El 29 de abril la empresa vasca Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, CAF, va a publicar sus resultados del primer trimestre de 2021. Allí listará las ventas de este periodo que incluyen contratos en Rumanía, Austria, Países Bajos, Suecia y Francia entre otros.
Pero CAF no mencionará que el Punto Nacional de Contacto de España, dependiente de la OCDE, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, ha aceptado el caso presentado por el Comité de la Solidaridad de la Causa Árabe (CSCA).
Así lo explica el observatorio OECD Watch donde expone brevemente el caso. El CSCA denuncia que el contrato de CAF para expandir el tranvía ligero de Jerusalén, que une asentamientos ilegales israelíes entre sí en territorio ocupado Palestino, no respeta las directrices de la OECD. En concreto las directrices vulneradas son no respetar los derechos humanos de los titulares de derechos afectados y no respetar los estándares de derecho internacional humanitario durante situaciones de conflicto armado, no revelar completamente la naturaleza del trabajo y sus impactos previsibles en los pueblos ocupados.
Los resultados de CAF sucederán dos días después de que la organización líder de derechos humanos, Human Rights Watch, publicara un informe pionero que indica el comportamiento del régimen de Israel hacia todo el pueblo palestino (en el actual Israel, dentro del Territorio Ocupado de 1967, y hacia los millones de refugiados palestinos internos y externos) que equivalen a los crímenes de apartheid y persecución.
El informe estipula que los estados y las empresas deben «evaluar si sus bienes y servicios contribuyen a los crímenes de apartheid y persecución» y «dejar de proporcionar bienes y servicios que probablemente se utilizarán para tales fines».
CAF tampoco mencionará que el 30 de marzo, para conmemorar el Día de la Tierra Palestina, se llevaron a cabo numerosos eventos en toda Europa en contra de CAF.
La Federación General de Sindicatos Independientes – Palestina y la Nueva Federación Palestina de Sindicatos escribieron una carta a las instituciones públicas en Europa que dice: «Las instituciones públicas europeas, los principales clientes de CAF, pueden y deben excluir a CAF de licitaciones y contratos debido a su participación en graves abusos de derechos humanos a través de sus negocios con el proyecto ilegal JLR de Israel».
Grupos de toda Europa entregaron esa carta a representantes de operadores ferroviarios o funcionarios de sus países pidiéndoles que no otorguen contratos públicos a CAF y a la empresa francesa Alstom, que está en la base de datos de la ONU de empresas cómplices de asentamientos israelíes ilegales, o a cualquier otra empresa que se beneficie de las violaciones de derechos humanos en Palestina.
A esto se le suma que en el estado español casi 600 personas han enviado correos electrónicos al Ministerio de Transporte español y a RENFE. En Noruega casi 6.000 personas han enviado cartas a la empresa de trenes noruega Norske Tog y al Ministerio de Transporte de Noruega pidiendo que CAF sea excluida de las licitaciones públicas. Del mismo modo, más de 1.000 personas se han puesto en contacto con las autoridades holandesas. En Noruega, hay ocho sindicatos pidiendo el boicot a CAF.
En el País Vasco hubo grandes movilizaciones en el Día de la Tierra Palestina apoyadas por los principales sindicatos en protesta por la complicidad de la CAF y las instituciones vascas con el apartheid israelí. Estas movilizaciones tuvieron lugar en Iruña, Donostia, Bilbao y Gasteiz.
Ese mismo día, en Zaragoza, donde CAF tiene la fábrica que fabricará la mayoría de los componentes del Tren Ligero de Jerusalén, más de 20 organizaciones de derechos humanos y sindicatos entregaron una carta a la dirección de CAF.
Además, el pasado diciembre 31 organizaciones de derechos humanos, redes y sindicatos palestinos y europeos mandaron un informe detallado a las Naciones Unidas pidiendo que CAF se incluya en la base de datos de empresas operando en los asentamientos ilegales israelíes, como ya lo está su empresa socia en ese proyecto, la empresa israelí Saphir Engineering and Industry.
Ya en su día, la empresa francesa Veolia perdió miles de millones de euros en contratos por su participación en el tren ligero de Jerusalén tras las campañas de boicot, desinversión y sanciones (BDS) en su contra. En última instancia, estas importantes pérdidas obligaron a la empresa a deshacerse por completo de su negocio ilegal israelí. Las organizaciones de la Campaña “CAF bájate del tren del apartheid israelí” esperan que la empresa no cometa la persistencia en el error de Veolia y abandone el proyecto de fortalecimiento de la ocupación israelí.