Las declaraciones del ministro de Exteriores sobre el Sáhara Occidental a favor de Marruecos además de ir contra el Derecho Internacional se oponen al sentir mayoritario de la población española.
El mundo saharaui, desde el movimiento de liberación Frente POLISARIO hasta las asociaciones que apoyan al pueblo que España traicionó entregando el Sáhara Occidental a Marruecos, acusa al ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, de vulnerar el Derecho Internacional con las declaraciones que hizo a favor de la ocupación de la excoloia española junto a su homologo a marroquí, Nasser Bourita.
En esa reunión sorpresa que tuvo lugar en Madrid el Jueves Santo, en plenas vacaciones de Semana Santa, Albares ratificó el apoyo que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dio en marzo de 2022 al rey Mohamed VI en la ocupación marroquí del Sáhara Occidental, en contra de la postura mantenida hasta entonces por los diferentes gobiernos de la democracia española.
En una declaración conjunta ante la prensa, en la que no admitieron preguntas, los dos ministros hablaron de las excelentes relaciones existente entre España y Marruecos, que están en su mejor momento histórico, y se deshicieron mutuamente en halagos, como reflejaron los medios de comunicación.
Ese mismo días se produjeron las primeras condenas a las palabras del ministro español, y continuaron hasta el Domingo de Resurrección, por considerar que van contra del Derecho Internacional y están en contra del sentir mayoritario de apoyo al pueblo saharaui de la población española y de las fuerzas políticas, excepto el PSOE.
Abdulah Arabi, representante del Frente POLISARIO en España, expresó su “más enérgica condena” a las afirmaciones de Albares señalando que “se expresó en relación con el Sáhara Occidental con un énfasis que, en todo caso, sería más previsible de su homólogo marroquí”.
Añadió que “la defensa acérrima” del Gobierno de España de las pretensiones marroquíes sobre el Sáhara Occidental “entronca de manera directa con la política de promoción y defensa de los Derechos Humanos que publicita como rectora de la acción gubernamental” y que cualquier propuesta que no respete el derecho a la autodeterminación e independencia del pueblo saharaui es contraria a Derecho Internacional y “al sentir de la ciudadanía del Estado
Declaraciones contra el sentir mayoritario de la sociedad española
Las críticas siguieron por parte de las asociaciones que agrupan a las diferentes organizaciones de apoyo al pueblo saharaui, como la Coordinadora Estatal de Asociaciones Solidarias con el Sáhara (CEAS-Sáhara) y la Federación Estatal de Instituciones Solidarias con el Sáhara (FEDISA).
Maite Isla, presidenta de CEAS, dijo que seguirá apoyando al Frente POLISARIO, “que vela porque toda decisión referida al Sáhara Occidental sea acorde con lo establecido por el Derecho Internacional y garantice el inalienable derecho a la autodeterminación e independencia del pueblo saharaui”.
Recordó que, como ha recalcado el líder del POLISARIO, Brahim Gali, “nadie podrá obligar al pueblo saharaui a renunciar a sus derechos legítimos”, e insó a a la sociedad civil, a sus organizaciones políticas y sociales a “exigir el respeto al Derecho Internacional, al conjunto de los Derechos Humanos para todos los pueblos y personas y a poner fin a toda ocupación”.
Carmelo Ramírez, presidente del FEDISA, insistió en que Albares vulnera el Derecho Internacional y, sobre todo, el derecho del pueblo saharaui a su autodeterminación, lo que viola el dictamen del Tribunal Internacional de Justicia de La Haya de 1975 y las recientes sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, “que ratifican que el Sáhara Occidental no está bajo la soberanía de Marruecos y es un territorio sujeto a un proceso de autodeterminación en el marco de las NNUU”.
Para Ramírez, las declaraciones del ministro contribuyen a la manipulación que la administración marroquí ejerce desde que ocupa el Sáhara Occidental “de una manera violenta, violando los DDHH e incitando a una guerra que desde 2022 se ha hecho otra vez presente”, tras lo que indicó que “el Gobierno de España debería hacer respetar el derecho del pueblo saharaui y el sentir mayoritario de la sociedad española”.
Desde Sumar, los socios de gobierno de Sánchez, el diputado Enrique Santiago, de IU, reafirmó “el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui conforme a las resoluciones de NNUU” y anunció que preguntaran al ministro “que aclare si ha tratado con Marruecos el cumplimiento de la sentencia del TJUE sobre los productos de las zonas ocupadas”.
Para Tesh Sidi, diputada de Más Madrid, fue “una visita sorpresa sin ninguna sorpresa”, para añadir que “el mejor lobby de Marruecos en España se llama PSOE” y que el faro de la izquierda, Zapatero, es uno de los principales defensores de los intereses marroquíes. “Su apuesta es clara: Marruecos, en detrimento de los Derechos Humanos y del pueblo saharaui”, afirma la parlamentaria de origen saharaui, que pidió“coherencia” al Gobierno y que asuma una postura similar a la que mantiene en los conflictos de Gaza y Ucrania.
La posición de Enrique Santiago y Tesh Sidi contrasta con el “silencio atronador de los cinco ministros de Sumar ante las palabras de Albares contra los derechos del pueblo saharaui, según el periodista Sato Díaz en Público.
En opinión de el exdiputado de Ciudadanos Fernando Maura, la visita del ministro marroquí ha aprovechando jornadas festivas para producir “una vuelta de tuerca más” sobre una comunidad de personas a quienes se les niega que decidan su futuro, “de acuerdo con lo establecido por el Derecho Internacional y las resoluciones de Naciones Unidas”.
Bajo el titular Malos tiempos para el Derecho Internacional, dice en El Independiente: “En este mundo que salta hecho pedazos, son personas de carne y hueso las que sufren las consecuencias de los actos que otros deciden por ellos, no sólo porque el Derecho Internacional, ese intangible dañado por las decisión de quienes se consideran con mejor derecho que ellos para actuar como les parece oportuno, sino porque tienen por delante una vida sin perspectivas, recluidos en campos de refugiados, sin obtener más apoyo que una ayuda que se les escatima año a año”.
Desde los campamentos de refugiados saharauis de Tinduf (Argelia) también llegaron condenas, como la de la Asociación de Familiares de Presos y Desaparecidos Saharauis (AFAPREDESA), para la que la posición del ministro Albares constituye “una violación flagrante de las obligaciones jurídicas internacionales de España como potencia administradora del territorio” y que hace a España “cómplice de los crímenes perpetrados por las fuerzas de ocupación marroquí, documentados por comités y relatores de la ONU y por la propia Audiencia Nacional”.