Mohammad Nafeek creyó que la suerte de su familia cambiaría para bien cuando un pariente le ofreció en 2005 llevar a su hija mayor, Rizana, a trabajar como mucama en Arabia Saudita. Pero las cosas salieron mal: la adolescente fue condenada a muerte por asesinato. Los ingresos de Nafeek no le alcanzaban para mantener a […]
Mohammad Nafeek creyó que la suerte de su familia cambiaría para bien cuando un pariente le ofreció en 2005 llevar a su hija mayor, Rizana, a trabajar como mucama en Arabia Saudita. Pero las cosas salieron mal: la adolescente fue condenada a muerte por asesinato.
Los ingresos de Nafeek no le alcanzaban para mantener a su familia. Los seis vivían en un rancho ruinoso de Mutur, una aldea costera en el oriental distrito de Trincomalee, 250 kilómetros al este de la capital de Sri Lanka.
Según la familia, Rizana aceptó trabajar en el exterior. La adolescente fue llevada a la agencia de empleo, donde hizo un curso de capacitación de 10 días antes de partir a Arabia Saudita en mayo de 2005.
La suerte de la familia empeoró.
Alrededor de un mes después de llegar estaba en prisión acusada de asesinar al bebé de cuatro meses que cuidaba. La justicia la encontró culpable y la condenó a morir decapitada con una espada. La sentencia fue apelada y hace cinco años que Rizana está presa en una cárcel de Arabia Saudita.
En octubre la condena fue confirmada y ahora debe ser ejecutada. El hecho concentró otra vez la atención sobre la situación de los trabajadores inmigrantes asiáticos en Medio Oriente que quedan excluidos del sistema de justicia.
El presidente de Sri Lanka, Mahinda Rajapaksa, pidió clemencia al rey de Arabia Saudita, Abdul Aziz. Lo mismo hicieron organizaciones como Amnistía Internacional, con sede en Londres, y la Comisión Asiática de Derechos Humanos (CADH), entre otras.
El fallo está a estudio de un asesor del Rey.
La CADH alegó que el proceso perjudicó a Rizana porque no contempló cuestiones idiomáticas ni se le ofreció asistencia legal competente, un problema recurrente que sufren los extranjeros que deben recurrir a la justicia.
El traductor que estuvo presente en la confesión de Rizana, que según la CADH fue obtenida bajo coacción, no era profesional, señaló el director de política y desarrollo de la Comisión, Basil Fernando. «La persona era oriunda del estado indio de Karnataka, que no conocía el dialecto tamil que ella hablaba», remarcó. El traductor abandonó luego Arabia Saudita. Las pruebas indican que el bebé se ahogó cuando Rizana lo alimentaba, que fue un accidente y no un asesinato intencional, añadió Fernando.
Rizana no tuvo asistencia legal durante el proceso. La embajada de Sri Lanka en Riad contrató un abogado tras conocerse la sentencia, cuando ya no podía porque es ilegal asumir los costos de un proceso penal. En ese momento intervino la CADH, con sede en Hong-Kong, que ya vertió 30.000 dólares para apelar el fallo.
Es un caso complicado, además, porque Rizana era menor cuando salió de Sri Lanka. Algunas fuentes sostienen que tenía 15 años, pero la familia dijo a IPS que tenía 17.
El pasaporte falsificado de Rizana pasó a tener un papel central en el caso, pues los magistrados no consideraron su certificado de nacimiento. «El documento con el que entró a Arabia Saudita dice que nació en febrero de 1982, pero su certificado de nacimiento señala que fue en ese mes, pero de 1988», señaló Amnistía Internacional en octubre. «Rizana no pudo presentar su certificado de nacimiento ni otra prueba de edad a la justicia, que se basó sobre la información de su pasaporte», añade.
Los defensores de Rizana sostienen que la joven fue víctima de una agencia de reclutamiento que envía a las pobres srilankesas sin capacitación a trabajar como empleadas domésticas en países de Medio Oriente, incluida Arabia Saudita, donde hay 500.000 trabajadores de esta nación insular. «Nunca supimos nada de la agencia que se la llevó a Arabia Saudita», se lamentó la madre, Razina. «Sólo recibimos una carta de la embajada en Riad informándonos sobre la sentencia», añadió.
El caso de Rizana saltó a las portadas de la prensa local tras conocerse la confirmación de la condena a muerte.
Integrantes de la CADH dijeron a IPS que no fue la embajada de Sri Lanka la que les informó que la Corte Suprema de Arabia Saudita había confirmado el fallo, sino que fueron simpatizantes que visitaron a Rizana en la cárcel. «Existe la posibilidad de que la joven sea ejecutada en cualquier momento sin previo aviso. Arabia Saudita se caracteriza por un infame registro en materia de muertes provocadas por el Estado, tiene la mayor cantidad del mundo con 69 en 2009, 102 en 2008 y 158 en 2007, un promedio de dos personas por semana», reza una declaración de la CADH.
Hay dos formas de evitar la ejecución de Rizana, remarcó Fernando. Una es realizar una campaña local e internacional ante el Rey y la otra es tratar de conseguir el perdón en el marco de la legislación saudita. «El Rey es la última opción, pero antes la familia de Rizana puede tratar de hablar con los padres del bebé para tratar de obtener su perdón», explicó.