Durante el último año Imán Amin, de 43 años, ha estado viviendo con su familia en un apartamento alquilado en Sababdeh, una ciudad situada a unos 16 kilómetros al sur de Yenin, en el norte de Cisjordania. Al igual que decenas de miles de palestinos, huyó de su hogar en el campo de refugiados de Yenin el pasado mes de enero, cuando Israel lanzó la operación militar conocida oficialmente como «Muro de Hierro», dirigida simultáneamente contra los campos de refugiados de Yenin, Tulkarem y Nur Shams.
Tras expulsar a más de 30.000 residentes de sus hogares dentro de esos campos sin indicar cuándo, o si, se les permitirá regresar, la operación en curso constituye el mayor acto de desplazamiento forzoso en Cisjordania desde el inicio de la ocupación israelí en 1967.
«Antes considerábamos el campo como una estación temporal mientras esperábamos poder regresar a nuestra aldea de Zir’in», explicó Amin a +972 Magazine, refiriéndose a la aldea palestina al norte de Yenin que fue ocupada y destruida por las fuerzas sionistas en 1948. «Ahora estamos esperando poder regresar a la propia estación temporal».
Un año después de su expulsión de los campamentos de Yenin, Tulkarem y Nur Shams los refugiados esperan no sólo regresar, sino también recuperar los derechos que les garantizaban los campamentos.
Para Amin y muchos otros palestinos de los campos de refugiados del norte, esta incertidumbre marca su vida cotidiana. «Cada día nos sentimos como si estuviéramos atrapados en el limbo», añadió. «Nuestras rutinas están completamente trastornadas, e incluso las cosas más sencillas, como ir al mercado o llevar a los niños al colegio, se ven ensombrecidas por la incertidumbre de si volveremos a ver nuestra casa alguna vez».
Según estimaciones de la ONU, más de 1.460 edificios en los campos de Yenin, Tulkarem y Nur Shams han sido destruidos o han sufrido daños graves o moderados desde el inicio de la incursión. Esto incluye más del 52% de los edificios del campo de Yenin, el más afectado de los tres, lo que indica un nivel de destrucción que va más allá de objetivos aislados y equivale a un ataque generalizado contra el tejido urbano del campo.
A finales de diciembre las excavadoras israelíes arrasaron 25 edificios en el campo de Nur Shams, que contenía alrededor de 100 viviendas. Los comités locales presentaron peticiones urgentes al Tribunal Superior de Israel argumentando que las demoliciones eran innecesarias y punitivas. Pero el tribunal rechazó las peticiones haciéndose eco de sentencias dictadas en casos similares en Yenin a principios de este año y otorgando efectivamente cobertura legal para continuar con la destrucción.
«No se trata de demoliciones aleatorias», declaró Faisal Salama, jefe del Comité Popular del campo de Tulkarem, a +972. «Forman parte de un plan más amplio para imponer una nueva realidad estructural dentro de los campos».
Según el ejército israelí, las demoliciones se llevaron a cabo en parte para garantizar la «libertad de acción operativa» de las fuerzas israelíes. Y junto a esta destrucción generalizada, el ejército ha comenzado a pavimentar amplias carreteras dentro de los campamentos, lo que pone de relieve una tendencia hacia una reestructuración espacial permanente.
Estas carreteras comenzaron a tomar forma en julio, cuando la maquinaria pesada abrió amplios caminos de acceso a través de barrios densamente construidos a los que antes sólo se podía acceder a pie. Aunque las autoridades israelíes no han hecho públicos los planes que detallan el alcance de la pavimentación, los residentes y los funcionarios locales afirman que las rutas son significativamente más anchas que los callejones existentes y parecen diseñadas para permitir el movimiento sin obstáculos de los vehículos militares.
«Una vez que se abren estas carreteras, todo cambia», afirmó Salama. «Conviertes el campamento de un espacio civil protegido en un terreno abierto al control militar. No es reconstrucción, es borrado».
Vaciado sistemático de los campamentos
En julio el teniente general Michael R. Fenzel, que actualmente ocupa el cargo de coordinador de seguridad de Estados Unidos para Israel y la Autoridad Palestina (AP), visitó el campamento de Nur Shams para evaluar el impacto humanitario de la operación en curso de Israel. Según el gobernador de Tulkarem, Abdullah Kamil, que acompañó a Fenzel en Nur Shams junto con otros funcionarios de la AP y locales, Fenzel le informó durante la visita que Israel consideraba que la operación militar había «terminado» y que la responsabilidad administrativa de los campamentos se transferiría a la AP.
Sin embargo, Kamil explicó a +972: «Lo que nos dijeron no se correspondía con la realidad dentro del campamento: no hubo ningún anuncio oficial por parte de Israel, ni retirada de las fuerzas, ni relajación de las restricciones». No hay ninguna necesidad de seguridad para que Israel permanezca dentro de los campamentos. Esta declaración del fin de la operación se produjo como respuesta a la presión política, mientras que la realidad sobre el terreno —demoliciones, pavimentación de carreteras y control militar— sigue sin cambiar en absoluto» (la embajada de Estados Unidos en Israel no respondió a la solicitud de +972 de comentar la declaración de Fenzel).
Según Kamil y otros funcionarios palestinos, las autoridades israelíes dejaron claro durante la visita de julio que cualquier transferencia de responsabilidad administrativa a la Autoridad Palestina estaría condicionada a la adopción de un plan estructural diseñado por Israel, en lugar de los planes municipales previamente reconocidos por las autoridades locales que preservaban el carácter residencial denso y la infraestructura civil de los campamentos.
Pero el plan estructural era sólo una parte de un conjunto más amplio de exigencias israelíes. Según funcionarios palestinos, las autoridades israelíes presentaron cuatro condiciones adicionales para la retirada y el regreso de los residentes, que Kamil calificó de «desastrosas».
Los residentes serían sometidos a un control de seguridad exhaustivo y las fuerzas israelíes se reservarían la autoridad de denegar la entrada a cualquier persona considerada una «amenaza para la seguridad». Además, los residentes solo podrían regresar una vez que el ejército israelí hubiera completado lo que denominó la «reestructuración» de los campamentos. La construcción de carreteras y las infraestructuras de electricidad y agua se coordinarían íntegramente con el ejército, mientras que la Autoridad Palestina estaría obligada a establecer puestos de control y comisarías de policía para impedir la entrada de personas que Israel calificara de «terroristas».
Para Salama, estas condiciones representan más que medidas de seguridad: equivalen a un vaciamiento sistemático de los campamentos. «Regresar en las condiciones impuestas por Israel reduciría la población del campamento casi a la mitad», afirmó en referencia a Tulkarem. «Se trata de un desplazamiento forzoso por medios administrativos».
Otra de las condiciones de Israel fue la exclusión de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina (UNRWA) de cualquier función en la prestación de servicios o la reconstrucción, como parte de una campaña más amplia para frenar las operaciones de la Agencia. Apenas unos días después del inicio de la «Operación Muro de Hierro» el pasado mes de enero, entró en vigor una ley israelí que prohibía a la agencia operar en lo que Israel define como su «territorio soberano» y restringía los visados para el personal internacional en Cisjordania. El Gobierno israelí está ahora tomando medidas para confiscar las propiedades de la UNRWA en Jerusalén Este y revocar las inmunidades de sus empleados ante la ONU, lo que supone una violación del derecho internacional.
La exclusión de la UNRWA de los campamentos de Yenin, Tulkarem y Nur Shams, añadió Salama, tendría consecuencias especialmente graves. «La UNRWA no es sólo un proveedor de servicios: su presencia afirma que estos campamentos existen porque a los refugiados no se les ha permitido regresar a sus hogares. La eliminación de la UNRWA convierte los campamentos en barrios normales bajo el control de la Autoridad Palestina, lo que supone el cierre efectivo del expediente de los refugiados».
Resistencia al borrado permanente
A finales de noviembre las fuerzas israelíes dieron la orden de demoler al menos una docena de viviendas y desmantelar parcialmente otras en el campo de Yenin. Ghadir Al-Jalifa, una mujer de 54 años desplazada del barrio oriental del campo, recordó que le dijeron que sólo tenía una hora para recoger sus pertenencias por una única ruta permitida a través del campo antes de que su casa fuera destruida.
«Mi casa está en el extremo más alejado», dijo a +972. «No pude llegar hasta ella. Volví sin nada».
Historias como la suya son habituales. Israel solo permite a las familias desplazadas entrar en los campamentos en condiciones muy controladas. La Autoridad de Asuntos Civiles Palestinos, que actúa como enlace entre la Autoridad Palestina y las autoridades israelíes, puede ser informada, pero no tiene poder de decisión; su función consiste principalmente en transmitir mensajes.
El acceso suele concederse por un periodo de tiempo limitado y bajo supervisión militar continua. Por lo general, se prohíbe el paso de objetos grandes, muebles o equipos pesados, y los residentes describen cómo los soldados los apresuran en los puestos de control, deniegan sus solicitudes de recuperar muebles, documentos o medicamentos y los amenazan con arrestarlos si se demoran demasiado.
«Es como decir adiós sin saber si volverás alguna vez», dijo Al-Jalifa.
Cuando Israel inició su incursión el pasado mes de enero, muchos palestinos de los campamentos buscaron inicialmente refugio en alojamientos temporales como escuelas y mezquitas, pero esas opciones pronto resultaron insostenibles. A medida que su desplazamiento se prolongaba, las familias recurrieron al mercado privado de alquiler, sólo para encontrarse con precios desorbitados. En ciudades como Yenin y Tulkarem, los alquileres se han duplicado o triplicado en algunas zonas, impulsados por la repentina demanda y la oferta limitada.
A mediados de octubre los residentes desplazados del campo de Yenin organizaron sentadas cerca de los complejos de viviendas próximos a la Universidad Árabe Americana, en protesta por el aumento de los alquileres y las amenazas de desalojo. «Estamos pagando más de lo que podemos permitirnos y, aun así, no se nos permite volver a nuestras casas», afirmó Mohammad Abu Saleh, uno de los organizadores de las sentadas de Yenin.
Las protestas han continuado en otros lugares. A principios de diciembre cientos de residentes desplazados se reunieron a la entrada de los campos de Tulkarem y Nur Shams para exigir el acceso a sus hogares y oponerse a la campaña de demolición y reestructuración que está llevando a cabo Israel. Los miembros del comité local hicieron hincapié en que estas acciones formaban parte de un esfuerzo más amplio de los residentes del norte de Cisjordania para resistirse a la desaparición definitiva de sus campamentos.
«Estas protestas no se refieren únicamente a los edificios, sino a nuestras vidas y a nuestro futuro», afirmó uno de los manifestantes. «Después de un año de desplazamiento, seguimos esperando justicia y la oportunidad de regresar».
Según el portavoz de la UNRWA, Jonathan Fowler, la agencia ha distribuido dinero en efectivo para intentar ayudar a los residentes desplazados a pagar el alquiler y satisfacer sus necesidades diarias, además de repartir vales de comida junto con el Programa Mundial de Alimentos. Pero, a pesar de este apoyo, la crisis persiste, ya que las autoridades oficiales son incapaces de cubrir los costes de servicios esenciales como el agua, la electricidad y el gas. Mientras tanto, las familias desplazadas siguen sufriendo la presión de los propietarios, en su mayoría inversores privados, para que paguen el alquiler o se arriesguen al desalojo.
Interrupción de la atención sanitaria y la educación
El desplazamiento ha supuesto una carga inmensa y sostenida para el acceso de las familias palestinas tanto a la educación como a la atención sanitaria. Más de 12.000 niños se han visto desplazados de los campamentos. Con el cierre de las diez escuelas de la UNRWA dentro de los campamentos, algunos han podido volver a matricularse en escuelas públicas o participar en programas de aprendizaje a distancia, incluidos los establecidos por la UNRWA. Sin embargo, muchos otros se han visto obligados a renunciar por completo a su educación.
Incluso para aquellos que han tenido la suerte de poder seguir asistiendo a clase, su educación se ha visto gravemente afectada. Al-Jalifa, del campo de Yenin, relató cómo su hija tuvo que trasladarse a diferentes escuelas en repetidas ocasiones, ya que su familia se vio obligada a reubicarse tres veces desde el inicio de la operación militar. Cada traslado requería matricular a sus hijos en escuelas que fueran geográficamente accesibles, lo que afectó al progreso académico de su hija.
El acceso a la atención sanitaria se ha deteriorado aún más. Las clínicas de la UNRWA dentro de los campamentos han dejado de funcionar, y los residentes desplazados deben acudir a hospitales y clínicas de ciudades cercanas, un proceso que a menudo se complica por los costes de transporte y la disponibilidad limitada de citas. Otros se ven obligados a depender de equipos médicos móviles irregulares, cuyas visitas son impredecibles e insuficientes para satisfacer la magnitud de las necesidades.
«Para los pacientes con discapacidades, cada cita perdida es importante», declaró Nahaya Al-Yundi, de 54 años, directora de la Asociación Nur Shams para Discapacitados, a +972. Añadió que las interrupciones en el tratamiento ya han provocado un empeoramiento de los resultados sanitarios, especialmente entre los ancianos, las mujeres y los niños.
La propia Al-Yundi fue asediada en su casa al comienzo de la incursión israelí en Nur Shams y obligada por los soldados israelíes a abandonar el campamento con su marido y su hija adolescente. Cuando se le permitió regresar en marzo para recuperar el equipo médico, declaró a +972 que se quedó impactada por la magnitud de la destrucción. «Los soldados lo habían destruido todo, desde aparatos médicos y sillas de ruedas hasta muebles y suministros esenciales. No quedaba nada que salvar».
Añadió que la pérdida de equipos y la interrupción de los servicios ha dejado a muchos residentes sin la atención que necesitan desesperadamente, lo que supone un riesgo continuo para las personas con enfermedades crónicas y discapacidades, y agrava la crisis humanitaria en el campamento.
Seis meses después de que una visita liderada por Estados Unidos anunciara el supuesto fin de la operación, el ejército israelí no se ha retirado de ningún campamento del norte de Cisjordania. En cambio, los residentes desplazados se enfrentan a un futuro incierto. Y puede que los campamentos del norte sean sólo los primeros: a principios de este mes, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, ordenó al ejército que preparara planes operativos para ocupar otros campamentos de refugiados en Cisjordania.
A medida que avanzan los planes para crear una nueva realidad en la que los campos de refugiados pierden su significado político, como espacios que en su día encarnaron tanto el refugio como la resistencia, los palestinos siguen suspendidos entre el desplazamiento y el retorno, en espera no sólo de volver a casa, sino también de recuperar los derechos que esos campos fueron creados para preservar.
Majd Jawad es un periodista independiente afincado en Ramala y originario de la aldea palestina destruida de Zir’in, en el valle de Yesril.
Texto en inglés: +972.com Magazine, traducido por Sinfo Fernández.