Traducido del inglés por Ángeles Zagal.
Desde los inicios de la segunda Intifada en septiembre del 2000 las fuerzas de ocupación israelí detuvieron a más de 9.000 niños palestinos según las órdenes militares que violan el derecho humanitario internacional y las normas internacionales de derechos humanos.
Addameer [la asociación palestina de defensa de los derechos de los presos palestinos y derechos humanos] ha seguido los casos de los niños juzgados por los tribunales militares de Ofer y Salem, y observó la tendencia a una política sistemática de detención arbitraria de menores que tiene como resultado la liberación de éstos tras el pago de multas o fianzas muy altas. Estas prácticas no solo sirven para controlar la vida de los palestinos, sino también para explotarlos económicamente al tomar los recursos de esta sociedad e imponerles fuertes cargas financieras.
Las conclusiones de la observación directa del tribunal militar de Ofer han sido que gran parte de los niños son liberados bajo fianza o por medio de una negociación de cargos. Estos niños son liberados debido a la falta de pruebas y de validez de la detención, además de las débiles acusaciones y cargos contra ellos durante el juicio militar. Por ejemplo, los testimonios de algunos soldados de la ocupación incluían testimonios de haber identificado a los niños a 200 metros, lo que es físicamente imposible. Otros niños fueron detenidos en base a confesiones forzadas realizadas bajo presión y tortura.
Los tribunales militares detienen y procesan a los niños palestinos sin considerar la protección que se les debería ofrecer según más de 27 acuerdos internaciones sobre derechos de los niños. La policía y los militares interrogan a los niños al ser detenidos y encarcelados, lo que incluye aspectos que equivalen a torturas, entre las que se incluyen las agresiones físicas, las posiciones estresantes, la privación de sueño, el aislamiento sensorial, las amenazas verbales, el aislamiento en celdas de dos metros cuadrados y la imposibilidad de ver a sus padres y abogados. Por lo general a los niños se les hace firmar sus confesiones en hebreo, lengua que en su mayoría desconocen. Estas confesiones se utilizan después en su contra en tribunales militares. Esta política se utiliza para intimidar a los niños y para que no se beneficien de sus derechos cívicos, culturales y políticos.
Utilización de explotación económica para presionar
Generalmente el tribunal militar puede usar estas confesiones forzadas para presionar a los abogados defensores para que pidan una negociación de cargos que va acompañado de una multa exorbitante, lo que aumenta la explotación del niño.
La explotación económica se evidencia también en la detención arbitraria de los niños. Aunque se acabe dejando a los niños en libertad debido a la arbitrariedad de la detención y a la falta de pruebas, su liberación va acompañada de multas altísimas. Addameer tiene conocimiento de multas que llegan a los 4000 shékeles. Por supuesto, no se tienen en cuenta los recursos financieros y la situación familiar, y muchas familias no pueden pagar tales sumas de dinero.
La imposición de estas multas tan altas se puede interpretar como un castigo colectivo a largo plazo impuesto a las familias. Por lo general esta debe pedir un préstamo o privarse de algunas necesidades básicas para poder pagar las fianzas. Una consecuencia que se suele pasar por alto es el efecto psicológico que tiene sobre la familia que tiene que afrontar esta carga económica a pesar de la inocencia del niño y de la detención arbitraria.
«Tuve que pedir prestado a mis vecinos para poder pagar la fianza»
El ejército israelí detuvo a Qusai Z. de 17 años de edad en la ciudad de Der Abu Mish’al el 29 de septiembre del 2013 acusado de lanzar piedras y de participar en una manifestación. Luego de ser interrogado se demostró que el niño era inocente y ninguno de esos cargos era cierto, con lo que el tribunal militar de Ofer resolvió dejarlo en libertad con una fianza de 2500 shékeles el 9 de octubre del 2012 tras haber pasado once días detenido.
La familia de Qusai padece una situación financiera muy difícil. Su madre explicó a Addameer: «Mi marido murió hace seis años y yo mantengo a mis cuatro hijos sola, así que tuve que pedir prestados 1000 shékeles a mis vecinos para poder pagar la fianza de Qusai». Cabe mencionar que el hermano mayor de Qusai fue detenido hace tres meses.
Esta explotación financiera practicada contra los presos y detenidos palestinos en las cárceles de la ocupación es una política sistemática impuesta por la ocupación para presionar a la sociedad palestina. Esta política se aprovecha de la situación financiera de empobrecimiento y contribuye a que la ocupación eluda sus responsabilidades financieras respecto a los detenidos y presos palestinos.
Chantaje emocional
El niño Osama R. fue detenido el 6 de octubre del presente año cuando venía de la escuela. Se le acusó de lanzar piedras, un crimen que se castiga con hasta 20 años. Finalmente el tribunal decidió liberar a Osama con una fianza de 1500 shékeles.
Tras el juicio el padre de Osama declaró: «Lo que está haciendo la ocupación es chantajear emocionalmente. La policía [israelí] me llamó varias veces para que fuera a la comisaría en Kiryat Arba a pagar la fianza de mi hijo, haciendo afirmaciones como: su hijo es muy joven, es lamentable que se quede en prisión. Su hijo se merece pasar las vacaciones de Eid* en familia, y otras afirmaciones similares para hacerme pagar la fianza». Y añadió: «No aceptaremos el chantaje financiero y emocional; a pesar de que mantengo una familia de 12 miembros y no puedo pagar esa cantidad de dinero, me niego al chantaje financiero».
Mohammad F. (17 años de edad) fue detenido en la ciudad de Anata el 1 de mayo del 2012 también acusado de lanzar piedras. Aunque su abogado logró que se aceptara la negociación de cargos, no ha sido puesto en libertad porque su familia no pudo pagar la fianza. A pesar de esto, se espera que sea penado con un mes o un mes y medio más de prisión en caso que su familia no pague.
Una estrategia nacional para hacer frente a esta política
Cada año estas fianzas y multas exorbitantes les cuestan a los palestinos de 13 a 15 millones de shékeles.
El Ministerio Palestino de Asuntos de los Prisioneros dio un importante paso para hacer frente a las políticas de explotación económica de la ocupación al anunciar que ya no ayudarán a pagar las multas como una forma de asfixiar el sistema del tribunal militar. Addameer considera que esta decisión es un paso necesario para apoyar el movimiento de los presos palestinos y su lucha para hacer frente a estas políticas del sistema judicial militar.
Addameer hizo un llamado a crear una estrategia palestina legal para defender a los presos y detenidos palestinos, y proteger sus derechos garantizados por el derecho humanitario internacional y las normas internacionales de derechos humanos. Además, esta asociación hace responsable a la ocupación de las cargos legales y financieros resultantes de la ocupación del territorio palestino y de someterlo a las órdenes militares.
Addameer hace un llamado a la Organización para la Liberación de Palestina y a todas las facciones palestinas, así como a todas las organizaciones de derechos humanos, abogados y las familias de los presos a trabajar unidos con el fin de frustrar la política de la ocupación de explotar económicamente a la sociedad palestina.
La asociación Addameer está preparando la publicación de un estudio exhaustivo de las consecuencias financieras resultantes del hecho de que la ocupación eluda sus responsabilidades legales y financieras para con los detenidos y presos palestinos, y de la denegación sus derechos garantizados por la Tercera y Cuarta Convención de Ginebra.
· Eid-ul-Fitr es la mayor fiesta del año, se celebra la final del mes sagrado del Ramadán (N. de la t.).