El verdadero sentido y alcance del acuerdo de pensiones, pomposamente titulado Acuerdo Social y Económico- en adelante, el Acuerdo-, se va desvelando una vez conocido su contenido. Era llamativo, los días anteriores a que se conociera el acuerdo, el empeño del Gobierno y los sindicatos sobre las posibilidades de un acuerdo en el que las […]
El verdadero sentido y alcance del acuerdo de pensiones, pomposamente titulado Acuerdo Social y Económico- en adelante, el Acuerdo-, se va desvelando una vez conocido su contenido.
Era llamativo, los días anteriores a que se conociera el acuerdo, el empeño del Gobierno y los sindicatos sobre las posibilidades de un acuerdo en el que las posturas parecían irreconciliables desde el día que el primero anunció su intención de largar la edad de jubilación. ¿Qué bases materiales, sobre qué contenidos era posible pactar si el Gobierno había anunciado su determinación de adoptar la reforma de las pensiones con ó sin acuerdo, siendo consciente como era («me cueste lo que me cueste» dijo ZP para enfatizar su determinación)? de los costes que iba a pagar por ello.
Creo que la clave ha estado precisamente en la evaluación de los costes en que incurría cada una de las partes (es claro que en esto la patronal solo ha actuado de «invitado de lujo»). El Gobierno los imputables a la más regresiva medida contra el sistema de protección social desde la Transición; los sindicatos, los derivados de emprender una contestación para la que no disponían ni de ganas ni de preparación ,vista la más que moderada intervención de sus cuadro y liberados en la huelga del 29S.
No parece aventurado suponer que en este largo período de negociaciones se ha hablado tanto de política como de pensiones y que los antiguos aliados de la anterior legislatura han vuelto a encontrar puntos de interés común. Creo sinceramente que el principal tiene que ver con la puesta en común de las dificultades que afrontan ambos aparatos, el del PSOE y el de los sindicatos, en un contexto de salida de crisis por la derecha y en un horizonte de más que probable acceso del PP al Gobierno. No sufrir una derrota estrepitosa en el próximo ciclo electoral en el caso del PSOE, revalidar la mayoría sindical en las próximas elecciones sindicales preparándose así a resistir un tiempo político que se vaticina duro en el de los sindicatos. Ambos, hay que suponer, desde la convicción de que su mantenimiento respectivo es el mejor logro que puede presentarse a sus respectivos electorados en estos tiempos difíciles.
El contenido del Acuerdo parece confirmar estas hipótesis. El que más específicamente se refiere a las pensiones no presenta sorpresa alguna, es lo que venía postulando el Gobierno y todos los thinks tanks del sistema con la inefable FEDEA a la cabeza desde hace tiempo. De modo que aquí es difícil encontrar contenidos que los sindicatos puedan presentar como contrapartidas por aceptar el pensionazo.
El resto del Acuerdo, empezando por la Introducción llena de loas al Diálogo Social que es el mantra de la cultura sindical de la generación que hoy dirige los sindicatos y especialmente CCOO, contiene todo un repaso a la agenda política del Gobierno, desde las políticas activas de empleo a la política energética pasando por la educación y-como no!-el Estado de las autonomías. Al final de su segunda legislatura en el Gobierno y como pantalla para la más dura política de ajuste emprendida hasta ahora por gobierno alguno, el PSOE acuerda una agenda con los sindicatos más propia de un programa de gobierno en el comienzo de la misma.
El resultado buscado es ofrecer al electorado de izquierda-insisto en ambos ciclos electorales- la única alternativa posible operada por sus dos agentes, el político gobernante y el sindical.
Las direcciones sindicales aparecen con este regalo gubernamental con una relevancia de la que en realidad carecen . Un intercambio de legitimidades orientado a la supervivencia de dos poderosos aparatos más allá de las condiciones históricas en las que su intervención resultaba funcional al sistema capitalista.
En su intento de realzar el valor del Acuerdo, los medios más próximos al Gobierno le han comparado con los Pactos de la Moncloa subrayando su función y alcance de «compromiso histórico» para superar la grave situación de crisis de la economía española. Merece Creo la pena indagar similitudes y diferencias entre ambos:
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Los Pactos de la Moncloa abrían un ciclo político, inauguraban un régimen , ponían sus cimientos. El Acuerdo acaso esté poniendo las bases de un nuevo régimen de acumulación por desposesión de los derechos de los trabajadores y, si prospera las propuestas Merkel-Sarkozy de constitucionalizar la prohibición del déficit, también un nuevo régimen político y constitucional donde quedará reflejado el actual equilibrio de fuerzas entre el capital y el trabajo
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En los Pactos de la Moncloa un movimiento obrero fuerte templado en la lucha contra la dictadura franquista, apoyó y se comprometió con una política tendente a consolidar las bases materiales de un régimen económico y político de acumulación a cambio de su reconocimiento constitucional. En el Acuerdo, la direcciones sindicales aceptan un sustancial recorte de los derechos de los trabajadores a cambio de la promesa de prolongar la función (véase el «Grupo de trabajo para el Diálogo Social reforzado»!) y el papel que han venido desempeñando en estas tres décadas, incluso cuando el horizonte de la economía capitalista no parece ofrecer posibilidad redistributiva alguna.
La impresión es que las direcciones de UGT y CCOO pretenden prolongar su papel histórico más allá del período en que ha tenido sentido y para ello están dispuestos a legitimar con su firma no solo recortes en los derechos sino todo un auténtico cambio de sistema de protección social, teniendo en cuenta cómo se van deslizando de forma cada vez más clara rasgos de los sistemas de capitalización. Se trata de un hito de inestimable ayuda para la revisión constitucional anhelada por la derecha en orden a debilitar y en su caso liquidar el sistema de reparto y el propio concepto de salario diferido.
Por aferrarse al mantra que los ha sostenido y con el que han crecido en los treinta años pasados, las direcciones sindicales arriesgan el patrimonio común del mundo del trabajo. La insistencia en el «Diálogo social»cuando el capital no muestra ni voluntad ni necesidad de tal diálogo lo convierte ,de hecho, en una mera liturgia con las que el Estado pretende distraer la atención de las capas subalternas y a sus participantes en tristes figurantes de esas celebraciones litúrgicas.
El temor de las direcciones sindicales a la derrota en el enfrentamiento contra el pensionazo ha activado los tradicionales reflejos conservadores de la burocracia sindical. Mantener a toda costa vastas organizaciones con miles de liberados, oficinas, fundaciones, participaciones en los consejos de administración de las cajas de ahorro, planes de pensiones y servicios múltiples no puede ser una finalidad en sí misma, no puede constituir la razón de ser de las organizaciones sindicales.
Es mucho lo que arriesgamos los trabajadores en este evento. Perdemos en nuestras pensiones ,es verdad, los que tenemos próxima la jubilación y los que la tienen lejana e incierta. Pero podemos perder algo todavía más importante que es la conciencia de los derechos que generamos en tanto que creadores de la riqueza y el bienestar. El capitalismo español nos debe al conjunto de los trabajadores unas pensiones dignas y no puede ser que el Gobierno, este ó el que venga, quiera perdonarle una parte de esta deuda para ayudarle a salir del atolladero al que su propia y absurda naturaleza le conduce de forma recurrente.
No podemos permitirle, ni a este ni a cualquier Gobierno, estos regalos, estamos comprometidos en la defensa de lo que es nuestro y de nuestros hijos. Nuestra organización, la organización de quienes nos vemos obligados a vender nuestra fuerza de trabajo ,constituye hoy una necesidad tan apremiante cómo cuando se fundaron los modernos sindicatos. Pero esta organización no es más que una herramienta de la que nos dotamos para la defensa de nuestros derechos.
Las direcciones sindicales no pueden anteponer la conservación de sus estructuras organizativas a la defensa de estos derechos . Los riesgos que representaba el rechazo del pensionazo nunca podían ser mayores que la entrega sin resistencia de una parte tan importante de los derechos de los trabajadores. Cada mujer y cada hombre de CCOO y UGT tienen que hacer frente a sus responsabilidades y exigir a sus direcciones una reconsideración de su apoyo al pensionazo. Y las trabajadoras y los trabajadores, con empleo ó desempleados, nativos ó extranjeros, también tenemos que responder de nuestra condición y decidir si queremos ser mujeres y hombres libres ó los nuevos siervos del siglo XXI.
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