra el más destacado intelectual público del mundo, el gobierno israelí y sus partidarios pueden tener problemas en su argumentación contra el boicot como una forma de resistencia no violenta contra la ocupación, la discriminación, la agresión, los ataques contra civiles, el sitio y el castigo colectivo de Gaza, y la falta de disposición para permitir que los refugiados retornen a sus casas debido a su etnia.
[4] Los así llamados «deslegitimadores» tienen una base sólida: la idea de que Israel, o cualquier país, tiene un «derecho a existir» contradice antiguos valores democráticos. Por ejemplo, la Constitución de EE.UU. no reconoce ningún derecho para el gobierno, incluido el derecho a existir. Según la constitución las partes del gobierno son investidas sólo con poderes; los derechos son garantizados sólo al pueblo; y esos derechos restringen los poderes del gobierno. La constitución implementa la idea articulada por Jefferson en la Declaración de Independencia en 1776 de que el pueblo está investido con derechos inalienables, que los gobiernos son creados para garantizar esos derechos, y que «los gobiernos derivan sus poderes del consentimiento del gobernado». En la promoción de este punto de vista, la declaración establece que «cuando una larga serie de abusos y usurpaciones, que persigue invariablemente el mismo objetivo, evidencia el designio de someterlos bajo un despotismo absoluto, es el derecho de ellos, es el deber de ellos, derrocar ese gobierno y proveer nuevas salvaguardas para su futura seguridad».
El Informe Reut, y gran parte de la propaganda israelí, pone patas arriba la democracia occidental, promoviendo el punto de vista contrario de que es el gobierno el que tiene un «derecho a existir» y que se puede exigir que millones de personas que viven bajo el régimen de un gobierno brutal acepten ese «derecho».
[5] Además, el artículo 6 de la Carta del Tribunal Militar Internacional establecido en 1945 por EE.UU., Francia, el Reino Unido y la URSS definió que los crímenes contra la humanidad incluyen «la deportación y cualesquiera otros actos inhumanos cometidos contra cualquier población civil, o persecuciones por motivos políticos, raciales o religiosos.» Por cierto, al pedir el derecho al retorno de los refugiados, los defensores de los derechos humanos suministran sólo un remedio parcial para la ilegal limpieza étnica de Palestina. Además, los responsables por, y los que participaron en, las ilegales operaciones de limpieza étnica debieran rendir cuentas.
[6] El propio sitio en Internet del Ministerio de Asuntos Exteriores del gobierno israelí muestra que el gobierno israelí ya había detenido el disparo de cohetes de Hamás con un cese al fuego del 19 de junio de 2008. Ese cese al fuego continuó siendo exitoso hasta que Israel lo violó con un ataque letal contra miembros de Hamás en Gaza el 4 de noviembre, descrito en más detalle por este autor en «Israeli Government Contradicts its own Self-defense Claim».