Las escalofriantes repercusiones de la muy controvertida definición de antisemitismo de la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto (IHRA) han quedado al descubierto en un reciente informe del Centro Europeo de Apoyo Legal (ELSC). Titulado «Supresión de la defensa de los derechos de los palestinos mediante la definición de trabajo de antisemitismo de la IHRA», el informe de esta organización independiente con sede en Holanda desvela ejemplos escandalosos de la utilización de la IHRA como arma contra los críticos de Israel y la supresión de la libertad de expresión con el pretexto de combatir el antisemitismo.
Utilizando docenas de estudios de casos de toda Europa, ELSC demostró que la aprobación, adopción y aplicación de la IHRA en la Unión Europea, sus Estados miembros y el Reino Unido, ha dado lugar a restricciones generalizadas del derecho de reunión y la libertad de expresión. A pesar de la fuerte oposición y advertencia contra su adopción por parte de grupos judíos, expertos en antisemitismo, académicos y activistas, la controvertida definición ha sido aplicada por organismos públicos y privados como si la IHRA fuera legalmente vinculante. A pesar de que los defensores de la IHRA afirman que «no es jurídicamente vinculante», una definición de antisemitismo que confunde la crítica a Israel con el racismo antijudío se ha situado en el centro de los marcos normativos de toda Europa.
Algunas de las impactantes conclusiones son las siguientes: Los defensores de los derechos de los palestinos que son atacados utilizando la IHRA sufren una serie de consecuencias injustas y perjudiciales, como la pérdida de empleo y daños a su reputación; los defensores de Israel utilizan habitualmente la IHRA como arma para intimidar y silenciar a las personas que defienden los derechos de los palestinos; las acusaciones de antisemitismo que invocan la IHRA en los casos documentados descubiertos por el ELSC descubrieron que se utilizan de forma abrumadora para atacar a palestinos y judíos que se oponen a la brutal ocupación de Israel.
En uno de los muchos hallazgos notables, el ELSC descubrió que, no sólo no se había llevado a cabo una evaluación de riesgos antes de la adopción de la IHRA, sino que la UE parecía mentir sobre las comprobaciones que había realizado. Cuando se le preguntó si la Comisión había realizado una evaluación de riesgos de las implicaciones de la IHRA sobre los derechos fundamentales, la Comisaria de la UE para el antisemitismo, Katharina von Schnurbein, afirmó que sí se había llevado a cabo una evaluación de las consecuencias. «Sí, evaluamos», dijo Schnurbein en un tuit el 23 de noviembre de 2022, en respuesta a las críticas que acusaban a la Comisión de no haber llevado a cabo la diligencia debida básica.
Sin embargo, respondiendo el 9 de diciembre de 2022 a una solicitud de libertad de información, la Comisión Europea reconoció que «no ha llevado a cabo ‘ninguna evaluación o escrutinio de los derechos fundamentales (…) sobre las implicaciones en materia de derechos humanos de su respaldo y/o promoción de la Definición de Trabajo de Antisemitismo de la IHRA.» Los detalles de la información engañosa del Comisario sobre el antisemitismo fueron tratados ampliamente por el grupo de defensa Law for Palestine.
La desinformación sobre la evaluación de riesgos es sólo uno de los muchos ejemplos de prácticas turbias que revela el informe de la ELSC. La Comisión Europea tampoco abordó ni reflejó la diversidad de posturas respecto a las definiciones de antisemitismo. La CE no sólo ignoró que la IHRA es muy controvertida y discutida, sino que ignoró por completo definiciones menos controvertidas de antisemitismo, como la Declaración de Jerusalén sobre el Antisemitismo y el Documento Nexus. A diferencia de la UE, EE.UU. ha hecho referencia a otras definiciones controvertidas de antisemitismo.
En agudo contraste con la definición de la IHRA, la Declaración de Jerusalén afirma que «aunque polémico, no es antisemita, en sí mismo, comparar a Israel con otros casos históricos, incluidos el colonialismo de colonos o el apartheid». El Documento Nexus es igualmente explícito. Afirma que «Prestar una atención desproporcionada a Israel y tratarlo de forma diferente a otros países no es prueba prima facie de antisemitismo».
Estados Unidos también parece favorecer una definición menos politizada que no se centre en proteger a Israel y la ideología política del sionismo. Al detallar su plan para combatir el aumento del racismo antijudío, la Casa Blanca optó por la siguiente definición: «El antisemitismo es una percepción estereotipada y negativa de los judíos, que puede expresarse como odio a los judíos», decía el documento estratégico, sin mencionar ni una sola vez a Israel. «Es el prejuicio, la predisposición, la hostilidad, la discriminación o la violencia contra los judíos por ser judíos o contra instituciones o bienes judíos por ser judíos o ser percibidos como judíos. El antisemitismo puede manifestarse como una forma de discriminación, prejuicio u odio racial, religioso, de origen nacional y/o étnico, o como una combinación de ambos. Sin embargo, el antisemitismo no es simplemente una forma de prejuicio u odio. Es también una perniciosa teoría de la conspiración que a menudo presenta mitos sobre el poder y el control judíos».
También se plantearon preguntas sobre por qué la UE adoptó una definición que había sido descartada por su amenaza a los derechos fundamentales a la libertad de expresión. En 2004-2005, el Observatorio Europeo del Racismo y la Xenofobia (EUMC) publicó una «Definición de trabajo del antisemitismo». Esta definición, según el informe del EUMC, presentaba «ejemplos contemporáneos de antisemitismo», incluidos ejemplos relacionados con el Estado de Israel. Los ejemplos fueron criticados por confundir la oposición a Israel con el antisemitismo. La definición fue abandonada por el organismo sucesor del EUMC, la Agencia de los Derechos Fundamentales (FRA), que la retiró de su sitio web en 2013. En su explicación para descartar la IHRA, la FRA explicó que «nunca había sido considerada como una definición válida de antisemitismo; que la Agencia no tenía conocimiento de ninguna definición oficial de antisemitismo de la UE; y que el documento fue eliminado en una limpieza de documentos no oficiales.»
El intento de mala fe más grave de engañar al público para poner en marcha la IHRA es la afirmación de que la definición es «jurídicamente no vinculante». A pesar de promocionar la IHRA como «no jurídicamente vinculante», la mayoría de los Estados miembros de la UE han respaldado la IHRA como el instrumento autorizado para abordar el antisemitismo, lo que, según el ELSC, ha otorgado a la definición centrada en proteger a Israel y al sionismo un «poder de derecho indicativo». Las declaraciones y políticas de la UE a través de las cuales se está aplicando la IHRA demuestran que ha adquirido fuerza e impacto jurídicos.
«Los defensores a ultranza de la IHRA siempre pretendieron que tuviera fuerza y carácter jurídico vinculante», afirmó el ELSC. «La disposición ‘jurídicamente no vinculante’ solo se añadió para asegurar su adopción por el Pleno de la IHRA en mayo de 2016. Desde entonces, en algunos Estados miembros se han hecho esfuerzos para introducir el IHRA como base para la legislación.
El impacto en la vida real ha sido devastador para los críticos con Israel. La IHRA ha sido aplicada en el Reino Unido, Austria y Alemania por organismos públicos y privados de forma que se han infringido de forma generalizada los derechos fundamentales a la libertad de expresión y reunión, según descubrió el ELSC. Se dice que los defensores de los derechos de los palestinos que son objeto de ataques sufren una serie de consecuencias injustas y perjudiciales, como la pérdida de empleo y daños a su reputación. Los defensores proisraelíes suelen utilizar la IHRA como arma para intimidar y silenciar a quienes defienden los derechos de los palestinos.
La buena noticia es que, cuando se impugnan ante los tribunales, la mayoría de las acusaciones de antisemitismo basadas en la IHRA se consideran infundadas y se desestiman. Aunque se trata de una buena noticia, la adopción de la IHRA ha creado una situación perversa que socava la democracia y el principio de «inocente hasta que se demuestre lo contrario». En esta cultura tóxica, algunos sectores de la población tienen que acudir a los tribunales para proteger libertades básicas, como el derecho a la libertad de expresión. Según el informe del ELSC, aunque la mayoría de las impugnaciones a la aplicación de la IHRA prosperaron, los procedimientos disciplinarios y los litigios derivados de falsas acusaciones de antisemitismo han producido un «efecto amedrentador» en la libertad de expresión y de reunión.
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