El pasado 24 de abril del 2025, la Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional (CPI) dio a conocer dos decisiones: en la primera de ellas, rechazó suspender las órdenes de arresto contra dirigentes israelíes (su actual Primer Ministro y su ahora ex ministro de defensa); al tiempo que, en otra decisión, mantuvo ambas órdenes […]
El pasado 24 de abril del 2025, la Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional (CPI) dio a conocer dos decisiones: en la primera de ellas, rechazó suspender las órdenes de arresto contra dirigentes israelíes (su actual Primer Ministro y su ahora ex ministro de defensa); al tiempo que, en otra decisión, mantuvo ambas órdenes de arresto y aceptó parte de la apelación presentada por Israel contra esta misma decisión de la Sala Preliminar. con relación a la competencia de la CPI.
Se trata de la respuesta de la Sala de Apelaciones a la batería de argumentos de toda clase que presentó Israel en aras de intentar librarse de ambas órdenes de arresto, confirmadas en una decisión de una Sala Preliminar en noviembre del 2024, luego de la solicitud hecha por el Fiscal de la CPI en mayo del mismo año.
Las dos precitadas decisiones en breve
El texto completo de ambas deciciones permite conocer del detalle de las aeplaciones de todo tipo presentadas por Israel y del extremo cuido que tuvieron tanto el Fiscal como la Sala Preliminar a la hora de elaborar sus decisiones del 2024.
El texto de la primera decisión de la Sala de Apelaciones del 24 de abdil del 2025, que consta de 15 páginas, está disponible en este enlace. Se lee que (página 3) que:
«After deliberation,
Renders, by majority, Judge Luz del Carmen Ibáñez Carranza and Judge Solomy Balungi Bossa dissenting, the following
D E C I S I O N
1. The appeal of the State of Israel is dismissed as inadmissible;
2. The request of the State of Israel for suspensive effect of arrest warrants issued by Pre-Trial Chamber I against two Israeli nationals and “any other legal acts taken by the Court based thereon” is dismissed, as moot; and
3. The request of the State of Israel for leave to reply and to reject in limine the Prosecutor’s submissions concerning suspensive effect is dismissed as moot«.
El texto completo de la segunda decisión que consta de 23 páginas puede ser consultada en este enlace oficial de la CPI. Cabe resaltar que esta decisión fue tomada por unanimidad de los cinco integrantes de la Sala de Apelaciones, al indicarse (página 3) que:
«After deliberation,
Unanimously,
Delivers the following
J U D G M E N T
1. The State of Israel’s appeal against Pre-Trial Chamber I’s “Decision on Israel’s challenge to the jurisdiction of the Court pursuant to article 19(2) of the Rome Statute” is admissible under article 82(1)(a) of the Statute;
2. The State of Israel’s request for leave to reply is rejected;
3. Pre-Trial Chamber I’s “Decision on Israel’s challenge to the jurisdiction of the Court pursuant to article 19(2) of the Rome Statute” is reversed and remanded for Pre-Trial Chamber I to rule on the substance of the State of Israel’s jurisdictional challenge;
4. The State of Israel’s request for suspensive effect of two arrest warrants issued by Pre-Trial Chamber I and “any other purported exercise of jurisdiction by the Court” is dismissed as moot; and
5. The requests of the Office of the Public Counsel for Victims and the European Centre for Law and Justice are dismissed as moot«.
En ambas decisiones, el rechazo a la petitoria de Israel de suspender las órdenes de arresto en contra de dos de sus dirigentes es contundente. Desde este simple punto de vista, se puede decir que las gestiones de Israel fracasaron.
En el caso de la segunda decisión de la Sala de Apelaciones de la CPI, ¿se abre realmente una posibilidad para que sea revisada en un futuro la decisión anterior que confirmó las órdenes de arresto tomada contra dos de dirigentes israelíes y tres jefes del Hamás en noviembre del 2024 ? (decisión que tuvimos la ocasión de analizar en su momento en cuanto a sus alcances – Nota 1).
La respuesta a esta pregunta, en nuestra opinión, es que esta posibilidad en realidad no existe, ya que los jueces no podrían ir en contra de lo ya establecido y claramente zanjado en febrero del 2021 por tres jueces de la CPI. En su decisión del 24 de abril del 2025, la Sala de Apelaciones aceptó que un argumento de Israel basado en el artículo 19, párr. 2 (posibilidad de presentar una apelación) combinado con el artículo 82, párr. 1, sí era de recibo y que la Sala de lo Preliminar cometió un error procesal al obviarlo. Este último artículo (véase texto del Estatuto de Roma adoptado en 1998) se lee como sigue:
«Artículo 82 Apelación de otras decisiones
1. Cualquiera de las partes podrá apelar, de conformidad con las Reglas de Procedimiento y Prueba, de las siguientes decisiones:
a) Una decisión relativa a la competencia o la admisibilidad;
b) Una decisión por la que se autorice o deniegue la libertad de la persona objeto de investigación o enjuiciamiento;
c) Una decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares de actuar de oficio de conformidad con el párrafo 3 del artículo 56;
d) Una decisión relativa a una cuestión que afecte de forma significativa a la justicia y a la prontitud con que se sustancia el proceso o a su resultado y respecto de la cual, en opinión de la Sala de Cuestiones Preliminares o la Sala de Primera Instancia, una resolución inmediata de la Sala de Apelaciones pueda acelerar materialmente el proceso».
Como bien se sabe, Israel desde un inicio ha cuestionado la competencia de la CPI al considerar que la justicia penal internacional carece de jurisdicción en Palestina: al no ser Israel Estado Parte al Estatuto de Roma (véase estado oficial de firmas y ratificaciones, con incluso el insólito «retiro» de su firma al Estatuto de Roma en el 2002 que se observa en la parte final del tablero). Se trata como indicado previamente, de una argumentación que fue claramente rechazada en febrero del 2021 por una Sala de lo Preliminar de la CPI, al considerar que Palestina es Estado Parte al Estatuto de Roma.
Ahora bien, lejos de algunos cantos de victoria que la prensa en Israel se ha apresurado en usar en diversos titulares desde el 24 de abril, la Sala de Apelaciones en ningun momento ha «suspendido«, «revisado» o «anulado» ni mucho menos «reformado» la decisión objeto de la apelación por parte de Israel: en efecto, al revocar la decisión previa de la Sala Preliminar de la CPI de noviembre del 2024, no toma ninguna decisión sobre el fondo, sino que devuelve a esta última (la Sala de lo Preliminar) el asunto, indicándole que deberá incorporar y pronunciarse sobre los agumentos relativos su competencia, que Israel en su momento le presentó. En su decisión, se lee que para los cinco integrantes de la Sala de Apelaciones:
«64. Accordingly, the Appeals Chamber is of the view that, in light of the preceding considerations, the most appropriate course of action is to reverse the Impugned Decision and remand the matter to the Pre-Trial Chamber for it to rule on the substance of the jurisdictional challenge. The Appeals Chamber notes that it is for the Pre-Trial Chamber to determine the applicable legal basis under article 19(2) of the Statute for addressing Israel’s jurisdictional challenge at the present stage of the proceedings, and to provide any required further instructions on the procedure to be followed«.
Como es usual en este tipo de decisiones relativas a Israel, la simplificación extrema que hacen medios de prensa israelíes (y sus relevos locales en una multitud de salas de redacción) intenta hacer creer a la opinión pública israelí que la victoria de Israel ha sido total, cuando la realidad es bastante más matizada: ambas órdenes de arresto se mantienen vigentes y es un aspecto meramente procesal que se le ordenó a la Sala Preliminar subsanar.
Breve puesta en contexto procesal con relación al tema de la competencia
Cabe recordar que la cuestión de la competencia de la CPI había sido claramente establecida cuando en febrero del 2021, una Sala Preliminar de la CPI, luego de un largo examen que duró varios años, confirmó la plena competencia de la justicia penal internacional para examinar la situación existente en el territorio palestino ocupado, al ser Palestina Estado Parte al Estatuto de Roma desde el 2015 (véase texto completo de esta decisión en francés y en inglés): ello sin excepción de ningún tipo, siendo Gaza parte del territorio palestino, tanto como Cisjordania y Jerusalén Oriental.
Lo que la Sala de Apelaciones considera en su decisión del 24 de abril del 2025, es que al tomar su decisión en noviembre del 2024, apelada luego por Israel, la Sala Preliminar debió reconsiderar todos los argumentos sobre la competencia de la CPI (ya resueltos en febrero del 2021 y considerados res judicata por los tres jueces de la Sala Preliminar en el 2024): un criterio que, claró está, es debatible (y sea probablemente objeto de intensos debates entre juristas).
El contexto en el que se da esta decisión
Esta decisión de la Sala de Apelaciones de la CPI se da en plena ofensiva destructora de Israel, que, en poco más de un mes desde el informe de Naciones Unidas al 23 de marzo, ha asesinado a más de 1890 personas en Gaza, de las cuales 595 niños y 308 mujeres. La total insensatez del accionar militar israelí desde el 18 de marzo del 2025 y el ensañamiento contra una población civil desprovista de todo debería permitir ampliar la lista de los responsables en Israel de semejantes exacciones, llamados a responder por sus actos ante la justicia penal internacional.
Remitimos a nuestros estimables lectores al último informe al 23 de abril en el que se lee que:
«Between 7 October 2023 and 22 April 2025, the MoH in Gaza reported that at least 51,266 Palestinians have been killed and 116,991 Palestinians injured. This includes 1,890 people killed and 4,950 injured since the escalation of hostilities on 18 March 2025, according to MoH. On 17 April, MoH published the breakdown casualties in Gaza between 18 March and 17 April. Of the 1,691 people killed, 595 were children, 308 women, 105 elderly and 683 men. Among the 4,464 people injured, 1,610 were children, 842 women, 225 elderly and 1,787 men, MoH reported«.
La comparación de este informe de situación al 23 de abril con el anterior al 15 de abril (véase texto) pone en evidencia que el ejército de Israel desplegó acciones mortíferas sostenidas de manera ininterrumpida durante la semana en la que parte del mundo cristiano celebraba la Pascua.
El pasado 3 de abril, ante los integrantes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos en persona informó de la catástrofe humanitaria que vive Gaza, con un bloqueo total por parte de Israel a la ayuda humanitaria que llevaba más de un mes para esta fecha (véase video de su intervención, colgado desde un medio informativo africano, dada la poca cobertura a su intervención en medios norteamericanos y europeos). A la fecha de redactar estas líneas (26 de abril), son casi dos meses sin ayuda humanitaria a la que esta sometida la población de Gaza por parte de Israel, sin que ello sea mencionado en los principales medios de prensa internacionales. Desde el 2 de marzo, no entra nada en Gaza (véase informe de Human Rights Watch).Nótese que en febrero del 2025, un informe conjunto del Banco Mundial y de la Unión Europea (UE) – véase informe – calculó que las pérdidas y daños ocasionados en Gaza por parte de Israel desde la tarde/noche del 7 de octubre del 2023 alcanzan una suma de más de 49.000 millones de US$ (véase tabla y explicaciones en pp.3-4). Se lee (página 25) que:
«The assessment estimates around US$19.1 billion of economic and social losses incurred due to the conflict (see Figure 3). The sectors with the highest estimated losses are health with US$6.3 billion, education with US$3.2 billion, commerce and industry with US$2.2 billion, social protection at around US$1.4 billion, and agriculture at US$1.3 billion. The impacts, damages, and losses are thus greatest in housing with US$16.3 billion, commerce and industry with US$8.1 billion, health with US$7.6 billion, education with US$4.1 billion, and transport with US$2.9 billion«.
Cabe desde ya precisar que, así como las máximas autoridades de Israel tildaron de «antisemitas» a los jueces de la CPI en noviembre del 2024 (véase nota de prensa), y pidieron al Secretario General de Naciones Unidas que renuncie a su puesto en octubre del 2023 al indicar el contexto en el que se enmarcó el ataque del 7 de octubre (véase nota de prensa), en el mes de enero del 2024 consideraron una primera ordenanza dictaminada por otra jurisdicción internacional (la Corte Internacional de Justicia / CIJ) totalmente sesgada en razón del «antisemitismo» de algunos de sus integrantes (véase nota de The Guardian): se trata de una reacción iracunda de Israel cada vez que su diplomacia fracasa, y que ya no impresiona mayormente (salvo en el caso de algunos pequeños círculos políticos que gravitan alrededor de la Casa Blanca en Estados Unidos y de otros más pequeños círculos activos en algunas capitales).
A modo de conclusión
Más allá de la facilidad con la que se usa el término de «antisemita» o «antisemitismo» en las esferas gubernamentales israelíes y en sus círculos afines, estas dos decisiones de la Sala de Apelaciones de la CPI posiblemente sean objeto de comentarios por parte de la doctrina jurídica especializada.
Es de notar que otra prueba ante la justicia internacional espera a Israel en próximos días: en efecto, a partir del próximo 28 de abril, ante otra jurisdicción internacional localizada también en la ciudad de La Haya (la CIJ) unos 40 Estados y cuatro organizaciones internacionales tendrán la oportunidad de hacer ver a los jueces de la CIJ la importancia que revisten las reglas jurídicas que obligan a todo Estado Miembro de Naciones Unidas en el marco esta vez de un procedimiento consultivo iniciado por Noruega en octubre del 2024, que tuvimos la oportunidad de analizar en su momento (Nota 2). Por parte de América Latina, participarán por orden de aparición ante los jueces de la CIJ (véase programa dado a conocer el pasado 23 de abril por la CIJ) los siguientes Estados: Colombia, Bolivia, Brasil, Chile, México y Panamá.
La larga lista de Estados y organizaciones internacionales invitados a dirigirse a los 15 integrantes de la CIJ no incluye a Israel, que ha considerado en este caso innecesario presentar sus alegatos ante la CIJ de La Haya. Si bien para algunos analistas y comentaristas, puede tratarse de un pequeño detalle de forma, este omisión de Israel viene a confirmar que la narrativa de Israel (y la de sus aliados) tendiente a justificar legalmente el actuar de Israel en Gaza y en el resto del territorio palestino ocupado – con base en consideraciones y «argumentos» legales desplegada desde su aparato diplomático (así como a través de una gran cantidad de analistas, columnistas y «expertos» en diversas entidades y latitudes…) – no resiste un debate ante los jueces de la CIJ. Sobre este preciso punto, habíamos tenido la oportunidad de señalar una omisión muy similar en el marco del procedimiento consultivo anterior de la CIJ que concluyó el 19 de julio del 2024, con un total de cinco modestas páginas enviadas por Israel para su única defensa ante los jueces de la CIJ (Nota 3).
Volviendo
a la justicia penal internacional y a los efectos de las órdenes de
arresto emitidas por la CPI, para las ceremonias oficiales en Roma
relativas a los funerales de Su Santidad el Papa Francisco de este 26 de
abril, no viajó a Roma el Primer Ministro de Israel en la cidudad en la
que se adoptó el Estatuto de Roma en 1998; como tampoco el Presidente
de Rusia, también objeto de una orden de arresto de una Sala de lo
Preliminar de la CPI por crímenes de guerra cometidos en Ucrania (véase comunicado oficial de la CPI sobre esta orden de arresto del 17 de marzo del 2023).
Notas
Nota 1: Véase BOEGLIN N., «Gaza / Israel: las órdenes de arresto de la CPI contra el Primer Ministro y (ex) Ministro de Defensa de Israel y contra un dirigente del Hamás. Alcance y perspectivas«, 21 de noviembre del 2024. Texto disponible aquí.
Nota 2: Véase BOEGLIN N., «Gaza / Israel: CIJ alista audiencias públicas mientras Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas adopta resolución sobre obligación de prevenir genocidio «, 11 de abril del 2025. Texto disponible aquí.
Nota 3: En aquella oportuniad, nos permitimos señalar que en julio del 2024, al darse a conocer la opinión consultiva de la CIJ sobre la colonización y la ocupación ilegal del territorio palestino ocupado que:
«Al respecto, las 292 páginas del escrito de Palestina (véase texto en francés y en inglés) contrastan con las módicas 5 páginas remitidas en su momento por Israel (véase texto en francés y en inglés).
Con respecto a Israel, cabe indicar que, pese a poder hacerlo, Israel optó por no participar luego en las audiencias orales, un detalle que la jueza oriunda de Estados Unidos en la CIJ consideró necesario señalar en su declaración separada (véase texto), al precisar que:
«4. It also is unfortunate that Israel did not meaningfully participate in these advisory proceedings. Israel submitted a five-page written statement to the Court, together with annexes. It chose not to participate in the oral proceedings, despite the fact that up to the opening of those proceedings, the Court had reserved three hours for Israel to present its views — the same amount of time allocated to the observer State of Palestine, and six times the amount allocated to any other participant. This is an advisory proceeding, and no State was under an obligation to participate, including Israel. Israel’s participation in the oral proceedings, however, would have benefited the Court. Conversely, the failure of a State to participate cannot prevent the Court from fulfilling its responsibilities in replying to an advisory request» «. Véase BOEGLIN N., «Ocupación prolongada y colonización ilegal israelí del territorio palestino: apuntes con relación a la reciente opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia (CIJ)«, 19 de julio del 2024. Texto disponible aquí.
Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).
Blog del autor: https://derechointernacionalcr.blogspot.com/
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