La acusación de 4.000 páginas preparada contra la Municipalidad Metropolitana de Estambul (IMM) y contra Ekrem İmamoğlu, candidato presidencial del Partido Republicano del Pueblo (CHP), demuestra la amplitud con la que el poder judicial ha sido instrumentalizado en Turquía. Elaborada tras la detención de İmamoğlu y más de 400 miembros de su equipo, la acusación […]
La acusación de 4.000 páginas preparada contra la Municipalidad Metropolitana de Estambul (IMM) y contra Ekrem İmamoğlu, candidato presidencial del Partido Republicano del Pueblo (CHP), demuestra la amplitud con la que el poder judicial ha sido instrumentalizado en Turquía. Elaborada tras la detención de İmamoğlu y más de 400 miembros de su equipo, la acusación no es simplemente un documento legal, sino un mecanismo central en un proyecto autoritario destinado a rediseñar el campo político.
Este artículo examina el carácter político y jurídico de la acusación a la luz de los estudios contemporáneos sobre autoritarismo y su papel en la transformación del régimen turco.
Criminalización de la Oposición Política: La Narrativa de una “Organización Criminal”
La acusación presenta a İmamoğlu como líder de una “organización criminal”, criminalizando así toda su trayectoria política. Este método se observa habitualmente en regímenes autoritarios o híbridos de América Latina y Europa del Este, donde se margina a los competidores políticos bajo pretextos como la lucha contra la corrupción o la prevención de la “captura del Estado”.[1]
Las acusaciones —que van desde la recopilación ilegal de datos hasta el supuesto intento de “tomar control del CHP”— carecen de coherencia probatoria y dependen en gran medida de las declaraciones de 15 testigos anónimos. Esta opacidad refleja un problema sistémico en los juicios politizados en Turquía, documentado ampliamente por organizaciones legales independientes.[2]
El CHP como “Partido Infiltrado”: Preparación para una Posible Disolución
Uno de los elementos más llamativos de la acusación es su afirmación repetida de que el CHP ha sido “capturado” por una organización criminal dirigida por İmamoğlu. Esta construcción narrativa amplía el alcance del proceso, orientando la persecución no sólo hacia individuos, sino hacia el partido como institución, y preparando así el terreno para un eventual caso de disolución.
La criminalización de partidos políticos es una estrategia frecuente en regímenes autoritarios competitivos, donde los marcos legales se manipulan para rediseñar el espacio político y neutralizar a la oposición.[3] El hecho de que el Fiscal General Akın Gürlek haya enviado materiales relacionados al Tribunal de Casación refuerza la posibilidad de una inminente demanda de cierre.
La Relación Justicia–Política y la Ingeniería Electoral
La creciente subordinación del poder judicial al ejecutivo bajo Erdoğan ha sido señalada repetidamente por informes internacionales.[4] El momento en que se presenta la acusación —poco antes de unas elecciones nacionales— y la severidad de las penas solicitadas revelan su función como instrumento de ingeniería electoral.
La selectividad judicial se evidencia también en el caso de Ali İhsan Aktaş, contratista vinculado a municipios del AKP y liberado mediante “arrepentimiento efectivo”. Esta asimetría es típica de procesos de consolidación autoritaria.[5]
Autoritarismo Avanzado: Limpieza de Camino para la Consolidación del Régimen
La acusación marca una nueva fase en la transformación autoritaria de Turquía posterior al referéndum constitucional de 2017. La eliminación sistemática de opositores políticos mediante instrumentos legales es un rasgo central de la consolidación autoritaria.[6]
Al dirigir su ataque no sólo contra İmamoğlu, sino contra el CHP como institución, la acusación busca eliminar el último obstáculo significativo para la consolidación del poder centralizado de Erdoğan. Como argumentan Posner y Vermeule, tales procesos reflejan el paso hacia un “ejecutivo sin restricciones”, donde la ley es reutilizada para reforzar un poder personalista.[7]
La Necesidad de un Frente Democrático de Defensa
La acusación contra la IMM no constituye únicamente un desafío legal contra un dirigente político; representa una amenaza crítica para todo el espacio democrático en Turquía. La criminalización de la competencia política y la posibilidad de disolver partidos de oposición señalan un avance hacia un régimen autoritario plenamente consolidado.
Por tanto:
-debe exponerse públicamente el carácter político y la debilidad probatoria de la acusación;
-los juicios deben ser totalmente públicos;
-las audiencias deben acompañarse con movilizaciones cívicas masivas y pacíficas;
-el proceso debe comunicarse sistemáticamente a actores democráticos nacionales e internacionales.
La lucha por la democracia en Turquía se definirá no sólo en las urnas, sino también en la resistencia a la instrumentalización de la ley como herramienta de represión política. La acusación de la IMM es un intento autoritario de limpieza de camino; frustrarlo en sus primeras etapas es esencial para preservar el espacio democrático.
Notas
[1] Steven Levitsky & Lucan Way, Competitive Authoritarianism: Hybrid Regimes after the Cold War, Cambridge University Press, 2010.
[2] Human Rights Watch, “Turkey: Abusive Use of Secret Witness System,” 2021.
[3] Juan J. Linz, Totalitarian and Authoritarian Regimes, Lynne Rienner Publishers, 2000.
[4] Freedom House, “Turkey: Nations in Transit,” varios años.
[5] Tanja Börzel, “Shrinking Spaces in Autocratizing Regimes,” Governance Studies, 2019.
[6] Nancy Bermeo, “On Democratic Backsliding,” Journal of Democracy, 2016.
[7] Eric Posner & Adrian Vermeule, The Executive Unbound, Oxford University Press, 2011.
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