La represión económica afectó a unas 200.000 familias derrotadas. Varios estudios arrojan luz sobre la dimensión del expolio. Rafael F. Vázquez, párroco de la antigua población de Guájar, en Granada, traza un semblante crudo de la acusada. «Profesa ideas avanzadas», afirma. La suerte de Dolores Mancilla, de profesión sus labores, ya está echada. Pero la […]
La represión económica afectó a unas 200.000 familias derrotadas. Varios estudios arrojan luz sobre la dimensión del expolio.
Rafael F. Vázquez, párroco de la antigua población de Guájar, en Granada, traza un semblante crudo de la acusada. «Profesa ideas avanzadas», afirma. La suerte de Dolores Mancilla, de profesión sus labores, ya está echada. Pero la apuntala el guardia civil Miguel Aguilera: «Pésima conducta. Votó siempre que fue necesario al Frente Popular». El Tribunal de Responsabilidades Políticas no necesita más para decretar la incautación de sus bienes: tres camas, casa y plantación de almendros. La multa es de 500 pesetas.
Un grupo de 32 investigadores de ocho universidades ha rescatado de los comités de incautación y los tribunales de responsabilidades políticas de Andalucía más de 53.000 expedientes personales como el anterior, acreditativos de la justicia militar totalitaria que el franquismo arbitró hasta el fin de la primera posguerra con curas, falangistas, guardias civiles y alcaldes como delatores. La iniciativa, financiada por la Junta, supone la primera investigación que pone negro sobre blanco la dimensión en una región española del expolio económico, aún hoy el más desconocido de los pilares sobre los que se asentó la represión franquista.
«Es el gran tema tabú. Sólo se ha hablado en voz baja», explica Cecilio Gordillo, activista destacado del memorialismo andaluz. Tampoco lo tocó la Ley de Memoria Histórica. Llegada la democracia, los principales partidos y sindicatos sí pactaron la devolución de sus bienes. Pero los particulares pagaron otro de los peajes de olvido de la Transición.
Paqui sabe en qué consiste ese pacto. Fruto de una reclamación ante el Estado, posee un papel remitido por Hacienda que deja bien claro que España no contempla la devolución de bienes incautados a particulares. Pero también tiene otro papel, del Registro de la Propiedad, que demuestra que la casa que tenía en un pueblo de Sevilla su bisabuelo Juan era eso, su casa, o al menos lo fue hasta que le fue incautada tras su asesinato en 1936. «Un hijo suyo aún me pregunta qué pasa con la casa y no sé qué decirle», cuenta Paqui. La mayoría de los que están en su misma situación ni se plantearon intentar recuperar los bienes. En realidad muchos ni siquiera saben que sus familias fueron expoliadas.
Sí hay en marcha una ambiciosa iniciativa colectiva, aunque sin éxito hasta la fecha: la Asociación de Perjudicados por la Incautación Franquista, que desde Catalunya ha reunido a 2.000 afectados, todos ellos con recibos de multas pagadas. «Hemos dialogado con los partidos, pero sin conseguir compromisos formales. Vamos a seguir hasta el final. Si hace falta, a los tribunales, en España y en Europa», cuenta María Casals, portavoz. La asociación no se encarga de bienes, sólo de multas. María ignora cuál es el importe total de las sanciones, pero sí adelanta que pedirán al Estado cinco euros por cada peseta de la época en que se abonaron.
Las cifras de la humillación
Al margen de las dificultades para la reparación de las víctimas, les queda el consuelo parcial de que el manto de silencio está empezando a descorrerse con algunos datos. En octubre de 1941, los tribunales habían incoado casi 125.000 expedientes de incautación y quedaban unas 100.000 denuncias pendientes, según los datos recopilados por Manuel Álvaro en el libro colectivo La gran represión (2009), coordinado por Mirta Núñez, profesora de la Complutense.
Más de 200.000 familias sufrieron en España la investigación, retención o expolio de sus bienes, según los cálculos más fiables. Y eso en un país que en 1940 rondaba los 26 millones de habitantes. Fernando Martínez, coordinador del proyecto andaluz, cifra en «cerca de 60.000» las personas familias, en realidad afectadas entre 1936 y 1945.
La historiadora Ángela Cenarro, que coordina en Aragón un proyecto similar al andaluz, cifra en unos 13.000 los expedientes abiertos en la región. En Galicia el ambicioso proyecto Nomes e voces también ha abarcado la investigación de la represión económica entre 1936 y 1939. A falta de datos globales, su coordinador, Lourenzo Fernández, destaca la «clara voluntad» del régimen de cebarse con los derrotados, así como otras formas de expolio, como la expropiación de montes comunales.
La rapiña de los sublevados comienza de forma espontánea el mismo 18 de julio del 36 y con el tiempo se va amparando en bandos, decretos y, finalmente, en la Ley de Responsabilidades Políticas de 1939. La maquinaria funcionó a tal ritmo que en 1941 el Tribunal Nacional de Responsabilidades Políticas advirtió de la incapacidad del Estado para contar o gestionar los bienes.
Por ello en 1942 se suavizó la ley, multiplicando los sobreseimientos. En 1945, con el franquismo intentando dulcificar su imagen, cesaron los expedientes, aunque hubo familias que pagaron plazos hasta finales de los 60. Aparte del expolio, el régimen se había hecho con un detallado fichero de rojos y había extendido por toda España una cultura indeleble de miedo y delación.
El volumen de bienes incautados y dinero recaudado por multas es difícil de precisar, más cuando hasta el régimen se confesaba incapaz de hacerlo. Pero varios datos dan una idea. En Toledo fue incautada más de la mitad de la propiedad rústica. El total de multas impuestas en Andalucía rondó los cien millones de pesetas de la época, cuando un bancal de tierra para alimentar a una familia podía costar cien pesetas y una casa obrera en un pueblo andaluz, entre 300 y 500.
No todas las multas se pagaban. En Madrid, Álvaro cifra las impuestas en 660 millones, aunque la mayoría fueron sanciones absurdamente altas, más ejemplares que prácticas, a prohombres de la República. «Las que sí se pagaban, y eran demoledoras para las clases medias y bajas, eran las de cientos o miles de pesetas. Y todo el proceso en sí, que suponía la inmovilización de los bienes, era un castigo», cuenta Martínez. Su intención, cuando acabe el estudio, es colgarla en la Red. Que se vea todo: víctimas, delatores, sentencias. Será una pequeña parte comparada con lo mucho que sigue oculto 70 años después.
Emilio Silva: «Esa puerta nadie se atreve a abrirla»
Emilio Silva, presidente de la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica, lamenta que el Estado no haya dado nunca «ninguna facilidad» para el resarcimiento. «A los partidos y los sindicatos sí. Al ciudadano, nada», denuncia. «Esa puerta nadie se ha atrevido a abrirla. ¿Por qué siempre ese rechazo a invalidar las sentencias de responsabilidades políticas? Porque habría que anular también las multas que ordenaban», afirma. Silva lamenta la «hipocresía» que supone que «los mismos que argumentan que eso generaría el caos son los que defienden con uñas y dientes la inviolabilidad de la propiedad privada».
Nota lector [«3República»] en el blog de Público.
La Fiscalía de Algeciras (Cádiz) continúa las investigaciones para determinar si trece muertes de recién nacidos registradas en los años 60 en esta zona podrían ser casos de robos de bebés y, para ello, ha pedido a la policía que emprenda las diligencias para esclarecer estas sospechas. El fiscal jefe de Algeciras, Juan Cisneros, ha explicado hoy a EFE que ha trasladado a la Policía esta petición como continuación de las diligencias que él mismo emprendió de oficio el pasado mes de junio.
Cisneros emprendió estas diligencias a raíz del «goteo» de denuncias en los medios de comunicación de familiares de aquellos bebés, en unas circunstancias que les hacían sospechar que aquellos recién nacidos no murieron tras el parto, como les dijeron a sus padres, sino que fueran entregados a otras familias.
La Fiscalía de Algeciras ha recogido información de trece casos sospechosos ocurridos en su área de competencia, en nacimientos que, fundamentalmente, se produjeron en el antiguo hospital municipal de La Línea y en una clínica de la misma localidad, ambos desaparecidos ya, y la mayoría de ellos entre 1965 y 1970, aunque también hay un caso muy posterior, en los ochenta.
Para ello se ha recogido la documentación aportada por las familias, porque «ya tenían recorrido mucho» en las investigaciones de sus sospechas, que ahora se completarán en manos de la policía judicial para ir componiendo «las piezas de un puzzle» complicado, como apunta Cisneros.
El fiscal cree que es «lógico» que el ministerio público investigue «cualquier denuncia de un posible delito» y también que se apoye en la Policía Judicial para aclarar un «fenómeno extraño» en el que confluyen unos mismos centros hospitalarios y una misma época.
El hecho de que estos hospitales ya no existan, que sus archivos no estuvieran regidos por los controles actuales, y la lejanía en el tiempo hace que todo sea «más difícil de investigar», según el fiscal, que considera que no se puede hablar de una posible prescripción de los delitos porque aún no se ha determinado de qué tipos delictivos se podría tratar.
«Si por ejemplo se hubiera querido tapar una negligencia médica en la muerte de un bebé en un parto, sí estaría prescrito. Si el delito fuera de alteración del estado civil de una persona, no estaría prescrito, porque ya hay sentencias del Tribunal Supremo en este sentido», afirma el fiscal.
Cisneros cree que esta investigación requiere «andar con pies de plomo» y que en ella habrá que valorar también, una vez que se confirmara un hecho delictivo, cuál sería su tipificación en los sucesivos códigos penales que han existido en España en este tiempo.
Una de las primeras denuncias públicas sobre este asunto fue la de Cristina Díaz Carrasco, una hermana de uno de aquellos bebés que decidió contar su historia porque querían sacar a luz más casos. Sus padres eran de La Línea de la Concepción (Cádiz) y en 1966 emigraron a San Sebastián con sus tres hijas mayores. La mujer volvió a la localidad para dar a luz a su cuarto hijo. El niño nació y la madre llegó a verlo, pero al día siguiente la matrona le dijo que había muerto y que era mejor que no viera el cadáver. Quien si lo vio, según relató a EFE Cristina Díaz, fue su abuela, que entró en el depósito con un fotógrafo que le tomó una instantánea con el bebé muerto en los brazos.
Hace cuatro años, cuando la madre falleció, su familia quiso poner en su tumba el nombre del bebé, porque su tumba había desaparecido en una remodelación realizada en el cementerio de La Línea en los años ochenta.
Ahí fue cuando averiguaron que el nombre del bebé no estaba en el registro del cementerio y cuando Cristina y su hermana empezaron a tirar del hilo para averiguar lo que habría ocurrido y a contar la historia en programas de televisión como «Quién sabe donde».
Otro de los casos es el de Arturo Reyes, un fotógrafo de La Línea cuyo hijo falleció presuntamente a los pocos días de nacer en 1987 y fue enterrado en el cementerio local, donde en 2004 descubrió que en el nicho no había ningún resto humano.
Fuente: http://www.publico.es/espana/340824/la-rapina-franquista-queda-al-descubierto-tras-70-anos