Las cuarenta familias que viven en Mneizel, un pueblecito situado a setenta kilómetros del sur de Hebrón, viven desde el pasado 11 de octubre bajo una orden de demolición dictada por la administración civil israelí. Una planta de energía solar, un edificio de baterías adjunto y tres viviendas familiares forman el enclave amenazado con ser […]
Las cuarenta familias que viven en Mneizel, un pueblecito situado a setenta kilómetros del sur de Hebrón, viven desde el pasado 11 de octubre bajo una orden de demolición dictada por la administración civil israelí. Una planta de energía solar, un edificio de baterías adjunto y tres viviendas familiares forman el enclave amenazado con ser destruido en los próximos días.
La plataforma fotovoltaica junto con el edificio de baterías pertenecen a un proyecto que desarrolló la Agencia de Cooperación Española en 2009 y al que se destinó cerca de 300.000 euros para su construcción y desarrollo. El complejo junto con los tres hogares amenazados están situados en zona C lo que significa que el territorio esta bajo control militar y civil israelí. El conflicto surge debido a que ninguno de las construcciones contaba con el permiso de Israel para ser edificados y éste exige ahora su demolición.
El Consulado de España en Jerusalén está al tanto de la situación e informa a El Mundo de que casi la totalidad de los proyectos de desarrollo se realizan en área C debido a que la población palestina de esa zona carece de necesidades tan básicas como agua, electricidad, sanidad o educación.
Ignacio, cooperante español y responsable del proyecto en la actualidad, nos relata la situación desde el principio: «en agosto de este año recibimos una orden de detención de construcción de un complejo que ya llevaba año y medio construido y funcionando. Lo siguiente que nos encontramos fue un papel escrito parcialmente en árabe y el resto en hebreo que nos informaba de la demolición del complejo en siete días». Ignacio añade también que nunca se les entregó oficialmente dicha sentencia, «los soldados nunca dan en mano la orden de demolición, siempre la dejan debajo de una piedra que se la lleva el viento y así los locales no pueden disponer de ese papel. Nosotros tuvimos suerte porque encontramos el fallo entre arena, piedras y cubierto de barro».
El 18 de octubre era la fecha oficial para el derribo de los complejos denunciados, pero la abogada de la organización de Rabinos por los Derechos Humanos que lleva el caso consiguió aplazar la demolición diez días más y poder reunir todos los documentos y alegaciones necesarias para defender las estructuras ante la administración israelí. Según ha podido averiguar El Mundo, las familias palestinas tienen todos los títulos de propiedad pertinentes; el llamado Qusam que tiene su origen en el Imperio Otomano y que fue aceptado posteriormente también por los jordanos cuando colonizaron la zona y ha sido validado por la Autoridad Palestina en la actualidad.
El proyecto financiado por la AECI ofrece suministro eléctrico a cerca de 300 personas además de suministar electricidad a un colegio y una clínica. Ignacio se muestra firme, «La planta ofrece un soporte esencial a toda la aldea. Las familias está emprendiendo negocios, los niños pueden estudiar por la noche, por primera vez el pueblo cuenta con una clínica en la que dos veces por semana se pueden hacer análisis de ultrasonido entre muchos otros beneficios».
Según el estudio desarrollado por SEBA, organización no gubernamental que ha dirigido el proyecto, la población de Mneizel ha mejorado gracias a la plataforma fotovoltaica notablemente. A día de hoy, todas las casas poseen luz, radio y lavadora. Casi el 90 por ciento de los hogares tiene televisión y un 70 por ciento posee neveras donde conservar mejor los alimentos. Además del soporte eléctrico básico, el complejo ha mejorado los usos productivos de la aldea, como la mecanización en la producción de lácteos que se hacían a mano antes. también ha permitido que los niños puedan estudiar a partir de las seis de la tarde -a esa hora ya no hay luz solar en la zona- y por primera vez en la historia de Mneizel dos niñas han pasado a secundaria y una ha accedido a la universidad.
Ignacio es positivo con la resolución final y se respalda en procesos anteriores, «existe un caso en el que se consiguió congelar el proceso de demolición de un colegio situado en área C que ofrece soporte a niños beduinos y está hecho con adobe, amparándose en el Derecho Internacional Humanitario que recoge la prohibición al poder ocupante de llevar a cabo cualquier tipo de destrucción de propiedades que ofrezcan servicios básicos; siempre y cuando no ponga en riesgo a la población ocupante». Y añade, » un colegio construido por adobe o una plantación fotovoltaica no pone, ni pondrá, ni ha puesto nunca en riesgo a la población ocupante».
El próximo 27 de octubre es la fecha límite para entregar todas las alegaciones pertinentes y a partir de ahí la administración civil israelí tomará una decisión. Ignacio es tajante ante la situación actual, «si no ganamos esta batalla sera una gran pérdida y servirá de ejemplo a Israel para futuras demoliciones».
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