Son las sanciones y el boicot lo único que forzará el aislamiento internacional de Israel, la reprobación del sionismo como ideología racista y supremacista, y el desmantelamiento del sistema colonial y de apartheid que ha definido a Israel desde su creación en Palestina en 1948
El pasado 27 de agosto, siguiendo la llamada de la Plataforma Estatal por el Boicot Deportivo a Israel y del colectivo Alt Empordà per Palestina, un grupo de activistas interrumpimos el paso del Israel-Premier Tech por la Carretera de la Muga, en Figueres, durante la contrarreloj por equipos de la Vuelta Ciclista a España. Nuestro objetivo era denunciar la participación de este equipo y exponerlo como instrumento para lavar la imagen internacional de Israel en el contexto del genocidio que sigue perpetrando contra la población palestina de Gaza desde octubre de 2023.
Que la existencia misma de este equipo es un ejercicio de “sportswashing” lo ilustra que haya sido fundado y financiado por un amigo personal de Netanyahu, Sylvan Adams, sionista declarado y abierto defensor de la anexión y colonización de toda Palestina, que ha declarado en repetidas ocasiones que su objetivo es dar una imagen “normal y positiva” de Israel al mundo.
La acción de la Carretera de la Muga fue la primera de las que se sucedieron a lo largo de toda la Vuelta: en Olot se interrumpió la salida del pelotón, en Aragón y Navarra se salió a las carreteras por donde circulaban los ciclistas gritando lemas a favor de Palestina y del boicot a Israel. En Bilbao la protesta cobró carácter multitudinario y obligó a la organización a dar por terminada la etapa a tres kilómetros de la meta y dejarla sin ganador. Similares situaciones se vivieron en Cantabria, Asturias y Galicia hasta culminar en Madrid donde a pesar de un desmesurado despliegue policial, la magnitud de la protesta popular, en un baile de banderas palestinas, obligó a cancelar la última etapa a 54 kilómetros de la meta.
Estas acciones de denuncia y protesta en el Estado español han expuesto a Israel y han servido para que, por ejemplo, los ajedrecistas israelíes decidieran retirarse del Abierto de Sestao y la embajadora de Israel cancelara una conferencia en Bilbao. Asimismo, el Gobierno de España, a través del presidente Sánchez y del Ministerio de Asuntos Exteriores, ha respaldado a los manifestantes, denunciado el genocidio abiertamente, y anunciado unas “medidas” contra Israel orientadas a no comprarle ni venderle armamento. Por su parte, el Consejo de RTVE ha decidido no presentarse a Eurovisión si participa Israel. Se trata de iniciativas imprescindibles aunque obviamente insuficientes. Lo que hay que reclamar a este Gobierno es la ruptura inmediata de las relaciones diplomáticas y de toda índole con el Estado de Israel. Y que traslade a Europa la obligación de posicionarse en contra de un Estado genocida y de suspender sin paliativos todo tipo de intercambio de relaciones a los efectos de los propios mecanismos que tiene la UE para ello (por ejemplo, aplicando el artículo 2 del acuerdo comercial UE-Israel, que lo vincula al cumplimiento por parte de Israel de los derechos humanos). Allí radica la diferencia entre estar con la martirizada población palestina de Gaza o estar con el Estado genocida de Israel.
Porque son ya casi dos años de horror y barbarie. El proceso de desalojo poblacional y de limpieza étnica iniciado por el sionismo en Palestina en 1948 ha cobrado en Gaza en estos dos últimos años un carácter apocalíptico que atenta contra la dignidad humana. Las estimaciones más conservadoras –de las propias autoridades sanitarias gazatíes– recogen 65.000 personas asesinadas, 140.000 heridas, el 25% de ellas con consecuencias de por vida. 4.700 amputados, de los cuales 940 son niños. La práctica totalidad de la población está siendo repetidamente desplazada, y la mayoría sobrevive en tiendas de campaña y otros refugios, sin alcantarillado, sin agua potable ni electricidad, y con serios problemas para conseguir los alimentos imprescindibles para la mera supervivencia, en zonas designadas como “seguras” por el ejército israelí, como el área de Al Mawasi, que ya ha sido masivamente bombardeada, según documenta la organización israelí B’Tselem, hasta 97 veces. Las fuerzas de ocupación israelíes han destruido con bombardeos, demoliciones, y bulldozers todo tipo de infraestructuras civiles –edificios residenciales, hospitales, universidades, escuelas–, siguen impidiendo las evacuaciones médicas y la entrada de ayuda humanitaria y, en lo que constituye la exacerbación de su salvajismo y deshumanización, están utilizando el hambre como arma de guerra e incrementando con ello el número de muertes, particularmente de menores. Asimismo, el régimen israelí ha detenido a miles de palestinos a los que castiga con incomunicación y prácticas extremas de tortura tal y como reflejan los informes de Amnistía Internacional, B’Tselem, y la propia ONU.
La misma impunidad con la que actúa el ejército israelí en Gaza opera a la sombra del genocidio de los gazatíes en Cisjordania y en Jerusalén Oriental, donde el ejército de ocupación ha asesinado en estos dos años a más de 900 palestinos, incluyendo al menos a 190 niños y niñas, y herido a más de 9.000. Paralelamente, los colonos armados han incrementado los asaltos de aldeas, granjas y tierras palestinas, forzando la huída de sus legítimos propietarios mediante el acoso y la violencia, y ocupándolas en connivencia y bajo la protección del ejército de ocupación israelí en un proceso recurrente y sostenido que los propios palestinos describen como la Nakba permanente.
Israel, igualmente, ha intensificado la represión contra los ciudadanos palestinos del interior del Estado o del 48. Las manifestaciones de respaldo y solidaridad con Gaza y las críticas a Israel han pasado a ser consideradas como traición al Estado y se han prohibido. También se ha prohibido cualquier manifestación que exprese la identidad palestina. Desde octubre de 2023 se aplica una política de detenciones generalizadas contra académicos y activistas palestinos, y se ha recrudecido la siempre omnipresente violencia y represión policial, así como la política de acoso generalizado y sistemático contra la población palestina del interior.
Y todo ello en un escenario de impunidad que hará de Gaza, como viene reiterando Raji Sourani, la tumba del derecho internacional.
Por eso, actuar contra el genocidio de Israel es una obligación moral y legal, tal y como recuerda la Convención contra el Genocidio, que obliga no solo a los estados e instituciones sino también a la sociedad civil internacional “a prevenir, alentar y ayudar a los estados a cumplir con su obligación de impedir, reprimir y castigar el genocidio”. Por eso las acciones de protesta contra la representación de Israel en la Vuelta están de sobra justificadas.
Actuar contra el genocidio de Israel es así mismo una necesidad que impone la decencia de la gente común. Así lo reflejan las múltiples iniciativas de solidaridad internacional, cuyo último exponente es la Global Sumud Flotilla de camino a Gaza en estas semanas. Y es que mientras los gobiernos y las instituciones mantienen un vergonzoso silencio cómplice, o esbozan tímidas medidas que no alcanzan a materializarse como verdadero castigo a Israel, o cooperan abiertamente con el estado sionista brindándole apoyo directo, armamentístico y político, es la ciudadanía la que se moviliza en defensa de Gaza. Y aún así, todavía queda mucho por hacer. Las movilizaciones contra la participación de Israel en la Vuelta siguen la senda que nos señalan los propios palestinos y palestinas, la dirección a la que hay que apuntar: el Boicot, la Desinversión y las Sanciones contra Israel.
En la misma dinámica que creó la contestación internacional contra el apartheid de Sudáfrica a través del boicot, la denuncia del genocidio que se está llevando a cabo contra la población de Gaza debe situarse en el contexto de la definición del Estado de Israel como un régimen de Apartheid. En este sentido, la solidaridad con Palestina puede inspirarse en el modelo sudafricano. Debemos exigir a los gobiernos y a las instituciones estatales e internacionales acciones determinantes y contundentes. Son las sanciones y el boicot lo único que forzará el aislamiento internacional de Israel, la condena del sionismo como ideología racista y supremacista, y el desmantelamiento del sistema colonial y de apartheid que ha definido a Israel desde su creación en 1948.