El viernes 20 de marzo una huelga de la enseñanza en Catalunya culminaba una semana de movilizaciones por comarcas. Este día también vio una manifestación inmensa por el centro de Barcelona —la Policía Municipal la cifró en 35.000 y los convocantes en 100.000— una clara expresión del profundo malestar de las trabajadoras y trabajadores de la educación pública. Malestar que se extiende a la mayoría de la población afectada que vive día a día el deterioro de la enseñanza pública.
Esta movilización -convocada por USTEC-STEs (Unió Sindical de Treballadors d’Ensenyament de Catalunya), Professors de Secundària y otros sindicatos como la CGT y la Intersindical- viene precedida de otras unitarias con una altísima participación de los docentes y las aulas vacías el pasado 11 de febrero, pero también con unos hechos que no debieron haber sucedido. El 9 de marzo la Generalitat firmó con CCOO y UGT, minoritarios entre los docentes, un llamado “Acord de País per l’Educació”. Un acuerdo realizado entre estos dos sindicatos y la Generalitat a espaldas de la mesa unitaria que estaba negociando en aquellos momentos. Un acuerdo que rompió la unidad de acción de todos los sindicatos. El Govern lo presentó como un pacto “histórico”, ya que invertirá 2.000 millones de euros entre 2026 y 2029 para mejorar salarios, ratios y atención a la diversidad. Sin embargo, los sindicatos mayoritarios en la enseñanza pública —USTEC-STEs (Unió Sindical de Treballadors d’Ensenyament de Catalunya), Professors de Secundària— además de la CGT rechazaron el acuerdo.
Esto abrió una situación crítica. La respuesta fue consultar al sector. Organizada por el sindicato USTEC, participaron 42.965 personas (casi la mitad de la plantilla estable) y 40.780 rechazaron el pacto (el 95%) y sólo 2.185 lo respaldaron. Más de 50.000 firmaron un manifiesto contra el acuerdo. Para los sindicatos opuestos al pacto, ese voto les otorgaba una legitimidad real frente al Govern y las centrales firmantes.
Discrepancias sobre el “acuerdo histórico”
Los sindicatos que no están de acuerdo con el pacto valoran lo siguiente:
Salarios: aumento del 7,5% en 4 años, inferior al aumento salarial estatal para todos los trabajadores públicos. Los salarios de maestros y profesores en Catalunya es el tercero por abajo de todas las Comunidades Autónomas. No resuelve la pérdida de poder adquisitivo acumulado, que se calcula que ha sido entre un 20-25%. No se reconoce la deuda de los sexenios y es un aumento inferior a otros acuerdos, como el de los mossos, la policía catalana.
Ratios: el calendario a cuatro años vista no tiene impacto inmediato. No se garantiza dotación de personal para las aulas de acogida en los centros con más alumnos. No hay desdoblamiento a partir de 15 alumnos en Formación Profesional.
Inclusiva: no hay compromisos precisos sino intenciones a futuro, y esto es una necesidad urgente dada la compleja realidad del actual alumnado.
Empleo: se reconoce que están pendientes de convocar 5.500 plazas, pero no se garantiza la convocatoria. Cuatro mil docentes adicionales resultan insuficientes; reclaman 11.000 plazas de golpe para bajar ratios ya el próximo curso.
Burocracia: los docentes se quejan de la cantidad de papeleo que la Administración les obliga a realizar. Se dice que se reducirá, pero sin ningún plan ni garantías, ni refuerzos de personal.
No se aborda un plan de estabilización masiva para los más de 30.000 interinos existentes.
Participación y movilización
Este proceso de movilización viene de lejos. Durante el curso 2023-2024, se impulsó una encuesta sobre el malestar docente. Contestaron 14.000 personas. El resultado fue alarmante: el 36,5% del personal educativo había pensado en dejar la profesión. Entre febrero y abril de 2025 se realizaron 6.000 entrevistas individuales a trabajadores y trabajadoras en sus centros. Se les planteó una pregunta sencilla y directa: ¿qué tres cambios son imprescindibles para mejorar la educación pública? Las respuestas fueron bien claras. Primero, recursos para la inclusiva y reducción de ratios. Segundo, acabar con la burocracia asfixiante. Tercero, recuperar el poder adquisitivo. Posteriormente, se lanzó un manifiesto para recoger firmas con el compromiso de luchar por esas tres medidas. El sábado 15 de noviembre de 2025, cuando ya se llevaban 30.000 firmas recogidas, también 30.000 trabajadoras salieron a las calles de Barcelona.
Todo ese proceso democrático y participativo es el que permitió el gran éxito de la huelga unitaria del pasado 11 de febrero. No sólo fueron a la huelga, sino que organizaron piquetes, cortaron carreteras y se manifestaron para hacer visible el profundo malestar. Sabían también que la mayoría de las familias que llevan a sus hijos a la escuela pública son solidarios con sus reivindicaciones.
Además, otros sectores de la enseñanza se empezaron a unir a la movilización. Por ejemplo, las escuelas bressol (las guarderías). Además de los salarios protestan por las ratios. Entre uno y dos años en Dinamarca hay un adulto por cada 3 niños; en Finlandia 5 niños; en Italia 7 y en Francia, 8… en Catalunya nada menos que 13. Entre dos y tres años se mantienen las ratios en los países mencionados, mientras que en Catalunya pasa a ser de 20 niños por adulto.
El acuerdo está muy lejos de las necesidades del sector y de la población. Durante la semana del 16 al 19, se convocaron huelgas por comarcas, con un indudable éxito, aunque el Govern de la Generalitat ha intentado minimizarlo diciendo que solamente había tenido un seguimiento del 30 %. El 20 de marzo, como queda dicho, culminó con la huelga general educativa bajo el lema “Tothom a la vaga educativa” y una enorme manifestación en Barcelona, en la que confluyeron huelguistas de toda Catalunya. Representantes de los sindicatos convocantes se entrevistaron al finalizar la gran manifestación en el Parlament con delegaciones de ERC, la CUP, Comuns y Junts. El PSC no acudió. Además, hasta el momento, el Gobierno de la Generalitat ha declarado que no abrirá negociaciones.
En ese proceso, la movilización se ha convertido en un emblema de la defensa de los servicios públicos. La defensa de una buena enseñanza pública es una garantía democrática para toda la sociedad. Por eso, algunos sectores han mostrado su apoyo: campesinos, bomberos y sanitarios.
Los sindicatos convocantes que culminaron la movilización hasta el momento el 20 de marzo, ven “propaganda” en la autoridad docente y la reducción burocrática y critican una “cesión ideológica” a la concertada.[1] Para USTEC-STEs, Professors de Secundària, CGT y la Intersindical, el Govern ha incluido en el acuerdo elementos “de escaparate” y ha protegido a la concertada con nuevos fondos y el mismo plus salarial, mientras las demandas estructurales de la escuela pública (plantilla, jornada, estabilización, financiación preferente) quedan relegadas.
El Govern de la Generalitat, cuyo presidente Salvador Illa es del PSC, se ha caracterizado por su clara inclinación político-económica-social a la derecha. Hemos dicho en alguna otra ocasión que sus propuestas sociales y económicas no divergen de manera substancial con las que ha defendido la derecha catalana.[2] Este Govern defiende el pacto como un “avance histórico”, pero la negativa del grueso de la docencia y la presión de la huelga lo dejan en una situación comprometida. CCOO y UGT —minoritarios en la pública— han quedado desautorizados ante el profesorado y se les pide que se retiren del acuerdo. Han apostado por echar una mano al Govern, con serias dificultades para pactar los Presupuestos, que de momento ha retirado, intentando desactivar un conflicto laboral y social, antes que seguir defendiendo las reivindicaciones unitarias.
La movilización de las trabajadoras y trabajadores ha devuelto a la enseñanza al centro del debate político y decidirá si Catalunya entra en una nueva etapa de refuerzo real de la escuela pública o si el Govern mantiene un compromiso que gran parte del profesorado considera insuficiente e ideológico.
Esta movilización también aporta otros elementos de análisis. Entre otros: uno, el papel de CCOO y UGT cuando hay movilizaciones que no controlan y que rompen en medio de la lucha; dos, el papel de sindicatos más combativos que los anteriores que pueden convocar movilizaciones con amplia participación.
No queremos acabar esta nota sin recordar que el pasado 17 de marzo hubo una huelga general en Euskadi convocada por los sindicatos vascos a la que no se sumaron CCOO ni UGT. Y no lo hicieron con argumentos no solamente discutibles sino muy erróneos. Creemos que esto también es motivo de análisis. Existe un conocido argumento sindical interno de CCOO que reza más o menos así: convocar a una movilización que luego fracasa porque no es suficientemente seguida conlleva debilitar a quien convoca. Este argumento que, a falta de otros elementos, puede considerarse vagamente razonable, debe contrastarse con el siguiente: si no se convoca más que de forma anecdótica a la movilización se pierde por la propia fuerza de la evidencia empírica cada vez más la capacidad para movilizar. Sabido es que, así como cualquier músculo se debilita sin movimiento, cualquier habilidad cognitiva, artística o social disminuye si no se practica. Pues eso.
Daniel Raventós y Miguel Salas son miembros del comité de redacción de Sin Permiso.
Notas:
[1] En el curso 2025-2026 la red concertada y la privada estricta escolarizan aproximadamente al 35-37 % del alumnado en las etapas obligatorias; la escuela pública concentra el 63-65 %. En la postobligatoria (Bachillerato y FP) la privada supera el 50 % gracias al auge de la formación profesional. El pacto de CCOO-UGT no prevé medidas que alteren estas proporciones porque las subidas salariales, las ratios y la financiación adicional se reparten tanto en la pública como en la concertada. No hay una apuesta de la Generalitat por una escuela pública y para dejar de subvencionar a las escuelas privadas religiosas. Algo que, como en tantas otras Comunidades Autónomas, pone a Catalunya muy lejos de lo que sería un estado laico en lo que respecta a la enseñanza.
[2] Por ejemplo: “En Catalunya, quien tiene un programa de política económica y social más próximo a la derecha de Junts es precisamente el PSC. No hay diferencias substanciales. Fueron ambos partidarios del Hard Rock, de la ampliación del aeropuerto del Prat, de la supresión de la oficina del plan piloto de la renta básica, de la Copa América de vela”.