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Las políticas sociales y mediáticas del gobierno (privatizador) de la Generalitat de Catalunya

Fuentes: Rebelión

Jorge Riechmann, poeta, traductor, filósofo, profesor, ecosocialista, discípulo y amigo de Francisco Fernández Buey, señaló hace ya algunos años un excelente criterio para poder juzgar, más allá de apariencias y retóricas al uso, la verdadera orientación democrática y social de un determinado gobierno. Se trataba de mirar atentamente, sin anteojeras ni ingenuidades, la forma en […]

Jorge Riechmann, poeta, traductor, filósofo, profesor, ecosocialista, discípulo y amigo de Francisco Fernández Buey, señaló hace ya algunos años un excelente criterio para poder juzgar, más allá de apariencias y retóricas al uso, la verdadera orientación democrática y social de un determinado gobierno. Se trataba de mirar atentamente, sin anteojeras ni ingenuidades, la forma en que ese gobierno trataba a los sectores más vulnerables de la comunidad, a los grupos sociales que, en general, tenían menos capacidad de organización y resistencia, o más dificultades para mostrarlas y poder hacer oír su voz y sus demandas básicas, esenciales, vitales.

Valía entonces y vale ahora. Sigue siendo un excelente criterio en estos tiempos de «crisis», es decir, de estafa y expropiación de los bienes comunes y de agresión ininterrumpida e impúdica (pienso en las nuevas privatizaciones sanitarias en Catalunya) contra los sectores más empobrecidos de nuestras sociedades. Veamos una ilustración de los excelentes efectos analíticos de esa perspectiva:

La Generalitat de Catalunya ha reducido un 27% la dotación de la renta mínima en Barcelona, ha señalado y recordado oportunamente Ivanna Vallespín [1].

Su excelente resumen de estas ayudas, de 420 euros mensuales [2], que se conceden a personas, a algunas personas para ser más preciso, sin ingresos: menor número de rentas mínimas de inserción (RMI), rentas de menor cuantía, y, finalmente, de cobro más tardío. En 2012, en Barcelona, se concedieron menos de una de cada cuatro ayudas solicitadas, 151 de las 634 que se pidieron, menos del 25% (el 23,8% exactamente). De este modo, Barcelona destinó 17,9 millones de euros a la RMI, un 26,92% menos que en 2011. ¡Todo un éxito de la contrarrevolución social de CiU que en ese mismo período legisló, como se recuerda, para que los sectores más favorecidos, que viven en ámbitos de abundancia y opulencia, pagasen menos impuestos en sus herencias! A eso le llaman, sin sonrojarse, defensa del Estado de bienestar y respeto humanista a la no-trasgresión de determinadas líneas rojas. ¡Para morirse de horror, doña Leonor!

La fuente de los datos, la fuente de información de esta nueva barbarie social es de toda confianza: es el mismísimo consejero de Empresa y Ocupación, Felip Puig, el ex de Interior, uno de los políticos de derecha extrema más conocido y temido en este país de las maravillas empresariales colonizado por La Caixa y cincuenta y cinco familias más (don Félix Millet dixit), el país de la apuesta por EuroVegas y los permanentes hachazos antisociales, dirigido por don Artur Mas, el mismo que se rió en sede parlamentaria de los niños gallegos y andaluces, y por don Mas-Colell, el ex cuadro del PSUC en su etapa universitaria. («Cuando yo era joven soñaba…», cantaban Supertramp).

Además de la disminución del importe está la tardanza en el cobro, asunto esencial cuanto se depende de esas ayudas y no se tiene otro lugar al que acudir ni ninguna posibilidad de ir tirando de ahorros. Casi medio año tuvieron que esperar los beneficiarios, señala Vallespín, desde que solicitaron la ayuda hasta que la cobraron. Especialmente grave fue, añade, «durante el primer semestre del año, cuando la demora se disparó hasta los ocho meses de media».

El recorte en la RMI es generalizado, no sólo en Barcelona, por más que la pobreza y la pobreza extrema no deja de aumentar en algunos barrios -no en todos por supuesto- de la ciudad de los prodigios, la millor botiga del món, y en otros municipios del país de don Francesc Cambó, don Porcioles y don Juan Antonio -o Joan Antoni- Samaranch.

En agosto de 2011, cuando CiU inició el tijeretazo a la ayuda, había unos 32.000 expedientes abiertos en Cataluña. A final de año eran 24.765. Un año después, la cifra es de 23.123. ¡Una disminución del 27,74%! Sin parangón. ¡Un éxito histórico de los gobiernos conservadores de derecha extrema! ¡Qué eficacia, qué rigor con los más desfavorecidos! ¿Y el control de los impuestos de los que no pagan impuestos? Quin riure, però quin riure que fas!

Hay que recortar, se dirá, a derecha y a izquierda. La cosa y los ingresos no dan para más. ¡Todos debemos apretarnos el cinturón! ¿Todos? ¿Quiénes entran en ese «todos»?

Las ayudas de ese mismo gobierno a grupos mediáticos como los del conde Godó, un grande de España muy amigo de la casa conservadora nacionalista, se han incrementado en ese mismo período, entre el 2011 y el 2012, más de un 50%. De 6 millones de euros se ha pasado a 9 millones en total.

Recortes allí, ampliaciones aquí. ¿Por qué será? ¿Cuál es el kernel del asunto? Una pista: pensemos en el criterio propuesto por Jorge Riechmann.

Notas:

[1] http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/03/27/catalunya/1364410051_214407.html

[2] La tercera parte o menos de lo que algunos miembros de las elites gobernantes se gastan en una celebración familiar.

Salvador López Arnal es miembro del Frente Cívico Somos Mayoría y del CEMS (Centre d’Estudis sobre els Movimients Socials de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona; director Jordi Mir Garcia)

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.